ART. 50 CONSTITUCIÓN (PENSIONES)
“Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones
adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los
ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las
obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de
servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda,
cultura y ocio.”
Los autodenominados partidos constitucionalistas,
concretamente el PP, PSOE y Ciudadanos, con lo que en realidad no hacen sino
reconocer implícitamente su propia incapacidad política para resolver problemas
tan complejos como el asunto catalán, se convierten en claros anti constitucionalistas,
al promover, no lo que establece el artículo 50 de la Constitución en relación
al bienestar de los jubilados, sino todo lo contrario. Esto es lo que ya tiene
anunciado Mariano Rajoy con la nueva reforma de las pensiones del pacto de
Toledo, que en realidad debería denominarse el nuevo chanchullo de Toledo, para
seguir robando el patrimonio de los jubilados, porque las cotizaciones, que son
de los trabajadores, y no de Mariano Rajoy ni del Rey y familia, son las que pretenden
seguir trasvasando a los diferentes bancos mediante los fondos de inversiones y
otras complejas bagatelas, para lo que se contará con el reparto siguiente:
Protagonista principal: Mariano Rajoy y su muchachada toca
palmas en el Congreso de los Diputados.
Actor secundario y servilletero del primero: Albert Rivera,
el desnudable cuando haga falta.
Artista invitado: El PSOE, en su papel de opositor concesionaria
y me quedo tan Pancho.
Y lógicamente, y a los efectos de hacer cumplir la
Constitución, contra el incumplimiento que pretenderán imponer el PP; PSOE y
Ciudadanos, a la inmensa mayoría de la población no nos quedará otra que buscar
formulas de asociacionismo y de organización social para defender nuestros
derechos de forma efectiva, en el Congreso, por supuesto, pero también en la
calle, en la plaza y en los pueblos. Y cuanto antes empecemos, mejor.
* * *
Último ataque al sistema público de pensiones
El fantasma de Buenamuerte ronda las pensiones
Rebelión
29.10.2016
El viejo contrato social, que representaba un
compromiso entre generaciones, se está deshaciendo ante nuestros ojos. El
Gobierno se dispone a acometer la enésima reforma de las pensiones, recortando
aún más las ya exiguas prestaciones y convirtiendo a los ancianos en
trabajadores pobres.
Le llamaban
Buenamuerte y siempre había trabajado en la mina. Sus esputos negros son todo
un presagio del futuro que aguarda a los protagonistas de Germinal, la
inmortal novela de Emilio Zola. Cincuenta años bajando a la mina, tres
accidentes graves y una sucesión de trabajos extremadamente duros desde que
tenía ocho años. Ahora, ya anciano y carcomido por la silicosis, acarrea carbón
en el pozo de Voreaux mientras espera vanamente una pensión de 180 francos que
le permitirá descansar.
Testigo
privilegiado del conflicto que atraviesa la novela, el viejo sigue trabajando
hasta que la enfermedad interrumpe de manera abrupta una trayectoria laboral que
se prolonga durante toda la vida. Su sentido del humor y su proverbial
resistencia lo hacían muy querido por sus compañeros, que como no reventaba le
llamaban Buenamuerte. Su figura ilustra y resume uno de los rasgos más obscenos
del capitalismo durante el siglo XIX: la utilización abusiva de los ancianos
como mano de obra barata por parte de las empresas.
Como si de un
déjà vu se tratase, el fantasma de Buenamuerte ronda nuevamente las pensiones
de los jubilados. La ministra de Empleo y Seguridad Social en funciones, Fátima
Báñez, ha anunciado que cuando arranque la legislatura el Gobierno
permitirá compatibilizar la pensión de jubilación con la realización de
cualquier trabajo por cuenta propia o ajena, elevando del 50 al 100 por cien la
cuantía de la prestación que puede simultanearse con el desarrollo de una
actividad profesional. Recordemos que, desde su introducción en 2013, la
denominada “jubilación activa” implica una reducción del 50 por cien en
la cuantía de la prestación a percibir por el beneficiario con independencia de
la jornada efectivamente realizada, lo que supone una importante limitación en
el recurso a esta modalidad de jubilación. Adicionalmente, para reforzar la
sostenibilidad del sistema de Seguridad Social, se contempla una cotización
especial de solidaridad del 8%, no computable a efectos de prestaciones,
corriendo el 6% a cargo de la empresa y el 2% a cargo del trabajador.
Por lo pronto,
la intención del Gobierno es difícilmente conciliable con el tenor literal del
artículo 213 de la Ley General de la Seguridad Social, donde se establece que
la pensión de jubilación “será incompatible con el trabajo del pensionista, con
las salvedades y en los términos que legal o reglamentariamente se determinen”.
Esta norma, ahora cuestionada, traslada al orden jurídico una conquista
histórica del movimiento sindical: la garantía del retiro obrero en
condiciones de bienestar y “suficiencia económica”, por retomar la expresión
del artículo 50 de la Constitución Española de 1978.
