Los tiempos difíciles no son
los que van a venir. El presente ya es difícil, con una clara tendencia a
empeorar, cuyo empeoramiento va a venir determinado por el grado de ignorancia
personal que podamos demostrar.
Por ejemplo, sino tenemos
meridianamente claro que es una coyuntura política; si no sabemos diferenciar
el desarrollo económico del crecimiento económico; si no sabemos que es el dinero
y que es el capital, cómo se forma uno y otro; si no sabemos que es una clase
social y una fracción de clase; si no sabemos diferenciar la conciencia de
clase del instinto de clase; si no sabemos diferenciar un modo de producción de
una formación social concreta; si no sabemos cuál es la diferencia entre el
gasto social del que tanto nos hablan de un gasto doméstico; si no sabemos
diferenciar el Estado del Gobierno; si
no sabemos que significa la competencia; si no sabemos que es un proceso de
producción y que es un proceso de trabajo; si no sabemos qué son las relaciones
sociales de producción; si seguimos confundiendo un estado democrático social
de derecho de un estado democrático a palo seco, sin calificativos; si no
sabemos diferencias una idea de una creencia ni la ideología de una teoría, si
no sabemos cómo es una realidad concreta cómo sabremos lo que conviene hacer o
no hacer en esa realidad concreta, en suma, si no sabemos que es el
materialismo histórico y qué es el materialismo dialéctico…, cómo vamos poder hacer
una análisis de una realidad concreta, y si no podemos hacer esto, que debería
ser ELEMENTAL para un militante de
izquierdas, en base a qué nos podremos definir como gentes de izquierdas. Leer, entender lo
leído; estudiar, meditar, discutir, discutir, discutir, no es vital, en caso
contrario estaremos más perdidos que el barco del arroz (el barco del arroz era
un barco que llegaba a mi pueblo en los años patrios de la unidad nacional
después de la guerra incivil de 1936, lo cargaba, y después, ni su puta madre
sabía donde había ido aquel arroz).
* * *
Nota de Prensa Plataforma Interna de Opinión PCE sobre
acuerdo de coalición PSOE-UP.
DAIRIO OCTUBRE / enero 11, 2020
PLATAFORMA
INTERNA DE OPINIÓN
«POR EL RESPETO Y APLICACIÓN DEL XX CONGRESO»
LA LEGALIDAD
PARTIDARIA Y EL ACUERDO PSOE-UNIDAS PODEMOS FRENTE AL FASCISMO, MOVILIZACIÓN
SOCIAL Y POLÍTICA
La Constitución
del 78 establece que la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que
emanan los poderes del Estado. Entre otras funciones, el Congreso de los
Diputados ostenta la potestad legislativa y sus miembros se eligen por sufragio
universal.
La correlación
de fuerzas en el seno del Parlamento burgués no siempre se corresponde con la
correlación de fuerzas en la sociedad. Puede que en sede parlamentaria se
contabilice un mayor número de escaños demócratas elegidos por sectores de la
clase trabajadora y de las capas populares, frente a los que ocupan las fuerzas
reaccionarias. Sin embargo, en la realidad social sobre la que opera el mecanismo
del sufragio universal, la correlación de fuerzas puede ser en ocasiones más
favorable a las fuerzas de la derecha y de la extrema derecha en detrimento de
las que en sentido contrario han obtenido mayor apoyo electoral en sede
parlamentaria.
La correlación
de fuerzas determinante no es la que se expresa mediante el sufragio universal,
sino la que se deriva de la lucha de clases en el seno de la sociedad. En
último término la ley es la expresión de la voluntad de las clases que han
logrado la victoria y mantienen en sus manos el poder del Estado.
Los y las
comunistas debemos partir siempre del análisis de la realidad concreta y en tal
sentido reconocer que en nuestro país la correlación de fuerzas en el Parlamento
actual es muy diferente a la correlación de fuerzas en la lucha de clases en el
seno de la realidad social de hoy. En este último ámbito, la derecha y la
extrema derecha cuentan con un poder innegable: el alto mando militar, las
altas instancias judiciales, el funcionariado de mayor rango de la
Administración y los medios de comunicación, además claro está, del inequívoco
apoyo y respaldo de la oligarquía, los terratenientes, el Ibex 35, las
instancias superiores de la Iglesia Católica, la dinastía borbónica y desde
luego la OTAN y el imperialismo, entre otros. Este poder exacerbado y bravucón
es sobre todo consecuencia de las limitaciones profundas del régimen
postfranquista del 78 y de la influencia siempre negativa del oportunismo en el
seno del movimiento obrero, en las masas populares y en sus organizaciones.
