jueves, 29 de octubre de 2020

Todos los españoles son iguales ante la ley así sean súbditos del común o reyes de pies para que os quiero, lo mismo que yo soy el toro que mató a Manolete.

 

Suiza: La Justicia y los Borbones

De nuevo el prestigioso diario suizo Swiss Info vuelve a hacerse eco de las demandas de justicia que llegan de diferentes puntos y asociaciones del estado español



Por Lo Que Somos 

Kaosenlared

28 Oct, 2020

Suiza sigue siendo la esperanza para que se haga justicia sobre la monarquía española

El canal público suizo publica hoy en primer plana el articulo: Grupos antimonárquicos quieren que se juzgue a Juan Carlos I en Suiza (1), elaborado por las periodistas Belen Couceiro y Sibilla Bondofi, en el que recogen las distintas estrategias de incidencia para que sea la justicia suiza la que juzgue al rey Emérito, ante la total falta de confianza en la justicia española:

“La entidad catalana Òmnium Cultural y la asociación Mujeres x la República han emprendido campañas de lobbying en Suiza para conseguir que se juzgue al rey emérito en el país alpino. Desconfían de la justicia española. Consideran que si Juan Carlos I fuera condenado en Suiza, se abriría una puerta para poder investigar en España otros casos de corrupción de la Casa Real.”

En ocasiones anteriores desde LoQueSomos hemos informado de estas iniciativas. Por parte de Òmnium Cultural (2) en el mes de julio difundimos su iniciativa en la que anunciaba que el Consejo Federal Suizo había empezado a tramitar la petición de bloqueo de fondos del rey emérito Juan Carlos I que solicitó la entidad cultural catalana.

En el artículo de la prensa suiza de hoy tienen muy en cuenta esa iniciativa:


“Según Òmnium Cultural, el sistema jurídico actual garantiza al rey una inmunidad muy amplia que, según la interpretación del Tribunal Supremo, cubriría también actos ilícitos hechos en su vida privada, sin ningún relación con su mandato – en contra de lo que dicen los tratados internacionales. ‘Pensamos que otro país, como Suiza, tiene la distancia y la capacidad suficientes para asumir esta investigación’, recalca el portavoz de la organización.”

La otra propuesta a la que se hace mención expresa la nota de Swiss Info es la iniciativa de varios grupos republicanos madrileños, que encabezó el grupo de Mujeres x la República, con la entrega de una carta con varias firmas que pedían la intermediación del embajador suizo en España para que se juzgue al rey emérito en Suiza, la carta fue tramitada por la misma embajada hacia la fiscalía suiza, y desde Madrid se envío copia a tod@s los parlamentari@s suizos… Juzgar al “emérito” ¡SOS a Suiza! (3)

“Mujeres x la República espera que el rey Juan Carlos sea juzgado en Suiza. ‘Eso abriría una puerta a que se pudieran investigar en España otros casos de corrupción de la Casa Real’, indica Cristina Ridruejo (4), miembro de la entidad. ‘El sistema judicial español ha demostrado en incontables ocasiones que mira hacia otro lado cuando se trata de supuestos delitos del rey; por eso, lamentablemente, necesitamos la ayuda de otros países’.
Según Ridruejo, uno de los motivos de ‘esta incapacidad para juzgar al rey de manera imparcial e independiente es la falta de separación de poderes en España’. Al igual que en Suiza, en España los jueces son nombrados con el apoyo de los partidos políticos.”


La nota del periódico suizo recuerda que el rey emérito está siendo investigado en España por los presuntos delitos de corrupción, blanqueo de capitales y fraude fiscal. Y la fiscalía de Ginebra está investigando a varias personas del entorno del rey Juan Carlos. Y recapitula sobre estas dos asociaciones que intentan conseguir que se abra una investigación penal contra el rey emérito en Suiza: Òmnium Cultural, una de las principales entidades independentistas en Cataluña, y la asociación Mujeres x la República, que defiende la celebración de un referéndum oficial en España sobre la forma de Estado.

“Para Mujeres x la República no se trata solo del enjuiciamiento del rey Juan Carlos. La organización cuestiona la Monarquía en su conjunto y señala que se multiplican las iniciativas en ese sentido en España. Según los resultados de una consulta popular celebrada en Madrid, la asociación asume que una clara mayoría de la población española prefiere una República a la Monarquía.”

“También Òmnium Cultural duda de la imparcialidad de la justicia española. ‘Consideramos que España no juzgará nunca a la familia real de manera efectiva, independiente e imparcial, porque eso significaría reconocer que durante cuarenta años el país fue gobernado por una persona que ha vivido de la corrupción’, declara un portavoz de la entidad catalana.”

El artículo del diario helvético tampoco oculta que las esperanzas de estas organizaciones podrían verse truncadas… “existe la duda de si Suiza responderá a las expectativas depositadas en ella”.

Más allá de las repercusiones o acciones legales que se sigan emprendiendo por la corrupción de la casa real española, la información que siguen dando los medios periodísticos internacionales esta sirviendo para sumar reflexiones en torno al anacrónico sistema de jefatura de estado español.

Notas:

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miércoles, 28 de octubre de 2020

El lenguaje. La importancia de expresar correctamente lo que se piensa y se siente.

 

El lenguaje y la izquierda

Diccionario de la lengua Castellana.

"Seamos creativas. Inventemos nuestras propias palabras, pero no basadas en extranjerismos ni otras culturas", defiende la autora

CHRISTINE LEWIS CARROL | Hace unos años organicé con un grupo de jóvenes un taller que analizaba la importancia del lenguaje tanto hablado como escrito. Ahora –en momentos de la pandemia del coronavirus– no solo sigo pensando que es un tema importante, sino que se habla y se escribe cada vez más con menos precisión y cuidado. Cuando hablamos y escribimos, el lenguaje que utilizamos debería reflejar que no nos conformamos con los términos manidos y manipulados; demostraría que hemos ampliado la perspectiva con la que abordamos una información o tema.

La derecha y los medios de comunicación dominantes transmiten los mensajes del sistema económico. Por desgracia, la izquierda –al menos la que está presente en las instituciones del estado– también lo hace porque no está realmente en contra del capitalismo, o, al menos, no plantea una alternativa al mismo.* En mi opinión, los medios de comunicación independientes (en papel y digitales) tienen la obligación de cuidar el lenguaje, porque es cómo penetra la cultura de la clase dirigente en nuestras vidas. Zygmunt Bauman ha afirmado que “el capitalismo gana la batalla política porque ganó la batalla cultural e ideológica”. El poder (es decir las grandes empresas y los gobiernos que actúan de portavoz de éstas) decide cuál debe ser la interpretación de una noticia. El mensaje ya está creado y se transmite copiando y pegando. Estos mensajes son, con demasiada frecuencia mediocres, llenos de retórica, demagogia y conceptos vacíos. El mensaje llega a adormecer y encuentra el terreno abonado. Se rechaza primero la crítica, luego la disidencia y, finalmente, la transformación o la revolución.

