CONTENIDO DEL PROGRAMA IU-PODEMOS
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50 PASOS PARA GOBERNAR JUNTOS
16.
Pensiones
Indexación
de las pensiones al IPC. Derogación de la reforma de las pensiones que
aprobaron el Gobierno del PSOE en 2010 y el Gobierno del PP en 2014. Compromiso
de garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones con la introducción
progresiva de la financiación por vía impositiva. Revisión y progresiva
supresión de los regímenes especiales de cotización para nuevas afiliaciones.
Eliminación de los beneficios fiscales para la previsión complementaria
individual, como en el caso de los planes de pensiones privados. Eliminación
del tope máximo a las cotizaciones, sin necesidad de incrementar la pensión
máxima en similar proporción. Revalorización de la pensión mínima en los
siguientes términos: la pensión de jubilación personal o con cónyuge no a cargo
será equivalente al SMI anual, la pensión de jubilación con cónyuge a cargo
será equivalente al 110% del SMI anual. Revisión de todas las medidas de
reducción de las cotizaciones empresariales aplicadas en los últimos años, que
no han servido para generar empleo pero sí para deteriorar gravemente el saldo
de la Seguridad Social.
17.
Atención a Dependencia
Priorización
máxima del derecho subjetivo de forma real: Revisión de la Ley de Dependencia
con nuevo articulado y cambios sustanciales acoplados al modelo 100% público
siempre que sea posible. Si no lo fuese, se priorizará la concertación y el
convenio con las entidades de la economía colaborativa, social y del bien
común. Plan para la recuperación del Sistema de Autonomía Personal y Atención a
la Dependencia que contemple las siguientes medidas:
●Recuperación de los niveles de
financiación por dependiente anteriores a los recortes realizados tras los
decretos de 2012 y de 2013, y la cotización a la Seguridad Social de los
cuidadores familiares.
●Establecimiento de un calendario urgente
para la atención de las 385.000 personas dependientes a las que se les ha
reconocido el derecho, pero que actualmente se encuentran en lista de espera.
●Incremento del porcentaje de dependientes
atendidos por servicios profesionales, y puesta en marcha de forma progresiva
la universalización del derecho de las personas a que los servicios públicos de
atención a la dependencia les proporcionen la autonomía funcional plena.
18.
Igualdad de género y diversidad sexual
Reforma del sistema de permisos por nacimiento o adopción,
estableciendo un calendario de aumento del actual permiso de paternidad hasta
igualarlo con el de maternidad. Para garantizar la igualdad efectiva de
derechos, el permiso será: igual para cada persona progenitora; intransferible,
como todos los demás derechos laborales y sociales; pagado al 100% del salario;
y con igual protección del puesto de trabajo durante el ejercicio de los
derechos de maternidad y paternidad. Incremento de las atribuciones de la
Inspección de trabajo y la Seguridad Social en materia de prohibición de la
discriminación en la contratación, promoción y retribución, con el objetivo de
equiparar las condiciones de trabajo entre hombres y mujeres. Creación de una
Comisión Estatal de seguimiento y control de los planes de igualdad en las
empresas, con capacidad de propuesta para eliminar las discriminaciones.
Medidas de atención especial a familias monoparentales (mayoritariamente
mujeres), para que el cuidado no sea incompatible con la carrera profesional.
Plan de empleo para mujeres mayores de cuarenta y cinco años y para mujeres que
se encuentran en riesgo de exclusión social. Modificación de la Ley de
Violencia de Género para que se conciba a las mujeres como sujetos activos y no
como víctimas; e inclusión de todas las formas de violencia machista:
matrimonio forzoso, crímenes de honor, trata de mujeres y niñas, mutilación
genital femenina.
Oposición a cualquier
tipo de LGTBI+fobia institucionalizada o no, por lo que se pondrán en marcha
las medidas y acciones oportunas para que puedan garantizarse en todos los
ámbitos los derechos de las personas LGTBI+. Impulso de la revisión de la Ley
de Identidad de Género para la despatologización de las identidades TRANS.
Creación de protocolos de educación del profesorado y profesionales de la
educación en diversidad afectivo-sexual y de género.
19. Infancia
Pacto de Estado por la Infancia que blinde los derechos de la
infancia y la adolescencia para garantizar la igualdad de oportunidades entre
niñas, niños y adolescentes (dada su condición de vulnerabilidad) y reducir la
pobreza infantil. Tal y como propone UNICEF, incremento de las cuantías y la
cobertura de la prestación económica por hijo a cargo de la Seguridad Social
(de los actuales 291 hasta 1.200 euros al año) para los niños y las niñas con
menos recursos, teniendo en cuenta para la determinación de los niveles de
renta que dan acceso a la prestación las medidas oficiales de riesgo de
pobreza.
III. Democracia política
20. Lucha contra la
corrupción y transparencia efectiva del sector público
Cierre constitucional de las puertas giratorias. Extensión y
clarificación de las incompatibilidades de los cargos político y algos cargos
de la Administración una vez finalizadas sus funciones. Bloqueo del acceso de
excargos electos a los consejos de administración de empresas que operan en
sectores estratégicos. Eliminación de los privilegios de los cargos electos.
Rebaja de las retribuciones de los miembros electos de las Cortes y
equiparación salarial a los cuerpos de funcionarios del Estado.
Eliminación de las “pensiones de oro”. Reducción del número de altos cargos.
Nueva Ley de Financiación de los Partidos Políticos.
Limitación drástica de la financiación bancaria de los partidos políticos.
Equiparación de la fiscalización de las fundaciones políticas a la de los
partidos.
Reformulación de la Ley de Contratos del Sector Público.
Creación de una bases de datos de contrataciones y licitaciones abiertas y accesibles.
Auditorías ciudadanas de la gestión pública. Reforma de la web del registro
mercantil. Materializar los criterios sociales, medioambientales y de fomento
de la economía local en los pliegos de condiciones de la contratación pública.
Introducción de la figura delictiva del enriquecimiento injusto o ilícito.
Inclusión en el código penal del delito de soborno impropio.
Derogación de la Ley Berlusconi (Ley Orgánica 13/2015m de 5
de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal). Derogación
del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por el que, por la vía
del sobreseimiento anticipado de los grandes procesos judiciales, se garantiza
la impunidad de todos los delitos complejos, incluidos los delitos de
corrupción.
Reforma de la insuficiente e
inadecuada Ley de Transparencia vigente, partiendo de la concepción del acceso
a la información generada por las instituciones como un derecho. Se deben
incluir a todas las instituciones públicas sin excepción, ampliando su ámbito
de aplicación más allá de la información administrativa, a toda la información
contenida por toda institución pública, los tres poderes del Estado, así como a
empresas públicas y empresas privadas que gestionen servicios públicos y
derogando la mención excluyente referente a la información auxiliar que
contiene el artículo 18 de la Ley. Deben eliminarse las excepciones al derecho
de acceso a la información que se amparan en motivos poco razonables o vagos
como son “los intereses económicos y comerciales" y otorgar carácter
positivo a las peticiones no respondidas de tal manera que se pueda reclamar su
cumplimiento.
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