Una ley no es de ninguna de las
maneras un acto administrativo. La ley para que sea tal debe contar al menos
con el consenso de la mayoría donde haya de ser aplicada. Confundir el acto administrativo
con la ley es tergiversar los principios del derecho. Y esto nos lo deberían
aclarar y hacer entender las señoras y señores que se tengan por juristas.
¿Quién ha elegido ni a un solo parlamentario para que decida, a sabiendas, que las leyes que promueve y aprueba son para garantizar que quienes les han elegido perderán sus derechos y patrimonios en favor de una minoría que nadie ha elegido?
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ATADO
Y BIEN ATADO. PRIVATIZACIONES DE
SERVICIOS PÚBLICOS BLINDADAS POR DÉCADAS
Martín
Cúneo, Rafael Granell, Ter García
Kaosenlared.net
21.04.2015
El Partido Popular hipoteca las futuras
legislaturas con adjudicaciones millonarias aprobadas a marchas forzadas ante
la llegada de las elecciones. “No tengo una bola de cristal”, fue la respuesta
de la portavoz del Gobierno valenciano, María José Català, ante la pregunta de
si su partido tenía previsto prorrogar antes de las elecciones la concesión de
[…]
El
Partido Popular hipoteca las futuras legislaturas con adjudicaciones
millonarias aprobadas a marchas forzadas ante la llegada de las elecciones.
“No
tengo una bola de cristal”, fue la respuesta de la portavoz del Gobierno
valenciano, María José Català, ante la pregunta de si su partido tenía previsto
prorrogar antes de las elecciones la concesión de los hospitales privatizados
de la comunidad. No era una pregunta gratuita, sobre todo después de que el
PP valenciano ampliara a finales de enero de cuatro a seis años la duración de
los conciertos educativos, blindando las concesiones hasta 2019. El PP se
escudó para hacerlo en la nueva ley de educación, según comenta a DiagonalMónica
Oltra, de Compromís, pero “lo cierto es que no hay ninguna obligación legal en
este momento”. La Confederación de Padres y Madres de Alumnos Gonzalo Anaya
pidió entonces la dimisión de Alberto Fabra “por querer dejar la herencia de
las políticas de la privatización educativa a los futuros gobiernos
progresistas”.
Para
Mónica Oltra, el Partido Popular “quiere seguir decidiendo sin tener el
gobierno, porque en este momento las encuestas le dan alrededor de un 30%
de apoyo electoral”. Según fuentes de la oposición parlamentaria, la decisión
de prorrogar antes de las elecciones los contratos de los hospitales depende
también de las empresas, en el caso del Hospital Alzira, de Ribera Salud. Si el
PP perdiera las elecciones, comentan, y se obligara a las empresas a cumplir el
pliego de condiciones se produciría tal pérdida de beneficios que las compañías
podrían incluso perder el interés en gestionar los hospitales. “Ya sabemos cómo
se devuelven los favores y por qué el Partido Popular tiene tantos problemas en
los tribunales”, denuncia Oltra.
Si las concesiones en la Comunidad
Valenciana fueron a diez años y comenzarán a vencer en 2018, en Madrid las
adjudicaciones son a 30 años
El
secretario de Comunicación de la Comisión Ejecutiva de EUPV, Ignacio Blanco,
comparte la visión de Oltra sobre el estado de ánimo en las filas populares:
“El PP se ha instalado en la sensación de fin de ciclo y en que abandonarán el
Gobierno. Se percibe en los pasillos de las cortes, y han tomado decisiones que
lo ratifican”. Este diputado de las cortes valencianas pone como ejemplo las
adjudicaciones del Oceanográfico y Ágora de la Ciudad de las Artes y las
Ciencias, “una licitación que se planteó en verano apurando los plazos para
que se resolviera en abril, un mes antes de las elecciones autonómicas”. Aguas
de Valencia –propiedad del empresario Eugenio Calabuig– parte como favorita
para gestionar este monumento al despilfarro de tiempos de la burbuja, que
costó a las arcas municipales 1.282 millones de euros, con 625 millones de
sobrecoste.
Modelo de sanidad blindado
El
País Valencià fue el laboratorio de experimentación del llamado “modelo
Alzira” o, lo que es lo mismo, hospitales públicos gestionados
enteramente por empresas privadas. La Comunidad de Madrid ha sido otro de los
paraísos de la privatización de la sanidad después de que el PP creara cuatro hospitales públicos con todos los
servicios privatizados, y otros seis centros públicos con todos los servicios
privatizados salvo el personal médico y de enfermería.
La
movilización de la Marea Blanca impidió en 2014 que estos últimos seis
hospitales, privatizados parcialmente, se convirtieran al ‘modelo Alzira’. La
marcha atrás en el proceso de privatización es aún más complicada que en el
caso valenciano. Si las concesiones en la Comunidad Valenciana fueron a
diez años y comenzarán a vencer en 2018, en Madrid las adjudicaciones son a 30
años, precisa Antonio Gómez, de CAS Madrid. 2037, 2040 y 2042 es cuando los
futuros gobernantes podrán decidir si prorrogar o rescindir el contrato de
gestión de estos hospitales.
A
menos que antes haya un rescate, dice Gómez. Una medida que tiene precedentes.
Uno de ellos en París en abril de 2014, cuando el Gobierno francés rescató
un hospital semiprivado, o en Reino Unido, la cuna de este modelo, donde en
junio de ese año se rescataba por primera vez en el país un hospital de este
tipo. Una operación que supondrá un ahorro para la sanidad de Northumbria de 92
millones de euros en 19 años. En ambos sitios, la conclusión de las
autoridades fue la misma, comenta Gómez: pagar una indemnización por romper el
contrato resultaba más económico que mantener la concesión hasta que finalice.
