Cambio
de rumbo de España frente a la ocupación israelí. En otra muestra de vasallaje
al imperio, el gobierno español ha preferido mirar a otro lado cuando en
Naciones Unidas iba a votarse si la ocupación es o no colonialismo. España se
abstuvo.
Una abstención cómplice
El Viejo Topo
23 marzo, 2023
Durante los meses de noviembre y diciembre del pasado año se estuvo discutiendo en el seno de las Naciones Unidas una Resolución por la que se pediría a la Corte Internacional de Justicia un dictamen –como se hizo con respecto al Muro del apartheid que penetra en la Cisjordania ocupada– sobre si la ocupación prolongada que ejerce Israel sobre los Territorios Ocupados en 1967 se podría calificar de “colonial” y, por lo tanto, que Israel está cometiendo un crimen de lesa humanidad.
Esta Resolución,
finalmente aprobada el 30 de diciembre, con 87 votos a favor, 53 abstenciones y
26 en contra, contó con mucho rechazo por parte, como no, de Israel y sus
aliados próximos Estados Unidos, Alemania, Reino Unido… y las presiones
consiguientes para que la representación palestina la quitase del orden del día
o la rebajase. De hecho, Israel ha impuesto más sanciones a la Autoridad
Palestina por su atrevimiento de mantener que se hiciera la votación de esa
Resolución. Hubo un número notable de abstenciones, entre ellas, la de España.
Y no fue casual.
Previamente,
los Estados mencionados quisieron hacer una maniobra administrativa. No
queriendo que se les retratase en la votación negativa, intentaron rechazar la
propuesta por no tener la Corte internacional de Justicia un epígrafe
específico en su presupuesto que cubriese los gastos de realizar dicho Informe.
Los proponentes de la Resolución, aunque argumentaron que el presupuesto general
de la CIJ podría cubrir el coste de la realización del Dictamen, tuvieron que
facilitar un presupuesto ad hoc para ese objetivo. Por supuesto, sin
ayuda española.
La abstención de España se repitió en varias ocasiones
Previamente a
esta discusión, España se abstuvo en la votación de una Resolución de la
Asamblea de las Naciones Unidas sobre el 75 aniversario del desastre –Al
Nakba– para conmemorar en las instalaciones de Nueva York una exposición sobre
las consecuencias de la partición de la Palestina histórica.
Después, con
respecto a la petición de una Opinión Consultiva a la Corte Internacional de
Justicia, sobre si la ocupación continuada de Israel sobre Territorios
Palestinos y Sirios supone una colonización y, por lo tanto, un crimen de lesa
humanidad, se abstuvo previamente en la Comisión de Política Especial y de
Descolonización.
Sobre esta
abstención, el diputado de Más País, Íñigo Errejón, presentó una pregunta
parlamentaria el día 21 de noviembre:
«Recientemente
hemos podido conocer que España se ha abstenido en la votación dentro de la
Comisión Política Especial y de Descolonización de la Asamblea General de
Naciones Unidas (ONU) de la resolución que reclama a la Corte Internacional de
Justicia que se pronuncie sobre la ocupación israelí en Palestina. En concreto,
el proyecto menciona la violación por parte de Israel de los derechos
palestinos a la autodeterminación «por su prolongada ocupación, asentamiento y
anexión del territorio palestino ocupado desde 1967, incluidas las medidas
destinadas a alterar la composición demográfica, el carácter y el estatus de la
ciudad santa de Jerusalén, y por su adopción de leyes y medidas
discriminatorias conexas». La proposición ha salido favorable con 98 síes
frente al rechazo de 17 países y 52 abstenciones,
– ¿Qué motivo
alude el gobierno a haber votado abstención a esta resolución?»
La no respuesta
del gobierno, vergonzosa, sin querer contestar a la pregunta, tópica, fue esta:
«España
mantiene su firme compromiso con la materialización de la solución de los dos
Estados, Palestina e Israel, conviviendo en paz y seguridad el uno junto al
otro, sobre la base de los acuerdos suscritos entre las partes y de las
resoluciones aplicables de Naciones Unidas. España, junto con sus socios en la
Unión Europea, ha hecho reiterados llamamientos a las partes y a la comunidad
internacional para restablecer un horizonte político que permita aplicar esta
solución.
Al mismo
tiempo, España ha expresado reiteradamente su preocupación por el deterioro de
la situación sobre el terreno, por el incremento de la violencia y por los
asentamientos y otras prácticas unilaterales y contrarias al derecho
internacional, que ponen en peligro la solución de los dos Estados.
