La coincidencia
entre la investidura del socialista Salvador Illa, tras 14 años de presidencias
independentistas de la Generalitat, con la tocata y fuga de Carles Puigdemont
en el Arco del Triunfo expresa el anómalo cierre del proceso soberanista.
TOPOEXPRESS
Incertidumbres en Catalunya
El Viejo Topo
20 agosto,
2024
Para navegar en
las procelosas aguas de la política catalana se ha de distinguir entre procés y
procesismo, así como entre catalanismo, independentismo y soberanismo. El
objetivo del independentismo, representado políticamente por Junts, ERC, CUP y
la ultraderechista Aliança Catalana, es la separación de España y la
constitución de la República catalana. Los soberanistas, representados antes
por ICV y ahora por los Comunes, defienden el referéndum de autodeterminación
sin que ello suponga apoyar la secesión. Históricamente, el catalanismo
defiende la singularidad política y cultural de Catalunya frente al centralismo
y propugna una reforma del Estado que reconozca su carácter plurinacional.
El procés soberanista
adquirió velocidad de crucero en 2012, tras el rechazo de Mariano Rajoy al
Pacto Fiscal de Artur Mas, calcado del Concierto Económico del País Vasco y
Navarra, y acabó con la aplicación del artículo 155 en octubre de 2017. El
procesismo empezó entonces y ha acabado ahora con la investidura de Illa; eso
sí, al precio de la “financiación singular” para Catalunya. Es decir, se vuelve
a la casilla de salida del procés, acaso para desactivar el “Espanya
ens roba”, una de las principales municiones para el ascenso del
independentismo de masas en esos años.
Ahora, el
movimiento independentista experimenta sus horas más bajas tanto desde el punto
de vista electoral como de capacidad de convocatoria. Sin embargo, se da la
paradoja de que cuanto menor es su fuerza electoral en Catalunya, mayor es su
capacidad de influencia en la escena política estatal. La continuidad de la
presidencia de Pedro Sánchez depende del apoyo de ERC, pero también de los
siete diputados de Junts. En cualquier caso, el movimiento independentista no
desaparecerá y continúa gozando de importantes apoyos políticos y sociales.
Pasqual
Maragall, primer presidente socialista de Cataluña tras 23 años de gobiernos
convergentes de Jordi Pujol, accedió al cargo en diciembre de 2003 mediante un
pacto tripartito con ERC e ICV con el objetivo estratégico de la malhadada
reforma del Estatuto de Autonomía que está en la génesis del procés soberanista.
De hecho, Catalunya es la única comunidad autónoma española cuyo Estatuto de
Autonomía en vigor no es el refrendado por la ciudadanía, sino el enmendado por
el Tribunal Constitucional (2010). José Luis Rodríguez Zapatero intentó una
fallida reforma del título VIII de la Constitución que, por lo que respecta al
Senado como cámara de representación territorial, continúa pendiente. El
Estatut catalán se llevó por delante esas improbables reformas en la estructura
del Estado que precisan del consenso del PP para implementarse. Además, una
reforma federal implicaría un compromiso de lealtad institucional por parte de
los partidos nacionalistas/independentistas que ahora resulta impensable. Aquí,
no hay más cera que la que arde.
El concierto económico
En su libro, El
Concierto Económico, Pedro Luis Uriarte, consejero de Economía y Hacienda
del primer gobierno vasco, ha explicado detalladamente en el capítulo V
titulado El ofrecimiento
de un concierto económico a Catalunya, los motivos por los
cuales los dirigentes de CiU rechazaron la oferta de Adolfo Suárez, en el marco
del debate de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas
(LOFCA), para que como los vascos y navarros dispusiesen de un concierto
económico. Una negociación de la que fue testimonio presencial entre junio y septiembre
de 1980, cuando se había aprobado l’Estatut de Sau y se habían celebrado las
primeras elecciones catalanas que otorgaron la presidencia de la Generalitat a
Jordi Pujol.
“Catalunya no aceptó el ofrecimiento que se le hizo desde el Gobierno de
UCD de contar con un concierto económico, por la falta de visión que
entonces tuvieron tanto el ‘president’ de la Generalitat, Jordi Pujol, como
su ‘conseller’ de Economía, Ramon Trias Fargas” –escribe Uriarte–. “Trias Fargas estaba convencido de que para
Catalunya era mejor tener un sistema de financiación que, aun dependiendo del
Estado, permitiera sacar más recursos negociando con el mismo. Consideraba que
el apoyo parlamentario del Grupo Nacionalista Catalán permitiría que esa vía
práctica fuera más provechosa para Catalunya y menos arriesgada que la del
Concierto, al no tener que correr con el riesgo de recaudación”. Muchos
años después, Artur Mas, reconoció en junio 2015, con motivo de la presentación
de la Agència Tributària de Catalunya, que “Aquello que se consideró de
segundo orden, subordinado, que era mucho más importante cualquier cosa antes
que una Hacienda propia, fue un error muy grande”.