Si las concesiones en la Comunidad
Valenciana fueron a diez años y comenzarán a vencer en 2018, en Madrid las
adjudicaciones son a 30 años
La
concesión a 30 años de los hospitales privatizados no son la única hipoteca que
dejan los gobiernos del PP. La extracción de sangre fue entregada a Cruz Roja en abril de 2014 hasta
2020: por cada bolsa recolectada, la Comunidad pagará 67 euros,
más de nueve millones de euros al año. Hasta 2018 está concesionado el
laboratorio central de referencia, en San Sebastián de los Reyes, unas
instalaciones para un millón de pacientes entregadas a Ribera Salud a costa de
cerrar cuatro laboratorios públicos, denuncia Gómez. Hasta 2016, las
mamografías fueron entregadas a una ONG, que las derivó hacia el Grupo Capio. Y
en abril de 2014, sin licitación, se prorrogaba por 13,6 millones de euros,
hasta 2016, el contrato de la central de llamadas de la sanidad pública, donde
“los casos más rentable, se derivan a los hospitales en manos privadas y los
menos rentables a los públicos”.
El agua, “una inversión segura”
En
Madrid, el Gobierno regional se ha apresurado también a avanzar en el cambio de
modelo del Canal de Isabel II. Después de convertir la empresa
pública en sociedad anónima, en 2012, el pasado 3 de diciembre tuvo lugar la
entrada definitiva de capital privado en la entidad, a través de la venta de
bonos por 500 millones de euros. Los bonos, con vencimiento a diez años, se
vendieron en sólo una hora. Como dijo la expresidenta de la comunidad,
Esperanza Aguirre –empeñada en privatizar el 49% de la empresa pública–, “el
agua es un buen negocio y una inversión segura”. Desde la entrada de capital
privado no ha cambiado mucho el modo de funcionamiento de la empresa, ya bastante
opaca, según señala Raquel García, de la Plataforma contra la Privatización del
Canal de Isabel II, pero sí se adjudicó el nuevo contrato de gestión de la
atención al cliente, que supone 250 puestos de trabajo a GSS –empresa
controlada en un 25% por el propio Canal de Isabel II y la única que ofrecía
que el servicio se operara desde fuera de España–, en los últimos días, desde
Canal se decidió paralizar la formalización del contrato. En los últimos meses
también se ha disparado el número de adjudicaciones a empresas de servicios y
obras del Canal. En lo que va de año, la empresa ha firmado contratos por más
de 200 millones de euros, que han tenido como principales beneficiarias –más de
100 millones de euros– a las grandes firmas constructoras y de servicios,
presentes en la contabilidad en ‘b’ del Partido Popular o protagonistas de
otras tramas de corrupción.
Asturias, atada por años
Ya
en Asturias, otra de las regiones donde Podemos ha entrado con fuerza y donde
más se percibe un cambio político, el Ayuntamiento de Oviedo adjudicó
en los últimos meses el mantenimiento informático del municipio a cuatro años
vista por 24 millones de euros –el doble que la anterior contrata– a Asac
Comunicaciones, empresa implicada en el Caso Marea por presentar
facturas sobre trabajos no realizados. El contrato ha sido impugnado
judicialmente. La gran mayoría de los contratos de servicios ya estaban, según
explican desde Somos Oviedo, “atados y bien atados por plazos larguísimos”.
El
Partido Popular lleva 25 años gobernando el Ayuntamiento ovetense. En este
tiempo, desde la candidatura ciudadana afirman que “han creado un
sistema clientelar muy desarrollado y muy maduro” que se ha traducido en que
prácticamente todos los servicios estén privatizados. “Hay 26
servicios municipales ya privatizados, y diez de ellos por más de 50 años. No
han tenido que correr para formar contratos a última hora”, señalan desde Somos
Oviedo. Mientras Aqualia (FCC) lleva la gestión del agua y saneamiento por 50
años hasta 2045, Alsa se quedó con la gestión de la estación de autobuses desde
su inauguración en 2003, también por 50 años, y con el transporte urbano de la
ciudad hasta 2030. La recaudación de los impuestos en todos los ayuntamientos
de la región la realiza una empresa de Barcelona, Auxiliar de Recaudación SL,
que cobra ocho millones de euros por recaudar entre 80 y 100 millones en tasas,
casi tres millones más que el importe ofertado por la empresa pública del
Principado. De los 209 millones del presupuesto municipal para 2015, casi la
mitad es gestionado por empresas privadas. FCC acapara el 10%. El millonario
Carlos Slim, ahora primer accionista del grupo, es también, desde hace un par
de años, accionista mayoritario del Real Oviedo. “Ahora no puedes criticar a
FCC porque es como si criticaras al club”, señalan desde la candidatura.
Electricidad, zonas verdes y basuras
La oposición de este municipio madrileño
denunciaba el 27 de marzo que el Gobierno municipal del PP pretende “limitar la
capacidad de acción del gobierno que salga de las urnas” con tres
adjudicaciones de servicios públicos –limpieza viaria y recogida de basuras,
conservación de zonas verdes y suministro y mantenimiento eléctrico– por valor
de 90 millones de euros.
1,6
millones de euros es el importe del contrato para la
conservación de las fuentes ornamentales en Valencia firmado el 31 de marzo. El
adjudicatario, ACS, llevaba desde 2005 realizando el servicio con la concesión
ya caducada.
30
millones para poda y mantenimiento de
jardines de Valencia. El contrato, adjudicado también en marzo, se lo llevó
FCC, que comparte la tarea con la Sociedad de Agricultores de la Vega, que se
lleva otros 24 millones.
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