sábado, 18 de enero de 2020

PENSIONISTAS VASCOS 30E: MISMO TRABAJO MISMO SALARIO; MISMO SALARIO MISMA COTIZACIÓN; MISMA COTIZACIÓN MISMA PENSIÓN Y YA NO HAY POR QUÉ SEGUIR MAREANDO LA PERDIZ



 ¿Con qué sonaja de cuchufletas varias, pero muy bien presentadas, eso si, se podría justificar que los gobiernos del PSOE y del PP, los dos partidos gobernantes en España hasta hoy, juntos a lso dos principales (por numero de afiliados y cantidad de millones recibidos de dinero público, que han sido los dos sindicatos que más y mejor han vendido a los trabajadores haciéndoles perder derechos a los trabajadores, incluidos los derechos sindicales, que a fecha de 2020 las mujeres con el mismo trabajo que los hombres cobren menos?

Ahora ya no estamos para sonajas de cuchufletas ni para la el la, le, li, lo, lu bien cantado desde una tribuna de oradores para difrenciar al hombre y la mujer, que desde el punto de vista laboral son exactamente iguales, y además hay un nuevo gobierno que se declara progresista, por tanto, ya sin pitorreos:igual trabajo igual salario, y por supuesto, sin esperar al día de los 1.486 días que le quedan por delante al nuevo gobierno progresista, salvo que, no lotumben antes PP, Ciudadanos, otros colgajos y elcaballo de Santiago Abascal de VOX.

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Pensiones

E30, Mujeres en lucha por sus pensiones públicas


Ana Tere Díaz
VIENTOSUR
17.01.2020 

Es sabido que el Movimiento de Pensionistas de Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa lleva dos años en la calle reivindicando unas pensiones dignas en un sistema público de pensiones. Es por ello un movimiento reconocido y admirado socialmente. Porque lunes tras lunes, contra viento y marea, ahí está en las cuatro capitales y en casi un centenar de pueblos. Y es una gran satisfacción tener ese reconocimiento social, esa presencia incuestionable. Lunes, concentración de pensionistas. Ya se sabe, se incluye en las previsiones, tal vez afecte al tranvía, el tráfico tendrá modificaciones… lo normal de los lunes, la lucha pensionista.

Sin embargo, como muchas veces nos pasa a las mujeres, nos vemos obligadas a explicar que en esas concentraciones, en esas pancartas, en esas movilizaciones fuimos «muchas mujeres» quienes desde el principio, en el 2018, salimos a las plazas llamando a la movilización ante unas pensiones públicas de miseria. Y lo seguimos haciendo, lunes tras lunes, junto a miles de compañeros. Y lo haremos con especial vigor el 30 de enero, día en que se convoca una huelga general por parte de las organizaciones integrantes de la Carta Social de los Derechos Sociales de Euskal Herria contra las políticas antisociales de recorte de derechos, entre otros de las pensiones.

Y no solo lo hacemos por solidaridaridad con las generaciones que vienen, que también. Lo hacemos porque necesitamos visibilizar la existencia de un sistema que refuerza la desigualdad y la dominación de género. Y estas son palabras mayores. No se está hablando de cambiar tal o cual gobierno. Se habla de un sistema, perfectamente preparado para asignar a la mitad de la población –a las mujeres– la reproducción y el mantenimiento de la fuerza de trabajo de una forma «altruista», sin dinero y sin derechos. Las mujeres: el pilar de la familia. Las mujeres, las que trabajan por amor… Las mujeres también apoyaremos la jornada de movilizaciones y de huelga general.

Las mujeres pensionistas de hoy hemos cotizado menos que los hombres. Por una parte, porque hemos cobrado sueldos más bajos, porque hemos trabajado en empleos infravalorados, en muchos casos en una economía sumergida, porque hemos tenido pocas posibilidades de promoción –el llamado «techo de cristal»–. Pero también porque hemos tenido contratos temporales o a tiempo parcial, hemos reducido nuestras jornadas para cuidados o nos hemos visto obligadas a pedir excedencias para ayuda a dependientes… En definitiva, carreras laborales cortas e insuficientes a efectos de cotización.