Madrid, 30 de
enero de 2023″.
Pero ya, en la
votación definitiva el 30 de diciembre del pasado año de esa Resolución, A/77/400
se encienden las alarmas por la abstención premeditada por parte del gobierno
de España. Entonces, desde la coalición de Unidas Podemos, los diputados
Enrique Santiago, Gerardo Pisarello, Lucia Muñoz y Antón Gómez-Reino,
hacen una nueva pregunta al gobierno:
«El pasado 30
de diciembre de 2022, la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución en la
que solicita a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que emita una Opinión
Consultiva sobre la legalidad de los 55 años de ocupación israelí de la
Cisjordania palestina. Con el título de «Practicas y actividades de
asentamiento israelíes que afectan a los derechos del pueblo palestino y otros
habitantes árabes de los territorios ocupados», la resolución pide al tribunal
que se pronuncie sobre las «consecuencias jurídicas derivadas de la continua
violación por Israel del derecho del pueblo palestino a la autodeterminación,
de su prolongada ocupación, asentamiento y anexión del territorio palestino
ocupado desde 1967, incluidas las medidas encaminadas a alterar la composición
demográfica, el carácter y el estatuto de la Ciudad Santa de Jerusalén, y de su
adopción de leyes y medidas discriminatorias conexas».
En concreto, la resolución
pide a la CIJ que evalúe cómo las practicas israelíes «afectan
al estatus legal de la ocupación». En otras palabras, si la ocupación de los
territorios palestinos por parte de Israel durante cincuenta y cinco
años es legal o no, tal y como se caracteriza en el Cuarto
Convenio de Ginebra (1949) y en el derecho internacional consuetudinario.
Además, también se solicita a la CIJ que evalúe la obligación de los «Terceros
Estados Parte», como es el caso de España, de defender el Estado de derecho de
la comunidad internacional.
En mayo de
2022, la Comisión Internacional lndependiente de lnvestigacion sobre los
Territorios Palestinos Ocupados (comisión Pillay), presentó «pruebas
creíbles prima facie… de que Israel no tiene intención de
poner fin a la ocupación, tiene políticas claras para garantizar el
control total del Territorio Palestino Ocupado y actúa para alterar la
demografía mediante el mantenimiento de un entorno represivo para los
palestinos y favorable para los colonos israelíes». A finales de septiembre
de 2022, en su primer informe como relatora especial
de la ONU sobre la situación de los derechos humanos
en Palestina, Francesca Albanese describió a Israel como un «régimen
intencionadamente adquisitivo, segregacionista y represivo diseñado para impedir
la realización del derecho del pueblo palestino a la autodeterminación», y
pidió el desmantelamiento de la «ocupación colonial de colonos y sus prácticas
de apartheid». Con estos informes ante la ONU, en noviembre de 2022 la
representación del Estado de Palestina presentó un punto del orden
del día de la Comisión Política Especial y de Descolonización de
la ONU (Cuarta Comisión) en el que, entre otras cuestiones, solicitaba la
opinión consultiva de la CIJ.
El 30 de
diciembre, por 105 votos a favor, 13 en contra y 37 abstenciones, la Quinta
Comisión aprobó el coste previsto de una Opinión Consultiva de la CIJ. Horas más
tarde, la Quinta Comisión presentó su presupuesto aprobado a la Asamblea General.
Por 87 votos a favor, 26 en contra y 53 abstenciones, la Asamblea General
aprobó la resolución de la CIJ. Apoyaron la resolución Bélgica, Portugal,
Polonia, Islandia y Luxemburgo, junta con la mayoría de los Estados árabes,
africanos y asiáticos. España, Francia, Países Bajos, Suecia, Noruega,
Dinamarca y Finlandia se abstuvieron.
Según fuentes
de distintas organizaciones de derechos humanos, las fuerzas israelíes han
matado en 2022 a más de 251 palestinos en Cisjordania y Gaza ocupadas, entre
ellos
al menos 47 niños. Al menos otros 9.000 han resultado
heridos. Además, Israel ha demolido 950 hogares palestinos, y ha
practicado más de 3.000 detenciones
administrativas (sin presentación de cargos). Israel ha. detenido
a 130 periodistas palestinos en 2022 y 20 reporteros siguen privados
de libertad, en violación flagrante de la libertad de expresión y el
derecho a la información.
