SENTENCIA TRAMA GÜRTEL
Bárcenas,
condenado a 33 años y el PP, a título lucrativo, por el caso Gürtel
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La sentencia condena al líder de la
trama Francisco Correa a más de 51 años de cárcel y a la mujer del ex tesorero,
Rosalía Iglesias, a 15 años
CARLOTA GUINDAL, Madrid
La Vanguardia
24/05/2018 11:35 | Actualizado a 24/05/2018 13:48
La Audiencia
Nacional ha condenado este jueves al extesorero del PP, Luis Bárcenas, a
33 años de prisión por diversos delitos fiscales en el juicio por el ‘caso Gürtel’
en una sentencia en la que ha dictado penas que van desde los 51 años y 11
meses para el líder de la trama Francisco
Correa, pasando por los 37 años para el número
dos Pablo Crespo y hasta los cinco meses contra 29 de los 37 acusados.
Asimismo, el PP ha sido considerado partícipe a título
lucrativo por beneficiarse de la trama Gürtel y
deberá pagar 240.000 euros.
Seis meses después de que acabara el juicio, la
Audiencia Nacional ha absuelto a otros ocho acusados, entre ellos uno de los
hombres fuertes de Correa, Álvaro
Pérez, el Bigotes .
Los jueces consideran que los acusados cometieron delitos de asociación
ilícita, fraude a la administración pública, prevaricación, blanqueo de
capitales, delitos contra la Hacienda Pública, tráfico de influencias,
apropiación indebida, exacciones ilegales o estafa procesal.
Voto particular
La
sentencia no ha tenido unanimidad e incluye un voto particular del presidente,
Ángel Hurtado, que apostaba por absolver al PP como partícipe a título
lucrativo por haberse beneficiado del dinero de la trama para financiar las
campañas de dos localidades madrileñas, Pozuelo de Alarcón y Majadahonda.
La mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias,
también ha sido condenada a 15 años y el propio Bárcenas además de los 33 años
de cárcel deberá pagar más de 44 millones de multa. Otras condenados son:
Guillermo Ortega (38 años de prisión), Alberto López Viejo (31 años) y Jesús
Sepúlveda (14). La sentencia condena al PP, a Ana Mato y a Gema Matamoros como
partícipes a título lucrativo.
Corrupción institucional del PP
El
tribunal considera acreditado que durante esos años entre el grupo Correa y el
Partido Popular se tejió en esos territorios una estructura de colaboración
estable y consistente en prestación de múltiples y continuos servicios
relativos a viajes, organización de eventos, dentro de la normal actividad de
dicho partido político. Pero además, según la Sala, se creó “en paralelo un
auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos
de manipulación de la contratación pública central, autonómica, y local a
través de su estrecha y continua relación con influyentes militantes de dicho
partido, aquí enjuiciados, que tenían posibilidades de influir en los
procedimientos de toma de decisión en la contratación pública de determinados
entes y organismos públicos que dirigían o controlaban directamente a través de
terceras personas”.
La
sentencia relata cómo las empresas de Correa u otras empresas terceras
elegidas, con el apoyo de los cargos públicos condenados, gozaban de un
arbitrario trato de favor en la contratación pública. Inflaban precios que se
cobraban de las distintas administraciones públicas afectadas, con la finalidad
buscada de la obtención ilícita de importantes beneficios a costa del erario
público, “o bien comisiones cuando la adjudicataria eran terceras empresas, que
luego se repartían entre el Grupo Correa y las autoridades o cargos públicos
electos o designados corruptos, que recibían cantidades de dinero en metálico,
pero también otro tipo de servicios o regalos prestados por diferentes empresas
de esta trama, como eventos, viajes, fiestas, celebraciones, etc. De las que en
algunos casos se beneficiaron también sus familiares”.
Confirma la caja B del PP
Otras
cantidades detraídas, según los jueces, sirvieron directamente para pagar
gastos electorales o similares del Partido Popular o fueron a parar como
donaciones finalistas a la llamada “Caja B” del partido, consistente “en una
estructura financiera y contable paralela a la oficial existente al menos desde
el año 1989, cuyas partidas se anotaban informalmente, en ocasiones en simples
hojas manuscritas como las correspondientes al acusado Bárcenas, en las que se
hacían constar ingresos y gastos del partido o en otros casos cantidades
entregadas a personas miembros relevantes del partido, si bien estos últimos
aspectos que se describen lo son únicamente para precisar el contexto en el que
se imbrican los hechos objeto de este enjuiciamiento, pero quedando fuera de su
ámbito de conocimiento”.
Por
los hechos juzgados en esta pieza, Correa percibió 8.400.000 euros por
contratos públicos adjudicados a sus empresas durante el periodo 2000-2008.
Estos contratos- indica la Sala- generaron un importante perjuicio a las
entidades públicas, por cuanto el precio del servicio que les fue prestado “era
mayor que el normal de mercado, por el superior margen de beneficio de las
empresas de Correa y porque incluía como coste la comisión abonada para obtener
las adjudicaciones”.
Bárcenas, pieza fundamental
Dentro
del entramado de empresas, Correa crea a su alrededor en lo que la sentencia
denomina “un auténtico sistema de defraudación del erario público”, el entonces
tesorero del PP, Luis Bárcenas, era una pieza fundamental porque con su
presencia, desde dentro del partido, podía acercarse a quien en cada caso
convenía para conseguir la adjudicación correspondiente, “de cuya ejecución se
incrementaba en la cuota fijada, que luego se repartía entre quien tenía
relación en ella, y del que el propio partido recibía su correspondiente
beneficio”.
En
esa relación, Correa se encargaba de los contactos con los empresarios y a su
vez contactaba con Bárcenas, que hacía las gestiones necesarias “para que las
adjudicaciones recayeran en el concreto empresario que les interesaba, en cuya
ejecución se incluían los incrementos correspondientes, que luego eran
repartidos de la manera que se tenía establecida”.
Fondos en Suiza de ‘mordidas’
La
Sala considera acreditado que Bárcenas nutrió sus cuentas de Suiza “con fondos
provenientes de comisiones que recibió por su gestión e intermediación,
aprovechándose de los cargos públicos que ostentó, en contrataciones públicas
irregularmente adjudicadas”. Los jueces no han creído la versión del acusado de
que su fortuna fuera de origen lícito y explican que también se apropió
indebidamente de la llamada “caja b” del partido, a la que él denomina
contabilidad extracontable del Partido Popular”.
Por
estos hechos le condena por apropiación indebida, aunque el PP renunció a
cualquier reclamación. La Sala, sin embargo, concluye que las cantidades
existían y por tanto “el acto de apoderamiento se ha producido y ha recaído
sobre una cosa ajena”, apoderándose de algo que no le pertenecía y que recibió
como mero custodio.
El
tribunal explica que desde el año 2000, Luis Bárcenas desarrolló por su cuenta
y en colaboración con su esposa Rosalía Iglesias, que también resulta
condenada, una actividad dirigida a enriquecerse de forma ilícita,
intermediando en otras adjudicaciones y apropiándose de fondos del PP, que
ocultó a través de un entramado financiero en Suiza, que luego afloró mediante
la simulación de distintas operaciones comerciales y que destinó a pagos en
efectivo, de manera opaca para la Hacienda Pública.
La Sala concluye que su mujer, Rosalía, en
connivencia con él, se valió del mismo procedimiento para ocultar sus propias
rentas y las de su esposo, y también simulando realizar alguna venta de
cuadros.
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