Además en el caso del Estado español, esa gran injusticia para quienes han sostenido todo el andamiaje de los cuidados, del trabajo reproductivo fue acrecentado por el fascismo, tanto desde la enseñanza y los valores transmitidos, con el apoyo y bendición de la Iglesia, como a través de la represión y de las leyes. Baste recordar que, hasta 1979, a las mujeres con empleos cuando se iban a casar, las empresas, por ley, les podían dar la «dote», para que se retiraran a su casa y se hicieran cargo de los cuidados de la familia. Algún día tendremos que revisar si a las mujeres más mayores no se les debería de considerar, de alguna manera, como víctimas del franquismo.

Resultado de todo ello es que hoy en día miles y miles de mujeres mayores se encuentren con la llamada brecha de las pensiones. Los datos cantan: mientras la pensión media de hombres es de 1.482 euros, la de las mujeres es de 880 euros. Miles y miles de mujeres cobran pensiones no contributivas de 400 euros. De las pensiones pobres que necesitan ser complementadas con la RGI, el 65% son de mujeres.

El día 30 también saldremos a la calle porque las pensiones de las mujeres, un 37,5% más bajas que las de los hombres, son la consecuencia de este sistema patriarcal y el resultado de la gran cantidad de desigualdades que experimentamos las mujeres a lo largo de nuestra vida y de nuestro trabajo/empleo.

El 30 de enero estaremos en la calle. Porque, desgraciadamente, esa situación la sufrimos quienes hoy somos pensionistas, pero también la mayor parte de las mujeres que hoy están en activo en el mundo laboral y se encuentran en esa situación de discriminación. No nos olvidemos de la invisibilización de los trabajos de cuidados realizados en particular por mujeres migradas, trabajos invisibilizados que además se desprecian y se penalizan en la ley con un sistema sin equiparación con el resto de trabajadores y trabajadoras, sin plenos derechos de cotización y de prestaciones. También esa situación laboral da motivo para una huelga general.

Y para más desgracia el futuro de las pensiones públicas está en riesgo, en favor de las pensiones privadas. Más problemas para disfrutar de una pensión, dada la imposibilidad de ahorrar con los sueldos actuales. Mientras miles de pensionistas mujeres se ven, ya con una cierta edad, con dificultades para llegar a fin de mes, sin acceso a la vida social y a la cultura, las jóvenes, con empleos precarios y retribuciones de miseria, no pueden emprender un proyecto de vida, mientras el desempleo se hace crónico y la economía se desanima. ¿Ahorrar para un plan de pensiones? ¡Imposible en la mayoría de los casos!

Que no nos vendan humo, el 30 de enero, salgamos a la calle… Es clave defender los 1.080 euros de pensión mínima, que afecta a viudas y mujeres que han cotizado poco o no lo han hecho. Así como apoyar un salario mínimo de 1.200 euros. Debe existir un interés común en defensa de unas pensiones públicas y dignas para hoy y para el futuro.

Ningún gobierno nos ha regalado nunca nada. siempre ha sido necesario un movimiento social que ha empujado hacia las conquistas de derechos laborales y sociales.
¡Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden!

Ana Tere Díaz. ARABAKO PENTSIONISTAK Y ONEKA (EUSKAL HERRIKO EMAKUMEEN PENTSIONISTEN PLATAFORMA)

17/1/2020

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viernes, 17 de enero de 2020

AUSTRALIA, EL FUEGO Y LA ECO LO QUE SEA



El incendio en Australia no tiene nada que ver con el clima,



Publicado por Octubre
enero 17, 2020
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Los incendios son muy frecuentes en Australia, hasta el punto de que al verano austral lo llaman allá la “temporada de incendios”. Son devastadores y desde 1851 han costado la vida a unos 800 australianos (1).

