La
privatización de la sanidad sigue gozando de buena salud (por desgracia)
Publicado el 16 de junio de 2022 / Por Coordinadora Antiprivatizacion de la Sanidad-Estatal
25
años después de abrir el Sistema Sanitario a la privatización, el Gobierno de
“izquierdas y progresista” ratifica su obediencia al Ibex y apuesta por
continuar con el desmantelamiento del sistema publico sanitario.
A escasos días de las
elecciones andaluzas, y ante el previsible varapalo que la izquierda
institucional va a recibir, el Gobierno mas progresista de la historia, ha
aprobado en Consejo de Ministros la tramitación de la “Ley de equidad,
universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud”, que está intentando
vender como la varita mágica que blindará la sanidad pública de la
privatización.
Después de los
incumplimientos en pensiones, en la derogación de la reforma laboral, en la
atención a nuestros mayores, o en la ley “mordaza”, ahora el Gobierno se pliega
de nuevo a los poderes económicos y mantiene los instrumentos que permiten la
privatización sanitaria.
Lo que esconde este
ejercicio de prestidigitación es:
- Como ya advertimos hace meses, se deroga la Ley 15/97… pero se traslada su contenido al articulo 47 de la Ley General de Sanidad (hasta ahora vacío por derogación previa), introduciendo la privatización en la propia LGS.
- Se establece un
supuesto carácter “excepcional” para la
utilización de modelos privados, lo que ya
existía desde 1986 en el contenido del articulo 90 de la Ley General de
Sanidad (conciertos privados), y no ha impedido en estas décadas que cada
año cerca de 9.000 millones de euros acaben en los bolsillos de los
accionistas de hospitales privados. Advertimos que la “excepcionalidad” la van a definir los mismos
que llevan desmantelando el sistema sanitario décadas y que las motivaciones que detalla la ley para considerar
adecuada la privatización son tan inconsistentes como la “insuficiencia de
medios propios para dar respuesta a los servicios y prestaciones y/o la
necesidad de recurrir a fórmulas diferentes a la de gestión pública
directa”. Es curioso que la patronal de hospitales privados no esté
preocupada por la nueva ley, dado que según ellos, “no
impide la concertación con el sector privado, sino que solo la
protocoliza”.
- La situación actual del SNS, incapacitado para atender en plazos
adecuados a la población, debido al
proceso de desmantelamiento y deterioro (planificados) ejecutados en los
últimos años, que ha provocado que la primera motivación apuntada por la
ley para la privatización (“insuficiencia de medios propios para dar respuesta a los servicios y
prestaciones”), sea en realidad una coartada estructural que justifique el
mantenimiento de la hemorragia de miles de millones de euros que suponen
los conciertos privados. Dinero que se debería dedicar a
contratar a nuestros jóvenes médicos y sanitarios para que no se vean
obligados a emigrar, y a dotar de recursos a los centros públicos para que
realizaran las actividades que hoy se “externalizan”. Uno de cada 9 euros
de gasto sanitario público ya acaba en manos privadas por esta vía y la
nueva norma no lo va a modificar.
- Se mantiene el articulo 67 de la Ley
General de Sanidad (convenios singulares), que legaliza la atención
sanitaria a través de hospitales privados, indefinidamente, y con dinero
público, en muchas localidades del Estado, evitando así la construcción de
los hospitales públicos que se merecen los pacientes de esas ciudades.
- Las decenas de centros privatizados en base a
la Ley 15/97 y a pesar de su cosmética derogación se mantendrán durante décadas como una losa
económica sobre los presupuestos sanitarios. Ninguna administración se ha atrevido a rescatar estos centros
(recordamos que sus costes finales a 30 años de concesión serán como
mínimo entre 7 y 10 veces superiores a la inversión realizada), al revés
que otros gobiernos de países de nuestro entorno que sí han rescatado centros similares, debido a sus altos costes y a los deficientes
resultados en términos de calidad de la atención sanitaria.
Para vender el
producto, sin molestar a los dueños del Ibex, el gobierno introduce un barniz
progresista con la supresión de ciertos copagos (mas bien repagos, ya que la
sanidad se financia con nuestros impuestos) de material protésico, o en
transporte sanitario no urgente, pecata minuta con el volumen de negocio que se
garantiza con el mantenimiento del proceso privatizador.
Por ultimo la presente
ley vuelve a establecer las condiciones necesarias para el derecho a la
protección de la salud con cargo a fondos públicos de todas la personas con
varios condicionantes y un complicado proceso administrativo pendiente de
desarrollo posterior y al que habrá que estar atentos para desentrañar las
posibles trampas a la universalidad que de nuevo se creen.
Desde CAS hacemos un
nuevo llamamiento: la Iniciativa Legislativa Popular de Recuperación del
Sistema Sanitario, que hemos presentado con el apoyo de muchos colectivos de
todo el Estado
(www.recuperatusanidad.org),
y que ningún partido quiere tener que debatir en el Congreso, es la única que
garantizaría en este momento el blindaje del sistema sanitario.
Imagen
de portada: Foto: Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa. La Moncloa,
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