UNA UNIÓN EUROPEA SIN
ARGUMENTOS DEMOCRÁTICOS. UNA UNIÓN QUEBRADIZA
Éric Toussaint y Antonio
Sanabría
Sociología crítica
2014/11/02
La
actual crisis ha puesto en evidencia las graves carencias y contradicciones de
la Unión Europea (UE). Es por ello que a nuestro parecer sus causas hay que
buscarlas más allá de la coyuntura económica a partir de 2007, sino en su
propia configuración como proyecto neoliberal. Las grietas abiertas en la UE no
son solo el resultado ante los estragos de una crisis, sino también
consecuencia de las respuestas para enfrentarla. Una respuesta que, como
veremos, resulta carente de argumentos democráticos que la legitimen.
Punto
de partida. El fracaso de un modelo neoliberal
Sin
ánimo de idealizar el período precedente, la creación de la Unión Europea (UE)
supone un punto de inflexión en el proceso de construcción europea. La firma
del Tratado de Maastricht en 1992 implicaba una institucionalización del
neoliberalismo en Europa. Pero en realidad podemos fijar una fecha alternativa,
el 1 de julio de 1990, cuando se firma la libre circulación de capitales como
significativo primer paso hacia ese modelo de Europa neoliberal.
La
viabilidad de la UE implicaba la capacidad de hacer converger en un mismo
espacio a economías con importantes asimetrías en sus especializaciones y
capacidades productivas, en niveles de renta, protección social… Esto no supone
en sí mismo un problema, pero exige articular una serie de mecanismos y
políticas comunes en materia de inversiones, equiparación de necesidades
sociales básicas, etc. Todo ello coordinado en unas instituciones comunitarias
democráticas. Sin embargo, al anteponer la liberalización financiera, se coloca
el carro por delante de los bueyes, siendo los mercados quienes pasan a ser
considerados en sí mismos como instituciones a cuyo criterio los Estados han de
supeditarse disciplinariamente. Resulta significativo al respecto que el símbolo
de la nueva ciudadanía europea quedase reducido a una moneda.
El punto de partida de la UE es pues el de unas importantes asimetrías entre
sus Estados miembros y los esperados automatismos de mercado su principal
elemento vertebrador. Además, las instituciones europeas se conforman en un
complejo aparato burocrático sin control democrático y un Parlamento Europeo
muy limitado en sus funciones.
En
consecuencia, si bien la crisis se evidencia en la UE a partir de 2008
procedente del crac financiero en Estados Unidos, sus determinantes se remontan
más atrás en el tiempo. Coincidimos así con otros autores, cuando señalan que
la crisis iniciada en el verano de 2007 al otro lado del Atlántico constituye
más un punto de llegada que de partida. La crisis no surge en la UE pero pone
en evidencia sus graves fallas estructurales. De igual modo, aunque nos
centremos aquí en el caso europeo, éste ha de encuadrarse en un contexto más
amplio de crisis internacional, que obedece a múltiples causas pero que
evidencia el fracaso del régimen neoliberal imperante a escala global.
Tras
una fugaz primera respuesta vía gasto público, el discurso oficial cambió,
sobre todo a partir de la crisis griega en 2010, para responsabilizar a la
deuda pública como factor causante de la recesión. Se obvia con ello que el
endeudamiento precrisis se concentraba mayormente en el sector privado, sobre
todo empresas y bancos. También en Grecia. La liberalización de la cuenta de
capital y los desequilibrios financieros, tanto en la eurozona como a escala
global, propiciaron un modelo de crecimiento impulsado por el crédito privado
canalizado por la banca, sobre todo en Europa, donde los bancos tienen un mayor
protagonismo sobre el conjunto del sector financiero. El rescate bancario no
comenzó en la periferia, sino en el núcleo de la eurozona y Reino Unido, dada
su elevada exposición en EE.UU.
Los
problemas para la banca periférica vinieron por otro lado. No tenían una
elevada exposición en los mercados estadounidenses, pero dependían sobremanera
de la financiación externa para ofrecer sus préstamos. La caída de Lehman
Brothers en 2008 cortó los mercados internacionales de crédito y dejó a estos
bancos sin acceso a financiación mayorista. En esta situación carecían de
capacidad para prestar y como la demanda interna se mantenía vía crédito, al
caer éste la demanda sencillamente se desplomó. El problema en la periferia
revertía en los bancos de las principales economías de la UE porque una parte
de su actividad financiera se hallaba precisamente en prestar a esos bancos de
la periferia que buscaban financiación externa.
El
problema de gobernabilidad en la UE se complicó especialmente en la eurozona.
Sin duda por las múltiples carencias de su unificación monetaria pero sobre
todo, y vinculado a ello, el hecho de que acreedores y deudores compartan una
misma área. La lentitud en la toma de decisiones en las autoridades europeas,
ya sea la Comisión en Bruselas o el BCE en Fráncfort tiene a nuestro juicio
mucho que ver con este hecho. También la naturaleza de la respuesta en forma de
medidas de “austeridad”. El tiempo no es una variable neutral. La falta de
decisiones y el bloqueo liderado por Alemania permitían que esos bancos,
especialmente germanos y franceses, se deshiciesen de activos de las economías
periféricas en dificultades.
