miércoles, 3 de diciembre de 2025
Ucrania: ¿hacia la guerra civil?
Lejos del frente,
la situación en Ucrania empieza a ser desesperada. La caída de Andrei Yermak,
hombre fuerte del régimen, revela que las tensiones internas han crecido hasta
límites insospechados. Incluso hay quien cree que hay una guerra civil en ciernes.
Ucrania: ¿hacia la guerra civil?
El Viejo Topo
3 diciembre, 2025
Si hay en la
tragedia ucraniana un personaje oscuro, corrupto y, en última instancia,
criminal, ese hombre es Andrei Yermak, el auténtico zar en la sombra. Eso no
exime de responsabilidad al propio presidente ucraniano. La guerra de Ucrania
ha entrado en una fase crepuscular que ya no puede describirse con los
eufemismos que durante años dominaron la retórica occidental. La caída de
Andrei Yermak —hasta hace poco el hombre más poderoso del entorno de Volodímir
Zelenski— revela el agotamiento del proyecto político construido alrededor de
la resistencia ucraniana y de la narrativa heroica promovida por Washington y
Bruselas. Lo que queda ahora es un país exhausto, arruinado por generaciones,
militarmente derrotado y políticamente fracturado, que ya no puede ocultar sus
tensiones internas ni la mano visible de quienes lo han tutelado desde el
principio.
Washington dicta,
Zelenski obedece
Durante meses,
Andrei Yermak fue la figura clave que sostenía el complejo edificio político
del régimen ucraniano. Controlaba la agenda presidencial, dominaba los
servicios de inteligencia, influía en la política exterior y era el encargado
de mantener cohesionada a una élite corroída por la guerra, los negocios opacos
y las rivalidades entre oligarcas. En la mente gris del terrorismo ucraniano se
le atribuye la búsqueda de “bombas radiactivas sucias” en Francia y Reino
Unido, con el fin de provocar una escalada nuclear por parte de Moscú.
Su oposición
frontal al plan de paz de Donald Trump —un documento que exigía concesiones
territoriales para congelar el conflicto— fue interpretada en Washington como
un desafío intolerable. La respuesta no tardó: la Oficina Nacional
Anticorrupción de Ucrania (NABU), una institución creada y financiada bajo
supervisión estadounidense, irrumpió en su oficina y en su residencia con un
operativo espectacular que coincidió con la llegada a Kiev del secretario del
Ejército estadounidense, Daniel Driscoll. El mensaje era nítido: si Ucrania no
acepta el marco de negociación dictado por Estados Unidos, la guillotina caerá
sobre quien se interponga. Zelenski entendió la señal. Para salvar su propia
cabeza sacrificó la de su lugarteniente. Y así, Yermak dimitió. De momento, él
es el derrotado.
Pero su caída
no augura clemencia ni sosiego: tanto él como Zelenski cargan con un futuro
personal muy oscuro, cercados por acusaciones de corrupción a gran escala y por
los rumores, cada vez más persistentes, de que altos funcionarios
estadounidenses y europeos habrían participado en redes de desvío y reventa de
armamento destinado a Ucrania. Si esa trama llega a salir a la luz, la política
ucraniana no será la única que se tambalee. Si la trama de corrupción
occidental se revela por filtración de estos personajes, su vida no valdrá un
ardite.
La derrota
militar y colapso estructural
La crisis
política es consecuencia de la derrota militar, que ahora es imposible de
maquillar. La caída, hace unos días, de Pokrovsk y el desmoronamiento del
frente en torno a Huleipole y Siversk evidencian que el ejército ucraniano ya
no dispone de capacidad operativa para sostener la guerra. Las pérdidas
demográficas son inmensas: se estiman en más de un millón de bajas
irrecuperables. Con una población actual, según proyecciones actualizadas, de
unos 25 millones de habitantes (cuando se independizó de Rusia se acercaba a
los 52 millones), Ucrania se acerca al límite de desaparecer como Estado
viable.
El país carece
de reservas, carece de artillería, carece de defensas y carece, sobre todo, de
soldados dispuestos a seguir muriendo por un conflicto sin horizonte. El Estado
Mayor sabe que no puede ganar. Los estados mayores de la OTAN también lo creen.
Zelenski lo sabe… pero admitirlo sería firmar el acta de defunción del régimen.
