¿ DEBE EL 15 - M FORMAR UN PARTIDO POLÍTICO ?

Una contribución al debate. El frente ciudadano

 José López 

Rebelión 

02.06.2.013 

Dos años después de aquel mayo histórico del año 2011 el movimiento de indignación sigue vivo pero no crece la participación ciudadana en sus convocatorias, a pesar de que cada vez tenemos más razones objetivas para la indignación. La iniciativa surgida a raíz del 25-S logró poner en la agenda de los indignados de este país llamado España la cuestión del proceso constituyente. Ahora sí parece que el movimiento 15-M tiene claro el gran objetivo político a corto/medio plazo: un cambio de régimen. Se asienta la idea de que no es posible parar al neoliberalismo sin transformar profundamente el actual sistema. No sólo hay que luchar contra los desahucios, contra el progresivo empobrecimiento de la mayoría, contra el desmantelamiento del Estado del bienestar, contra el escandaloso desempleo que crece y crece sin parar,…, además, hay que luchar por un cambio político general de gran envergadura, sin el cual será muy difícil ganar aquellas luchas parciales.

El reciente fracaso del 25-A demostró que hay que reivindicar siempre el pacifismo, que hay que usar un lenguaje inclusivo, que no sea agresivo. Debemos ser moderados en las formas pero radicales en el fondo. Si reivindicamos la democracia real, un cambio de sistema, pero siempre mediante métodos pacíficos, somos radicales en los objetivos pero no en las formas. Esta lección no debemos olvidarla. La revolución no será posible si no participan activamente en ella muchos más ciudadanos. Una cosa está más clara que el agua cristalina de los ríos (necesitamos aglutinar a la mayoría de la población alrededor de la causa democrática. Es imperativo que las distintas mareas converjan en un único y coordinado tsunami. Poco a poco vamos avanzando hacia la imprescindible unidad de las clases populares. Pero la revolución tampoco será posible si no llegan con suficiente fuerza a las instituciones políticas partidos que aboguen por cambios sistémicos. Hay que alcanzar el poder político. El cambio debe hacerse desde dentro y desde fuera del sistema. Los distintos frentes de lucha deben complementarse, realimentarse mutuamente.

Así pues, resurge con fuerza el “viejo” debate que ya surgió en su día en las plazas donde se produjeron aquellas históricas acampadas del año 2011; ¿debe el 15-M presentarse a las elecciones o no, formar un partido político o no?

Lo primero que hay que tener claro, en mi modesta opinión, es que es imprescindible que las movilizaciones en las calles, además de crecer sustancialmente, tengan su traducción política en las instituciones. Como hemos comprobado en la práctica, de poco sirven las manifestaciones, las acampadas, las huelgas generales, si los principales partidos del actual régimen siguen recibiendo el apoyo de la mayoría de la gente en las urnas. Muchos indignados ya no participan en las movilizaciones callejeras pues piensan que no sirven de nada. Muchos ciudadanos todavía siguen apáticos. Es evidente que hay partidos políticos del actual régimen que apoyan más al 15-M que otros. También es obvio que algunos de ellos juegan al oportunismo, dicen unas cosas cuando están en la oposición y hacen otras cuando gobiernan. Debemos recordar siempre que hablan más los hechos que las palabras. Lo que está claro, en cualquier caso, es que debe haber en los parlamentos algún partido o coalición de partidos que contribuya a transformar el sistema desde dentro. La cuestión a dilucidar es cuál o cuáles. A mi modo de ver, ahora mismo (a nivel estatal) sólo hay una formación política capaz de encauzar las ansias transformadoras de los indignados, a pesar de sus errores, carencias y contradicciones (los cuales deberían ser corregidos cuanto antes): Izquierda Unida (IU). 

Sin embargo, como muchos miembros de dicha coalición reconocen, si bien, probablemente, IU subirá bastante en votos recibidos, no alcanzará los suficientes como para gobernar, para liderar el histórico reto al que se enfrenta nuestro país: la transición hacia un nuevo régimen. Desgraciadamente, por ahora, muchos ciudadanos siguen presos de prejuicios, siguen pensando que más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer, siguen dominados por el pensamiento único capitalista incrustado en sus mentes diariamente por la abrumadora mayoría de medios de “comunicación”. No podemos despreciar el hecho de que muchos trabajadores, muchos pensionistas, votan a los grandes partidos, a sus verdugos. Debemos contribuir todo lo posible a que esto deje de ocurrir y, por desgracia, muchos ciudadanos siguen viendo a IU, a la izquierda del PSOE en general, como algo radical y trasnochado. Están equivocados, el mayor error es seguir apoyando en las urnas a quienes nos han llevado a la actual situación. Es un profundo error no dar una oportunidad a otras organizaciones. A todo esto sumemos los errores cometidos por la izquierda transformadora.

