¿ES UNA TRAMPA LA «MESA
PARA LA RECONSTRUCCIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA» QUE PROPONE EL GOBIERNO?
¿A QUIEN BENEFICIARÁ
REALMENTE? El Partido de los Trabajadores de España (PTE), se dirige al pueblo español,
con el objetivo de explicar y aclarar en nuestra opinión, lo que suponen “estos
pactos” desde el punto de vista político, social y económico y dejar clara
nuestra postura. Ante la crisis de la pandemia por el COVID-19, el Gobierno del
PSOE-UP, han propuesto a todas las fuerzas políticas parlamentarias la creación
de una “Mesa para la Reconstrucción Social y Económica”, emulando a los
antiguos “Pactos de la Moncloa” de 1977, con el objetivo de afrontar, de manera
consensuada y pactada, la tremenda crisis económica y social que nos espera
después de la cuarentena, y que ya se hace notar en las espaldas de millones de
compatriotas.
En un principio, se
esperaba contar en dicha “mesa de reconstrucción”, con los partidos del arco
parlamentario, presidentes autonómicos, sindicatos, asociaciones de empresarios
y autónomos, entidades ciudadanas y expertos independiente, pero parece ser que
finalmente dicha mesa se convertirá en “una comisión, estrictamente
parlamentaria”, lo que supondrá que serán los partidos parlamentarios, los que
concluyan que es lo mejor para todos nosotros, sin tener en cuenta todas las
sensibilidades sociales.
No vamos a entrar en
analizar en profundidad lo que fueron los Pactos de la Moncloa de 1977, pero si
dar unos pequeños apuntes, por su extrapolación a los tiempos actuales:
Realmente fueron DOS (El Acuerdo sobre el programa de saneamiento y reforma de
la economía y El Acuerdo sobre el programa de actuación jurídica y política).
Muerto el dictador Franco, estos 2 acuerdos suponían el respaldo necesario y
definitivo, “de las fuerzas antifascistas”, que la transición necesitaba, para
pasar de la aislada y decadente dictadura a un sistema democrático, y que esto
les permitiese, mantener en el poder a los mismos protagonistas de los anteriores
40 años de dictadura, represión y muertes, y que estos mismos fascistas,
continuaran siendo los conductores del nuevo estado español en esta nueva fase
de democrática, en lo político, en lo judicial, en lo militar, en lo social y
sobre todo en lo económico. “Se blanqueaba la fachada para mantener el mismo
edificio”.
Estos pactos supusieron,
a cambio de legalizar esta maniobra por parte de PSOE y PCE, unos acuerdos de
“reafirmación de su legalización” de pleno derecho, la cesión de una parte de
poder político, el acceso a medios de comunicación y recursos económicos y la
“legalización efectiva” de sus centrales sindicales, entre otros. El aparato
del estado con líderes fascistas, a cambio quedó intacto: Siguieron gobernando
los franquistas bajos formas más democráticas, la economía siguió en manos de
la misma oligarquía que habían hecho sus negocios al amparo de la dictadura,
los aparatos del estado (la justicia, el ejército, la Guardia Civil, etc.),
siguieron inmóviles y aún hoy siguen en manos de los mismos dictadores, nunca
se hizo “la puga” necesaria… “Ellos siguen estando ahí”.
La esperada “Ley de Amnistía”, es cierto que
puso en la calle a varios miles de presos antifascistas, pero su verdadero fin
era otro, “hacer intocables” a los miles de policías, militares, políticos y/o
funcionarios que habían asesinado, reprimido, torturado y perseguido durante 40
años, para sostener la dictadura, por tanto, conseguir una “inmunidad” de la
que hoy siguen gozando.
Aunque, en resumen, los
principales objetivos no eran otros que salir de crisis económica que situaba
la inflacción del 26,39%, e imponernos el modelo político y social que regiría
la ¿nueva etapa democrática?, lo que escondía era mantener la monarquía y a los
lacayos del régimen franquista. Pues, no solo, no se restauró la República
derrocada por el golpe militar, si no, se nos impuso la actual monarquía como
modelo de estado, “colada con calzador” en una “Constitución”, en la que no nos
permitieron elegir si la queríamos o no, era o “un todo o un nada”, un
“trágala” antidemocrático, con el beneplácito de PSOE y PCE.
