Comisión de Reconstrucción de la Sanidad: aún ahora, la privatización
avanza
Objetivo:
convertir los centros sanitarios en empresas.
Kaosenlaredf
Jul 16, 2020
En la
Comisión de Reconstrucción se pretende ultimar un nuevo episodio del expolio de
la Sanidad Pública. Se asienta en un proceso de privatización y
desmantelamiento de los servicios públicos que comenzó a gestarse a finales de
los años ochenta. Es importante recordarlo para entender la continuidad de las
políticas de los gobiernos al servicio del capital.
En 1989, gobernando en Gran Bretaña Margaret
Thatcher, se publicó “Working for patients”, un libro blanco
para la privatización del servicio de salud más importante de Europa
Occidental. Este informe, que mantenía las apariencias de lo público –
la financiación pública y la gratuidad del servicio – se constituyó en programa
marco para la mercantilización y la gestión del sistema sanitario.
En 1991 el PSOE encargó a una comisión de
“expertos”, la llamada Comisión Abril1,
la elaboración de un documento para “garantizar la sostenibilidad del SNS”.
En todas las Subcomisiones había “expertos”
propuestos por aseguradoras privadas, industria farmacéutica, y por lo que
llaman sociedad civil: bancos, empresas inmobiliarias, fondos de inversión,
etc. El objetivo real, y por supuesto no reconocido, era transformar
en beneficios privados el ingente presupuesto público. Sus conclusiones
escondían la privatización del SNS, como a los pocos años se pudo demostrar con
la aprobación de la Ley 15/97, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de
Salud2.
Bajo el discurso de la “modernización” de la
sanidad se introdujo masivamente el derecho privado y la gestión empresarial
en el ámbito sanitario. Se aplicaron las recetas típicas de la empresa privada (ahorro
disfrazado de eficiencia y sostenibilidad, precarización masiva del personal,
colaboración público-privada, sustitución del derecho público por el privado,
etc.), con los resultados conocidos por todo el mundo.
De esta forma, 6 años después del citado Informe Abril se abrió en
canal el Sistema Nacional de Salud para que pudieran penetrar a placer todo
tipo de empresas, eso sí garantizando la “naturaleza pública” de los diferentes
experimentos. Esa “naturaleza pública” es algo así como el misterio de la
Santísima Trinidad. El secreto fundamental es que el dinero salga del
presupuesto público, se gestione con los menores controles posibles de la
calidad asistencial y de la contratación, se apliquen a discreción los
contratos basura y se transforme en beneficios el mayor porcentaje posible.
No es sorna, el tiempo nos ha demostrado que cuando
el PSOE hablaba de naturaleza pública, es que público iba a
ser el dinero que se iban a embolsar la multiplicidad de fórmulas organizativas
que la patronal privada ha utilizado para asaltar las arcas públicas; sí, esos
71.000.000 millones de euros que sacan de nuestros impuestos.
Parece que la historia se repite. La Comisión para
la Reconstrucción está trabajando para vendernos las bondades de la
colaboración público-privada y de la gestión empresarial en los centros de
gestión directa, en un envoltorio nuevo.
De nuevo el PSOE, ahora con la
colaboración inestimable de Podemos. Y todo ello, a pesar de que la actual
ministra de Igualdad formó parte de la plataforma Matusalén, que junto a CAS
lideró entre 2005-2012 la lucha por la derogación de la Ley 15/97. En aquella
época Irene Montero participó en la campaña por la derogación de la Ley 15/97
que logró presentar 500.000 firmas en el Congreso gobernando Zapatero.
Pero al asaltar las moquetas se dejan en el trastero las luchas de juventud.
En treinta y tres páginas, con sesenta y ocho
recomendaciones, han conseguido, con una habilidad sorprendente, lo que la
patronal de la sanidad soñaba: no mencionar siquiera la causa central del
desastre vivido con la pandemia del Covid – 19, es decir la
penetración del negocio privado en la sanidad pública.
