La justicia investigará la amnistía de evasores de la ‘lista Falciani’
La Audiencia de Madrid ordena reabrir el caso contra dos exdirectivos de
Hacienda por permitir eludir penas de cárcel a decenas de defraudadores
MANUEL
ALTOZANO Madrid
EL PAÍS
[Vista exterior de una oficnia del HSBC
en una calle de Londres. / STEPHAN WERMUTH (REUTERS)]
En plena eclosión de nombres de la lista
Falciani, obtenida por el diario francés Le Monde y
repartida a varios medios internacionales, la justicia española ha puesto en
cuestión el uso que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) hizo de
ese repertorio de presuntos defraudadores con cuentas opacas en el HSBC de
Ginebra. La Audiencia de Madrid ha ordenado investigar la supuesta amnistía de
evasores que la Agencia Tributaria (AEAT) puso en
marcha en mayo de 2010 y que permitió a cientos de ellos evitar condenas de
hasta seis años de cárcel al permitirles regularizar su situación. Los
magistrados dan la razón al Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha) y
obligan al Juzgado de Instrucción 37 de Madrid a que prosiga el proceso contra
María Dolores Bustamante, exdirectora de Gestión Tributaria, y Carlos
Cervantes, exdirector de Inspección, a los que ese colectivo acusaba de
prevaricación. El tribunal archiva el caso respecto al exdirector de la AEAT
Juan Manuel López Carbajo, que dirigió todo el proceso.
Al
recibirse los 659 nombres de grandes defraudadores de la primera lista Falciani —facilitada por el
informático francoitaliano a las autoridades francesas—, Hacienda no abrió automáticamente un proceso de
inspección, lo habitual cuando existe cualquier indicio de fraude.
En su lugar, la agencia decidió entregar en mano a 558 de esos evasores (el
resto de los casos habían prescrito) un requerimiento en el que se les
informaba del descubrimiento de sus cuentas en Suiza y se les invitaba a
presentar las correspondientes declaraciones complementarias para tributar por
los fondos que mantenían ocultos en el HSBC de Ginebra. El requerimiento, les
daba un plazo de 10 días para responder y les advertía que, de no hacerlo, se
abriría contra ellos un procedimiento de inspección.
Esa decisión política, la de no abrir
inspección, supuso en la práctica una segunda oportunidad para gran parte de
estos evasores, sospechosos de haber cometido delitos fiscales (al superar lo
defraudado por ellos los 120.000 euros). Gracias al aviso de Hacienda, fueron
automáticamente absueltos tras abonar las cuotas y evitaron así penas de prisión.
Tras recibir el requerimiento, 306 de los 558 destinatarios presentaron
declaraciones complementarias que Hacienda consideró “espontáneas”, lo que les
libró automáticamente de la cárcel. De ese modo, la AEAT recaudó 260 millones
de euros, de los cuales 200 fueron abonados por la familia Botín, con varios de
sus miembros en la lista.
Hacienda
justificó su decisión por las dudas sobre la validez de la lista y la
posibilidad de que los jueces consideraran que tenía un origen ilícito al haber
sido sustraída del HSBC. Otra de las razones que dio fue la necesidad de
interrumpir la prescripción de las deudas, algo que también podría haberse
conseguido abriéndoles inspección.
Sin embargo, los colectivos de
inspectores y técnicos de Hacienda montaron en cólera al considerar esta
política una “amnistía fiscal encubierta”. El sindicato mayoritario de estos
últimos, Gestha, puso una querella contra el director de la agencia —Juan
Manuel López Carbajo— y los directores de Inspección y Gestión. Estos dos
últimos —Carlos Cervantes y Dolores Bustamante— fueron los que indicaron a
todos los delegados regionales de la AEAT el procedimiento a seguir con los
evasores de la lista Falciani en un correo electrónico enviado
a todos ellos el 26 de junio de 2010. Según mantuvo el sindicato en su
querella, esos directivos trataron de “dejar impunes” los presuntos delitos
contra la Hacienda Pública que esos defraudadores hubieran podido cometer.
La querella, sin embargo, fue archivada
de plano por el Juzgado de Instrucción número 37 de Madrid al considerar que,
para poder apreciar el delito de prevaricación, debía existir una “resolución
administrativa”, y la comunicación enviada por Cervantes y Bustamante a los
delegados regionales de la agencia, según el juez, no lo era. Gestha recurrió
esa decisión ante la Audiencia Provincial de Madrid.
Los magistrados de la sección primera de
ese tribunal rechazan ahora la argumentación del juez y ordenan reabrir el
caso. Afirman que ese correo electrónico es “un acto administrativo que supone
una declaración de voluntad de contenido decisorio y que afecta a los derechos
de los administrados o a la colectividad en general”, por lo que sí podría
servir de base para un supuesto delito de prevaricación. El tribunal excluye al
exdirector general de la agencia, Juan Manuel López Carbajo porque considera
que, a pesar de haber sido el superior común de Cervantes y Bustamante, no
existen pruebas contra él. Pero podría volver a ser imputado si surgen pruebas
contra él durante la investigación que se va a iniciar.
*
La carta de la dirección de la Agencia
J. S. GONZÁLEZ, MADRID
Durante
la primavera de 2010 la ministra de Hacienda, Elena Salgado, recibió un listado
de contribuyentes españoles con cuentas en la filial suiza del banco HSBC: era
la Lista Falciani. Unas semanas después la Agencia Tributaria envió un
requerimiento a 558 titulares de cuentas opacas con unos 6.000 millones en la
filial suiza del HSBC. De esta forma, les permitió regularizar el dinero en vez
de seguir el procedimiento habitual de iniciar una inspección fiscal que
hubiera acarreado mayores sanciones, delitos fiscales y cárcel.
El
25 de junio de 2010 la dirección de la Agencia remitió un comunicado interno a
los “delegados especiales” en el que aclaraba la forma de actuar. “Entendemos
que sólo las rentas derivadas de dichas cuentas son las que deben dar lugar a
la sanción, debiendo considerarse que el resto de rentas se declaran de forma
espontánea a los efectos del régimen de recargos”. Es decir, solo se revisarían
los intereses no declarados. “Por todo ello, si el obligado tributario presenta
una autoliquidación que incluya todas las rentas procedentes de las cuentas del
HSBC identificadas en el requerimiento finalizará el procedimiento. En este
caso se entenderá que se ha producido una infracción tributaria resultando
exigible la correspondiente sanción así como los intereses de demora”.
De esta forma, Hacienda solamente
sancionaría con una pequeña multa por los intereses no declarados y dejaría el
grueso de las cuentas sin inspeccionar. Los afectados apenas pagaron 260
millones al fisco.
investigacion@elpais.es
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