Hay muchas
fuerzas interesadas en mantener el conflicto abierto. Los batallones nazis se
incautan de las tarjetas de crédito de los soldados para robar sus fondos; se
roba, se saquea a la propia población civil; se recluta por la fuerza en las
calles y las plazas. En Kiev, salir a pasear el perro puede significar acabar
muriendo en cualquier zanja del frente. Los hombres de más de 60 años pueden
ser movilizados; hay 53.000 mujeres combatiendo, muchas de ellas en primera
línea. La UE ha sido generosa manteniendo estos ejércitos privados al servicio
de los oligarcas ucranianos; a fin de cuentas, también se han untado las manos.
El negocio está ahí, y mientras dure el conflicto llegarán más y más millones
que desaparecerán en los bolsillos de unos y otros.
Mientras la
casta política europea mantiene la liturgia vacía de las sanciones —19 paquetes
después—, Katja Kallas, símbolo del fervor atlantista, asegura que “hay que
obligar a Rusia a negociar”. ¿Cómo? Nadie lo explica. Quizá con el vigésimo o
el vigésimo primer paquete de sanciones; quizá con rogatorias a la Virgen;
quizá pagando misas en el Vaticano; ¿con fe?…
El factor más
peligroso
La caída de
Yermak no solo deja a Zelenski aislado frente a Washington. También lo deja
expuesto a sus enemigos domésticos: los batallones nazis que fueron creados y
financiados en la época Obama y que, desde el inicio de la guerra, han actuado
como policía política y de represión interna más que como combatientes en
primera línea. Estos grupos —armados, ideologizados y con mandos autónomos— han
intervenido en la retaguardia para vigilar deserciones y disciplinar a las
unidades regulares. Se han guardado muy mucho de participar en el frente
abierto; su función ha sido garantizar la obediencia interna. Por ello
representan hoy el mayor riesgo: no aceptarán concesiones territoriales. No
aceptarán negociaciones. No aceptarán una retirada. Son, en términos
estrictamente políticos, una fuerza con ambición propia. Zelenski lo sabe.
Washington también. Y el país entero se desliza hacia una situación donde el
ejército regular se hunde, el Estado pierde legitimidad y los actores armados
autónomos ganan protagonismo. Ninguna guerra moderna termina bien cuando el
Estado deja de monopolizar la violencia.
¿Un escenario
de guerra civil?
Hablar de guerra
civil en Ucrania ya no es una exageración retórica. Es una posibilidad que se
abre paso en medio del caos: se dan todos los ingredientes para un conflicto
civil. Washington exige concesiones territoriales. Zelenski intenta sobrevivir
sacrificando a sus aliados. El ejército se derrumba y las deserciones se
multiplican. Los batallones nazis no admitirán ninguna retirada. Las redes de
corrupción y el tráfico de armas salpican al poder político.
Si Zelenski
acepta el plan de Trump, se enfrentará a estos grupos armados que lo consideran
demasiado “blando”. Si no lo acepta, Washington utilizará la NABU y otros
instrumentos para destruir lo que queda de su gobierno y a él mismo.Si intenta
frenar a los grupos radicales, estallará un conflicto interno. Si no lo frena,
perderá el control de lo que queda del Estado.
Ucrania está
atrapada entre fuerzas que no controla. Los actores que antes se declaraban
aliados y que ayudarían a Kiev “hasta la victoria final” —Estados Unidos,
Europa, los grupos nazis— se convierten ahora en piezas de un tablero
imposible.
El fin del
ciclo
El sacrificio
de Yermak marca el inicio del final. No del final de la guerra —que Rusia ya ha
definido en términos militares—, sino del final del régimen político que
emergió en 2014 y que se sostuvo gracias al respaldo económico, militar y
comunicativo de Occidente. La economía está destruida. El ejército está
exhausto. La clase política está fracturada. El presidente ilegítimo está
acorralado. Y los grupos armados que durante años ejercieron la violencia en
nombre del Estado ahora podrían desafiarlo directamente. La pregunta ya no es
si Ucrania puede ganar la guerra. Eso quedó atrás. La pregunta real es si
Ucrania podrá evitar una guerra dentro de la propia guerra. Y, a medida que
Kiev entra en esta fase terminal, la respuesta se vuelve cada vez más sombría.