El objetivo mayor del capital es la privatización
total del sistema, como en EE.UU. A ese objetivo sirvieron los recortes del
gasto utilizando el chantaje de la Deuda, realizado a través de sus grupos de
presión, sobre todo de la Unión Europea. El resultado: desmantelamiento de la sanidad
pública e insoportables listas de espera. La consecuencia, el ascenso
meteórico de las pólizas de las aseguradoras privadas.
Mientras tanto, la finalidad del capital es hacerse
con la mayor cantidad posible de los 70.000 millones de euros anuales del
presupuesto sanitario público. ¿Nada de esto, que ha sido percibido por la
gente corriente durante la pandemia, ha podido ver la Comisión de
Reconstrucción? Ningún
“experto” les ha explicado que:
- Las listas de espera han servido como pretexto
para aumentar el gasto en conciertos con clínicas privadas de patologías
rentables, permitido por el artículo 90 de la Ley General de Sanidad. El
gasto estatal promedio en conciertos es del 12%, en Cataluña
alcanza el 25% y en CC.AA como Madrid o Baleares se ha duplicado en los
últimos años.
- La gestión privada de hospitales financiados
con dinero público, resultado directo de la Ley 15/97, realiza el sueño
dorado de cualquier capitalista: contar con financiación pública,
tener la clientela asegurada, poder imponer condiciones de precariedad
laboral, supeditar los recursos ofertados a la obtención de beneficios y
seleccionar pacientes rentables. A este concepto se destina más del 10%
del gasto, por ejemplo, en Madrid.
- La multitud de servicios privatizados, muchos
desde hace décadas, algunos esenciales como la limpieza, cocinas,
lavanderías, laboratorios, diagnóstico por la imagen, etc., con el correspondiente deterioro del
servicio y cuyos concesionarios son bancos,
inmobiliarias, farmacéuticas o fondos de capital-riesgo.
- La industria farmacéutica que controla cerca
del 25% del gasto sanitario público y que tiene en sus
manos la producción, distribución y venta mayorista de medicamentos. También
domina, en la práctica, el registro de medicamentos, la publicidad de los
mismos, los planes de estudio del personal médico y de enfermería, la
investigación, la formación continuada de personal médico y las decisiones políticas a través de la eficacia demostrada
de las “puertas giratorias”. La Comisión ha seguido la senda de lo ocurrido con
la Hepatitis C. Entonces no se hizo nada para emitir licencia obligatoria
y aplicar el criterio de utilidad pública que hubiera permitido fabricar
un genérico 200 veces más barato3. Ahora
tampoco se menciona tal posibilidad. Ni una
palabra sobre la creación de una industria sanitaria pública4.
Las Conclusiones de la Comisión constituyen un imposible
equilibrio para ignorar los dos pilares básicos sobre los que se asienta un
sistema sanitario equitativo, capaz de reducir las desigualdades en la atención
sanitaria y que consiga la mayor calidad con el menor gasto: la incompatibilidad
absoluta entre lo público y lo privado y la planificación democrática e
integral del sistema sanitario en función de objetivos de salud previamente
diagnosticados.
Si se oculta lo esencial se pueden llenar páginas
con farfolla perfectamente inútil y con propuestas contradictorias. Los
ejemplos en estas Conclusiones de la
Comisión son abrumadores:
- Se habla de gestión “emprendedora” para no
hablar de la empresarial, aunque el sinónimo es evidente. Se utiliza la
supuesta panacea de la aplicación de la personalidad jurídica “a todos los
centros sanitarios para asegurar la autonomía de gestión presupuestaria,
de compras, de personal, etc.” para extender las “Unidades de Gestión
Clínica”. La llamada “gestión clínica” es un eufemismo inventado para
ocultar su nombre original “Unidades de Gestión Empresarial”, más difícil
de camuflar. Hace años ya explicamos su funcionamiento en atención
primaria5, y nuestras sospechas de enriquecimiento privado
se vieron confirmadas6.
