Se avecina un nuevo golpe al sistema público de pensiones
Una política
que golpea con especial intensidad a las mujeres trabajadoras, con vidas
laborales más cortas
Diario Octubre Publicado
el 21 Dic, 2020
El Congreso de los Diputados
ha aprobado el informe de evaluación y reforma del Pacto de Toledo el pasado 19
de noviembre. A partir de ahora se inician las negociaciones con patronal y
sindicatos para tratar de alcanzar un acuerdo que culmine en una nueva reforma
del sistema público de pensiones.
A pesar del rechazo a los
votos particulares presentados por algunos grupos parlamentarios, una mayoría
de 262 diputados ha dado su respaldo a las nuevas propuestas realizadas por la
Comisión del Pacto de Toledo. Tanto los partidarios de una gestión liberal del
capitalismo (PP y Cs) como los integrantes del gobierno socialdemócrata (PSOE y
Unidas Podemos) siguen una línea que se mantiene invariable:
Ampliación del periodo de
cómputo y retraso de la edad legal de jubilación
El aumento progresivo de la
edad legal de jubilación de los 65 a los 67 años, aprobada por el Gobierno de
Zapatero en 2011, tuvo su correlato en un progresivo incremento del periodo de
cotizaciones tomado en cuenta para el cálculo de las pensiones que en el año
2022 alcanzará los 25 años; a pesar de que son plenamente conscientes de que
aumentar el periodo de cálculo implica una reducción general de las pensiones
medias.
Se trata de una política que
golpea con especial intensidad a las mujeres trabajadoras, con vidas laborales
más cortas, especialmente afectadas por el trabajo a tiempo parcial y la
temporalidad y empleadas mayoritariamente en sectores con una menor
remuneración.
Devaluación de las pensiones
públicas y pensionistas pobres
En los propios votos
particulares al informe aprobado se calcula que incrementar 5 años el periodo
de cálculo supondría una reducción de las pensiones medias de un 6%, lo que
junto a la ampliación de la edad legal de jubilación a los 67 años, que es el objetivo
situado para el año 2027 para quienes no hayan cotizado un mínimo de 38 años y
6 meses, supondría una reducción aproximada de la pensión de jubilación de un
10% y alcanzaría un 26% en caso de computar el conjunto de la vida laboral.
Esta tendencia, compartida por
tirios y troyanos, en ningún caso es compensada por la posibilidad de elegir
por parte del trabajador los 15-25 años más favorables para el cálculo de la
pensión, en un país azotado por niveles de desempleo medio del 17% desde 1980 y
en el que la temporalidad, la contratación a tiempo parcial y los bajos
salarios son la norma. Tampoco compensa tal tendencia el hecho de que se
acuerde incrementar las pensiones conforme al IPC, en un país en el que el 77%
de los pensionistas no llegan a mileuristas y en el que, en muchos casos, son
varias generaciones las que dependen de una sola pensión para subsistir.
Un sistema complementario
basado en los fondos y planes privados de pensiones
La constante política de
recortes en el ámbito de las pensiones, golpeadas una vez tras otra, supone que
la pensión media en España alcance tan solo un 70% de la pensión media en la
UE-15, con un gasto 9% del PIB frente el 12% de la UE-15.
La sostenibilidad del sistema
es el viejo argumento esgrimido en defensa de estas políticas. Pero,
contradictoriamente, el informe aprobado sigue defendiendo los incentivos a la
contratación, esto es, las bonificaciones y reducciones de las cotizaciones a
cargo de las empresas.
Como consecuencias de estas
políticas, en nuestro país el 40% de los jubilados son pobres. Pero en vez de
atajar de raíz esta situación, se han puesto de acuerdo para profundizar en
ella. De ahí que ante la devaluación de las pensiones públicas se opta por un
sistema complementario basado en los fondos y planes de pensiones privados, lo
que supone un colosal beneficio para el capital financiero.
No es demografía, es lucha de
clases
El argumento de la
insostenibilidad de las pensiones, basado en el aumento de la esperanza de
vida, esconde un claro interés clasista. Vivimos más y también tenemos la
capacidad de producir más. El problema es que el producto social creado por el
trabajo de nuestra clase obrera no se dirige a la satisfacción de las
necesidades sociales, sino a incrementar las inmensas riquezas de un puñado de
multimillonarios.
Se puede y se debe construir
un sistema distinto. Durante el siglo XX la construcción socialista en la Unión
Soviética demostró esa posibilidad implantando la edad legal de jubilación de
las trabajadoras con 20 años de vida laboral en los 55 años y la de los
trabajadores en los 60 años tras 25 trabajados.
No queremos engrosar los
beneficios parasitarios de unos pocos cargando a cuestas una mochila austriaca
en la que, tras toda una vida encadenados a la esclavitud asalariada, sólo quede
hambre y miseria. Queremos y podemos producir para satisfacer las necesidades
populares y no el beneficio capitalista de unos pocos. Queremos y podemos
reducir la jornada laboral y acortar la edad de jubilación. Queremos y podemos
garantizar unas condiciones de vida plenas a quienes han entregado toda su vida
al trabajo. Pero, para eso, debemos rechazar la propuesta unificada del poder
capitalista y luchar contra ella y contra ellos. Es la lucha de clases.
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