Los idiomas son algo vivo y esto está bien. Nada es estático y tampoco lo son las lenguas. Pero el lenguaje sirve para entendernos, bien sea oralmente o por escrito y a nadie le gusta no entender lo que lee, y menos la pedantería. También es cierto que para debatir a fondo los temas hay que abordar su complejidad, pero esto no debe entrañar el uso de un lenguaje incomprensible. El lingüista y activista Noam Chomsky decía que “el lenguaje es el modo en que interactuamos y nos comunicamos, así que, naturalmente, los medios de comunicación y el trasfondo conceptual que hay tras el lenguaje, que es más importante, son usados para tratar de dar forma a actitudes y opiniones e inculcar conformismo y subordinación. No es extraño que fuera creado en las sociedades más democráticas”.

La lengua española dispone de un diccionario que, supuestamente, ayuda a que no se degrade la misma. Sin embargo, en mi opinión, esto no significa que esté exento de la influencia de la lengua y la cultura dominantes, es decir el inglés. América del Norte es un subcontinente del continente americano formado por Canadá, Estados Unidos y México. Una acepción del Diccionario de la Real Academia Española (DRAE) de «norteamericano» es «estadounidense», pero no canadiense ni mexicano. ¿No es esto permitir la influencia de una cultura dominante? El idioma inglés no dispone del equivalente del DRAE y tiene mucha más libertad para inventar nuevas palabras y frases. Seamos creativas. Inventemos nuestras propias palabras, pero no basadas en extranjerismos ni otras culturas.

Después de mucho dudar, por fin hemos aprendido que con la palabra «migrante» basta, que sobran «inmigrante» y «emigrante», y que ofenden «ilegal», «no regulado» y «sin papeles». La palabra globalización pretendió en su momento vendernos el concepto de la interacción en la aldea global. Durante un tiempo el sistema intentó lavarse la cara, inventando términos como el «capitalismo ético», pero en seguida nos dimos cuenta de que fue un proceso más del mismo sistema, cuyos fines son siempre trasladar sus negocios donde más rentabilidad obtenga, y sin ningún principio ético.

Y cuidado con cambiar el significado de las palabras: las redes sociales para mí no son Facebook, Twitter, WhatsApp. Las redes sociales son tejidos de apoyo y solidaridad que existen en las familias, las comunidades de vecinos, los barrios, etc. ¿Cuántas veces hemos oído y leído la palabra «radical» (definición DRAE: partidario de reformas extremas) cuando se está informando de un acontecimiento en el que está presente la violencia?

Asimismo, el poder no sólo roba nuestro lenguaje. Estudia los valores que defiende la izquierda transformadora y hacen suyos los que le interesan: la «ética revolucionaria» ahora se reivindica en todo: «banca ética», «capitalismo amable», «energía verde». (Por cierto, la utilización que está haciendo el mundo de la publicidad –transmisor principal del consumismo capitalista– de la lucha actual contra el coronavirus me parece repugnante.)

España ocupaba hace unos años el puesto 24 del mundo en el dominio de inglés. El dato en sí no es más que una estadística e importa poco. Sin embargo, si nos guiamos por la cantidad de anglicismos (ni siquiera extranjerismos porque leer latín o francés podría ser refrescante) que inundan nuestros medios, también los que luchan por un mundo distinto, parece que lo dominamos todos: «fake news» por «bulo», «must» por «deber» u «obligación», «fact check» por «verificación de la información». El problema no es sólo que se cuele el extranjerismo, sino que las lenguas se degradan si no traducimos las palabras nuevas, aunque sea mediante una frase más larga y explicativa.  Las lenguas se transmiten desde una organización mental y una cultura distintas y si no las traducimos, parte de esa cultura se queda en la lengua de recepción. Por otra parte, tengo la impresión de que el uso de anglicismos se considera sofisticado en ciertos sectores, como parece indicar su profusión entre los ‘todólogos’, como decía Javier Couso, a quien agradezco tan elocuente término. No sabemos más por decir algo en inglés. 

Dario Azzellini y Marina Sitrin analizan en Occupying Language las palabras «territorio», «asamblea», «ruptura», «poder popular», «horizontalidad», «autogestión» y «protagonismo». “El lenguaje no es neutro y las palabras transportan y expresan los conceptos y los modos de pensar. Éstas pueden consolidar y perpetuar jerarquías, dominación y control, igual que pueden subrayar la igualdad y fortalecer la conciencia. Las luchas latinoamericanas por la dignidad, la libertad y la liberación tienen su raíz en más de quinientos años de resistencia. El lenguaje derivado de estas luchas llega acompañado de antecedentes históricos.” (La traducción es mía.) En Occupying Language se nos explica de manera muy hermosa los conceptos, los modos de pensar y la historia detrás de las palabras. Existen palabras en algunos idiomas que no se pueden traducir porque representan hechos, a veces históricos, que no se entienden en la lengua de recepción. Recuerdo al final de la dictadura cuando intentaba explicar a mis compatriotas británicos la lucha por la amnistía de los presos políticos. La palabra «amnistía» existe en inglés, pero no lograban captar toda la carga conceptual e histórica de la misma

Desde hace tiempo nos hemos dado cuenta de que el lenguaje que utilizamos puede ser patriarcal o machista. Pero hay usos más sutiles que si no ponemos cuidado, nos tragamos con toda su carga ideológica. En el libro sobre feminismo de Black, Buller, Hoyle y Todd se señala cómo difieren los adjetivos según se trate de hombres o mujeres:

HOMBRE                                                      MUJER

Emprendedor                                              Agresiva

Poderoso                                                       Ambiciosa

Resuelto                                                        Egoísta

Decidido                                                       Controladora

Enojado                                                        Malhumorada

Experto                                                         Terca

Los roles tradicionales asignados a los hombres y a las mujeres han contribuido a la creación de diferentes adjetivos según se trata de uno u otro género. Las mujeres no sólo hemos tenido que esforzarnos más que los hombres para demostrar nuestra valía en todos los ámbitos, sino que también tenemos que aguantar la desigualdad y la discriminación, y sin cabrearnos, no vaya a ser que se nos insulte.

Y podemos aprender mucho de otras lenguas menos dominantes. Teresa Villaverde, en la revista Pícara Magazine, habla del idioma maya tojolabal que “utiliza dos verbos, correspondientes a dos acciones, y elimina así la estructura de subordinación y jerarquía”.