En otras entradas ya hemos hablado de la lucha del fuego contra el fuego que desde hace 40.000 años llevan a cabo los pueblos aborígenes australianos. Es una técnica agraria que consiste en quemar los matorrales y espacir las cenizas por el suelo para fertilizarlo. Hace más de 2300 años Jenofonte describió la quema de restos agrícolas en el capítulo 18 de su libro sobre economía: “Si se dejan los rastrojos en el suelo, fertilizan después de quemarlos; si se añaden al estiércol, aumentan la masa de fertilizante”.

En inglés la llaman “burning over” y en francés es aún más característico (“écobuage”, “brûlis”) porque expresa su objetivo ecológico. Lamentablemente, ahora estas prácticas tradicionales han acabado prohibidas por motivos… ecológicos. Históricamente los incendios en el medio rural mejoraban el ecosistema; ahora dicen lo contrario: que lo destruyen, que aumentan las emisiones de CO2…

En Australia la temporada de incendios se extiende de julio a octubre en el norte y de enero a marzo en el sur. Para prevenirlos, la Oficina de Meteorología proporciona pronósticos del tiempo para las zonas de riesgo y los gobiernos locales lo califican diariamente en una escala que se coloca a la entrada de los parques y en las carreteras.

Lo mismo que a las tormentas tropicales, a los incendios australes les ponen un nombre: el del día de la semana en que se inician. Los más conocidos son el incendio del 6 de febrero de 1851 (Jueves Negro), en el que 5 millones de hectáreas se consumieron en el estado de Victoria, matando a 12 personas. El de 1983 se llamó Miércoles de Ceniza, el de 2001 la Navidad Negra y el de 2009 Sábado Negro.

Si en el incedio actual han muerto 27 personas, el del Sábado Negro causó 173 víctimas. Si el incendio actual ha arrasado 10 millones de hectáreas, el de 1974 arrasó diez veces más: 117 millones, lo que quivale al 15 por ciento de la superficie del continente.

Los incendios no se producen por causas naturales, salvo muy pocas excepciones. El clima, el viento o la sequía no son la causa de los incendios. La naturaleza sólo pone el combustible y las condiciones para que el hombre los provoque, por negligencia o deliberadamente. El año pasado la policía australiana detuvo a 183 personas acusadas de causar incendios deliberadamente.

En el último siglo la población australiana se ha multiplicado por cinco y se ha expandido. Las áreas rurales o bien permanecen abandonadas o bien su mantenimiento es desastroso por varios motivos. Los nuevos colonos no conocen las prácticas tradicionales, ni saben controlar un fuego. Las políticas seudoecologistas impiden alterar las condiciones ambientales.

En España se habla de incendio forestal o de que el monte se quema, pero Australia es diferente porque los matorrales ocupan 800.000 kilómetros cuadrados, es decir, dos veces la superficie de España. Allá los incendios son arbustivos y resultan fundamentales para prevenir otros mayores.

Australia es un país colonizado y los incendios siempre han formado parte de la política de colonización de nuevas tierras o del cambio forzoso del régimen de propiedad de las mismas, como ocurrió en España tras la desamortización.

En el continente austral la naturaleza pone varias condiciones imprescindibles para que los incendios sean devastadores. La primera son las olas de calor periódicas. En enero de 1896, por ejemplo, durante semanas el calor fue tan sofocante que la gente tuvo que huir en trenes especiales. En enero de 1939 tuvo lugar la ola de calor más extrema que ha golpeado el sudeste de Australia, con 71 personas muertas sólo en Victoria. En enero de 1960 se alcanzó un récord de temperatura de 50,7°C en Oodnadatta.

No obstante, la temperatura en Australia no crece como pretende la seudociencia. Según la Oficina Australiana de Meteorología, la media en el continente sólo ha aumentado en un grado centígrado desde el comienzo de la era industrial. Las olas de calor van y vienen, como las del mar.

Por lo demás, es un error común -muy extendido- equiparar calor con sequía y el incendio de 1974 es el mejor ejemplo de ello, ya que su origen estuvo en una exuberante vegetación debida a las fuertes lluvias de los dos años anteriores, que dejaron los suelos con un combustible muy abundante.