Unos “pactos” que se
perpetraron sin consultar al pueblo, representado también, por los cientos de
colectivos sociales, sindicatos de clase y partidos extraparlamentarios (todos
muy significativos en la época), y en resumidas cuentas, sin contar con todas
las sensibilidades sociales, pues no está de más, recordar que dichos pactos,
fueron respaldados SOLO por: UCD, AP, PSOE, PCE, PSP, PSCPSOE, CSC, PNV, CiU y
apoyados por las recién nacidas CC.OO y UGT, y por supuesto por las
Asociaciones Empresariales de la época. Decenas de organizaciones políticas y
sindicales con un fuerte respaldo social y el movimiento ciudadano, no fueron
consultados. La transición política de la dictadura a la democracia, no fue más
que una maniobra del capitalismo español, en peligro por las luchas obreras y
populares de la época y desde la clandestinidad (especialmente desde 1973,
encabezadas por organizaciones comunistas, sindicatos de clase y organizaciones
sociales), para salvar su propia subsistencia, y para ello necesitaban
“colaboradores creíbles” pues sus propios impulsores, los propios del régimen,
no disponían de apoyo social para conseguirlo. El papel jugado entonces por los
partidos firmantes de “los pactos”, en especial el PSOE y el PCE junto a sus
sindicatos, fue imprescindible y resolutorio, sin ellos, no hubieran sido
posible los Pactos de la Moncloa, ni la monarquía. El grave error o “la gran
traición” a la clase trabajadora, fue aceptar la “transición” y no luchar por
la “ruptura democrática”.
Nuestros DOS partidos
que dieron origen al actual Partido de los Trabajadores de España (PTEORT) en
1979, el Partido del Trabajo (PTE) Y la Organización Revolucionaria de los
Trabajadores (ORT), al igual que la mayoría de los partidos extraparlamentarios
y el resto de organizaciones sindicales, como la Confederación de Sindicatos
Unitarios de Trabajadores (CSUT), el Sindicato Unitario (SU) o la CNT, se
opusieron a dichos pactos.
El Partido del Trabajo
(PTE), incluso llegó a proponer un “Plan Alternativo”, que definía a los Pactos
de la Moncloa como “Un Golpe a la Democracia”, porque en sus detalles, suponían
una brutal reestructuración de la economía española para adaptarla a la
competitividad europea, a cuya pertenencia se aspiraba ya, una reestructuración
que entre otras medidas, suponía, la desaparición de empresas y sectores
enteros de producción, el ataque al campesinado y sus productos, con la
modernización del campo, que significó la expulsión de cientos de miles de
jornaleros y pequeños campesinos que fueron sustituidos por máquinas y
modificando los métodos de saneamiento y conservación tradicional del campo,
por venenos y pesticidas contaminantes del medio ambiente, sin ofrecer ninguna
salida, más que subsidios que en la práctica, suponían “comprar el orden
público”, la congelación de la capacidad salarial de los trabajadores,
restricciones crediticias a los pequeños y medianos empresarios, incremento de
los expedientes de crisis y el paro, deterioro de la situación de los
pensionistas o restricción de los derechos sindicales, propuestas que ya
defendía en el congreso el gobierno de la UCD, y cuyas únicas contrapartidas
políticas no eran otras que importantes mejoras para los partidos firmantes del
pactos, como el fortalecimiento de sus sindicatos, la administración de algunos
medios de comunicación por los partidos o la participación de éstos en las
instituciones autonómicas, por ejemplo.
Todo ello por apoyar el
“Plan del Gobierno de UCD”, en vez de hacer lo que propuso el PTE que no era si
no, “reunirse todas los partido políticos obreros y populares, y las fuerzas
sindicales, acordar un “Programa Económico Progresista” e ir a negociar con el
Gobierno de la UCD, en posición de la fuerza que daría la UNIDAD de la
izquierda”, un “Plan Alternativo” que suponía una reforma fiscal progresiva
para que pagase más el que más tenia, una reforma económica en defensa del
empleo, con la reordenación del trabajo, para aprovechar los recursos
materiales y humanos de los trabajadores, aplicación de mecanismos de control a
la banca privada y a las cajas de ahorros, defensa de la pequeña y mediana
empresa y a las regiones y sectores deprimidos, como el campo o la construcción
naval, así como el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones y una
reforma política que garantizase la libertad, afianzase la democracia y
progresase en la igualdad entre hombres y mujeres.
El Partido del Trabajo
(PTE), se opuso a los Pactos de la Moncloa porque, perjudicaban a la mayoría de
la población y suponían un respaldo a los beneficios de una minoría, a los
grandes capitales y a la oligarquía financiera. Han pasado 43 años y hoy se
presenta de nuevo una situación similar, no tanto en el aspecto político, que
también, sino más bien, en el aspecto económico, sumidos en una gran crisis
financiera, provocado por la pandemia del COVID-19, el gobierno de turno, nos
presenta un “Plan de Reconstrucción Social y Económica”, en formato de “mesa o
comisión parlamentaria”, de nuevo, sin contar con los trabajadores, ni con
todas las sensibilidades sociales. Unos “Pactos” que de nuevo el empresariado
español necesita para sobrevivir, debido a que su propio desarrollo origina
crisis económicas cada vez más duraderas y profundas y de las que es más
difícil salir, cuyos costos están cada vez más en entredicho, desde el punto de
vista de su supervivencia como sistema económico dominante.