Todas las personas que se dedican a la palabra –principalmente los periodistas y nuestros representantes políticos que nos deben convencer con la misma– deben cuidar el lenguaje. Los siguientes ejemplos son sólo una pequeña muestra en una larga lista de la degradación -y a veces la intencionalidad ideológica- del lenguaje:

  • No se puede sustituir la «Unión Europea» por «Europa». Europa no es responsable de lo que hace mal la Unión Europea. Eso sí, en vez de responsabilizarla por sus errores, es mucho más fácil y etéreo echarle la culpa a Europa. Los responsables de los recortes en el gasto social tienen nombre y apellidos. 
  • Cuando nuestros representantes políticos se dirigen a sus representadas,  hablan de «españoles» cuando no de «compatriotas», términos que encuentro excluyentes; no se acuerdan de todas las personas (migrantes o personas que eligen vivir en España sin nacionalizarse) que pagan impuestos y hacen comunidad. Ya no se utiliza la palabra «pueblo» que, además de ser inclusiva, es hermosa.
  • Casi ya no oímos la palabra «paro»; se utiliza «desempleo». No sólo es un extranjerismo (procede del inglés unemployment), es también una utilización desideologizada del término. El paro es un término de ‘obreros’  y como se nos ha intentado convencer machaconamente, ya no hay obreros ni trabajadores, sino ‘empleados’, cuando no ‘operarios’. No se crean nuevos conceptos por inventar palabras nuevas ni se cambia su significado o historia. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad seguirán siendo policía por mucho nombre rimbombante que se les dé. De la misma manera, las personas que antes hacían jogging, luego footing y ahora running siguen siendo las que corren al aire libre, por mucho que se les asigne un nombre en inglés. 
  • Me molesta profundamente cuando se me considera «consumidora». No existo en función de lo que consumo, sino como persona (ni siquiera como ciudadana, que es una cosa bastante concreta). Compro patatas, escucho e intento hacer música, leo y aprendo de los libros. Pero no consumo ninguna de estas cosas. Según qué caso, puedo ser usuaria, cliente, pero ‘consumidora’ sólo me confiere la condición de contribuyente al Producto Interior Bruto.

El discurso de la izquierda debe reflejarse también en el lenguaje que utiliza. No dudo de que haya sectores y personas dentro de la izquierda y los medios de comunicación independientes que sean sinceros en sus intenciones, pero les creo menos cuando utilizan el mismo lenguaje que la derecha.


*Algunas os preguntaréis cuál es la alternativa; os propongo que leamos a Luis González Reyes y estudiemos su “economía poscapitalista, basada en gran medida en una desmercantilización y desalarización de nuestras vidas”. 

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martes, 27 de octubre de 2020

Bolivia, punto de referencia. Ganarle las elecciones al capital (el mandante de la derecha política, pero también el mandante de la que se denomina izquierda que en la práctica realiza las mismas políticas que la derecha) es algo a celebrar desde el punto de vista de la izquierda. Pero celebrar no es tocar las campanas, en todo caso, pero nada más, es para engrasar los goznes y el badajo de la campana para que cuando se empiecen a tocar suene bien. Disponer del gobierno es sin duda importante, pero eso es únicamente y como mucho, disponer del poder político, pero junto a lo “político” está lo “económico”, y eso no se gana en unas elecciones, y también ésta el poder “ideológico” que tampoco se puede ganar e unas elecciones. Quien ingenuamente espere que los problemas de los trabajadores se pueden resolver tan solo por ganar las elecciones y disponer del gobierno no obtendrá más que una frustración personal y política porque no le podrá llegar el resultado esperado. Es el caso del gobierno del PSOE y Unidas Podemos en España, en el que muchos vieron de buena fe la solución a los problemas de los trabajadores y no obtendrán más que una frustración personal y política, porque tanto lo económico y lo ideológico permanece en manos del capital. Disponer del gobierno, de lo político, en manos de los representantes de las clases trabajadoras representa inicialmente partir de una relativa ventaja en la lucha política contra el capital, pero este sigue disponiendo de lo económico y de lo ideológico, elementos básicos e imprescindibles para poder realizar unas políticas a favor de la inmensa mayoría de la sociedad que es en la que se encuadran los trabajadores o para no realizarlas. La lucha ideológica se tiene que dar en el terreno ideológico. La ideología no es otra cosa que una determinada forma de representación de la realidad, de modo que un hecho idéntico (objetivamente invariable) puede ser visto de forma diametralmente opuesta, y a la vez las dos formas opuestas de ver e interpretar el mismo hecho pueden resultar igualmente verdaderas, ¿y por qué?, pues porque se interpretan desde puntos de vista diametralmente opuestos. Por ejemplo, el salario. Para quien paga el salario constituye desde su punto de vista un gasto, y por tanto, de forma natural y desde el punto de vista de sus intereses tenderá a reducir ese gasto cuanto le sea posible, y el salario lo paga el capitalista, en consecuencia, tenderá a reducirlo todo lo que le sea posible puesto que para él representa un gasto. El mismo salario para quien lo recibe, el asalariado, constituye un ingreso y no solo un ingreso, sino el único ingreso del que depende la subsistencia propia y la de los suyos, por tanto, intentará incrementarlo cuanto pueda porque para él representa un ingreso, lo contrario que para el capitalista. De manera que el mismo hecho, el salario, es interpretado de manera absolutamente opuesta entre el capitalista y el asalariado y sin ninguna posibilidad real de poder resolver esta contradicción entre ambos. En un mundo idealizado, inexistente, quimérico, podría resolverse esa contradicción estableciendo la dulzaina intelectual de que el capitalista tiene que portarse bien, no ser avaricioso, no quererlo todo para él, poner buena voluntad de su parte y acceder de buen grado a darle al trabajador un salario digno, cuyo asalariado también tiene que portarse bien, no ser egoísta y conformarse con el salario que le da el capitalista. Pero esto solo puede pasar en la ficción idealizada de la realidad y en ningún sitio más, porque el capitalismo tiene una dinámica interna propia de funcionamiento que no puede abandonar, salvo que decida auto extinguir si la abandona, con independencia de la bondad o malevolencia del capitalista que obliga este a tener que acrecentar sus capitales permanentemente para poder supervivir frente a la competencia que le presentan otros capitalistas. Esta cuestión ideológica (el punto de vista de clase) se le tiene que explicar al trabajador (casos concretos del PSOE, Podemos, Izquierda Unida, en las Asambleas locales; Círculos y Asambleas locales respectivamente) para que una vez entendida se traslade al terreno político que es donde se establecerá el importe del salario (ni justo ni injusto) en función de la fuerza política que entren en liza en cada momento entre los capitalistas y los trabajadores. El salario quedará fijado por el contendiente que en la lucha política tenga más fuerza (el acuerdo, el consenso, la responsabilidad, la justicia social, etc., para fijar los salarios son cuentos de hadas que para lo tebeos de hadas está bien, pero no para la realidad en la que las hadas no existen), de ahí la imperiosa necesidad de la organización social y política de los trabajadores. Respecto del poder económico también tiene que serle explicado previamente a los trabajadores para que obtengan un conocimiento claro y objetivo del papel que desempeñan en la producción y no limitarse a la exclusiva subida de salarios (a la que no se puede renunciar nunca mientras exista el capitalismo, pero no como único y exclusivo objeto), sino en base a la cuestión que plantea la siguiente pregunta: ¿Cómo es esto de que siendo los trabajadores los únicos productores de la riqueza no disfrutamos de ella porque de la misma se la apropia el capital que es precisamente quien no la produce? La respuesta de esta pregunta que pasa por lo “ideológico” vuelve al campo “político” en el que se elabora y acuerda una actuación concreta que tiene como finalidad nuevamente lo “económico”. Y, con lo dicho que ni siquiera se podría considerar el a, b, c de lo que se podría decir y debe decirse acerca de la cuestión planteada se ha pretendido demostrar razonada y lógicamente la conexión indefectible que existe entre lo político, lo económico y lo ideológico, que son los tres poderes que tienen que ser dominados por los trabajadores para resolver efectivamente sus problemas, al tiempo que también se ha pretendido justificar el por qué el solo hecho de ganar las elecciones (un solo poder) no es motivo suficiente (es condición necesaria pero en ningún caso suficiente) para echar a repicar las campanas. Con engrasarlas y siendo consciente de que se están engrasando para que cuando suenen lo hagan de acuerdo a la partitura escrita por los trabajadores ya vamos bien.