Pero hay más: aunque los dos últimos años (2018 y 2019) han sido secos, los últimos 40 han sido más húmedos que los 70 años anteriores. El último medio siglo ha sido mucho más húmedo que la primera mitad del siglo XX.

Por lo tanto, las cosas ocurren al revés de lo que quieren hacer creer: el riesgo de incendios forestales aumenta cuando hay más precipitaciones durante la temporada de crecimiento de la vegetación que precede a la temporada de incendios.

En materia de incendios no se puede olvidar nunca lo más importante: como ya expusimos en otra entrada, cada año los incendios arrasan -sobre todo- el hemisferio sur y, más en concreto, África y la Amazonia. En el Continente Negro ocurren el 70 por ciento de todos los incendios que hay en el planeta (2).

Para acabar, otra observación que consideramos interesante: por más que los seudoecologistas se empeñen en decir lo contrario, en el mundo cada vez hay menos incendios, especialmente en Europa. Los datos satelitales muestran que que en los últimos años se ha quemado un 18 por ciento menos de superficie a causa de los incendios (3). Pero sobre el cuento de los “fenómenos meteorológicos extremos” también hicimos otra entrada, a la que nos remitimos.

(1) http://home.iprimus.com.au/foo7/firesum.html
(2) https://earthobservatory.nasa.gov/images/145421/building-a-long-term-record-of-fire
(3) https://science.sciencemag.org/content/356/6345/1356

 Mapa de los incendios en el mundo el 8 y 9 de enero de este año

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GOBIERNO PROGRE, PROGRE Y PASADAS LAS CALENTURAS DE LAS ILUSIONES QUE SE VERÁN FRUSTRADAS AL PASO QUE VAMOS. NO HAY MÁS, O EL GOBIERNO ADMINISTRA PARA LOS GRANDES CAPITALES 25 MIL MILLONES MÁS QUE NOS VAN A ROBAR, O EL GOBIERNO NOS EMPIEZA A DECIR QUÉ HACER DE VERDAD PARA QUE DEJEN DE ROBARNOS PRIMERO Y DESPUÉS EXIGIRLES LO QUE NOS HAN ROBADO, POR EJEMPLO, LOS 60 MIL MILLONES DE REGALIZ A LA BANCA



Sánchez e Iglesias se topan con la austeridad

Entrada en vigor de la reforma del Art. 135



Eduardo Bayona
Vientosur
Público.es
11.01.2020 
El nuevo Gobierno de Pedro Sánchez será el primero de la historia de España que además de cuadrar sobre el papel los Presupuestos Generales del Estado vaya a verse obligado a hacer casar en la práctica el resultado de gestionar esas cuentas con los límites que impone la ley: el pasado 1 de enero entró en vigor la polémica, por austeritaria, reforma del artículo 135 de la Constitución por la que el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero y el PP de Mariano Rajoy impusieron, con el único apoyo de los foralistas de UPN, topes al déficit y al endeudamiento de las administraciones.
La aplicación de la reforma incluye la paradoja de que en el primer Ejecutivo que va a tener que asumirla, que afronta retos como reducir el desfase presupuestario en más de 25.000 millones de euros y rebajar la deuda pública en más de medio billón, vaya a haber ministros de Podemos y de IU, las dos formaciones políticas que mayor oposición han mostrado a ese cambio de normas: los morados abogan por suprimirla e Izquierda Unida por que el gasto social pase a ser prioritario frente a la amortización y el pago de intereses de la deuda.
La modificación de la Carta Magna, la segunda que sufre el texto tras la que en 1992 reconoció a los ciudadanos comunitarios el derecho a votar y ser votados en las elecciones locales, fue aprobada en un vertiginoso proceso de apenas dos meses entre julio y septiembre de 2011, aunque con dos condiciones temporales: una moratoria de nueve años que establecía que “los límites de déficit estructural establecidos en el artículo 135.2 de la Constitución Española entrarán en vigor a partir de 2020” y un plazo de nueve meses para que la ley orgánica que debía desarrollarla, la de Estabilidad Presupuestaria, estuviera vigente antes de que terminara junio de 2012.
Esa reforma, además de obligar a ayuntamientos, comarcas y diputaciones a “presentar equilibrio presupuestario”, imponía a la Administración central del Estado y a las comunidades autónomas el “principio de estabilidad presupuestaria”, que consiste enlimitar el “déficit estructural máximo permitido” y en poner un tope al endeudamiento público que solo pueden superar en caso de “catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados”. Todo, sin referencias a los eventuales efectos que una regulación de ese tipo pueda tener en los servicios públicos que costean los ciudadanos con sus impuestos.
"Ninguna Administración podrá incurrir en déficit"
La ley que desarrolla la reforma indica que a partir del 1 de enero de 2020 “ninguna Administración Pública podrá incurrir en déficit estructural”, aunque, en la práctica, permite alcanzar “en el conjunto” de ellas un desfase del 0,4% del PIB, “o el establecido en la normativa europea cuando este fuera inferior”, al que, en todo caso, habría que restarle el que pueda arrojar la Seguridad Social.
Y, paralelamente, limita al 60% del PIB el nivel de endeudamiento que pueden soportar las institucionescon un reparto de topes que sitúa en el 44% el de la Administración central, en un 13% el de las comunidades y en un 3% el de las entidades locales. Las autonomías que superen ese límite en relación con la riqueza de su territorio “no podrá(n) realizar operaciones de endeudamiento neto”.