Hoy igual que entonces,
el capitalismo necesita de nuevo, para salvarse, la complicidad de “la supuesta
izquierda” y fuerzas democráticas, pues el COVID-19 solo ha precipitado una
nueva crisis que ya se venía fraguando y anunciando antes de la pandemia. Ésta,
puede tener unos efectos devastadores.
De nuevo los
acontecimientos nos colocan al Partido y al “maltrecho y débil campo
revolucionario”, en un momento de lucha, de servir para denunciar y reclamar en
las calles, las fábricas, el campo y en cada puesto de trabajo, avanzar en las
ideas de “cambio social” como solución al sistema dominante. Si en 1977, con
los Pactos de la Moncloa, subyacía una posible involución por parte del franquismo,
cuando el franquismo ya estaba sentado en la mesa de negociación, o un posible
“golpe de estado” por parte del ejército, como se llegó a decir por parte de
dirigentes de la UCD, para presionar en la firma de “los pactos”, hoy en 2020,
subyace un posible ascenso de la extrema derecha (Vox) y de la derecha extrema
(PP), ante un gobierno progresista (PSOE-UP) que deambula entre pactos y guiños
a todos lados, y que necesita al resto de fuerzas parlamentarias, para “pactar”
medidas que por sí solo podría tomar desde la izquierda y la pregunta es, ¿Por
qué no lo hace?, ¿Por qué necesita un “pacto nacional”?. Si analizamos
detenidamente la situación, a este gobierno no le hace falta pactar con todos,
incluida la derecha, bastaría con “recomponer el pacto de investidura” que
haría posible mantener un núcleo de votos decisivos, mayoritariamente de
izquierdas, para sacar adelante un “Pacto Progresista para la Transformación
Economía y Social”. que favorezcan más a los trabajadores y las grandes
mayorías.
¿Entonces, por qué el
PSOE propone la “Mesa para la Reconstrucción Social y Económica”, con todas las
fuerzas parlamentarias, incluidas las derechas?, Las respuestas bien podrían
ser éstas: Primero, para evitar tener que tomar acuerdos desde la izquierda y
desde las posturas nacionalistas, lo que le llevaría a duros enfrentamientos
con los poderes fácticos (CEOE, la Banca, y los “Lobbys” empresariales), con
las derechas y sus propios votantes, y recibir un posible duro castigo
electoral.
Segundo, para evitar un
afianzamiento de UP dentro del gobierno, ya que, si se produjese un “giro
político a la izquierda” real, la ciudadanía podría pensar que se debería a la
presión de UP y se le podrían marchar miles de votantes.
Y tercero y lo más importante y peligroso,
porque el PSOE es un partido socialdemócrata, de identidad económica oligarca,
es decir, defensor del libre mercado y del sistema capitalista, al que, según
sus innumerables declaraciones públicas, “hay que reformar el sistema”, pero en
la práctica, nunca hablaron de “sustituir el sistema”, decantándose en todo
momento por el mantenimiento del capitalismo, en vez de por el socialismo.
Pactar solo con la
izquierda y con los partidos nacionalistas, no le interesa, ya que
probablemente también, tendría que “sentar en la mesa” a sindicatos, entidades
ciudadanas y sociales, y eso de consultar al pueblo no está en su agenda.
Aun así, parece que la
“Mesa para la Reconstrucción Social y Económica”, reconvertida en “Comisión
Parlamentaria”, por la presión del PP, será un hecho inevitable en el formato
que tiene previsto el Gobierno, “a espaldas del pueblo y alejada de los ojos de
todos”, y al igual que en el 1977, con el enemigo de clase (PP, Cds y Vox),
sentado a la mesa de negociación, porque Vox al final entrará y si no le
representará el PP.
Partiendo de la base que
esta situación es bien distinta que la de 1977, pues entonces, la izquierda
estaba en la oposición y ahora “se supone” que la izquierda está gobernando, el
Partido de los Trabajadores de España (PTE), pide al Gobierno, una “prioridad
negociadora” diferente, que tenga en cuenta a TODOS y escuche las demandas,
desde la izquierda, de los representantes de: Sindicatos, Organizaciones
agrarias, Asociaciones profesionales, Partidos extraparlamentarios, Colectivos
sociales y ciudadanos que llevan años en lucha por sus sectores, como los
Jubilados, Mujeres, Sanitarios, Profesores, Mujeres, Agricultores, campesino y
jornaleros, Astilleros, etc. y sobre todo al Movimiento Republicano.