De
igual modo, las políticas de recortes son para rescatar a los pretendidos
rescatadores. En este sentido, la dinámica del proceso recuerda a la de América
Latina. Dos son al menos los factores comunes a destacar: uno, el problema de
impago se niega durante años mientras los bancos prestamistas reparan sus
balances; y dos, la aplicación de severos programas de ajuste exigidos por los
acreedores precisamente para maximizar la recuperación de sus empréstitos.
Resulta
especialmente elocuente la actitud del BCE. A menudo las críticas se centran en
su prohibición de financiar directamente a los Estados miembros. Al respecto
coincidimos con la necesidad de un banco central que actúe también como
prestamista de último recurso para los gobiernos y no solo para los bancos.
Pero cabe advertir que esta misma restricción la tienen los principales bancos
centrales del mundo, incluida la Reserva Federal, el Banco de Inglaterra o el
Banco de Japón, entre otros. El elemento distintivo y llamativo del BCE está en
su actitud con las compras de deuda soberana en los mercados secundarios. Nada
se lo impide y forma parte normal de las operaciones de mercado abierto en
cualquier banco central como mecanismo para regular la liquidez en los mercados
financieros. Pero la posición de algunos países, de nuevo encabezados por
Alemania, consideró que esto era un rescate encubierto a Estados. Ante la
agudización de los problemas en dos economías periféricas de gran tamaño, como
son España e Italia, a partir de 2011 las compras se hicieron inevitables ante
el riesgo de que su acceso a los mercados financieros se hiciera inasumible,
como ya pasara con Grecia, Portugal e Irlanda.
Pero la novedad era que, para realizar esas compras, el BCE imponía medidas de
condicionalidad exigiendo compromisos en materia de recortes y reformas
estructurales. Obviamente la verdadera preocupación del gobierno alemán o el de
otras economías del núcleo no estaba en los límites jurídicos del BCE, sino que
su intervención permitiría relajarse a los deudores en las medidas exigidas por
los acreedores para maximizar la devolución de sus deudas. Sin embargo, con esa
condicionalidad el BCE se extralimitaba claramente de sus funciones. Nada en
sus estatutos le permitía tal chantaje a los gobiernos. Ello plantea el hecho
de que el sobrendeudamiento causado por su inacción hasta entonces pueda ser
considerado como ilegal y dicha deuda haya de ser entonces anulada.
Las
grietas sociales, laborales y sociales del ajuste
«Es duro pero no hay más remedio». Es el mantra recurrente a la hora de
justificar los ajustes. Sin embargo, hace ya muchos años que incluso desde la
economía más ortodoxa quedó evidenciada la falacia de la austeridad. Es decir,
los efectos perniciosos de estas políticas se conocen desde hace mucho tiempo,
y su pretendida justificación “técnica” es solo ideológica y afín a
determinados intereses de clase.
Básicamente,
ante una situación de sobrendeudamiento de los agentes privados (bancos,
empresas y hogares) la demanda se hunde porque priorizan el pago de deuda. En
esa situación una política de recortes del gasto público solo agrava la
situación y ahí el Estado es el único capaz de aumentar su gasto para remontar
la demanda y revertir la situación. Por supuesto no cualquier gasto público tiene
el mismo efecto. Por ello entendemos que esa política fiscal expansiva ha de
tener la creación de empleo como objetivo prioritario y aprovecharse para una
verdadera transformación del tejido productivo y energético con criterios
ecológicos, equidad y de equilibrio territorial.
La
creación de empleo estable y con equidad de género es una urgencia en la UE. En
apenas cinco años, entre 2008 y 2013, el número de personas desempleadas en la
UE-28 ha aumentado en más de 9,5 millones de personas hasta superar los 26
millones de parados.
Aproximadamente
una de cada tres personas que han perdido empleo en estos años procede de
España. O una de cada dos si consideramos solo la eurozona. En el caso del paro
juvenil España y Grecia tienen tasa superiores al 50%.
En
cuanto a la eurozona, la mitad del desempleo era en 2013 de larga duración, es
decir, de uno o más años. Un porcentaje similar al de España, pero que en el
caso de Portugal supera el 56%, en Irlanda el 60% y 67,5% en Grecia. Esta larga
duración del paro aumenta evidentemente los riesgos de pobreza y exclusión
social. Al respecto, la UE-28 contaba en 2012 con cerca de 124,5 millones de
personas (24,8% de la población) en tal situación, casi 6,5 millones de
personas más que apenas dos años antes, en 2010. En el caso de la eurozona el
número de personas en riesgo de pobreza y exclusión superaba en 2013 los 77
millones (23,4% de la población).
Y
si conseguir un empleo se complica, trabajar tampoco garantiza escapar de la
pobreza. En Grecia el 15,1% de las personas con empleo sigue siendo pobre. Los
otros dos países de la eurozona con mayor porcentaje de trabajadores pobres son
España e Italia con 12,3% y 11% de empleados respectivamente.