La oferta de
Suárez indica que no existían entonces obstáculos constitucionales, ni de
equilibrio económico para la financiación de Catalunya y del resto de las
comunidades autónomas para implementar un Concierto Económico catalán. Con el
paso de los años, esta fórmula adquirió la denominación de Pacto Fiscal con
Artur Mas y Financiación Singular con ERC.
En otro orden de
cosas, con la perspectiva del concierto económico sobre la mesa, ERC compra el
tiempo que necesita para recomponerse después de las debacles electorales del
último ciclo electoral (municipales, generales, autonómicas y europeas).
Esquerra debe encarar el decisivo congreso de noviembre con una militancia
profundamente dividida como se comprobó en el ajustado resultado a la consulta
a las bases sobre la investidura de Illa. Además, en su pugna con Junts por la
hegemonía del independentismo, podrá argumentar que mientras Puigdemont no
consigue nada con sus performances, Esquerra ha conseguido dar satisfacción a
una de las reivindicaciones más sentidas del nacionalismo catalán.
A medio plazo,
no puede descartarse que entren en un gobierno de coalición tripartito con el
PSC primero los Comunes (herederos de ICV), lo que depende de cómo se resuelva
la gobernabilidad del Ayuntamiento de Barcelona, pendiente desde hace más de un
año. La entrada en el gobierno de Illa de dos consellers en la órbita de ERC en
materias tan sensibles como Cultura (Sònia Hernàndez) y la recién creada
Conselleria de Política Lingüística (Francesc Xavier Vila) hacen entrever que
ERC podría hacer lo mismo en función del resultado del congreso de noviembre.
Junts per Puigdemont
La tocata y
fuga de Puigdemont, digna de uno de los Episodios Nacionales de
Benito Pérez Galdós, se entiende en el contexto de los extraños avatares de la
aplicación de la ley de amnistía, negociada por Santos Cerdán hasta la última
coma con Junts precisamente para que pudiera serle aplicada. Éste fue el precio
para dar el sí a la investidura de Sánchez, como ahora el concierto económico
lo es para la de Salvador Illa. En efecto, si no fuese por la negativa del
Tribunal Supremo y otras instancias judiciales a aplicarle la amnistía,
Puigdemont hubiera podido volver libremente a Cataluña, como ha ocurrido con la
máxima dirigente de ERC Marta Rovira. Su fugaz aparición en Barcelona
manifiesta que, mientras no se resuelva su caso, no podrá darse carpetazo
definitivo al ciclo procesista. De hecho, es el último fleco que resta para
cerrar el procés soberanista.
Junts per
Catalunya es un abigarrado conglomerado de fuerzas de muy diversa procedencia y
cohesionado por la figura de Puigdemont, donde, para simplificar, conviven dos
vectores. Por un lado, el vector de carácter nacional-populista en el que
Puigdemont ejercería la función de líder carismático propia de estos
movimientos. Un sector representado por el expresident Quim Torra, Mirian
Noguera o Laura Borràs, hasta ahora mayoritario en la formación a tenor de los
resultados de la consulta para romper con el gobierno de coalición con ERC. La
entrada de Aliança Catalana en el Parlament tendrá un efecto sobre este sector
de Junts semejante al de Vox respecto al PP.
Por otro lado,
por parafrasear a Enric Juliana, está el gen convergente. De hecho, la matriz
política de Junts se halla en la antigua Convergència, fallidamente
reconvertida en PDeCat tras la confesión de Pujol. Un sector representado per
el exconseller de Economía, Jaume Giró, o Artur Mas, que está deseando retirar
de la circulación a Puigdemont tras rendirle todos los homenajes que hagan
falta. Ese sector necesita adaptarse al nuevo ciclo político, algo que está
esperando en candeletas, donde el irredentismo de Puigdemont resulta un
obstáculo insalvable y off de record expresan su malestar por el espectáculo
del Arco del Triunfo y el desprestigio provocado en los Mossos d’Esquadra. La
aplicación de la amnistía les habría solucionado este incómodo problema.
También son conscientes que no pueden oponerse al concierto económico, la gran
reivindicación de Artur Mas que señaló el pistoletazo de salida del procés
soberanista en septiembre de 2012 y ahora argamasa del pacto PSOE-PSC y ERC. El
fichaje de Miquel Sàmper (Empresa e Industria), ex conseller de Interior con
Quim Torra, expresa la táctica de hurgar en las divisiones entre los dos
vectores de Junts.