El Partido de los
Trabajadores de España (PTE), entiende que cualquier negociación que el
Gobierno emprenda, debe llevar implícito medidas y recursos, que permitan, no solo
salir de esta crisis temporal, si no, mejorar la calidad de vida de las clases
medias y bajas de la población, de manera duradera y permanente, con una
transformación social progresista desde la izquierda, que sitúe a los
trabajadores en el lugar de bienestar que le corresponde y haga justicia con la
historia y el esfuerzo de lucha desplegado a los largo de estos años por las
clases populares.
Para esto, es necesario
que se cumplan en estas negociaciones tres Reformas indispensables: una reforma
fiscal progresiva para que pague más el que más tiene, con la aplicación de
mecanismos de control a la banca privada, a las cajas de ahorros, y a las
grandes corporaciones, y que alcance a los privilegios que tiene la Iglesia
Católica. Una Reforma Económica que defienda los derechos de los trabajadores y
de las capas sociales más desfavorecidas, en defensa del empleo, con la
reordenación del trabajo, para aprovechar los recursos materiales y humanos de
los trabajadores, defienda a la pequeña y mediana empresa y a las regiones y
sectores deprimidos, como el campo, la construcción naval o la minería, que
elimine la dependencia del Turismo y potencie la Industrialización y el I+D de
nuestro país, primando la defensa de lo Público, como la Sanidad y la
Enseñanza, frente a lo privado.
Y una Reforma política
que garantice la libertad real y plena, afiance la democracia, cuestione la
monarquía a un plebiscito, luche contra el fascismo y progrese en la igualdad
entre hombres y mujeres.
Así pues, mientras que
no existan o no podamos crear las condiciones revolucionarias suficientes como
para cambiar el sistema, EXIGIMOS al gobierno, que cualquier NEGOCIACIÓN que se
aborde desde la izquierda, debe ir dirigido, como mínimo a:
• Defender lo público frente a lo privado.
• Mejorar la calidad de
vida de todos los ciudadanos.
• Favorecer un mejor
reparto de la riqueza, donde pague más el que más tiene y se proteja a las
personas en exclusión social con la Renta Básica Universal o Renta Mínima
Vital.
• Modificar del modelo
de estado, cuestionando con un plebiscito entre Monarquía o República.
• Generar mayores
recursos económicos, con la reducción del gasto innecesario en Instituciones,
diputados, senadores, cargos y salarios públicos, subvenciones y despilfarro
institucional, invirtiendo el ahorro en favor del desarrollo del país.
• Luchar contra la
corrupción y la evasión de capitales.
• Potenciar y ayudar
económicamente a los autónomos y PYMES, sectores sociales creadores del 80% del
trabajo, olvidados por la banca, en beneficio del desarrollo profesional de los
trabajadores y la generación de riqueza.
• Poner al servicio de
todos, la sanidad, la cultura, el deporte y las infraestructuras sociales, con
un carácter público/estatal.
• Dotar de una vivienda
digna a quien no la tenga y generar los recursos y ayudas necesarias para
evitar los desahucios. - Colocar en el lugar que le corresponde a la mujer, a
nuestros mayores y a nuestros jóvenes garantes del desarrollo presente y
futuro.
• Desarrollar España
como un territorio aconfesional sin ayudas ni a la Iglesia Católica, ni a
ninguna otra confesión religiosa.
• Potenciar las
libertades individuales y colectivas, fomentando la participación ciudadanaen
los órganos públicos y/o de poder.
• Establecer mecanismos
de control y lucha, frente al racismo y la xenofobia y defender la
regularización de la inmigración en igualdad de derechos y deberes para su
inserción social.
Al mismo tiempo,
PROPONEMOS este “Plan de Acción”, para avanzar hacia un “Pacto Progresista para
la Transformación Económica y Social” como punto de partida, a todas las
fuerzas políticas extraparlamentarias, especialmente a las comunistas, y a
todas las organizaciones sindicales y sociales que quieran debatirlas y abordar
sobre ellas, para que JUNTOS concluyamos un PROGRAMA SOCIAL y POLÍTICO
progresista, como contrapartida a la Mesa para la Reconstrucción Social y
Económica de España, que plantea el gobierno y que sin duda, estará a “años
luz”, de lo que realmente necesita la clase trabajadora.
Partido de los Trabajadores de España
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