 

Todo el poder al pueblo


 Por Claudia Korol / Bolivia

Rebelión

20/10/2020 

Fuentes: Jacobin [Foto: Gastón Brito Miserocchi / Getty Images]

El triunfo del pueblo boliviano contra los golpistas y la derecha en las elecciones, la contundencia del resultado y la posibilidad de avanzar hacia la profundización de un proceso de cambios marcado por la descolonización del Estado Plurinacional constituyen hoy un gran aliento para los pueblos de todo el continente.

Todavía no es posible distraernos en festejos, aunque nuestros corazones laten a ritmo frenético. Porque, a pesar de que el resultado reconocido permite que la fórmula encabezada por Luis Arce y David Choquehuanca llegue a la presidencia y vicepresidencia en la primera vuelta, este resultado tendrá que ser defendido de las acciones mafiosas de la derecha, que buscará caminos para desestabilizar e impedir que se desmonte la retórica del fraude con la que se buscó legitimar el golpe de Estado un año atrás.

Tampoco podemos distraernos: sabemos que la derecha fascista, civil, militar y paramilitar, y sus custodios –la embajada yanqui, la OEA, las corporaciones transnacionales que ganaron mucho poder económico y control político con el beneficio del Gobierno golpista– ya están preparando su respuesta criminal.

La fórmula del Movimiento al Socialismo (MAS) fue el camino que el pueblo boliviano eligió para derrotar al golpe de Estado. A pesar de todas las maniobras tendientes a restar votos a los candidatos del pueblo, impidiendo el voto en el exterior, generando miedo con la saturación militar y policial en las calles, intentando manipular el escrutinio eliminando horas antes del mismo la difusión de resultados preliminares, el pueblo impuso su voluntad. La fórmula encabezada por Arce y Choquehuanca obtuvo más del 53,4% de los votos, 22 puntos más que su seguidor, el derechista Carlos Mesa, que logró el 31,5%, y casi 40 puntos más que el golpista fascista Fernando Camacho, que quedó con 14,1%.

En un lugar absurdo quedan la OEA y su portavoz, Luis Almagro, que un año atrás legitimaron la idea de fraude que permitió la destitución de Evo Morales. En un lugar absurdo quedan quienes, desde discursos izquierdistas o feministas, responsabilizaron del golpe de Estado a las víctimas del mismo y no al poder hegemónico del país y del mundo que conspiró para interrumpir el proceso de cambio no por sus debilidades, no por sus extravíos, sino por lo que contenía de amenaza para sus intereses (capitalistas).

Los errores cometidos por el gobierno de Evo serán analizados y balanceados por su pueblo y por las organizaciones que, un año después, regresan al Gobierno. Pero nada justifica el golpe de Estado, la dictadura cívico militar paramilitar y religiosa, las masacres, los crímenes de lesa humanidad, la proscripción política, la persecución y prisión de líderes políticos/as y sociales (especialmente indígenas), el exilio, el cierre de los medios de comunicación comunitarios, la persecución al periodismo que cuestionaba al golpe, la violencia patriarcal y racista contra las mujeres de pollera, la falta de respeto a la wiphala y a los símbolos del Estado Plurinacional.

Ese mismo pueblo será el que ahora construya los caminos para que haya justicia y para que haya memoria. Para que sean juzgados los criminales que produjeron las masacres de Senkata y Sacaba, los responsables de la muerte de Sebastián Moro, periodista argentino asesinado por los fascistas.

Seremos los pueblos quienes seguiremos exigiendo la libertad de Facundo Molares, periodista argentino rehén de la dictadura boliviana en la cárcel de Chonchocoro, y por la libertad de todos los presos y presas políticas. El triunfo del MAS tendrá que ser confirmado con acciones cotidianas que pacifiquen al país a partir de la justicia y no de la impunidad o la desmemoria.

Este resultado alegra, estimula la lucha de todos los pueblos, y también obliga a mirar críticamente el camino de modo que en este nuevo momento, con la fuerza y legitimidad que da el resultado electoral, se pueda profundizar el proceso de cambio, para que no quede atrapado en las lógicas institucionales de las democracias condicionadas por el lobby mundial transnacional y sus gobiernos títeres.

Desmontar la militarización, las fuerzas represivas entrenadas en el fascismo y el racismo, la cultura del miedo internalizada a sangre y fuego, es parte inalienable de la posibilidad de recuperación de una democracia del pueblo y para el pueblo.

El poder popular, feminista, anticolonial, ganó una segunda oportunidad que no puede desperdiciar. El pueblo que resistió en las calles la dictadura, que salió a cortar rutas a pesar de la pandemia frente al aplazamiento de las elecciones, que controló voto a voto cuando se decidió que esa fuera la estrategia de lucha, merece ahora ser la fuente de todo el poder.

La dignidad de los rostros que hoy celebran la derrota política de la dictadura quedará grabada en nuestra historia colectiva. ¡Jallalla las mujeres de pollera! ¡Jallalla el pueblo boliviano! ¡La wiphala se respeta, carajo!!

