Para entender la destrucción
del sistema sanitario público
DIARIO OCTUBRE / octubre 29, 2025
Al hilo de las noticias que se vienen sucediendo en los últimos años, en diferentes puntos del Estado, relacionadas con el deterioro del sistema sanitario, es necesario recordar algunas premisas para entender la situación en la que nos encontramos.
Los sistemas nacionales de salud (SNS) solo existen, desde hace unas pocas décadas, en un puñado de países del Norte, la inmensa mayoría de países nunca han dispuesto de ello. En lo que respecta a Europa occidental el primero fue el NHS, creado en Gran Bretaña a la salida de la Segunda Guerra Mundial. En el caso del Estado español, hasta 1986 con la Ley General de Sanidad, no se conformó un sistema de atención universal, lo que explica su escaso desarrollo respecto al resto de países de nuestro entorno. Los SNS fueron creados por los estados, en un momento histórico caracterizado por un gran crecimiento económico, necesidad de mano de obra sana, disponibilidad de combustibles fósiles baratos, y no lo olvidemos, altas cotas de apropiación de las riquezas del Sur Global. Por tanto, respondían a unas necesidades determinadas que no se producen en estos momentos.
En nuestro
caso, la propia Ley General de Sanidad de 1986 ya incluía el veneno de
la destrucción del SNS, al permitir, sin ningún tipo de control, el
traspaso de actividad, vía conciertos, a los centros privados (artículos 67
y 90). La aprobación posterior de la Ley 15/97 para poder
transferir la totalidad de la atención de centenares de miles de personas (áreas
sanitarias enteras) a empresas con ánimo de lucro completó la jugada.
En cierto sentido, hemos dispuesto de un sistema que no tuvo tiempo de desarrollarse ya que las olas privatizadoras comenzaron a llegar a pocos años de su creación. Lo cierto es que el proceso de destrucción del sistema sanitario es un asunto de estado en el que están de acuerdo todos los partidos políticos. Simplemente se reparten los papeles. Los gobiernos “progresistas” (llevamos tres legislaturas de “izquierdas”, no lo olvidemos) prometían con la boca pequeña acabar con la privatización sanitaria cuando estaban en la oposición, pero cuando llegan al poder mantienen vigentes las leyes que permiten su destrucción (y la Ley Mordaza, por cierto), y los gobiernos de derechas simplemente hacen lo que la legislación les permite. Nada ilegal desde el punto de vista jurídico, como ha determinado hasta el propio Tribunal Constitucional, simplemente distribución de tareas. Prueba de ello fue la ILP para rescatar al sistema sanitario, que la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad lanzó en 2021 y que fue boicoteada por todos los partidos de la «izquierda del capital», una auténtica prueba del algodón.
La situación,
por tanto, es grave, pero no parece que por la vía de movilizar a la población
con eslóganes vacíos del tipo « la sanidad no se vende, se defiende » , que
sustituyeron a los más radicales « PSOE, PP la misma mierda es »; « Derogación 15/97 y rescate
de lo privatizado » o « El PP privatiza,
el PSOE autoriza »; que guiaban las movilizaciones previas
al nacimiento de la primera marea blanca en 2012 (nacimiento tardío, cuando ya
estaba privatizada gran parte de la red en varias CCAA), se vayan a conseguir
avances reales.
Sin embargo, aunque es menos conocido, históricamente han existido otros modelos de atención en los que las posibilidades de participación en la gestión por parte de los usuarios eran reales. A finales del siglo XIX y principios del XX, en un contexto de falta de cobertura de necesidades sanitarias mucho peor que el actual, los trabajadores fueron capaces de crear «sociedades de socorros mutuos» o «friendly societies», sobre todo en las zonas más industrializadas de Europa (incluida España) y América del Norte. Por poner un ejemplo, hacia 1920 más de una cuarta parte de los adultos estadounidenses eran miembros de una de estas sociedades fraternales, siendo las cifras aún mayores en Gran Bretaña y Australia. Estas sociedades funcionaban como una especie de compañía de seguros de autoayuda, cubriendo por lo general desde el fallecimiento, hasta el accidente laboral y la asistencia sanitaria del trabajador y sus allegados. Algunas de ellas eran gestionadas íntegramente por y para mujeres, otras por organizaciones obreras, contando con sistemas de gestión democráticos, nada que ver con lo que nos iban a deparar los futuros sistemas estatales de salud. Tanto el establishment médico, como el Estado nunca vieron con buenos ojos estos sistemas, ya que promovían la autonomía obrera, y realizaban un control de los costes, por lo que se centraron en destruirlos o absorberlos y vaciarlos de cualquier mecanismo de gestión democrática.
Es por ello por
lo que, entendiendo el sufrimiento de miles de personas en este momento, debido
a la falta de atención sanitaria en tiempos aceptables, que en muchas ocasiones
está provocando hasta muertes prevenibles, defendemos que la solución no es
mayor inversión, ya que acabará en los bolsillos del sector privado. Tampoco
«más Estado» como defienden los sectores de la izquierda del
capital, que ahora mismo nos gobiernan a nivel central, ya que ello se concreta
en más gasto militar, más beneficios para la banca y las eléctricas, más
incremento de la desigualdad social, más reforzamiento de sectores
innecesarios, más nocividades, en definitiva, más crecimiento y huida hacia
delante en un planeta con límites biofísicos perfectamente conocidos.
Ante esta
situación, no debemos renunciar y es vital seguir luchando para que no
acaben de desmantelar el sistema sanitario, pero sabiendo que los responsables
de su destrucción son todos ellos, por acción o por omisión. Aceptando también
que el sistema actual responde en parte a intereses del complejo medico
industrial (incluido el farmacológico) y no a las necesidades de la
población. Pero es ese sistema, o sus restos, el que tendremos
que gestionar en contextos futuros de crisis, cuando la solidaridad desde abajo
hace acto de presencia. Debemos de recuperar la historia de los explotados y
los excluidos, y reivindicar que, si ellos fueron capaces de articular
experiencias de atención sanitaria al margen del Estado, gestionadas
democráticamente, como no hace mucho, en plena crisis de 2012 nos demostraron
los compañeros griegos, también podremos hacerlo nosotros. Lo que es
indiscutible, a la luz de la historia, es que la única posibilidad de lograr un
sistema sanitario que atienda a todas las personas adecuadamente y actúe contra
los determinantes sociales, económicos y medioambientales del proceso salud
enfermedad, en lugar de servir a los intereses del mercado, pasa por su
democratización real y la mayor descentralización posible para que la población
se implique en la actuación contra dichos determinantes.
Juan Antonio
Gómez Liébana
27/10/2025
Vía:insurgente.org
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