Por contra, la
clase trabajadora y los sectores populares cuentan en España con escasa
organización y capacidad de movilización hoy en día. El oportunismo ha hecho
estragos en las organizaciones sindicales mayoritarias controladas en la
actualidad por dirigentes entregados al gran capital. Sus ideas también han
penetrado en las demás organizaciones sociopolíticas y en el conjunto de la
sociedad a través de la lucha ideológica. No menos daño ha sido el provocado en
nuestra propia organización comunista, hoy enclaustrada, y con sus dirigentes a
remolque de la socialdemocracia de Unidas Podemos y realizando solo políticas
de corte electoralista, con abandono de la lucha de masas junto con la del sindicalismo
de clase y combativo.
Teniendo en
cuenta esta concreta correlación de fuerzas tan desfavorable a la clase
trabajadora y masas populares unida a las profundas limitaciones de la
socialdemocracia del PSOE, incapaz de llevar a cabo otras políticas que no sean
neoliberales, ¿la participación comunista en el Gobierno de coalición es lo que
procede en estos momentos? ¿No quedaría entonces atado el PCE a las políticas
del PSOE contrarias a los intereses obreros y populares sin capacidad para
promover y organizar la movilización social? ¿No es acaso imprescindible las
más amplia movilización y organización popular para hacer realidad las
propuestas progresistas del pacto de gobierno que precisan romper con el techo
presupuestario que ha hecho suyo el PSOE? ¿No será preciso para lograr estos
objetivos empezar a remover las estructuras del viejo régimen postfranquista?
Los y las
comunistas ¿no deberíamos ser conscientes de que la participación comunista en
el Gobierno de coalición nos haría corresponsables de las previsibles políticas
antipopulares del PSOE que nos impediría llevar a cabo una labor de oposición y
defensa consecuente de los intereses obreros y populares tanto dentro del
Parlamento como fuera de él? Al mismo tiempo ¿no nos restaría fuerzas para
combatir la amenaza real y cierta del fascismo y sus aliados?
Otra cosa es
que, como decisión táctica, otorguemos el voto de investidura al PSOE. La
legalidad partidaria aconseja en estos momentos que el PCE haga esta
concesión táctica que contribuya a impedir un Gobierno reaccionario. Pero
esta licencia no puede entenderse de ningún modo como condescendencia al
programa socialdemócrata del PSOE.
Enrique
Santiago, secretario general del PCE, a propósito de este Pacto de Gobierno que
apoya, pero sin que lo haya decidido de manera democrática la militancia
comunista, ha expuesto en redes sociales que «el acompañamiento social y
popular al Gobierno de coalición es la garantía de cumplimiento del nuevo
acuerdo para España.»
Desde luego que
si el nuevo Gobierno de coalición emprende el camino de una defensa consecuente
del programa de gobierno materializando las medidas progresistas que recoge,
sin duda alguna que los y las comunistas apoyaremos tales iniciativas desde la
más amplia movilización social y popular. Pero si este nuevo Gobierno se aparta
de los compromisos adquiridos e implementa medidas neoliberales contrarias a
los intereses obreros y populares, la militancia comunista y el PCE como
organización ¿pueden acompañar entonces a un Gobierno socialdemócrata
que hace y lleva a cabo políticas acordes a los intereses de la oligarquía y
del imperialismo?
Por otra parte,
los aspectos positivos formulados en propuestas concretas son pocos en este
Pacto de Gobierno. Abundan las ofertas genéricas, vacías de contenido que lo
convierten en un libro de buenas intenciones y poco más. El uso intensivo del
indicativo de futuro es agobiante. Así los vocablos «impulsaremos» 48 veces,
«elaboraremos» 13 veces, «promoveremos» 18 veces, «garantizaremos, 11 veces, etc.
aparecen en los 49 folios del Pacto.
Son
precisamente las pocas propuestas concretas y no ambiguas que podemos calificar
de positivas aquellas que han sido precedidas por movilizaciones populares o
han provocado alarma social las que ahora obligan a la socialdemocracia a
transformarlas en compromisos de un contenido más cierto y exigible. Ocurre así
con el tema de Cataluña en donde se suscribe un compromiso de abordar «el
conflicto político catalán, impulsando la vía política a través del diálogo, la
negociación y el acuerdo entre las partes que permita superar la situación
actual», en el tema de las pensiones cuando consta la obligación de «revalorización
conforme al coste de la vida», el relativo a la violencia machista
con una manifestación inequívoca de blindar por ley el «solo sí es sí»,
con la aplicación de la ultraactividad de los convenios colectivos y la
supremacía de la negociación colectiva sectorial a la del ámbito de empresa.
Todas las demás
cuestiones que aborda el Pacto de Gobierno quedan en promesas vacuas que solo
podrían materializarse con el impulso de amplias movilizaciones populares.
Estas serán de apoyo al nuevo Gobierno si de verdad pone toda su voluntad en
llevarlas a cabo. Pero deberán ser contra este si vuelve a dar la espalda a la
clase trabajadora y a las masas populares. Es esta la tarea que nos imponen los
Estatutos y el Programa Político de nuestra organización y que la Plataforma
Interna de Opinión «Por el respeto y aplicación del XX Congreso» hace
suya.
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