Por otro lado, existe, entre otros, el serio riesgo de que si el movimiento 15-M se presenta a las elecciones, no obtenga los resultados necesarios para convertirse en una fuerza suficiente como para cambiar el sistema desde dentro. Esto nadie puede saberlo con certeza, pero esa posibilidad existe. No puede despreciarse el hecho de que en el actual sistema no todas las agrupaciones políticas acuden a las elecciones en igualdad de condiciones, de que a unas se les da mucha más voz que a otras. Es obvio que los grandes medios de comunicación harán propaganda a favor de unas y en contra de otras (como siempre han hecho), harían todo lo posible por desprestigiar a ese hipotético partido del 15-M, lo presentarían ante la opinión pública, como, en el mejor de los casos, un grupo de personas bienintencionadas pero incapaces de gobernar y sacar al país de la profunda crisis que vive. Tampoco puede obviarse la actual ley electoral que beneficia a los grandes partidos en detrimento de los más pequeños o los nuevos. Existe, además, el riesgo de dividir el voto entre IU y el 15-M, en caso de que se presentaran por separado, dando así más fuerza a los partidos tradicionales pro-sistema. Es decir, existe la posibilidad de que si el 15-M se presenta bajo las siglas de la izquierda, muchos ciudadanos presos de prejuicios no le apoyen (a pesar de interesarles hacerlo objetivamente), pero también de que si el 15-M se presenta como tal, independientemente de la izquierda, muchos votos de la izquierda no fueran a parar a él. En el primer caso, se espantaría a muchos votantes de la derecha, en el segundo de la izquierda. ¿Cómo resolver este entuerto? ¿Cómo aglutinar a la mayoría social alrededor de una fuerza política en el parlamento? ¿Cómo superar los prejuicios, la falsa conciencia, de gran parte de nuestros conciudadanos? Éstas son las preguntas a las que debemos intentar responder para dar con la estrategia política adecuada. 

Imaginemos que el 15-M convoca a la ciudadanía en general, incluidos partidos políticos de toda índole, incluidos sindicatos, incluidas organizaciones sociales, a un gran pacto para regenerar la democracia. Que se prescinde, por ahora, de los conceptos de izquierda y derecha, que, “simplemente” se fija como objetivo básico desarrollar la democracia política. ¿Por qué debe hacerlo esto el 15-M? Porque según las encuestas (si bien hay que tomarlas siempre con mucha prudencia), la mayor parte de la gente simpatiza con él, tanto la gente de derechas como de izquierdas, aunque no en la misma proporción. En la actualidad, no parece haber nadie capaz de aglutinar a la inmensa mayoría social, salvo el movimiento 15-M. Existen diversas iniciativas encaminadas a formar un amplio frente político pero tienen el “lastre” ideológico, giran en torno a formaciones de izquierda, o personajes de prestigio, vinculados a determinados partidos políticos, por lo que muchos votantes de la derecha, probablemente, no votarían a dicho frente, o tendrían muchas reticencias para hacerlo, por lo menos mientras sigan presos de prejuicios, de la falsa conciencia. Sin embargo, el 15-M no tiene tanto lastre ideológico, es el único movimiento popular donde muchos votantes de la izquierda y la derecha convergen. Es alrededor del 15-M donde es posible aglutinar a más ciudadanos, dicho movimiento debe ser el epicentro del frente político ciudadano. Defendiendo las ideas “desnudas”, prescindiendo de etiquetas ideológicas, llegaremos a más gente. Lo importante son las ideas. El 15-M traspasó fronteras ideológicas, superó sectarismos y dogmatismos, precisamente, por esto mismo, por centrarse en las ideas. El 15-M ha ayudado a muchos ciudadanos a liberarse de prejuicios, a redescubrir que en verdad son de izquierdas. Debe seguir haciéndolo mucho más. Por lo menos, poniendo en evidencia a los partidos actuales para que tengan que mojarse ante las ideas propuestas.