Claudia Korol. Comunicadora, feminista e integrante del equipo de educación popular Pañuelos en Rebeldía.

Fuente: https://jacobinlat.com/2020/10/19/todo-el-poder-al-pueblo/

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lunes, 26 de octubre de 2020

El coronavirus y la pandemia intrínseca del Fondo Monetario Internacional (FMI), antes, durante y después del coronavirus. De criminales y el FMI es un criminal no puede esperarse más que crímenes, salvo que, la lógica cambie sus leyes y métodos, si es que crimen es como yo creo, el condenar irremisiblemente a la humanidad a la miseria, sufrimientos y violencia física (la violencia psíquica es otro tipo de violencia, que por cierto, se puede fomentar e intensificar muy bien con los toques de queda y confinamientos a los que ha dado lugar el coronavirus, que también está presente), sobre todo cuando medios materiales, técnicos y humanos existen más que sobradamente tanto para erradicar la miseria y sufrimientos actuales y prevenir los próximos a llegar que están más cerca de lo que pudiera parecer. Pero además es un criminal cínico, porque el dinero que utiliza para perpetrar sus crímenes es dinero público, o sea, de los trabajadores, y no dinero propio que sus dirigentes arriesguen para hacer sus negocios particulares, que es el fin último de los crímenes que cometen. ¿Que qué tiene que ver esto con los trabajadores españoles?, pues que al Estado español le va a prestar dinero la Unión Europea, que es hija del mismo padre y de la misma madre que el FMI.

 

El FMI se aprovecha de la pandemia para allanar el camino de la privatización en 81 países

76 de los 91 préstamos que el FMI ha negociado desde el inicio de la pandemia de coronavirus llegan vinculados a demandas de profundos recortes en servicios públicos y políticas que benefician a las corporaciones por encima de las personas.

 

En las protestas contra Lenin Moreno coincidieron sectores urbanos, campesinos e indígenas. FLUXUS

Alan Macleod

El Salto

25 OCT 2020 04:09

El enorme trastorno económico causado por la pandemia de covid-19 ofrece una oportunidad única para alterar radicalmente la estructura de la sociedad, y el Fondo Monetario Internacional (FMI) está utilizando la crisis para implementar medidas de austeridad cuasi permanente en todo el mundo.

76 de los 91 préstamos que ha negociado con 81 países desde el inicio de la pandemia mundial en marzo han llegado vinculados a demandas de que los países adopten medidas como profundos recortes en los servicios públicos y las pensiones, medidas que indudablemente conllevarán privatizaciones, congelaciones o recortes salariales, o el despido de trabajadores del sector público como médicos, enfermeros, profesores y bomberos.

Principal animador de las medidas de austeridad neoliberal en todo el planeta durante décadas, el FMI ha empezado recientemente (de forma discreta) a admitir que estas políticas no han funcionado y generalmente crean problemas como pobreza, crecimiento desigual y una desigualdad aún peor. Además, tampoco han conseguido traer el prometido crecimiento económico que se suponía que iba a contrarrestar estos efectos negativos. En 2016, describió sus propias políticas como “promocionadas en exceso” y anteriormente resumió sus experimentos en América Latina como “todo dolor, sin beneficios”. Así, sus propios informes afirman explícitamente que sus políticas no funcionan.

“El FMI ha hecho sonar la alarma sobre una gran intensificación de la desigualdad tras la pandemia. Pero está conduciendo a los países a pagar los gastos de la pandemia mediante recortes de austeridad que alimentarán la pobreza y la desigualdad”, dice Chema Vera, director ejecutivo interino de Oxfam International. “Estas medidas podrían dejar a millones de personas sin acceso a la sanidad o ayuda económica mientras buscan trabajo, y podrían frustrar cualquier esperanza de recuperación sostenible. Al adoptar este enfoque, el FMI está cometiendo una injusticia a sus propias investigaciones. Su cabeza debe empezar a hablar con sus manos”.

Moreno redujo el presupuesto sanitario nacional en un 36% a cambio de un préstamo de 4.200 millones de dólares del FMI, un movimiento que provocó enormes protestas nacionales que amenazaron con hacer descarrilar a su Gobierno

Oxfam ha identificado al menos 14 países que espera que congelen o recorten de forma inminente los salarios y puestos de trabajo del sector público. Túnez, por ejemplo, solo tiene 13 médicos por cada 10.000 personas. Cualquier recorte a su ya exiguo sistema sanitario lo debilitaría en su lucha contra el coronavirus. “Si la gente no se puede permitir el testeo y el cuidado del covid-19 y otras necesidades sanitarias, el virus seguirá expandiéndose sin control y más gente morirá. Los gastos corrientes en sanidad eran una tragedia antes de la pandemia, y ahora son una sentencia de muerte”, añade Vera.

UN CASO PRÁCTICO DEL FMI

Ecuador es un ejemplo perfecto de las consecuencias del FMI. Anteriormente dirigido por el Gobierno radical de Rafael Correa, que hizo de la reducción de la pobreza una prioridad, condenó al FMI y a su organización hermana, el Banco Mundial, y dio asilo a disidentes occidentales como Julian Assange, el país ha sido dirigido por Lenin Moreno desde 2017. Moreno comenzó inmediatamente a deshacer el legado de Correa, incluso intentando procesarle. En 2019, bajo órdenes del FMI, Moreno redujo el presupuesto sanitario nacional en un 36% a cambio de un préstamo de 4.200 millones de dólares del FMI, un movimiento que provocó enormes protestas nacionales que amenazaron con hacer descarrilar a su Gobierno.

Si la organización se sale con la suya, serán los pobres quienes paguen por la pandemia, mientras los ricos prosperan

Los resultados fueron casi apocalípticos cuando la ciudad más grande del país, Guayaquil, se convirtió en el centro mundial del coronavirus, con cadáveres abandonados en las calles durante días mientras los servicios estaban saturados. La ciudad sufrió más muertes que Nueva York en su pico, y con mucha menos infraestructura para tratar el problema. Aunque el número oficial de casos en el país es bajo, la tasa de mortalidad ha estado entre las más altas del mundo, lo que sugiere que los servicios han estado completamente colapsados.

A principios de este mes, Moreno anunció un nuevo acuerdo por 6.500 millones de dólares con el FMI, que ha aconsejado a su Gobierno dar marcha atrás en los aumentos de emergencia en el gasto sanitario, detener las transferencias de efectivo para aquellos incapaces de trabajar debido al virus y recortar los subsidios de combustible para los pobres.

