Montoro revuelve la Oficina Antifraude y niega datos del PP al juez Ruz
por Luis Díez
Kaosenla red
Martes, 19 de Marzo de 2013
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas,
Cristóbal Montoro, tiene que explicar por qué ha destituido a los inspectores
de la Agencia
Tributaria que llevaban la investigación de la trama Gürtel y
del caso Urdangarín, entre otros asuntos relevantes.
Los relevos se produjeron a finales de enero y desde entonces el diputado de
Izquierda Plural Gaspar Llamazares lleva
esperando una explicación por escrito del ministro. Los inspectores eran jefes
de grupo pero no ocupaban puestos de designación política, lo que induce a
pensar que Montoro ha realizado discretas interferencias u operaciones de
prestidigitación partidista en la cúpula de la Oficina Nacional
de Investigación del Fraude (ONIF).
Dos semanas después de que se conocieran las cuentas en Suiza del extesorero
del PP, Luis Bárcenas, imputado en la trama Gurtel,
el ministro destituyó a los seis inspectores de Hacienda que desde la ONIF
de la Agencia
Tributaria dirigían las investigaciones fiscales
sobre la trama Gurtel en la que se hallan imputados políticos del PP
y, entre otros casos de corrupción, sobre el desvio de fondos públicos
al entramado societario del yerno del rey. Cinco inspectores eran jefes de
equipo y el sexto, Víctor de la Morena, era el
director de investigación de la
ONIF.
La
Cadena Ser dio la voz de alerta y desde el Ministerio de Hacienda
restaron importancia a los relevos diciendo que se trataba de una “reorganización”
de la ONIF. Sin
embargo, todo apunta a una “operación de limpieza” y de sustitución de
unos técnicos independientes por otros posiblemente más dúctiles al mando. El
ministro colocó al frente de la
ONIF a Santiago Menéndez, que fuera
director de recaudación con el Gobierno de Aznar y a Pilar
Valiente, quien fue vicepresidencia de la Comisión Nacional
del Mercado de Valores (CNMV), también con los gobiernos de Aznar, y se vio
forzada a dimitir por el caso Gescartera ante los indicios
de que había ayudado al dueño de esa agencia, Antonio Camacho,
y a su presidenta, Pilar Jiménez Reyna, hermana de un
alto cargo del entonces ministro de Economía, Rodrigo Rato,
a eludir los controles.
Desde que se produjeron estos ceses en la ONIF, Llamazares espera la
explicación de Montoro. Es verdad que el primer obstáculo a sus preguntas se lo
ha puesto la Mesa
del Congreso, que le ha obligado a modificar la exposición de su petición de
aclaración. Y también es cierto que Montoro dispone de tres meses
reglamentarios para responder. El ministro puede abusar además de las infotácticas
del revés, la amenaza y los balones fuera. De hecho, poco después de recibir
las preguntas pudimos saber que la federación madrileña de la organización de
la que Llamazares fue coordinador general debía un millón de euros a Hacienda.
Pero más allá del ejercicio del revés político y de otras técnicas
neblinosas, resultaría especialmente perjudicial para la credibilidad de la Agencia Tributaria
que Montoro escondiese la cabeza bajo el ala y mantuviera la duda de
parcialidad partidista. Llamazares sólo le pide que explique las razones de los
relevos en la ONIF,
si las destituciones “perturban o retrasan” la investigación y si
el caso Gescartera no figura en su memoria como un
antecedente negativo para una de las personas que ha promovido a la dirección
del máximo organismo de la lucha contra el fraude fiscal.
Serán en todo caso Menéndez y Valiente los que ahora designen a los dos
nuevos inspectores de la ONIF
que el viernes solicitó el magistrado de la Audiencia Nacional Pablo
Ruz con el fin de prestar apoyo a la investigación de la pieza
separada, aunque vinculada al caso Gürtel, sobre la fortuna del
extesorero del PP, Luis Bárcenas. El juez trata de
aclarar el origen de la fortuna opaca de Bárcenas y de averiguar la
relación que pudo existir entre las cuentas ocultas en Suiza y las
entregas privadas de dinero al PP entre 1990 y 2005 a cambio de supuestos
favores en contratas y concesiones públicas.
En los mandamientos judiciales expedidos el viernes, el titular del Juzgado
5 de la Audiencia
Nacional pide al presidente del Senado, Pío
García Escudero, que le envíe las declaraciones originales
del patrimonio que realizó Bárcenas en la Cámara como senador por
Cantabria en las dos últimas legislaturas. Y a parte de otros procedimientos
como las pruebas caligráficas al propio Bárcenas y a Álvaro
Lapuerta, citados para el jueves, o el testimonio del director
de El País sobre los “papeles de Bárcenas” y del
exdiputado del PP Carlos Mantilla en el programa de
radio Galicia por diante sobre pagos en negro, previstos
el miércoles, el magistrado reclama la revisión de las cuentas bancarias
y la contabilidad del PP entre 1990 y 2005.
Y es en este punto donde la colaboración de la Agencia Tributaria
y de los expertos reclamados por el magistrado resulta de vital importancia. De
momento, el magistrado ha dado un ultimátum de cinco días a la Agencia para que le
remita en formato electrónico la información de las retenciones e ingresos a
cuenta presentada por el PP de 1990
a 2005. La orden del juez ya pone de relieve los primeros
obstáculos y dilaciones de Hacienda para poner a su disposición esa
información. Y así pide que le aclaren las dificultades aducidas por Hacienda
el 8 del corriente para disponer de los datos.
El juez pide toda la información sobre los cheques cobrados en efectivo en
los ejercicios de 2002 a
2005. Y del periodo entre 1990 y 2005 recaba las declaraciones
sobre donaciones realizadas y recibidas por el PP, las operaciones en
efectivo de cuentas bancarias, la declaración de Ingresos y Pagos en sus relaciones
con terceros, las declaraciones de IVA e impuesto de Sociedades de los
ejercicios solicitados en formato electrónico y las relaciones o balances de
esos años. Son datos que Hacienda deberá aportar.
En este sentido, aparte la profusión de declaraciones del presidente Mariano
Rajoy y otros miembros del Gobierno sobre la “absoluta
colaboración con la Justicia”
vale recordar la insistencia de la vicepresidenta y portavoz, Soraya
Sáenz de Santamaría, en las habituales ruedas de prensa de los
viernes, en que este es un país serio y las instituciones funcionan. “La
corrupción claro que perjudica y hay que erradicarla; pero
también tenemos que saber que ésta es una democracia fuerte, con Tribunales que
funcionan, con una Fiscalía que funciona, con una Agencia Tributaria que
funciona, y bien. Y si hay que darles más medios desde el Gobierno y desde
las Cortes para que así sea, así lo haremos“.
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