Imaginemos que para dicho “pacto” se establece un programa básico de reformas políticas en el que se incluyera, como mínimo: una ley electoral justa (“una persona, un voto”), referendos más frecuentes y siempre vinculantes, una profunda y verdadera separación de todos los poderes, revocabilidad (que el pueblo pueda expulsar del poder a cualquier cargo público electo mediante referéndum sin esperar a las siguientes elecciones), mandato imperativo (que los programas electorales sean de obligado cumplimiento). Tal vez, también podría incluirse en dicho programa que el pueblo pueda decidir mediante referéndum, precedido de un amplio debate donde todas las opciones puedan ser conocidas en igualdad de condiciones, la cuestión República vs. Monarquía. En cualquier caso, habría que buscar un programa mínimo que pudiera ser apoyado por la gran mayoría de nuestros conciudadanos. Esto puede implicar, por ahora, renunciar a ciertas cosas, las cuales sí serán asumibles por el conjunto de la ciudadanía en cuanto se desbloquee la actual situación, en cuanto el debate se generalice y profundice. 

De lo que se trata, por ahora, insisto, es de lograr el apoyo ciudadano suficiente para ayudar a provocar cambios sistémicos desde el propio sistema, para lograr un gran vuelco electoral. Dicho programa básico podría girar en torno a la siguiente idea central: la democracia dista mucho de ser perfecta y puede ser mejorada notablemente de manera continua, empezando (pero no terminando) con ciertas medidas concretas, como las mencionadas. ¿Cuántos ciudadanos no estarían de acuerdo con este programa mínimo de regeneración democrática? ¿Cuántos partidos políticos podrían permitirse el lujo de rechazarlo ante la opinión pública? Nosotros, desde la izquierda, sabemos perfectamente quiénes están a favor y en contra de la verdadera democracia, pero muchos de nuestros conciudadanos no. Nuestro objetivo fundamental inmediato es superar prejuicios, unir a la ciudadanía alrededor de una idea central, la cual debe ser defendida de manera concreta por cierto frente político. Un frente amplio en el que puedan participar todos los ciudadanos, incluso todos los partidos, al menos potencialmente. Aún queda cierto tiempo para las siguientes elecciones (no es previsible que el actual gobierno las adelante) y el posicionamiento de los diferentes partidos políticos respecto de dicho programa básico del 15-M podría ayudar a muchos ciudadanos a abrir los ojos, a darse cuenta de quiénes están de su lado y quiénes no, a romper las ataduras mentales con el pasado, a superar esos prejuicios de los que hablábamos. Indudablemente, como mínimo, se generaría un debate, mejor dicho, el debate se generalizaría.

El 15-M necesita, además de seguir vivo en las calles, además de seguir en la lucha del día a día, alguna acción política global que le sirva de revulsivo, que suponga una salida a la actual situación de estancamiento mental en la que se encuentran muchos ciudadanos desencantados con los grandes partidos pero que no saben aún a quién votar en las próximas elecciones, o que aún piensan en votar a los de siempre porque no ven alternativas, o que no participan en las convocatorias públicas del 15-M a pesar de simpatizar con ellas. Y esa acción podría ser la que acabo de mencionar: un pacto propuesto al conjunto de la ciudadanía. Frente al pacto de Estado que intentan montar los partidos del régimen para salvarlo, nosotros debemos reivindicar un gran pacto social abierto a todo el mundo, a los ciudadanos en primer lugar, pero también a todos los partidos políticos, para superar el actual régimen decadente. Dicho pacto debe ser llevado a cabo por un frente político que aglutine a los ciudadanos y a todo tipo de organizaciones que estén de acuerdo con sus objetivos básicos (más y mejor democracia) y estrategias (el pacifismo y la propia metodología democrática). 

Pero para ello, cuanto antes, el 15-M debería tener una red de portavoces coordinada a nivel estatal, elegida en las asambleas y controlada por ellas en todo momento. Ésta es una de las grandes lacras que arrastra, a nivel organizativo, el movimiento 15-M. En caso de decidir, en determinado momento, presentarse a las elecciones, dicha organización básica podría ser el germen del partido del 15-M. Para ello, por el momento, el movimiento ciudadano debe irse preparando, dando un gran salto organizativo, pero diferenciándose radicalmente del resto de partidos políticos. Si alguna vez el 15-M aspira a recibir en las urnas el apoyo de la mayoría de la ciudadanía que simpatiza con él, primero debe demostrar que es capaz de organizarse mejor, pero que también lo hace de manera radicalmente distinta: dando el máximo protagonismo posible a las bases, a los ciudadanos. Si la gente ve a un nuevo partido organizado a la vieja usanza (es decir, de arriba abajo, en vez de al revés) entonces no confiará en él, o, lo que es peor, dicho partido se traicionará a sí mismo. No es lo mismo simpatizar con cierto movimiento que apoyarlo en las urnas para que nos gobierne. Que el 15-M tenga la simpatía de la mayoría no le garantiza el voto de la mayoría. Las mejores encuestas son siempre las votaciones. Para que la mayoría decida apoyarlo en las urnas, el 15-M deberá demostrar que tiene un programa claro para la transición a la democracia real, deberá aspirar a la responsabilidad de gobernar o ayudar a gobernar el país, sin complejos. El ciudadano corriente debe percibir que dicho movimiento puede gobernar, construir, además de protestar. Hay que hacer una intensa labor de propaganda para, no sólo denunciar la falsa democracia actual, las políticas antipopulares ejercidas por gobiernos elegidos popularmente (ésta es la gran contradicción de la actual “democracia” que hay que superar), sino que también para explicar que hay alternativas concretas y factibles para salir de la crisis con más dignidad, que otro sistema es posible, además de necesario. El ciudadano de la calle debe tener claro que es imprescindible desarrollar la democracia para lograr gobiernos que gobiernen para el pueblo, y no para ciertas minorías, que de poco sirve elegir a los gobiernos si luego éstos no responden ante el pueblo. La solución es la democracia real.