- En el caso de la atención especializada, se trata
de que servicios o grupos de servicios rentables de un hospital se doten de personalidad jurídica, conformando una
especie de microempresas dirigidas por una élite de médicos, con un
contrato programa basado en objetivos de actividad (tantas intervenciones,
tantas pruebas, tantas consultas, tantas altas) y no en objetivos de
salud. La experiencia ha demostrado el enorme fraude inherente a este
modelo, exactamente el mismo que ocurre en la gestión privada: altas
precoces que reingresan o mueren y no se contabilizan, prescripción de
pruebas innecesarias o no realización de las adecuadas o selección de
pacientes “rentables”. Y eso sucede no porque tengan perversos instintos,
sino porque del ahorro dependerá el reparto anual de beneficios.
Exactamente igual que el dueño de una empresa que ahorra en materias
primas o en el incremento de la explotación de su plantilla. Es la lógica
del capital.
Así, se plantea aplicar la gestión “emprendedora”
con personalidad jurídica a “todos los centros sanitarios”, reestructurando
”internamente los hospitales o las redes de hospitales en Áreas o Unidades de
Gestión Clínica”, creando un espacio de co-gobierno basado en los Acuerdos de
Gestión Clínica. Por supuesto, con competencias en la gestión de personal.
¿Alguien puede explicar dónde quedan las buenas palabras del documento en
cuestión sobre la eliminación de la precariedad laboral y la escasez de
personal cuando el equipo dirigente de la “Unidad de Gestión Clínica” del
centro en cuestión tenga manos libres para contratar personal, gestionar bajas
y, en general, utilizar la precariedad y la correspondiente amenaza de despido
como chantaje laboral?.
- A la misma finalidad de camuflar los
verdaderos objetivos cuando los vientos de la opinión pública – tras los
escándalos vividos – no son favorables a todo lo que suene a sanidad
privada, responde el críptico párrafo en el que se dice: “…Servicios
Autonómicos de Salud, frecuentemente encorsetados en sus capacidades de
decisión, explorando las fórmulas jurídicas y organizativas más adecuadas
para ello”. Se trata de “confundirse con el paisaje” como recomendaba
un destacado representante de la sanidad privada. Lo que sucede es que ya
nos sabemos la cantinela. Los “corsés” son la Intervención Pública que
obstaculiza contratos a dedo, los convenios y el Estatuto Marco, los
Tribunales de Cuentas, y, en general, todo lo que en el Derecho Público está
previsto para controlar la administración de los recursos públicos.
- La Atención Primaria (AP) se ha
ido degradando a medida que avanzaban los objetivos de privatización y se
ha mostrado en todo su patetismo con el Covid, en Comunidades Autónomas como Madrid. La AP debiera jugar un
papel central en un sistema que funcionara con
objetivos de mejora de la salud y reducción de la enfermedad, centrado en
la prevención y en la acción comunitaria, absolutamente claves, especialmente en
situaciones de epidemia. Al igual que en la medicina privada, en la
actual AP no se considera en absoluto el medio social y laboral
y el paciente se reduce a un órgano enfermo, con el consiguiente deterioro de la
calidad asistencial. La atención primaria se convierte así en un mero apéndice de la atención especializada, y sobre todo del
hospital. Nada de ésto se
aborda en las Recomendaciones, cuando este modelo, entre otras
cosas, reduciría sensiblemente la sobrecarga en centros de
especialidades y hospitales.
- Algo muy parecido sucede con los servicios de
Salud Pública, Epidemiología o Sistemas de Información. En un sistema fragmentado,
meramente asistencial, sin planificación en función de objetivos de salud
y de reducción de la enfermedad, esas unidades que deberían regir el
funcionamiento del conjunto del sistema, son meros aditamentos
perfectamente prescindibles y sin ningún peso decisorio real como ha
quedado demostrado en la pandemia del Covid19.
