Francia tras las movilizaciones del 9M
SE ABRE UNA BRECHA CONTRA EL GOBIERNO
Rebelión
Viento Sur
14.03.2016
El miércoles
día 9 hubo movilizaciones masivas en más de 170 pueblos y ciudades, en las que
la juventud y los trabajadores y trabajadoras se manifestaron contra la
política del Gobierno Valls. Se abre así en Francia una nueva situación
política y social.
Desde hace un
año, la orientación autoritaria y neoliberal del Gobierno Valls y del
presidente Hollande ha adquirido una nueva dimensión. Sus ataques contra las
libertades, el incremento de la represión contra las luchas y el racismo
institucionalizado se dan al mismo tiempo que unas modificaciones legislativas
que acentúan los ataques contra los derechos de las y los asalariados y
profundizan la contrarreforma neoliberal orientada a destruir las conquistas
sociales logradas en la segunda mitad del siglo XX. Con ello se implanta un
sistema nuevo, otro marco legal, otro modelo de Estado, de represión, que
conducen a una modificación de fondo del sistema de dominación capitalista en
Francia.
Una ofensiva de
calado, con una respuesta débil durante estos últimos años
En el pasado
reciente hemos asistido a movilizaciones de solidaridad con los 8 asalariados
de Goodyear condenados a 9 meses de prisión por haber secuestrado a cuadros
intermedios de la empresa en medio de una larga huelga contra su cierre y el
despido de más de 1000 trabajadores en 2013; también las hubo para apoyar a los
5 de Air France despedidos por haber destrozado la cabina de un directivo de la
empresa. También hemos conocido luchas sectoriales, a veces muy radicales
(sobre todo en Correos contra las reestructuraciones brutales que impone la
empresa y en el sector del comercio contra la apertura de los domingos).
También ha habido manifestaciones contra la política gubernamental en relación
con la política de acogida a las personas refugiadas. Las manifestaciones y
protestas varias contra el estado de excepción, su prolongación [durante tres
meses] y el proyecto de ley contra la privación de la nacionalidad [a las
personas de origen no francés], muy minoritarias en las semanas que siguieron a
los atentados de noviembre, hicieron converger a un número creciente de
colectivos. El 31 de enero hubo manifestaciones en todas las capitales
convocadas por un colectivo de 150 asociaciones, sindicatos y partidos
políticos que aislaron al Gobierno en torno a las cuestiones democráticas, toda
vez que asociaciones y movimientos muy influenciados por el Partido Socialista
también se sumaron a ellas. En fin, aun cuando la prohibición de manifestarse
con ocasión de la cumbre sobre el clima (COP21) impidió que se diera una gran
movilización de masas, no por ello el Gobierno logró anular la protesta y la
lucha a favor de la justicia climática.
El primer
síntoma de una posibilidad de movilización amplia contra la política del
Gobierno vino de la mano de la lucha contra el proyecto de construir un
aeropuerto en Notre Dame des Landes, cerca de Nantes, que se aceleró estas
últimas semanas con el anuncio gubernamental de organizar un referéndum-farsa.
En respuesta al mismo, se organizó de forma exprés un bloqueo festivo sobre el
terreno en el que está proyectado el aeropuerto el pasado 27 de febrero. Una
movilización que fue todo un éxito: entre 50 000 y 60 000 participaron en una
gigantesca manifestación en defensa del bloqueo del aeropuerto y en apoyo a
quienes ocupan el ZAD ("zona a defender”) desde hace 15 años
[cuando se anunció el proyecto].
La puesta en
cuestión del código laboral
El proyecto
gubernamental es tremendo, radical: su objetivo es poner patas arriba el código
laboral [Estatuto de los trabajadores].
El código
laboral, que nació en 1910, reúne un conjunto de leyes y reglamentos que
afectan a los 17 millones de personas asalariadas en el sector privado/1.
En él se concentran las conquistas sociales fruto de la lucha de clases del
último siglo y, sobre todo, tras los grandes movimientos huelguísticos (1936 y
1968) y los períodos en los que la relación de fuerzas era favorable a los
trabajadores y trabajadoras (o sea, desde el fin de la II Guerra Mundial hasta
los años 1970). Los progresos se dieron a través de un proceso de negociación
un tanto particular: ningún acuerdo entre la patronal y los sindicatos podía
ser perjudicial para los trabajadores y trabajadoras. Por lo tanto, la ley
marcaba un límite por abajo y la negociación no podía sino mejorar este punto de
partida, con conquistas que poco a poco se incorporaban a este código laboral.
Evidentemente,
todo esto se puso en cuestión en los últimos treinta años. Al igual que en el
resto de Europa, se desarrolló la flexibilización de los contratos y del tiempo
de trabajo, se facilitó el despido y se mermaron otras conquistas.
Pero lo que se
plantea ahora tiene una dimensión muy superior: se plantea reescribir el código
laboral partiendo de otros puntos de referencia.
Existen dos
ideas básicas que destruyen completamente el actual código:
La primera es
que se pueden restringir las libertades y los derechos fundamentales en "función
de las necesidades para el buen funcionamiento de la empresa". Esta
fórmula neoliberal quiere que los derechos y libertades se sometan a la
economía y no a la inversa, que es lo que hacía el código de trabajo desde su
creación.
