Las dudosas prácticas de la industria farmacéutica que
ha de librarnos del virus
Rebelión
08/05/2020
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Casos de
sobornos a médicos, acusaciones de lucrarse de la investigación ajena y de
lanzar algunos medicamentos que apenas aportan nada, precios desorbitados…
extienden una sombra de sospecha sobre el sector farmacéutico
Estantes con medicamentos en una farmacia. REUTERS
La victoria
sobre el coronavirus, mediante un medicamento que cure la enfermedad o una
vacuna que la evite, involucra a diversos colectivos, entre ellos los
laboratorios farmacéuticos, cuyo papel en la producción y comercialización del
remedio será sin duda determinante.
Hay mucho
dinero en juego, dado el alcance mundial del problema, y todo invita a pensar
que esta industria hará cuanto esté en su mano para ganarlo, como hace cada vez
que se le ha presentado la oportunidad, no siempre con prácticas
irreprochables.
Una de sus
principales estrategias de venta es presionar sobre quienes deciden el consumo
en una parte fundamental del mercado, el de prescripción (productos que sólo se
expiden con receta), desplegando acciones que a veces pueden tener la
apariencia de ayuda a la formación continua de los médicos (suministro
insistente de información sobre nuevos fármacos, aportaciones para la
organización o asistencia a congresos), pero otras son ajenas a la más mínima
exigencia ética.
Entre esas
acciones figuran los sobornos, que durante décadas fueron un secreto a voces,
siempre negado por la industria, si bien algunos acontecimientos relativamente
recientes han demostrado su existencia.
Las compañías
suelen rebajar estos casos a la condición de hechos aislados, aunque algunos
estudios muestran que no lo son tanto. Uno de 2014, patrocinado por la
Fundación de Bill y Melinda Gates, con el concurso del Departamento Británico
para el Desarrollo Internacional y el Ministerio de Asuntos Exteriores
holandés, sostiene que 18 de las 20 multinacionales
farmacéuticas analizadas habían sido objeto de sanción en algún
momento por motivos tan poco edificantes como el soborno o la violación de las
leyes de la competencia.
El importe de
los pagos directos o indirectos a los médicos es uno de los secretos mejor
guardados de la industria, aunque en España el proyecto Medicamentalia, de
la Fundación
Ciudadana Civio, aportó en 2018 alguna luz sobre el asunto. Según
este organismo independiente, que trabaja por la transparencia de las
instituciones, dichos pagos habían ascendido el año anterior a 182,5 millones.
Dieciocho médicos, adscritos a la sanidad pública y privada, fueron agraciados
con más de 50.000 euros por cabeza.
Empleados de una farmacia cerrada durante el estado de alarma por la pandemia
del coronavirus.. REUTERS/Jon Nazca
Otra acusación
frecuente a los laboratorios es que se lucran con medicamentos cuya
investigación y ensayos clínicos son posibles gracias, en buena medida, a la
inversión ajena. Un informe dado a conocer en 2018,
dentro de la campaña No Es Sano, respaldada por
instituciones como la Organización Médica Colegial de España, ponía ejemplos
concretos al respecto. El producto estrella de Roche contra el cáncer de mama,
el Trastuzumab, que para entonces le había proporcionado más de 60.000 millones
de euros de ingresos en todo el mundo, se obtuvo con financiación procedente de
universidades, centros de investigación y fundaciones sin ánimo de lucro.
Esa
circunstancia no impide que los laboratorios fijen precios muy altos para sus
productos, sobre todo en el ámbito de las nuevas inmunoterapias. Es el caso del
Kymriah, de Novartis, indicado contra ciertos tipos de leucemia, y del
Yescarta, de Gilea, que sirve para tratar algunos linfomas no Hodgkyn. Sus
precios de salida en el mercado estadounidense fueron de nada menos que 475
.000 y 373.000 dólares (438.600 y 344.400 euros), respectivamente, pese a ser
fruto de investigaciones sufragadas en gran parte con dinero público.
La respuesta de la industria a
las afirmaciones del estudio de No Es Sano fue que su
actividad entraña gran riesgo, ya que sólo una de cada 10.000 moléculas
investigadas llega a convertirse finalmente en un medicamento, lo que requiere
de fuertes inversiones, que las farmacéuticas pagan con sus propios recursos.
De ahí que el precio de cada producto, según el sector, no deba reflejar sólo
el coste de su investigación, sino de alguna manera también el de aquellas que
han fracasado, porque en caso contrario el negocio sería inviable.
Otras voces
recuerdan, sin embargo, que el gasto en I+D y en producción sólo
supone el 13% del coste de un medicamento, mientras que el gasto asociado a la
comercialización y promoción (estudios de mercado, análisis de la competencia,
publicidad, deferencias con los médicos) oscila entre el 30% y el 35%. Con la
particularidad, además, de que sólo uno de cada cuatro fármacos que salen al
mercado son realmente innovadores o mejoran los resultados de otros ya
existentes pero más baratos.
Como quiera que
sea, el hecho cierto es que el precio de los medicamentos, en particular el de
los más modernos, es una de las mayores amenazas que penden sobre los sistemas
nacionales de salud, sobre todo aquellos que contemplan su financiación pública
total o parcial, como ocurre en España.
Pese a la
extensión de los genéricos (productos cuya patente ya ha expirado) y a los
mecanismos de control introducidos en los últimos años, el gasto público en
medicamentos supera en nuestro país los 16.000 millones de euros anuales, de los que dos
tercios corresponden a recetas y el resto, a hospitales.
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