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martes, 2 de diciembre de 2025
Inquietud en el Caribe
El Caribe tiene que
elegir entre dos futuros: Uno es una mayor militarización, dependencia e
incorporación al aparato de seguridad estadounidense. El otro la revitalización
de la autonomía regional, la cooperación Sur-Sur y las tradiciones
antiimperialistas.
Inquietud en el Caribe
El Viejo Topo
2 diciembre, 2025
EL CARIBE SE
ENFRENTA A DOS OPCIONES: UNIRSE AL INTENTO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE INTIMIDAR A
VENEZUELA O CONSTRUIR SU PROPIA SOBERANÍA
El presidente
de los Estados Unidos, Donald Trump, ha autorizado la
entrada del USS Gerald R. Ford en el Caribe. Ahora se
encuentra al norte de Puerto Rico, uniéndose al USS Iwo Jima y
a otros activos de la Armada de los Estados Unidos para amenazar a Venezuela
con un ataque. La tensión es alta en el Caribe, con diversas teorías sobre la
posibilidad de lo que parece ser un asalto inevitable por parte de los Estados
Unidos y sobre la catástrofe social que tal ataque ocasionaría. La CARICOM, el
organismo regional de los países del Caribe, emitió un comunicado en
el que afirmaba su opinión de que la región debe ser una “zona de paz” y que
las disputas deben resolverse de forma pacífica. Diez exjefes de Gobierno de
los Estados del Caribe publicaron una carta en
la que exigían que “nuestra región nunca se convierta en un peón en las
rivalidades de otros”.
El ex primer
ministro de Trinidad y Tobago, Stuart Young, declaró el 21 de agosto: “La
CARICOM y nuestra región son una zona de paz reconocida, y es fundamental que
así se mantenga”. Trinidad y Tobago, dijo,
ha “respetado y defendido los principios de no intervención y no injerencia en
los asuntos internos de otros países, y con razón”. A primera vista, parece que
nadie en el Caribe quiere que los Estados Unidos ataque a Venezuela.
Sin embargo, la
actual primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar (conocida
por sus iniciales KPB), ha dicho abiertamente que apoya las acciones de los
Estados Unidos en el Caribe. Esto incluye el asesinato ilegal de ochenta y tres
personas en veintiún ataques
aéreos desde el 2 de septiembre de 2025. De hecho, cuando la
CARICOM publicó su declaración sobre la región como zona de paz, Trinidad y
Tobago se retiró de la declaración. ¿Por qué la primera ministra de Trinidad y
Tobago se ha opuesto a todos los líderes de la CARICOM y ha apoyado la aventura
militar de la administración Trump en el Caribe?
Patio trasero
Desde la
Doctrina Monroe (1823), los Estados Unidos ha tratado a toda América Latina y
el Caribe como su “patio trasero”. Los Estados Unidos ha intervenido en al
menos treinta de los treinta y tres países de América Latina y el Caribe (es
decir, el 90% de los países), desde el ataque estadounidense a las islas
Malvinas argentinas (1831-1832) hasta las actuales amenazas contra Venezuela.
La idea de la
“zona de paz” surgió en 1971, cuando la Asamblea General de la ONU votó a
favor de que el océano Índico fuera una “zona de paz”. En las dos décadas
siguientes, cuando la CARICOM debatió este concepto para el Caribe, los Estados
Unidos intervino, al menos, en la República Dominicana (después de 1965),
Jamaica (1972-1976), Guyana (1974-1976), Barbados (1976-1978), Granada
(1979-1983), Nicaragua (1981-1988), Surinam (1982-1988) y Haití (1986).
En 1986, en la
cumbre de la CARICOM celebrada en Guyana, el primer ministro de Barbados, Errol
Barrow, dijo:
“Mi postura sigue siendo clara: el Caribe debe ser reconocido y respetado como
una zona de paz… He dicho, y repito, que mientras sea primer ministro de
Barbados, nuestro territorio no se utilizará para intimidar a ninguno de
nuestros vecinos, ya sea Cuba o los Estados Unidos”. Desde que Barrow hizo ese
comentario, los líderes caribeños han afirmado puntualmente, frente a los
Estados Unidos, que no son el patio trasero de nadie y que sus aguas son una
zona de paz. En 2014, en La Habana, todos los miembros de la Comunidad de
Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) aprobaron una proclamación
de “zona de paz” con el objetivo de “erradicar para siempre la
amenaza o el uso de la fuerza” en la región.