El aumento del desempleo, la precariedad laboral y la devaluación salarial
elevan los niveles de desigualdad. Según datos de Eurostat España es ya la
economía más desigual de la UE en términos de la proporción de ingresos del 20%
más rico con respecto al 20% más pobre. Así, en 2012, el quintil de renta
superior tenía unos ingresos de 7,2 veces los del quintil inferior.
En
todo caso, tanto en España como en el conjunto de la UE la desigualdad ya
seguía una dinámica creciente antes de la crisis, siendo precisamente la deuda
privada la encargada de mantener animada la demanda, mientras los salarios
reales se estancaban y caía su participación sobre la renta total en la mayor
parte de economías europeas.
Austeridad
o Derechos Humanos
Las políticas de ajuste exigidas por los acreedores encuentran un elevado grado
de comprensión en las élites locales de los países de la periferia quienes, de
hecho, no pocas veces, han superado en dureza las recomendaciones comunitarias.
No es para menos, pues las políticas de devaluación salarial les han permitido
atacar la negociación colectiva debilitando así la capacidad de los
trabajadores en la fijación de sus salarios y facilitando a las empresas los
despidos. Por otra parte, las privatizaciones de empresas públicas, o de su
gestión, la liberalización de nuevos sectores, etc. ofrecen importantes posibilidades
de negocio a grandes empresas locales y extranjeras. El objetivo pues no ha
sido solo el cobro de la deuda, sino un auténtico saqueo en muchos casos a
costa de quienes menos tuvieron que ver con la crisis y que ahora más padecen
sus consecuencias.
A
su vez, los programas de austeridad, especialmente los impuestos por la llamada
Troika (Comisión Europea, BCE y Fondo Monetario Internacional) suponen una
vulneración de los derechos humanos fundamentales. Partamos de una idea
sencilla: en cualquier Estado de derecho la legislación ampara al acreedor a la
hora de recuperar sus deudas. Pero de igual modo existen límites. Así, por
ejemplo, sería contrario a derecho que el acreedor pudiera exigir a su
prestatario que vendiese un órgano de su cuerpo o que le sirviese durante un
tiempo en régimen de esclavitud para saldar cuentas. Hay una serie de derechos
fundamentales que amparan a la persona y a los que no puede renunciar. Esto
mismo pasa con respecto a las políticas de austeridad. La exigencia para garantizar
el pago de una deuda no puede nunca estar por encima de las necesidades básicas
que un Estado tiene obligación de atender. Desde este punto de vista, por
cierto, la reforma de la Constitución española en 2011 resulta un auténtico
escándalo.
Diversos
informes, como el publicado por el Consejo de Europa han evidenciado las graves
vulneraciones de los derechos humanos ante el desproporcionado impacto ante los
grupos sociales más vulnerables y marginados. Otro elaborado por el Comisario
de la Cámara de Trabajo de Viena, muestra igualmente la vulneración de derechos
en los Memorándums de Entendimiento firmados en los rescates de la troika.
Asimismo, Oxfam ha puesto en evidencia los nocivos efectos de las políticas de
austeridad en términos de pobreza y desigualdad.
La UE sufre los estragos de una severa crisis bancaria por sobrendeudamiento
privado, propiciada por un modelo neoliberal que ella misma institucionalizó.
Un sobrendeudamiento privado que se trasvasa ahora al sector público mediante
rescates a los bancos y como efecto de unos insuficientes ingresos fiscales,
más los efectos desastrosos de la austeridad. Pero después de gastarse entre
2008 y 2012 un total de 591,9 miles de millones de euros solo en
recapitalizaciones directas a sus bancos (un 4,6% del PIB de la UE-28), se
afirma que lo insostenible es el Estado de bienestar. Mientras, el sector
financiero y sobre todo la banca que gestó la crisis se mantienen intactos.
Existen
alternativas pero las soluciones no vendrán solas y tampoco con ninguna elite.
La verdadera y novedosa esperanza surge, como siempre, desde abajo; de la
organización democrática desde diversos movimientos sociales que defienden que
otra Europa es posible. Que apuestan por alternativas democráticas al ajuste
neoliberal, como las plataformas que trabajan por la realización de auditorías
ciudadanas de la deuda, en las que se determine la parte ilegítima, ilegal,
insostenible y/u odiosa de ésta para su anulación. Ninguna crisis de deuda se
ha superado sin aplicar importantes quitas. El debate real no es pues el
impago, sino determinar quién lo asume. Por eso, lo interesante de estas
plataformas es que plantean un proceso de desendeudamiento democrático, guiado
por los deudores, desde abajo para que por fin paguen los de arriba.
Antonio
Sanabria es economista investigador en el CADTM Bélgica.
Éric
Toussaint es Doctor en Ciencias Políticas por las Universidades de Lieja y
París VIII y portavoz del CADTM Internacional.
Texto
aparecido originariamente en el nº 28 del Boletín Ecosocial de la FUHEM
(septiembre-noviembre) de 2014 y el blog del Coletivo Novecento disponible en
este enlace.
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