El caso
Puigdemont plantea un conflicto institucional de gran envergadura entre el
poder legislativo y el poder judicial, a propósito de la ley de amnistía, que
deberá ser dirimido por el Tribunal Constitucional. La actuación de jueces,
como García Castellón en el caso de Tsumani Democràtic, que imputa fantásticos
delitos de terrorismo para no aplicarle la amnistía, resultan inadmisibles.
Unas actuaciones que desbordan el marco constitucional atribuido al poder
judicial, a quien corresponde aplicar las leyes aprobadas por las Cortes
surgidas del voto popular.
Izquierda española y modelo de Estado
Tras la enorme
polémica generada por la ley de amnistía, que como ha demostrado Puigdemont
sigue viva, el gobierno de coalición PSOE y Sumar tiene pendiente una enorme
tarea de pedagogía política para explicar el concierto económico catalán. La
cuestión de la “financiación singular” ha abierto la caja de Pandora de
agravios comparativos con el resto de las comunidades autónomas, en su mayoría
gobernadas por el PP, pero también en amplios sectores del PSOE y de sus socios
de legislatura como los valencianos de Compromís.
En las jornadas
de septiembre y octubre de 2017 se planteó en Catalunya la mayor crisis
política e institucional desde la reinstauración de la democracia durante la
cual la sociedad catalana experimentó una extrema polarización entre
partidarios y contrarios a la secesión. Ante todo, habríamos de evaluar qué
factores, y en qué proporción, han incidido en la caída del voto
independentista en el último ciclo electoral ¿Los efectos de la represión
policial y judicial frente a quienes rompieron con el orden constitucional?
¿Las mentiras y promesas incumplidas de los líderes políticos del procés? ¿La
lucha fratricida entre Junts y ERC por la hegemonía del movimiento? ¿Las
concesiones políticas y las medidas de gracia del gobierno español como los
indultos, la reforma del Código Penal o la Ley de Amnistía?
La crisis
catalana ha desnudado a la izquierda política española, incapaz de elaborar un
modelo de articulación territorial del Estado alternativo al de los partidos de
izquierda y derecha de las “nacionalidades históricas” (inmersas en sus
proyectos de construcción nacional) de los cuales depende su mayoría
parlamentaria. También, frente al PP y Vox, guardianes de las esencias del
nacionalismo reaccionario y centralista español. Esa ausencia de proyecto
alternativo federal (PSOE) o confederal (Sumar), unida a la relación de
dependencia política de sus alianzas con las formaciones independentistas,
nacionalistas o regionalistas y las contradicciones del modelo autonómico abren
de par en par las puertas a toda suerte de mercadeos que aparecen como moneda
de cambio de presidencias de gobiernos desde los lejanos tiempos de los Pactos
del Majestic.
Hasta la fecha,
los socialistas no se han presentado ante el electorado –más allá de
declaraciones teoréticas como las de Granada o Barcelona– con un programa
articulado de reformas sobre la cuestión territorial de carácter federal o
federalizante. Se ha transmitido el mensaje que son concesiones a los
independentistas catalanes, otorgándoles todo lo que antes se decía imposible,
con el único objetivo de mantenerse a cualquier precio en el poder. Quizás haya
llegado el momento de poner sobre la mesa cuál es su modelo de Estado y el
encaje de Cataluña en éste.
Balón de oxígeno
Desde el punto
de vista político, la ruptura de las mayorías absolutas independentistas en el
Parlament y la investidura de Salvador Illa suponen para Pedro Sánchez un
auténtico balón de oxígeno, en la medida que avalan las medidas de gracia y las
concesiones políticas como la cesión de cercanías de Renfe o la promesa del
concierto económico. Mientras la política inmovilista y represiva de Mariano
Rajoy fue una fábrica de independentistas, con dos consultas secesionistas y
una declaración unilateral de independencia, la táctica de concesiones de
Sánchez ha culminado con el premio de la presidencia de la Generalitat.
Entre la
ciudadanía catalana (indepe y no indepe) existe un gran hartazgo por las
convulsiones, los giros de guion, las jugadas maestras, los disturbios o las
performances como la última de Puigdemont. La figura sobria de Illa con aspecto
de funcionario o contable de una empresa, avalada por la gestión en el
ministerio de Sanidad durante la pandemia, conecta con ese deseo profundo de
pasar página y retornar a una cierta normalidad política tras el ciclo
procesista.
La estabilidad
de las presidencias socialistas en Madrid y Barcelona, inédita desde los
tiempos de Zapatero y Maragall, depende de la aplicación de la ley de amnistía
a Puigdemont (Junts tiene que sostener a Sánchez hasta entonces) y de la
viabilidad política de la “financiación singular” catalana (ERC necesita
comprar tiempo para recomponerse). Queda, por parte de la izquierda española en
el poder, la elaboración de una propuesta política de articulación territorial
del Estado con la experiencia acumulada por décadas de funcionamiento del
Estado de las Autonomías y la crisis catalana.
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