Persad-Bissessar
o KPB ha rechazado este importante consenso entre las tradiciones políticas del
Caribe. ¿Por qué?
Traiciones
En 1989, el
líder sindical Basdeo Panday formó el Congreso Nacional Unido (UNC), una
formación de centroizquierda (cuyo antiguo nombre era Caucus por el Amor, la
Unidad y la Hermandad). KPB se unió al partido de Panday y ha permanecido en el
UNC desde entonces. A lo largo de su carrera hasta hace poco, KPB se mantuvo en
el centro del UNC, defendiendo políticas socialdemócratas y favorables al
bienestar social, tanto como líder de la oposición como en su primer mandato
como primera ministra (2010-2015). Pero incluso en su primer mandato, KPB
demostró que no se mantendría dentro de los límites de la centroizquierda, sino
que se inclinaría hacia la extrema derecha en una cuestión: la delincuencia.
En 2011, KPB
declaró el estado de emergencia para librar una “guerra contra la
delincuencia”. En su casa de San Fernando, Filipinas, KPB declaró a
la prensa: “La nación no debe ser rehén de grupos de matones empeñados en
sembrar el caos en nuestra sociedad”, “Tenemos que tomar medidas muy
enérgicas”, dijo, “medidas muy decisivas”. El gobierno detuvo a siete mil
personas, la mayoría de las cuales fueron puestas en libertad por falta de
pruebas en su contra, y la Ley Antipandillas del Gobierno no pudo ser aprobada:
se trataba de una política que imitaba a
las campañas contra los pobres del Norte Global. Ya en este estado de
emergencia, KPB traicionó el legado de la UNC, a la que arrastró aún más hacia
la derecha.
Cuando KPB
volvió al poder en 2025, comenzó a imitar a Trump con la retórica de “Trinidad
y Tobago primero” y con un lenguaje aún más duro contra los presuntos
traficantes de drogas. Tras el primer ataque estadounidense contra una pequeña
embarcación, KPB hizo una contundente declaración en
apoyo del mismo: “No siento ninguna simpatía por los traficantes, el ejército
estadounidense debería matarlos a todos violentamente”. Pennelope Beckles,
líder de la oposición en Trinidad y Tobago, dijo que,
aunque su partido (el Movimiento Nacional Popular) apoya las medidas enérgicas
contra el tráfico de drogas, dichas medidas deben ser “legales” y que KPB debe
retractarse de su “imprudente declaración”. En cambio, KPB ha reforzado su
apoyo a la militarización del Caribe por parte de los Estados Unidos.
Problemas
Sin duda,
Trinidad y Tobago se enfrenta a un complejo entramado de vulnerabilidad
económica (dependencia del petróleo y el gas, escasez de divisas, lenta
diversificación) y crisis sociales (delincuencia, desigualdad, migración,
exclusión de los jóvenes). Todo ello se ve agravado por la debilidad de las
instituciones estatales para ayudar a superar estos retos. La debilidad del
regionalismo aísla aún más a los países pequeños como Trinidad y Tobago, que
son vulnerables a la presión de los países poderosos. Pero KPB no solo está
actuando debido a la presión de Trump; ha tomado la decisión política de
utilizar la fuerza estadounidense para intentar resolver los problemas de su
país.
¿Cuál podría
ser su estrategia? En primer lugar, conseguir que los Estados Unidos bombardee
las pequeñas embarcaciones que quizá estén involucradas en las operaciones de
contrabando que se llevan a cabo en el Caribe desde hace siglos. Si los Estados
Unidos bombardea suficientes embarcaciones de este tipo, los pequeños
contrabandistas se replantearán el tránsito de drogas, armas y productos básicos
de consumo. En segundo lugar, utilizar la buena voluntad generada con Trump
para fomentar la inversión en la esencial pero estancada industria petrolera de
Trinidad y Tobago. KPB podría obtener beneficios a corto plazo. Trinidad y
Tobago necesita al menos 300 millones de dólares, si no 700 millones, al año
para el mantenimiento y la mejora de sus plantas petroquímicas y de gas natural
licuado (y luego necesita 5000 millones de dólares para el desarrollo de
yacimientos marinos y la construcción de nuevas infraestructuras). La enorme
inversión de ExxonMobil en Guyana (que, según los rumores, supera los 10.000
millones de dólares) ha llamado la atención de todo el Caribe, donde otros
países desearían atraer este tipo de inversiones. ¿Invertirían empresas como ExxonMobil
en Trinidad y Tobago? Si Trump quisiera recompensar a KPB por su untuosidad, le
diría al director ejecutivo de ExxonMobil, Darren Woods, que ampliara la inversión en
bloques de aguas profundas que su empresa ya ha realizado en Trinidad y Tobago.