EN LA CRISIS, OPORTUNIDAD

El FMI también interfiere directamente con la política interna de naciones soberanas. En marzo, se negó a hacer préstamos al Gobierno venezolano debido a la “falta de claridad” sobre quién estaba al mando, sugiriendo que el democráticamente electo Nicolás Maduro tendría que dimitir antes de que consideraran hacer préstamos al país. Al mismo tiempo, sin embargo, el autodeclarado presidente y figura de la oposición Juan Guaidó anunció que había asegurado un compromiso de 1.200 millones de dólares de la organización con la condición de que Maduro dimita y permita que un “Gobierno de emergencia” tome el control del país. Una encuesta realizada el mismo mes por una empresa de encuestas simpatizante descubrió que solo el 3% de los venezolanos apoyaba a Guaidó.

En la crisis siempre hay oportunidad. Para muchos, la pandemia es una oportunidad de reorientar la economía alejándose del consumo de masas y hacia un sistema más sostenible ecológicamente. Para el FMI, sin embargo, se está utilizando para impulsar más privatizaciones y medidas de austeridad que invariablemente enriquecen a los ricos y debilitan a los pobres y a los indefensos. Parece que, si la organización se sale con la suya, serán los pobres quienes paguen por la pandemia, mientras los ricos prosperan.

MPN

Artículo publicado originalmente en Mint Press News. Traducido para El Salto por Eduardo Pérez.

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domingo, 25 de octubre de 2020

TEMA 12 - El régimen franquista (I) (1939-1959)

Turquía se Queda Sola EEUU Retirará sus Armas Nucleares de INCIRLIK

El Pacto de Toledo no es un camelo, ES UN ROBO, que comienza con las reformas iniciadas por el gobierno del PSOE en 1985 contra las condiciones de vida de los trabajadores que representamos la inmensa mayoría de la población, que a su vez somos los que creamos la riqueza que otros no trabajadores (una exigua minoría de la sociedad) disfrutan, y que culminará en 2022 con que un pensionistas cobrará el 30% menos de la pensión que le correspondería de no haberse llevado a cabo la reforma de 2011. Estos son hechos y no juicios de valor, y a los hechos hay que responderles con hechos. Cuestión nuestra, de los trabajadores, es descubrir con qué hechos y de qué forma podemos responder al hecho de que hoy nos roban más que ayer pero menos que mañana. Y para ello no hay fórmulas mágicas ni soluciones milagrosas del primer milagrero que aparezca, sino acción política consciente, acción política desde el punto de vista e intereses de las clases trabajadoras (porque los jefes del PSOE, PP, VOX, Ciudadanos, Podemos, Izquierda Unida y otros también hacen política, pero esa política la hacen desde el punto de vista e intereses de los capitales que con contrarios a los intereses de los trabajadores). La forma de empezar a ver qué podemos hacer y cómo tiene su comienzo en los casos particulares de PSOE, Podemos e Izquierda Unida, son las Agrupaciones locales; Círculos y Asambleas locales, respectivamente. Y como el funcionamiento efectivo de las Agrupaciones locales, Círculos y Asambleas locales no lo han hecho ni lo van a hacer los correspondiente jefes, lo tenemos que empezar a hacer nosotros, y mientras más tardemos en empezarlo peores cosas veredes amigo Sancho, porque Sanchico mío, esos 140 mil millones de euros (140.000.000.000) venideros de la Unión Europea como tética monja para salir de la situación, según los más volanderos políticos, no son más que otros 140.000.000.000 de euros que saldrán de las costillas de los trabajadores para asegurar el crecimiento de los capitales, con lo que las condiciones de vida de los trabajadores y, en consecuencia, de la inmensa mayoría de la población necesariamente empeorará. Que se me olvidaba: blanco y en botella.

 

¿Mejora realmente el acuerdo del ‘Pacto de Toledo’ las pensiones públicas y el derecho a la jubilación?



KAOSENLARED

25.10.2020

El viernes La Comisión Parlamentaria denominada ‘Pacto de Toledo’ aprobó por consenso un conjunto de recomendaciones sobre el Sistema de Pensiones en el Estado Español que, más que probablemente, acabarán convirtiéndose en una una nueva ley de reforma de las Pensiones, tras el correspondiente trámite parlamentario y su aval por la llamada Mesa de Diálogo Social.

En un primer análisis crítico de su contenido, al contrario de lo que hacen los medios convencionales de prensa, conviene resaltar:

-El acuerdo no deroga la ley de 2011 (la del PSOE de Zapatero y apoyada por CCOO y UGT) ni la de 2013 (la del PP), aunque algunos aspectos sustanciales de esta última sí se modificarían (la actualización anual de las pensiones volvería a ser según el IPC y desaparecería el factor de sostenibilidad). Es decir, la edad de jubilación ordinaria seguirá en los 67 años y el cálculo de la pensión se hará en base a 25 años cotizados. Esto último supone que, en 2022, cuando concluya su aplicación, la bajada estimada de la pensión inicial habrá sido de un 30%.

Se penalizará todavía más la jubilación anticipada, con el objetivo de forzar el retraso de la edad efectiva de jubilación, aproximándola a la legal.

-¿Pensiones dignas? La mayoría de las pensiones, en torno al 60%, seguirán sin alcanzar el SMI y menos todavía los 1084 euros que establece la Carta Social Europea, ni se reducirá la brecha de género. 

-El texto contiene un elemento fundamental que profundizará en la privatización del Sistema Público de Pensiones ante la perspectiva de pensiones públicas claramente insuficientes. Se trata de los planes de pensiones complementarios o colectivos, es decir, la desviación de una parte del salario directo del trabajador a salario diferido mediante fondos de pensiones negociados en los convenios de empresa o sector que, siguiendo el modelo vasco (en realidad británico) que se toma como referencia, servirá para que los gestores de esos fondos (banca, aseguradoras y, atención, los ‘sindicatos representativos‘) hagan negocio o se financien a través de ellos.

Su contenido queda lejos de las reivindicaciones principales del movimiento de pensionistas agrupado en torno a la COESPE que no reconocía como legítimo el ‘Pacto de Toledo’ y que, con su movilización sostenida, es la que verdaderamente obligó al PP a hacer marcha atrás en sus planes, cediendo en su pretensión de recortar las pensiones sin aplicar el IPC.  Y lejos también de la posición de IU y Podemos que, cuando estaban fuera del gobierno, decían defender.

Finalmente, conviene no olvidar que el Pacto de Toledo nació para el «análisis de los problemas estructurales del sistema de seguridad social y de las principales reformas que deberán acometerse» según constaba en el documento aprobado en el Congreso de los Diputados el 6 de abril de 1995.  Después, ya en 1999, se transformó en una Comisión permanente de seguimiento y evaluación de los acuerdos de ese documento inicial. Es decir, se creó para justificar el mantra tantas veces repetido de que las pensiones públicas son insostenibles y, por lo tanto, hay que recortar el derecho de jubilación para garantizar su futuro. Un discurso neoliberal hecho a la medida de los empresarios y muy particularmente del capital financiero, interesado en la privatización del jugoso negocio multimillonario que supone su gestión (como la educación o la sanidad, por ejemplo). Y el acuerdo del pasado viernes es una etapa más en esa trayectoria de largo recorrido (que tuvo un primer momento en 1985 con la reforma que realizó el gobierno de Felipe González), a la que se prestan tanto la izquierda institucional como los dirigentes de los sindicatos burocratizados.