- Dada la disparidad de criterios en la votación de
los países de la UE, ¿qué reuniones, reclamos de
información o cualquier otro tipo de gestiones ha realizado la
representación diplomática española en la ONU en el proceso que ha llevado
a solicitar la opinión consultiva de la CIJ?
- ¿Cuáles fueron los motivos para que España se abstuviese en la
votación de la Asamblea General de la ONU en lugar de votar a favor
como han hecho otros países de la Unión Europea como Portugal, Bélgica o
Luxemburgo?
- A la vista del seguimiento que realiza el Gobierno español
a la situación de los derechos humanos en los territorios
ocupados por Israel en Palestina, ¿opina el
Ministerio de Asuntos Exteriores que las políticas
y prácticas realizadas por Israel en los territorios
ocupados vulneran los derechos humanos
de la población palestina?»
Una vez
encendidas las alarmas y la reiteración de aclaraciones al Gobierno, el
ministerio de Asuntos Exteriores que dirige el inefable Álbares, intenta
justificarse con su apoyo, posterior, a una declaración que carece de
relevancia jurídica:
«España reitera
su firme compromiso con la solución de los dos Estados, única respuesta a las
legítimas aspiraciones nacionales de israelíes y palestinos.
España mantiene
un firme compromiso con el Tribunal Internacional de Justicia. El pasado 16 de
enero, España se adhirió junto con una mayoría de Estados Miembros de la Unión
Europea a la declaración propuesta
por Palestina en Nueva York en la que reiteró su firme compromiso con el
Tribunal Internacional de Justicia, el derecho internacional y el
multilateralismo como eje del sistema internacional.
España trabaja
con sus socios en la Unión Europea y con la comunidad internacional para
restaurar la perspectiva política para la materialización de la solución de los
dos Estados, y para ello impulsa la acción de la Unión Europea y, en
particular, la labor del Representante de la Unión Europea para el Proceso de
Paz en Oriente Próximo. España aboga también por profundizar las relaciones
entre la Unión Europea con Palestina y con Israel y apoya los esfuerzos
internacionales y regionales en torno a la Iniciativa Árabe de Paz.
La protección
de los derechos humanos constituye uno de los ejes inspiradores de la política
exterior de España con carácter general y, en particular, también en la región de
Oriente Próximo, tanto en nuestras relaciones bilaterales como a través de la
Unión Europea y de los mecanismos multilaterales de protección de los derechos
humanos, en particular de Naciones Unidas.
Madrid, 20 de
febrero de 2023.»
En definitiva,
desde nuestro punto de vista, la política exterior española del gobierno de
Pedro Sánchez, ha girado alineándose con la política exterior de Estados
Unidos. Lo vimos con el Sáhara Occidental y ahora con Palestina.
Se pasa de la
defensa verbal de los derechos humanos y del derecho internacional a un
deslizamiento en que se pierden los valores universales de la justicia y de la
defensa del derecho internacional por una real
politik occidentalista.
Se sigue sin
poner sanciones a las empresas españolas que actúan lucrándose con la
ocupación, como CAF, Edreams, GMV, INECO, OSSA, SEMI, TYPSA. Pudiéndolo hacer,
no se prohíbe el comercio entre España y las colonias que usurpan a los
palestinos y se siguen encontrando dátiles y otros productos de parcelas
expropiadas a los palestinos.
El
reconocimiento de Palestina, por parte de España, como lo han hecho otros
países europeos, como Suecia, sigue durmiendo en un twit de Pedro Sánchez y
en el programa del gobierno de coalición.
Eso explica,
entre otras cosas, la aparente incoherencia del partido socialista que pretende
castigar a Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, por suspender el hermanamiento de
Barcelona con Tel Aviv. La argumentación de la suspensión, avalada por
el Sindic de Greuges, ha sido similar a la que utilizó para la
suspensión del hermanamiento de Barcelona con San Petersburgo, la ocupación de
su Estado a tierras ajenas, sin que haya habido manifestación en contra de esos
ayuntamientos a la acción de su Estado. O, también, la visita de una delegación
de parlamentarios socialistas (junto con PP y VOX) a Israel a ver fábricas de
armamento israelí, testado en las vidas y bienes palestinos.
Este cambio
lamentable de posición del ministro Albares, de su ministerio, de Pedro Sánchez
y el PSOE nos obliga a seguir trabajando cara a la opinión pública, a esa
organización y a las que le apoyen y reclamando coherencia, exigir a nuestros
representantes la defensa del derecho internacional frente a cálculos alejados
de la justicia.
Fuente: Viento Sur.