Quizás el cálculo de KPB de dejar de lado las ideas de la zona de paz le
reporte algo más de dinero de los gigantes petroleros.
Pero, ¿qué
rompe esta traición? Sin duda, perturba aún más cualquier intento de construir
la unidad caribeña y aísla a Trinidad y Tobago de la sensibilidad caribeña más
amplia contra el uso de las aguas para enfrentamientos militares estadounidenses.
Hay problemas reales en Trinidad y Tobago: el aumento de la violencia
relacionada con las armas, el tráfico transnacional y la migración irregular a
través del golfo de Paria. Estos problemas requieren soluciones reales, no
fantasías de intervención militar estadounidense. Las intervenciones militares
estadounidenses no resuelven los problemas, sino que profundizan la
dependencia, aumentan las tensiones y erosionan la soberanía de todos los
países. Un ataque a Venezuela no va a resolver los problemas de Trinidad y
Tobago, sino que podría amplificarlos.
El Caribe tiene
que elegir entre dos futuros. Un camino conduce a una mayor militarización,
dependencia e incorporación al aparato de seguridad estadounidense. El otro
conduce a la revitalización de la autonomía regional, la cooperación Sur-Sur y
las tradiciones antiimperialistas que han sustentado durante mucho tiempo la
imaginación política del Caribe.
Fuente: Globetrotter
El Caribe se enfrenta a dos opciones: incorporarse al intento de EE.UU. de intimidar a Venezuela o construir su propia soberanía
El Caribe se enfrenta a dos opciones: incorporarse al intento de EE.UU. de
intimidar a Venezuela o construir su propia soberanía
Rebelion
02/12/2025
Fuentes: Voces
del Mundo [Foto: mapa del sur del Caribe, alrededor de la costa venezolana en
el que se muestra la isla La Orchila (GilPe – © CC BY-SA 2.0)]
El presidente
estadounidense Donald Trump ha autorizado que el
portaviones USS Gerald R. Ford se adentre en el Caribe. En
estos momentos navega por el norte de Puerto Rico, y se dispone a unirse
al USS Iwo Jim y otros navíos que amenazan con atacar
Venezuela. La tensión es alta en el Caribe, con diversas teorías sobre la
posibilidad de que se produzca lo que parece ser un ataque inevitable por parte
de EE. UU. y sobre la catástrofe social que tal ataque podría provocar.
CARICOM, el organismo regional de los países caribeños, emitió un comunicado en el que reafirmaba su
voluntad de que la región sea una “zona de paz” y que las disputas se resuelvan
de forma pacífica. Diez ex jefes de Gobierno de los Estados del Caribe
publicaron una carta en la que exigían que
“nuestra región no se convierta nunca en un peón en las rivalidades de otros”.
El ex primer ministro
de Trinidad y Tobago, Stuart Young, declaró el 21 de agosto: “La CARICOM y
nuestra región son una zona de paz reconocida, y es fundamental que así siga
siendo”. Trinidad y Tobago, afirmó, “ha respetado y defendido los
principios de la no intervención y no injerencia en los asuntos internos de
otros países, y por una buena razón”. A primera vista, parece que nadie en el
Caribe quiere que Estados Unidos ataque a Venezuela.
Sin embargo, la actual
primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar (conocida por sus
iniciales KPB), ha dicho abiertamente que apoya las acciones de Estados Unidos
en el Caribe. Esto incluye el asesinato ilegal de ochenta y tres personas en
veintiún ataques aéreos desde el 2 de septiembre de 2025. De hecho, cuando la
CARICOM publicó su declaración sobre la región como zona de paz, Trinidad y
Tobago se retiró de la declaración. ¿Por qué la primera ministra de Trinidad y
Tobago se ha opuesto a todos los líderes de la CARICOM y ha apoyado la aventura
militar de la administración Trump en el Caribe?