Esas reglas, teniendo en cuenta las magnitudes oficiales del PIB, tanto el estatal como los autonómicos que marca el INE (Instituto Nacional de Estadística), y su cruce con los registros del déficit que ofrece la IGAE (Intervención General de la Administración del Estado), indican que en 2018 el Gobierno central habría rebasado su límite de descuadre (0,4% del PIB) en 25.687 millones de euros, lo que le obligaría a reducirlo a menos de la sexta parte.

Eso, para el 2018, que fue el último ejercicio con los datos cerrados. En los tres primeros trimestres pasados, entre enero y septiembre de 2019, el déficit acumulado alcanzó los 50.067 millones de euros.
El descuadre sigue creciendo
En cuanto a las comunidades autónomas, el cruce de esos mismos datos dibuja tres grupos claramente diferenciados en el que destacan las cinco que cerraron el 2018 con superávit, caso de Asturias, Canarias, Galicia, Navarra y Euskadi.
Por el contrario, otras ocho (Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Madrid y La Rioja) lo cerraron con déficit, aunque inferior al que permite la nueva norma, mientras las cuatro restantes rebasaban ese tope: Andalucía por 171 millones, Catalunya por 91, la Comunitat Valenciana por 1.131 (lo triplicó con creces) y Murcia por 292.
Varias comunidades seguían superando los niveles vigentes desde el comienzo de 2020 al cierre del mes de octubre de 2019, en algunos casos con peores registros que los del año anterior.
Los 420.000 millones de Rajoy
La homogeneidad es mayor en el apartado de la deuda: tanto la Administración central como las 17 comunidades autónomas superaban con claridad los límites que marca la reforma del 135 al finalizar 2018, según los datos del Banco de España.
El desfase superaba el medio billón de euros (518.286 millones) en el Gobierno central, donde los equipos económicos de Mariano Rajoy dejaron una profunda huella de 422.930 millones de endeudamiento (pasó de 743.043 a 1.165.973 entre el cierre de 2011 y la primavera de 2018), mientras rondaba los 15.000 millones en Andalucía, pasaba de 30.000 en la Comunitat Valenciana y se acercaba a los 50.000 en Catalunya.
La evolución del endeudamiento ha sido diferente en los nueve primeros meses de este año en función del tipo de Administración, ya que mientras la del Gobierno aumentaba en casi 27.000, la de las comunidades crecía en cerca de 5.000 (solo Baleares, Catalunya y Navarra la reducían ligeramente) y la de la Seguridad Social se incrementaba en más de 11.000, el de las entidades locales bajaba en más de 500.