- A muchas voces defensoras de la sanidad
pública se les ha pretendido consolar con la propuesta de la Comisión de
Reconstrucción en la que se propone que el incremento presupuestario vaya dirigido
sólo a los centros con gestión directa pública. La
ingenua credulidad se convierte en irresponsabilidad cuando se comprueba, como
ahora, que las consecuencias son miles de muertes perfectamente
evitables. Porque los intereses del capital privado no han cambiado, solo
intentan como ellos mismos dicen “confundirse con el paisaje”. Porque,
¿qué son las Unidades de Gestión Empresarial – sin eufemismos – que
pretenden hacerse extensivas a todos los centros sanitarios? ¿Son gestión
pública directa, cuando del ahorro dependen los incentivos del equipo
directivo y este puede comprar, como les gusta decir “externalizar”,
servicios, contratar o no personal
y aplicar los perversos mecanismos de ahorro ya descritos? ¿Es o
no gestión pública directa, la decisión de entes
con personalidad jurídica de concertar con la sanidad privada
intervenciones quirúrgicas de baja o mediana complejidad, las
más rentables?. Los conciertos van a seguir extendiéndose mientras siga
vigente el artículo 90 de la Ley General de
Sanidad: quien concierta con la privada son los gerentes de cada
hospital, eso sí, con el dinero de la gestión directa.
- El tratamiento de la Salud Mental en el citado
Informe es un escarnio cuando los gobiernos centrales, del PSOE y del PP,
eliminaron de la cartera servicios aspectos clave como la psicoterapia, y
han asistido impasibles al desmantelamiento por parte de diferentes
gobiernos autonómicos de los servicios públicos comunitarios de salud
mental. Empezaron por liquidar la Psiquiatría Infantil y la Psicología y
los Centros se transformaron en meras consultas de psiquiatría en los
hospitales. Y esta desaparición tampoco es casualidad: desde hace mucho tiempo los medicamentos más
prescritos son ansiolíticos y antidepresivos, a mayor gloria de la
industria farmacéutica.
Se dedica a Salud Mental escuetamente un punto, el
último, que dice así: “Incrementar significativamente la inversión en salud
mental, construyendo un verdadero sistema integral de atención, que combata la
estigmatización, que tenga un enfoque de género y de derechos humanos”. Sobran
los comentarios.
- Otro tanto sucede con la salud laboral, en
manos de las Mutuas Patronales que la han convertido en un instrumento más
de explotación y
de penalización de la enfermedad. Todo
ello en un Estado que ocupa el primer lugar de la UE en accidentes
mortales de trabajo y en el que prácticamente las enfermedades profesionales
no existen, porque ni se diagnostican, ni se les reconoce tal categoría.
El amianto es el último y criminal ejemplo. Se dedica a la salud laboral un único artículo, cuya credibilidad habla por sí misma: ”Reforzar
los servicios de medicina preventiva y de prevención de riesgos laborales
en todos los niveles asistenciales”.
- Otro
aspecto destacable es el medio ambiente, que el documento solo toca en un
punto, prometiendo un Plan Nacional de Salud y Medio Ambiente. El medio
ambiente es hoy día responsable de gran parte de las patologías crónicas
de los países mal llamados desarrollados. La evidencia científica
demuestra que muchas de esas patologías son producidas por los miles de
tóxicos que impregnan todos los aspectos de la vida diaria, desde el trabajo, la
casa, o el ocio. Siendo así, se elude dar autoridad a los centros
sanitarios para que, ante evidentes ataques a la salud
colectiva como es el caso de las industrias tóxicas7, puedan actuar sobre los “productores de
enfermedad”, olvidando el sentido común más básico: “Prevenir lo que no
sabemos curar”.
