Los retos medioambientales,
sociales y comerciales del sector agropecuario europeo
Rebelion
29/02/2024
Fuentes: The
Conversation
Alimentar a una
población mundial en rápido crecimiento todavía es un reto. La producción de
alimentos con métodos intensivos sigue contaminando el aire, el agua y el
suelo, contribuye a la pérdida de biodiversidad y al cambio climático y consume
excesivos recursos naturales. Paradójicamente, una parte importante de esos
mismos alimentos se
desperdician.
La agricultura se
enfrenta a desafíos nunca vistos y la adaptación a los cambios en ciernes
requiere de la ayuda de la ciencia y la tecnología.
Compromiso con el clima
La obligación
de cumplir con los compromisos internacionales adquiridos tras el Acuerdo de
París (2015) llevó a la Unión Europea a desarrollar, en 2018,
un reglamento para regular la
contabilidad de gases de efecto invernadero (GEI) en tierras
forestales y de cultivo, pastizales, humedales, asentamientos y otras tierras.
Es lo que se conoce en el mercado de emisiones de carbono como sector del uso
de la tierra, cambio de uso de la tierra y sector forestal (UTCUTS, en
inglés LULUCF).
La UE acordó
que las emisiones del sector agropecuario y forestal (que se contabilizan con
signo positivo) no debían exceder las reducciones o secuestro de
carbono (llevadas a cuenta con signo negativo) del conjunto de las tierras
UTCUTS en los dos subperiodos de compromiso establecidos (2021-2025 y
2026-2030).
Sin embargo, en
2021, el Parlamento y el Consejo europeos modificaron
este reglamento cambiando el enfoque: de buscar el equilibrio
entre emisiones y absorciones en el sector UTCUTS se pasó al objetivo de
aumentar las absorciones.
De este modo,
se marcaron metas más
ambiciosas. Para 2030, – 310 millones de toneladas
equivalentes de CO₂ de eliminación neta para toda la Unión, de
los que a España le corresponderían – 43 635
kilogramos de toneladas equivalentes de CO₂. Esta modificación del
reglamento entró en vigor en mayo de 2023.
Dado que los
sectores agropecuario y forestal pueden ser tanto emisores como mitigadores de
gases de efecto invernadero, este nuevo reto exigirá a la Unión una mayor
efectividad y contundencia en las actividades para la eliminación del carbono
en dichos sectores. Todavía no se conoce la metodología que va a aplicar la UE
para la certificación de la agricultura
del carbono, esto es, la enfocada en la reducción de las
emisiones.
Las dos caras del campo europeo
A nivel
europeo, se observa una dualidad en el sector agropecuario. Por un lado, están
las explotaciones más dinámicas, que tienden a la concentración y a conformar
unidades grandes y muy productivas. Por el otro, están las más pequeñas, que
tienen más complicado superar su atomización, afrontar los mayores costes de
producción que esto conlleva y, al mismo tiempo, cumplir con las normas
ambientales y la burocracia añadida por la nueva Política Agraria Común (PAC).
Las pequeñas y
medianas explotaciones son las que tienen más complicado ser competitivas y
viables, y corren el riesgo de quedar marginadas. Son, por tanto, las que más
necesitan asesoramiento, transferencia de conocimientos y tecnología, y
financiación adecuadas para adaptarse a la transición verde.
Los otros retos del campo europeo
Desde 2005 la
UE ha perdido alrededor de un tercio de
sus explotaciones agrícolas. Esto ha hecho que la proporción
de personas
empleadas en la agricultura haya caído del 6,4 % del
empleo total de la UE en 2005 al 4,2 % en 2020. Además, está el problema
del relevo generacional. En 2020, sólo uno de cada diez agricultores tenía
menos de 40 años.
En este
contexto, es importante que los jóvenes se incorporen al sector para asegurar
la producción sostenible de alimentos. En la práctica, esto significa abordar
los retos del acceso a la tierra y a la financiación, la educación y la
formación.
Fiscalidad verde
El Pacto Verde
Europeo busca adecuar la
tributación sobre los productos energéticos y la electricidad a
las políticas en materia de energía, medio ambiente y clima. Con este fin,
aboga por la revisión de
la directiva sobre fiscalidad de la energía, racionalizando el uso
de las exenciones y reducciones fiscales a los Estados miembros.
En este
contexto se enmarcan la eliminación del subsidio al diésel o la introducción de
un impuesto a los vehículos agrícolas, así como la pretendida eliminación
gradual de la subvención del gasóleo agrícola. Estas medidas, entre otras
razones, han movilizado, a comienzos de 2024, a los
agricultores europeos.
En España, ante
las protestas del sector agrícola de las últimas semanas, el Gobierno se ha
comprometido a mantener la
exención del impuesto especial de hidrocarburos para el gasóleo
profesional de uso agrícola.
Campo enfurecido
El descontento
del sector agrícola europeo con los acuerdos de libre comercio tiene bases
fundadas. Las importaciones desde países no pertenecientes a la UE, con
normativas legales menos estrictas, no cumplen las normas de producción
europeas en cuestiones como el bienestar animal, el uso de pesticidas o el
cambio climático.
En este
contexto, los mercados globalizados se convierten en escenarios injustos pues
no se puede exigir a los países extracomunitarios el cumplimiento estricto de
la normativa europea por las posibles reclamaciones ante la Organización
Mundial del Comercio.
Control de daños
De manera
gradual y dialogada, se está poniendo en marcha el Mecanismo de
Ajuste en Frontera por Carbono (Carbon Border Adjustment
Mechanism, CBAM).
Este mecanismo se aplicará inicialmente solo a algunos de los bienes que se
comercian en el mercado de derechos de emisión de carbono de la UE. Se trata de
productos con alto riesgo de fuga de carbono (hierro y acero, cemento,
fertilizantes, aluminio y producción de electricidad).
Los
importadores empezarán a pagar el ajuste financiero en 2026 pues la aplicación
del CABM al sector agropecuario es compleja, requiere de más análisis y no
parece factible su implementación a corto plazo.
Agricultores y
ganaderos hacen su trabajo de producir alimentos pero, a medida que aumentan
las exigencias medioambientales y se endurece la competencia, su actividad se
convierte en un reto cada vez mayor por lo que requerirán de más apoyo de las
instituciones en aspectos como la transferencia, el asesoramiento y la
financiación.
Inmaculada
Astorkiza. Investigadora en Economía de Recursos Naturales y Medio
Ambiente. Facultad de Economía y Empresa, Universidad del País Vasco / Euskal
Herriko Unibertsitatea
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