Kaos. Laboral y Economía

Acuerdo en el Pacto de Toledo

Tras más de cinco años de debates, el Pacto de Toledo, en el que están presentes los partidos del arco parlamentario, ha acordado sus recomendaciones para la reforma de las pensiones. Propuestas como subir las prestaciones con el IPC, garantizar su solidaridad, suficiencia o equidad o un plan de saneamiento de las cuentas deberán ser ratificadas el próximo martes.

Con el acuerdo, se pone fin a un camino iniciado en otoño de 2016, hace dos legislaturas, cuando bajo la presidencia de la ‘popular’ Celia Villalobos en la Comisión el Congreso inició el proceso para renovar las recomendaciones hacia una nueva reforma de pensiones que garantizara la sostenibilidad del sistema.

Aumento de las pensiones con la inflación

Entre las principales aportaciones del nuevo Pacto está la recuperación del IPC como referencia para las revalorizaciones anuales de las pensiones, ya logrado en la última legislatura hábil.

Respecto al cálculo de la pensión, el Pacto asume la ampliación marcada por la reforma llevada a cabo en 2011 para el número de años necesarios para calcular la pensión –hasta 25 años en 2022–, pero apuesta por la elección de los mejores años con el fin de evitar lagunas de cotización que afectaran a la cuantía de la pensión.

Finalmente, además respalda medidas para hacer la edad efectiva de jubilación a la edad legal, el Pacto también recoge la preocupación de los recortes a la jubilación anticipada forzosa con largas carreras de cotización. El Pacto de Toledo emplazará al Gobierno a evaluar qué colectivos podrían beneficiarse de excepciones en estas penalizaciones.

Respecto a los planes complementarios de pensiones, el Pacto de Toledo hace una apuesta por los planes de empresas, llamando a favorecer este tipo de mecanismos en el ámbito de la negociación colectiva, y proponiendo mejoras fiscales y legales para este tipo de sistemas.

Sobre el plan de saneamiento, consiste en sacar del sistema una serie de gastos detectados como impropios –como bonificaciones, prestaciones de desempleo o maternidad, entre otras– para empezar a asumir toda esta factura desde los Presupuestos Generales del Estado, y no desde las cuentas de la Seguridad Social. Para el 2023 se contempla acabar con el déficit.

Asimismo, las recomendaciones aluden a la recomendación del Tribunal de Cuentas para abandonar los préstamos desde la Administración central y sustituirlo por transferencias y así no aumentar la deuda del sistema.

De igual forma, el Pacto, en una recomendación sobre la digitalización de la economía, la necesidad de afrontar los efectos de los cambios tecnológicos y su impacto en el empleo y en los ingresos del sistema público de pensiones, planteando la necesidad de “encontrar mecanismos innovadores que contemplen la financiación de la Seguridad Social, más allá de las cotizaciones sociales”.

Fuente: Agencias

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sábado, 24 de octubre de 2020

Coronavirus. Lo que no se ha dicho de la epidemia de coronavirus

 

Lo que no se ha dicho de la epidemia de coronavirus

VICENÇ NAVARRO

Público.es

MARZO 3, 2020

Una profesora imparte clase en un aula preparada para evitar el contagio del coronavirus en Taipei (Taiwán). EFE/ David Chang

Vicenç Navarro
Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas, Universitat Pompeu Fabra

 

Hay tres dimensiones de la propagación de la epidemia del Coronavirus (Covid-19) que apenas se han citado en los mayores medios de información y que tienen, sin embargo, una enorme importancia para poder prevenir y proteger a la población del gran daño que este tipo de fenómenos están causando.

Una de ellas es la creciente frecuencia de epidemias de virus. En un período relativamente corto hemos sido testigos de varias epidemias, algunas de ellas con potencial para convertirse en pandemias: Ébola, SARS, MERS y ahora el Coronavirus. Este crecimiento en la frecuencia ha sido objeto de gran atención por parte de expertos en salud pública, que en parte predijeron la epidemia actual en el año 2018. Según uno de ellos, Peter Daszak, presidente de la EcoHealth Alliance de Nueva York, la causa de este incremento es el aumento del contacto de los seres humanos con animales (todos ellos portadores de virus) como resultado de muchos factores, entre los cuales se incluyen, según Daszak, desde la agresión ecológica a la naturaleza (con un incremento del acceso a lugares antes inhóspitos) hasta una mayor movilidad de personas y animales a nivel mundial. La relación personas-animales es clave, pues todas estas epidemias están causadas por virus cuyo hábitat normal es entre los animales. Todas estas epidemias han comenzado, pues, con virus que viven en animales y que se adaptan al ser humano. Otro factor que contribuye a ello ha sido el escaso desarrollo de las medidas higiénicas, tanto de los animales como de los seres humanos, lo cual explica que todas estas epidemias se iniciaran en países en vías de desarrollo.

La respuesta predecible y errónea a la aparición de las epidemias

Ahora bien, como bien indica el mismo Daszak en su artículo en The New York Times, "Welcome to the age of pandemias" (28 de febrero de 2020), una de las principales causas del crecimiento de tales epidemias ha sido que las sociedades no están preparadas para hacerles frente, como demuestra la manera en cómo se está respondiendo a cada una de estas epidemias. La respuesta más común es intentar encontrar fármacos o vacunas que puedan prevenir o curar tales enfermedades, una vez estas han aparecido (asumiendo erróneamente que se pueden producir en cuestión de días). Cuando por fin se desarrollan, la epidemia ya se ha convertido en pandemia. Lo que debería hacerse es producir tales vacunas antes, no después de que ya se hubiera propagado la enfermedad. Esto es lo que no ocurre, y ahí está el gran error. La falta de preparación para evitar que la epidemia tenga lugar. Lo que urge hacer es desarrollar vacunas frente a los posibles virus que ya existen en la fauna animal, para estar preparados tan pronto como aparezcan los primeros casos. Ello, junto con la necesaria mejora de los servicios preventivos, tanto en salud humana como animal, sería un elemento fundamental para prevenir tales epidemias. Todas ellas han comenzado, como ya he mencionado antes, en animales sujetos a unas condiciones escasamente higiénicas, hecho característico de los países en vías de desarrollo. Y, de nuevo, no es por casualidad que todas estas epidemias comiencen en estos países, los cuales sufren condiciones de gran pobreza. Estas medidas, juntamente con el desarrollo de nuevas vacunas preventivas y nuevos tratamientos, podrían terminar con tales epidemias. En realidad, hoy es conocido que solo en los murciélagos hay aproximadamente 50 virus relacionados con el Coronavirus, algunos de los cuales podrían saltar a los seres humanos, y estos continúan siendo ignorados.