La segunda es
que los acuerdos negociados a nivel de empresa (entre la dirección y los
trabajadores) que sean perjudiciales para los trabajadores se sitúan por encima
del código laboral y en caso de que los sindicatos mayoritarios se opongan a
los mismos, la empresa puede organizar referéndums para imponer la degradación
de las condiciones laborales y salariales con el chantaje de mantener el
empleo.
La aplicación
de estos nuevos principios al conjunto del código laboral certifica la muerte
de todas las conquistas logradas en los últimos cien años.
De llevarse a
cabo será posible negociar 12 horas de trabajo diario, 48 horas semanales
durante 4 meses, 60 horas para una semana, la flexibilización sin límite del
reparto del tiempo de trabajo, la extensión del trabajo nocturno , la
generalización del trabajo a destajo/2 y la disminución del coste de las
horas extraordinarias. Al mismo tiempo, el texto prevé facilitar el despido por
causas económicas siempre que haya una reducción de pedidos y limitando las
indemnizaciones cuando la patronal se vea condenada por los tribunales por
haber despedido de forma abusiva.
Una
movilización impulsada al margen de los sindicatos
Ante una
agresión de esta dimensión las organizaciones sindicales se han visto
superadas. El 23 de febrero un comunicado intersindical apenas planteaba la
derogación de algunas de las medidas contenidas en el mismo, sin exigir la
retirada del proyecto y sin realizar ningún llamamiento a la movilización.
Pero en las
redes sociales la movilización fue abriéndose camino. La exigencia de la
retirada del proyecto impulsada por una militante feminista que había
abandonado el Partido Socialista en 2014/3, recabó en unos pocos días
cientos de miles de firmas. En dos semanas se llegó al millón. Un vídeo grabado
por jóvenes con el título "valemos mas que eso"/4, haciendo
referencia a la vivencia de mil y una pequeñas y grandes vejaciones que atentan
contra su dignidad, se convirtió en viral. Y a él le siguieron centenares y
miles de testimonios espontáneos sobre la explotación cotidiana en las
empresas. En pocos días, a través de las redes sociales, se fue haciendo
creíble la posibilidad de movilizarse el día en el que el proyecto de ley fuera
presentado en el Consejo de Ministros (o sea, el 9 de marzo).
El 25 de
febrero, todas las organizaciones juveniles sindicales y políticas/5 tomaron
posición conjuntamente a favor de la retirada completa del proyecto de ley y
llamaron a una jornada de acción para el 9 de marzo. Se comenzó a organizar la
movilización. El Gobierno decidió entonces retrasar la presentación de la ley
al 24 de marzo, pero nada cambia. Además, en el seno de los sindicatos fue
aumentando un malestar creciente contra el anuncio de la Intersindical de ir a
una jornada de acción el… ¡31 de marzo! Finalmente, todas las organizaciones,
forzadas por el incremento del malestar en la juventud, convocaron a las
protestas para el día 9, la mayoría llamando a la retirada del proyecto de ley
El Khomri (Ministra de trabajo)/6.
Cristaliza el
rechazo a la política gubernamental
La movilización
del 9 de marzo ha sido masiva (más de 450 000 manifestantes en las calles). La
más importante desde 2010 [cuando más de tres millones de personas se
movilizaron durante 2 meses contra la reforma de las pensiones, que se perdió].
En las
manifestaciones convergían los jóvenes de institutos y universitarios con una
franja significativa de trabajadores y trabajadoras, fundamentalmente del sector
privado, pero también del público/7.
Esta
movilización es un claro reflejo del rechazo a la política del Gobierno
Valls-Macron (ministro de economía), y a toda la política reaccionaria
desarrollada por los distintos gobiernos socialistas desde 2012. La ley El
Khomri se ha convertido en el catalizador del rechazo a la política de
austeridad y liberticida del presidente Hollande. En el debate sobre el
proyecto de ley se siente que una parte de la juventud y de los trabajadores y
trabajadoras está poniendo en cuestión toda la política anti-obrera,
pro-patronal, liberticida, etc. Se pone de manifiesto así una impugnación
global de la política gubernamental, e incluso del modelo social actual,
expresada hasta ahora de forma subterránea en toda una serie de luchas.
Con esta
primera movilización comienza a perfilarse la posibilidad de imponer la
retirada del proyecto de ley y de poner freno a la ofensiva gubernamental. Para
que se desarrolle, el movimiento tiene que organizarse en torno a la exigencia
clara de la retirada de la ley que unifique al conjunto de los sectores. Va a
ser necesario hacer frente al Gobierno y a algunas organizaciones sindicales
[la CFDT…] que se plantean enmendar la ley en cuestiones secundarias sin tocar
su orientación general.
Este primer
paso ha sido posible por la radicalización de una parte de la juventud y por la
capacidad de algunos sectores de impulsar iniciativas orientadas a la
movilización. Un panorama que va tomando cuerpo, también, con próximas jornadas
de movilización previas a la jornada del 31 de marzo anunciada por la
intersindical.
Notas:
1/ El funcionariado (8 millones) está sometido a estatutos diferentes.
2/ En la que las horas extraordinarias no son compatibles y por consiguiente
no se pagan como extraordinarias.
5/ Incluso las juventudes del Partido Socialista
6/ Nombre de la Ministra de Trabajo actual
7/ Que son conscientes de que los recortes que se impongan en el sector
privado se impondrán después en el público.
Traducción: VIENTO
SUR
Fuente
original: http://vientosur.info/spip.php?article11071
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