Patio
trasero
Desde la Doctrina
Monroe (1823), Estados Unidos ha tratado a toda América Latina y el Caribe como
su “patio trasero”. Ha intervenido en al menos treinta de los treinta y tres
países de América Latina y el Caribe (es decir, el 90% de los países), desde el
ataque estadounidense a las islas Malvinas argentinas (1831-1832) hasta las
actuales amenazas contra Venezuela.
La idea de la “zona de
paz” surgió en 1971, cuando la Asamblea General de la ONU votó a favor de que el océano
Índico fuera una “zona de paz”. En las dos décadas siguientes, cuando la
CARICOM debatió este concepto para el Caribe, Estados Unidos intervino, al
menos, en la República Dominicana (después de 1965), Jamaica (1972-1976),
Guyana (1974-1976), Barbados (1976-1978), Granada (1979-1983), Nicaragua
(1981-1988), Surinam (1982-1988) y Haití (1986).
En 1986, en la cumbre
de la CARICOM celebrada en Guyana, el primer ministro de Barbados, Errol
Barrow, declaró lo siguiente: “Mi postura
sigue siendo clara: el Caribe debe ser reconocido y respetado como una zona de
paz… He dicho, y repito, que mientras sea primer ministro de Barbados, nuestro
territorio no se utilizará para intimidar a ninguno de nuestros vecinos, ya sea
Cuba o Estados Unidos”. Desde que Barrow hizo ese comentario, los líderes
caribeños han afirmado puntualmente, frente a los Estados Unidos, que no son el
patio trasero de nadie y que sus aguas son una zona de paz. En 2014, en La
Habana, todos los miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y
Caribeños (CELAC) aprobaron una proclamación de “zona de paz” con el objetivo
de “erradicar para siempre la amenaza o el uso de la fuerza” en la región.
Persad-Bissessar o KPB
ha rechazado este importante consenso entre las tradiciones políticas del
Caribe. ¿Por qué?
Traiciones
En 1989 el líder
sindical Basdeo Panday formó el Congreso Nacional Unido (CNU), una formación de
centroizquierda (cuyo antiguo nombre era Caucus por el Amor, la Unidad y la
Hermandad). KPB se unió al partido de Panday y ha permanecido en el CNU desde
entonces. A lo largo de su carrera hasta hace poco, KPB se mantuvo en el centro
del CNU, defendiendo políticas socialdemócratas y favorables al bienestar
social, tanto como líder de la oposición como en su primer mandato como primera
ministra (2010-2015). Pero incluso en su primer mandato, KPB demostró que no se
mantendría dentro de los límites del centroizquierda, sino que se inclinaría
hacia la extrema derecha en una cuestión: la delincuencia.
En 2011 KPB declaró el
estado de emergencia para librar una “guerra contra el crimen”. En su casa de
San Fernando, Filipinas, KPB declaró a la prensa: “La nación no debe ser rehén
de grupos de matones empeñados en sembrar el caos en nuestra sociedad, tenemos
que tomar medidas muy enérgicas”, dijo, “medidas muy decisivas”. El Gobierno
detuvo a siete mil personas, la mayoría de las cuales fueron puestas en
libertad por falta de pruebas en su contra, y la Ley Antipandillas del Gobierno
no pudo aprobarse: se trataba de una política que imitaba las campañas contra
los pobres del Norte Global. Ya en este estado de emergencia, KPB traicionó el
legado del CNU, al que arrastró aún más hacia la derecha.
Cuando KPB volvió al
poder en 2025, comenzó a imitar a Trump con la retórica de “Trinidad y Tobago
primero” y con un lenguaje aún más duro contra los presuntos traficantes de
drogas. Tras el primer ataque estadounidense contra una pequeña embarcación,
KPB hizo una contundente declaración en apoyo del mismo:
“No siento ninguna simpatía por los traficantes, el ejército estadounidense
debería matarlos a todos violentamente”. Pennelope Beckles, líder de la
oposición en Trinidad y Tobago, dijo que, si bien su partido (el
Movimiento Nacional Popular) apoya las medidas enérgicas contra el tráfico de
drogas, dichas medidas deben ser “legales” y que la “declaración imprudente” de
KPB debía retirarse. No obstante, KPB ha reforzado su apoyo a la militarización
del Caribe por parte de Estados Unidos.