A modo de conclusión, en mi humilde opinión, todavía no es el momento de constituir un partido político del 15-M, pero el movimiento popular sí puede y debe irse organizando más y mejor para, dado el caso, dar ese salto. Cuando se dé (en caso de que se decida dar), habrá que ver si convendrá coaligarse con ciertas formaciones políticas ya existentes (en particular de la izquierda) o no. Pero mientras, ese frente ciudadano que podría constituirse a corto plazo, así como un importante salto cualitativo en la organización interna del 15-M (la formación de una red de portavoces coordinada a nivel estatal, una coordinadora 15-M), sembraría el terreno para que la indignación ciudadana alcanzase alguna vez con fuerza las instituciones políticas. También cabe la posibilidad de que IU (la cual debe, en paralelo, hacer un gran esfuerzo para formar un amplio frente de izquierdas, aglutinando a toda la izquierda anticapitalista) suba lo suficientemente en votos como para poder gobernar (esto sería lo ideal pues el 15-M mantendría su apartidismo), si sabe abanderar acertadamente la causa democrática, si consigue vencer los prejuicios de muchos ciudadanos que, por ahora, ni se plantean votar a dicha coalición. Y, en esto, el 15-M, de manera indirecta, y manteniendo siempre, al menos por el momento, su independencia respecto de los partidos políticos, puede ayudarla mucho con el pacto ciudadano mencionado en este artículo. Si alguien tiene alguna idea mejor, bienvenida será. Si alguien cree que lo planteado en este artículo no es factible, que explique por qué, que dé alguna alternativa. El debate está abierto. 

Lo que ocurra en los próximos meses o años en nuestro país dependerá de quién lleve la iniciativa: la ciudadanía o las élites actuales. La revolución no es posible sin una estrategia adecuada. Frente al pacto de Estado, pacto social. El frente ciudadano (o como se quiera denominar) podría contribuir mucho a pasar de la indignación a la revolución. En la unión está nuestra fuerza. Debemos dar prioridad a lo que nos une frente a lo que nos separa. La democracia real interesa a la inmensa mayoría. Unámonos en torno a la lucha por ella.

 Blog del autor: http://joselopezsanchez.wordpress.com 

*++

MARIANO RAJOY, POR CÍNICO, EMBUSTERO, BABOSÍN Y LADRÓN, DIMISIÓN

La estafa de la deuda pública 

Viçen Navarro

EL PLURAL.COM
28/10/2012

La gran estafa

El crecimiento de la deuda pública, sin embargo, tiene muy poco que ver con la supuesta exuberancia del gasto público. En realidad, el gasto y empleo público español, incluyendo el catalán, son los más bajos de la UE-15. Sólo un adulto de cada diez trabaja en el sector público en España (en Catalunya no se llega ni a este ratio). En Suecia, es uno de cada cuatro. La hipertrofia del sector público, que según el dogma neoliberal dominante está ahogando la economía española, es una de las falsedades más notorias que se transmite con mayor frecuencia en los mayores medios de información. Los datos, fácilmente accesibles, muestran precisamente lo contrario. El Estado en España (y en Catalunya) es uno de los más pobres de la Unión Europea de los Quince, UE-15. Ahora bien, los economistas de FEDEA, los gurús mediáticos –como Xavier Sala i Martín y otros- continuarán, contra toda la evidencia existente, subrayando que la raíz del problema que tiene España, incluyendo Catalunya, es su excesivo gasto público, que –según ellos- ha generado el gran crecimiento de su deuda pública.