La parte más ignorada y más culpable de lo que ocurre: la falta de sensibilidad social de los fabricantes de fármacos y vacunas

Lo cual toca la tercera dimensión, ignorada en la descripción de tales epidemias: quién conduce y lidera la investigación farmacéutica y clínica hoy en el mundo. Los productores de tales sustancias (vacunas y fármacos) son las empresas farmacéuticas, en su mayoría radicadas en los países ricos, que tienen como objetivo principal optimizar sus beneficios, lo cual quiere decir que solo producen vacunas o fármacos para enfermedades que les son rentables, según el criterio de lo que llaman "mercados". Y, por lo general, no se obtienen grandes beneficios de enfermedades que afectan a sectores de la población con poca capacidad de consumo en países pobres. Es cierto que hoy, como estamos viendo, nadie se escapa de tales epidemias, pero para cuando llega el momento en el que se han expandido ya es tarde para desarrollar vacunas o fármacos. La previsión no es el punto fuerte de estas empresas, cuya rentabilidad tiene que ser inmediata para justificar tales inversiones. La indefensión de la población mundial está basada en el modus operandi de las empresas que controlan la producción de estos fármacos y vacunas. En realidad, la población debería concienciarse de que su salud y calidad de vida no pueden depender de empresas que, por definición, no tienen como principal objetivo mantener en buen estado esa salud y calidad de vida, sino que buscan ante todo, optimizar sus beneficios, característica del orden (o mejor dicho, desorden) económico internacional, que se reproduce en los mayores bloques económicos hoy existentes en el mundo, un "orden" responsable tanto de la crisis climática como de la crisis epidémicas que frecuentemente ocurren y que afectan primordialmente a las clases populares, tanto de los países pobres como de los países ricos. Así de claro.

 

Coronavirus. Las ciencias sociales y la gestión e investigación de la Covid-19. /MANIFIESTO/

 

LAS CIENCIAS SOCIALES Y LA GESTIÓN E INVESTIGACIÓN DE LA COVID-19

 MANIFIESTO

Sociología Crítica

04.10.202

 

Las ciencias sociales y la gestión e investigación de la COVID-19

La declaración del estado de alarma el 14 de marzo de 2020, acompañada de las medidas de confinamiento y control poblacional para la gestión de la crisis ocasionada por la COVID-19, apenas tienen precedentes en la historia reciente de nuestro país y del mundo. La pandemia ha sacudido nuestras sociedades, poniendo al descubierto a las personas más vulnerables y desprotegidas, a la par que llevando al límite las capacidades de respuesta de administraciones, empresas y sociedad civil.

Con razón, las miradas y preguntas de nuestros representantes políticos se dirigieron en primera instancia hacia el mundo de las ciencias de la vida y la salud. Especialistas en epidemiología, virología y salud pública tenían las claves de la expansión de la pandemia y su control asistencial, y sus contribuciones fueron fundamentales durante los primeros esfuerzos de contención.

Pero los efectos de la COVID-19 no se limitaron al ámbito clínico o epidemiológico. Desde el primer momento la pandemia demostró la virulencia de su dimensión social: sobre el empleo y el sistema productivo, sobre las geografías formales (renta, movilidad, densidad) e informales (redes de solidaridad) de nuestras ciudades, sobre la gestión de los datos, la gestión hospitalaria, las estructuras familiares o los procesos de gobernanza de la administración pública. El mundo que la COVID-19 desplegó ante nuestros ojos resultó ser, desde el primer momento, un mundo social.

Llama la atención, por tanto, la relegación y abandono a que han sido sometidas las ciencias sociales desde los órganos de gestión política de la COVID-19. La convocatoria de proyectos de investigación del Instituto de Salud Carlos III, la única convocatoria del sistema nacional de ciencia que a la fecha ha destinado fondos públicos a la investigación sobre la COVID-19, no seleccionó ningún proyecto de ciencias sociales entre el centenar de proyectos financiados. Dotada de un presupuesto cercano a los 24 millones de euros no puede sino sorprender que no se estimara necesario estudiar las dimensiones y efectos sociales de la pandemia.

El olvido para con las ciencias sociales se ha reproducido en otras instancias consultivas y de gestión. La participación de científicos/as sociales en comités u órganos de asesoramiento, en universidades, organismos de investigación o administraciones públicas, ha sido anecdótica cuando no inexistente, y en casi todos los casos atendiendo a razonamientos inexplicados u opacos.

Cuando a principios de agosto un grupo de científicos/as del ámbito de la salud pública y las ciencias biosanitarias solicitaron una auditoría de la gestión de la crisis de la COVID-19 en nuestro país, los ámbitos sobre los que incidieron—gobernanza y sistemas de decisión, cultura científica y capacidades logísticas—señalaban problemáticas consabidas en las ciencias sociales, respecto de las cuales, en algunos casos, llevábamos meses reclamando atención.

Por todo ello, lejos de hacer un simple llamado de atención o cuestionamiento, queremos hacer constar que no hay salida posible a la crisis de la COVID-19 que no incluya los saberes y experiencia de las ciencias sociales. Necesitamos apoyar urgentemente la investigación en ciencias sociales sobre la COVID-19. Necesitamos incorporar las sensibilidades y perspectivas de estas disciplinas a la gestión política de la pandemia en sus distintos ámbitos territoriales y administrativos (central, autonómico, municipal). Necesitamos escuchar los saberes situados que las ciencias sociales han aprendido a conjugar de la mano de movimientos sociales y comunidades vulnerables. La pandemia está transformando nuestra sociedad. Las investigaciones biomédicas ayudan a salvar vidas. Las investigaciones sociales mantienen vivas nuestras esperanzas y voluntades.

Firmantes

Asociación de Antropología del Estado Español (ASAEE)

Asociación Española de Ciencia Política y de la Administración (AECPA)

Asociación Española de Geografía (AGE)

Asociación Española de Investigación de la Comunicación (AE-IC)

Federación Española de Sociología (FES)

Contactos

Alberto Corsín Jiménez (Coordinación Comunicado)

Cristina Sánchez Carretero (Presidenta ASAEE)

Arantxa Elizondo (Presidenta AECPA)

Jorge Olcina (Presidente AEG)

Enrique Bustamante Ramírez (Presidente AE-IC)

Manuel Fernández Esquinas (Presidente FES)

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