Se podría argüir que existen promesas
esperanzadoras, a la espera de que realmente se concreten en algo real. En este grupo estaría el refuerzo de la atención primaria; el desarrollo de una red de
hospitales de media y larga estancia (déficit histórico en el Estado español);
la posible vinculación de la atención sanitaria a las
residencias de mayores desde atención primaria; la eliminación progresiva” del copago de
medicamentos; ”el aumento de los recursos destinados al Sistema Nacional de
Salud hasta alcanzar al menos la media europea en porcentaje del PIB
estabilizado al final de la legislatura”; y el “incremento significativo de
camas hospitalarias de gestión y titularidad pública en todo el país al final
de la legislatura, la mayoría de ellas de larga y media estancia”. En los
próximos meses veremos si se concretan o no dichas propuestas, y si todos los
servicios de salud las aplican.
De cualquier forma, después de no dedicar ni una
sola palabra a la privatización de la sanidad pública – cuando
sus tentáculos atraviesan de diferentes formas todo el sistema sanitario – decir
que se va a incrementar la financiación sirve para engañar a incautos y es,
desde luego, una estupenda noticia para el negocio privado: ese aumento del
gasto irá a parar a sus cuentas de resultados. La privatización de la sanidad,
la que no es citada ni una vez en las Conclusiones de esta Comisión, insistimos, goza de
buena salud. Como muestra, en el periodo 2014-2018, el crecimiento de la
facturación de los hospitales privados no benéficos fue de casi 1.000
millones de euros, un crecimiento del 16,71%. Al mismo tiempo, los seguros privados
han aumentado el número de pólizas
en casi un 15% entre 2015 y 2019, llegando a superar ya los 10
millones, mientras el volumen de las primas de las compañías ha crecido un 20%8.
La Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad
lleva desde 2004 luchando por la incompatibilidad absoluta entre sanidad
pública y negocio privado y exigiendo un sistema público planificado en función
de objetivos de salud con participación de la población.
Ante las desastrosas consecuencias de la pandemia
por Covid 19 ha promovido la reivindicación de los siguientes puntos que 160
organizaciones del Estado respaldan.
Nunca más muertos evitables, Nunca más negocio con
la sanidad
1.
Derogación de la ley 15/97 y del artículo 90 de la Ley General de Sanidad.
Rescate de todo lo privatizado. Potenciación y desarrollo de un nuevo modelo de
atención primaria centrada en la salud colectiva, y no solo en la atención
individual. Supresión de redes paralelas. Incompatibilidad absoluta
público-privado. Fuera las empresas de la sanidad. Sanciones y/o intervención
de aquellos centros privados que no han utilizado sus recursos o han cerrado en
plena pandemia.
2. Por una industria sanitaria y farmacéutica
pública.
3. Sanidad para todos, independientemente de la
situación administrativa.
4. Cuidados de nuestros mayores con dignidad
5. Por un sistema sanitario centrado en los
determinantes sociales de la salud y la enfermedad.
Por un sistema público, universal, y con gestión democrática
1 En el año 1991, gobernando el PSOE con mayoría absoluta el
Ministro García Vargas encargó al banquero y exgobernador civil con Franco,
Fernando Abril Martorell, la redacción de un Informe para la modernización y
sostenibilidad de la sanidad pública. El Informe que era todo un programa para
la privatización, causó tanto escándalo – fue dado a conocer por IU antes de
que los autores lo hicieran, que jamás vio la luz, aunque sus conclusiones
fueron aplicadas por diferentes gobiernos del Estado y autonómicos. http://www.congreso.es/public_oficiales/L4/CONG/DS/CO/CO_306.PDF
4 http://www.casmadrid.org/index.php/comunicados/1144-porque-es-imprescindible-crear-una-industria-sanitaria-publica#_ftn2
8 La sanidad privada alcanzó antes de la pandemia su récord de
negocio https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/07/03/la_sanidad_privada_alcanzo_antes_pandemia_record_negocio_108405_1012.html
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