Partiendo de
esta base, los diversos instrumentos que permiten compatibilizar el trabajo y
la pensión en nuestro ordenamiento, como la jubilación flexible, la jubilación
parcial o la anteriormente citada “jubilación activa”, están rodeados de
cautelas y han tenido muy poca incidencia práctica. Ahora, la ministra apunta a
la supresión de estas limitaciones y a la plena normalización de lo que siempre
ha sido una excepción, es decir, la compatibilidad entre el trabajo y el
disfrute de la pensión de jubilación.
En nuestra
opinión, esta opción legislativa está relacionada con las últimas reformas del
sistema de pensiones aplicadas en nuestro país, que implican un recorte
sustancial en la cuantía de las prestaciones. Como cabía esperar, sus efectos
se despliegan de manera progresiva y no se percibirán plenamente hasta la
entrada en vigor del factor de sostenibilidad en 2019, pero ya han empezado a
sentirse en el poder adquisitivo de las pensiones. Si consideramos la
revalorización prevista para el año próximo en el plan presupuestario que el
Gobierno acaba de enviar a Bruselas (0,25 por ciento), las conclusiones son
inapelables. La evolución acumulada y comparada del IPC y de las
revalorizaciones aplicadas desde 2011 revela que las pensiones han sufrido una
pérdida de poder adquisitivo del 3,55 por ciento en el caso de las prestaciones
superiores a 1.000 euros, y del 2,55 por ciento para cuantías inferiores a esa
cifra. Todo hace pensar que esta tendencia persistirá y se intensificará en los
próximos años, obligando a muchos jubilados a compatibilizar el cobro de la
pensión con el desarrollo de una actividad laboral.
Ya ocurre en
otros países de Europa. En Alemania, por ejemplo, la reforma de la jubilación
acometida en 2004 introdujo un factor de sostenibilidad que vincula las
pensiones a la evolución de la población activa, lo que ha supuesto una
importante reducción de las mismas con el transcurso del tiempo. Según Carmela
Negrete, el número de jubilados que se ven forzados a trabajar
se incrementa continuamente, alcanzando la nada despreciable cifra de 140.000
pensionistas sólo en la región de Baviera.
Para escapar de
la pobreza, los ancianos aceptan los llamados minijobs, una suerte de trabajos
mal pagados y no cualificados en los que se exponen a todo tipo de abusos. En
el país teutón, los pensionistas se han convertido en una reserva de mano de
obra barata y fácilmente explotable. Si se cumplen las previsiones de Fátima
Báñez, España transitará por la misma senda y abrirá la puerta a la
sobreexplotación de las personas durante la tercera edad. Sin olvidar que,
con ello, la Seguridad Social podrá seguir recaudando las correspondientes
cotizaciones, lo que no es cuestión menor ante una previsión de déficit de casi
19.000 millones de euros en 2017.
En nuestro
país, muchos ancianos atraviesan una existencia precaria. El 20% de las
pensiones contributivas y la totalidad de las no contributivas se encuentran
por debajo del umbral de pobreza. El 72% de los jubilados perciben una pensión
inferior a 1.100 euros y el 49% está por debajo de 700 euros. Muchos de ellos
ni siquiera han acabado de pagar su hipoteca. Las reformas gubernamentales los
están convirtiendo en una fuente de trabajo precario y mal pagado,
permanentemente dispuestos a aceptar cualquier cosa con tal de evitar la
exclusión social. Pero no sólo eso. La creciente desesperación de los ancianos
representa una amenaza formidable para los trabajadores jóvenes que se
encuentran en la periferia del mercado laboral. En cierto sentido, desempeñan
un papel similar al de los inmigrantes: mucho más baratos que los jóvenes y
provistos de una amplia experiencia laboral, pueden ser una opción muy atractiva
para las empresas, especialmente en aquellos puestos en los que la edad no sea
un elemento determinante.
El viejo
contrato social, que representaba un compromiso entre generaciones, se está
deshaciendo ante nuestros ojos. El Gobierno se dispone a acometer la enésima
reforma de las pensiones, recortando aún más las ya exiguas prestaciones y
convirtiendo a los ancianos en trabajadores pobres. Los Pactos de Toledo forman
parte del pasado. El movimiento sindical debe prepararse para una batalla
decisiva y exigir una reforma que provea mecanismos de financiación suficientes
y adecuados para garantizar, e incluso mejorar, las pensiones. En definitiva,
un nuevo contrato social basado en la solidaridad y al servicio de la
ciudadanía.
En el camino
encontrará la simpatía de la inmensa mayoría de la población, que no desea
seguir trabajando tras alcanzar la edad de jubilación. Y encontrará, también,
la complicidad de poderosas fuerzas sociales que han emergido al calor de la
crisis y constituyen en la actualidad la izquierda más fuerte de Europa. El
fantasma de Buenamuerte sobrevuela las pensiones, no dejemos que se apodere de
ellas.
Héctor Illueca Ballester, doctor en Derecho e
Inspector de Trabajo y Seguridad Social. Profesor de la Universidad de
Valencia.
Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/global/32052-fantasma-buenamuerte-ronda-pensiones.HTML
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