Problemas
Sin duda, Trinidad y
Tobago se enfrenta a un complejo entramado de vulnerabilidad económica
(dependencia del petróleo y el gas, escasez de divisas, lenta diversificación)
y crisis sociales (delincuencia, desigualdad, migración, exclusión de los
jóvenes). Todo ello se ve agravado por la debilidad de las instituciones
estatales para ayudar a superar estos retos. La debilidad del regionalismo
aísla aún más a los países pequeños como Trinidad y Tobago, que son vulnerables
a la presión de los países poderosos. Pero KPB no sólo está actuando debido a
la presión de Trump; ha tomado la decisión política de utilizar la fuerza
estadounidense para intentar resolver los problemas de su país.
¿Cuál podría ser su
estrategia? En primer lugar, conseguir que Estados Unidos bombardee las
pequeñas embarcaciones que quizá estén involucradas en las operaciones de
contrabando que se llevan a cabo en el Caribe desde hace siglos. Si Estados
Unidos bombardea suficientes embarcaciones de este tipo, los pequeños
contrabandistas se replantearán el tránsito de drogas, armas y productos
básicos de consumo. En segundo lugar, utilizar la buena voluntad generada con
Trump para fomentar la inversión en la esencial pero estancada industria
petrolera de Trinidad y Tobago. KPB podría obtener beneficios a corto plazo.
Trinidad y Tobago necesita al menos 300 millones de dólares al año, por no
decir 700 millones, para el mantenimiento y la mejora de sus plantas
petroquímicas y de gas natural licuado (y luego necesita 5.000 millones de
dólares para el desarrollo de yacimientos marinos y la construcción de nuevas
infraestructuras). La enorme inversión de ExxonMobil en Guyana (que, según los
rumores, supera los 10.000 millones de dólares) ha atraído la atención de todo
el Caribe, donde otros países desearían atraer este tipo de inversiones.
¿Invertirían empresas como ExxonMobil en Trinidad y Tobago? Si Trump quisiera
recompensar a KPB por su zalamería, le diría al director ejecutivo de
ExxonMobil, Darren Woods, que ampliara la inversión en bloques de aguas
profundas que su empresa ya ha realizado en Trinidad y Tobago. Quizás el
cálculo de KPB de dejar de lado las ideas de zona de paz le reportará más dinero
de los gigantes petroleros.
Pero ¿qué rompe esta
traición? Sin duda, perturba aún más cualquier intento de construir la unidad
caribeña y aísla a Trinidad y Tobago de la sensibilidad caribeña más amplia
contra el uso de las aguas para enfrentamientos militares estadounidenses. Hay
problemas reales en Trinidad y Tobago: el aumento de la violencia relacionada
con las armas, el tráfico transnacional y la migración irregular a través del
golfo de Paria.
Estos problemas
requieren soluciones reales, no las fantasías de una intervención militar
estadounidense. Las intervenciones militares estadounidenses no resuelven los
problemas, sino que profundizan la dependencia, aumentan las tensiones y
erosionan la soberanía de todos los países. Un ataque a Venezuela no va a
resolver los problemas de Trinidad y Tobago, sino que podría amplificarlos.
El Caribe tiene que
elegir entre dos futuros. Un camino conduce a una mayor militarización,
dependencia e incorporación al aparato de seguridad estadounidense. La otra
conduce hacia la revitalización de la autonomía regional, la cooperación
Sur-Sur y las tradiciones antiimperialistas que durante mucho tiempo han
sustentado la imaginación política del Caribe.
Vijay
Prashad es un historiador, editor y periodista indio. Es
miembro de la redacción y corresponsal-jefe de Globetrotter. Así
como editor-jefe de LeftWord Books y director del Tricontinental:
Institute for Social Research. Es miembro no residente del Instituto Chongyang de Estudios Financieros de
la Universidad Renmin de China. Ha escrito más de veinte libros, entre
ellos The Darker
Nations y The Poorer
Nations. El libro más reciente de Vijay Prashad (con Noam
Chomsky) es The
Withdrawal: Iraq, Libya,
Afghanistan and the Fragility of US Power (New Press,
agosto 2022).
Texto en inglés: CounterPunch.org, traducido
por Sinfo Fernández.