La causa real del crecimiento de la deuda

La causa más importante (y más silenciada por los medios) de la elevada deuda pública en España ha sido el dominio de la banca –y muy en especial de la banca alemana- y de las fuerzas neoliberales que ésta promueve en el diseño del euro y su sistema de gobierno. Veamos los datos. Tales fuerzas establecieron un Banco Central que no era un Banco Central, sino que era un enorme lobby de la banca. Lo que hace un Banco Central en un país es imprimir dinero y con este dinero compra deuda pública a su Estado, de manera que si los intereses de sus bonos se disparan porque el Estado tiene dificultad para venderlos, el Banco Central entra y compra muchos bonos, con lo cual los intereses bajan. El Banco Central está ahí para defender a su Estado frente a la especulación de los mercados financieros. En contra de lo que se dice y de lo que se escribe, los intereses de la deuda los decide un Banco Central, no los mercados financieros.

Ahora bien, cuando se estableció el euro, el Estado español perdió tal capacidad de imprimir dinero y comprar deuda pública. Se delegó tal autoridad al Banco Central Europeo, que sigue imprimiendo dinero pero no para prestarlo al Estado español (la compra de deuda pública, en la práctica, es un préstamo al Estado), sino para prestarlo a la banca privada a unos intereses bajísimos (menos de un 1%). Y es esta banca privada la que compra deuda pública a unos intereses elevadísimos (un 6% o un 7% en el caso español o italiano). Es un negocio redondo para la banca. El chanchullo del año. La banca, incluyendo la banca alemana, se ha forrado de dinero durante todos estos años. Nunca les había ido tan bien. Chupaban la sangre (los altos intereses de la deuda pública) al Estado, y cuando éste parecía que iba a desmayarse o morir, entonces (y sólo entonces), el Banco Central Europeo le prestaba dinero al Estado, es decir, le compraba deuda pública para que continuara viviendo, a fin de que la banca privada, como sanguijuela, pudiera continuar chupándole la sangre (es decir, su dinero).

Este entramado, en el que el BCE da dinero a la banca privada a unos intereses bajísimos, se justifica con el argumento de que así se garantiza el crédito necesario para las familias y para las empresas medianas y pequeñas (que crean la mayoría de puestos de trabajo). Pero el crédito ni está ni se le espera. En realidad, a pesar de que el BCE ha dado desde diciembre de 2011 más de un billón de euros (sí, un billón de euros) a la banca privada (la mitad de este billón fue a la banca privada española e italiana), el crédito continúa escaso, pues la banca tenía otras inversiones (como comprar deuda pública) mucho más rentables que la de ofrecer crédito.

Cualquier persona normal y corriente se preguntará, ¿por qué el BCE no prestó este dinero a los Estados de la Eurozona en lugar de prestarlo a la banca para poder financiarse sin necesidad de pagar unos intereses tan elevados a la banca privada? Por extraño que parezca, nadie en la estructura de poder que gobierna la Eurozona se planteó, hasta hace muy poco, esta pregunta. Y ello, como resultado de estar imbuidos en el dogma neoliberal, que es la ideología promovida por el capital financiero, es decir, por la banca (además de las compañías de seguro, fondos de alto riesgo y un largo etcétera). 

Si el BCE hubiera prestado el dinero al Estado español, en lugar de éste tener que pedirlo a la banca privada, el Estado hubiera ahorrado muchísimo dinero. El Estado, en lugar de pagar unos intereses al 6%, hubiera pagado al 1% (como pagan los bancos para obtener dinero del BCE), ahorrándose muchísimo, pero muchísimo dinero, sin que hubiera aparecido el problema de la deuda pública, y sin que se hubiera necesitado hacer ningún recorte de gasto público. Hoy, uno de cada cuatro euros que el Estado se gasta va para pagar su deuda pública, predominantemente a los bancos. Si hubiera recibido dinero directamente del BCE no habría habido ninguna necesidad de hacer recortes.

El economista Eduardo Garzón ha calculado (en su artículo “Situación de las arcas públicas si el estado español no pagara intereses de deuda pública”) lo que el Estado español tendría como deuda pública (desde 1989 a 2011) si hubiera tenido un Banco Central que le hubiera prestado dinero al 1% de interés, sin tener que recurrir a la banca privada pagando los elevadísimos intereses que ha pagado. Pues bien, la deuda pública sería hoy un 14% del PIB (sí, ha leído bien, un 14%) en lugar de un 90%. Este es el enorme coste al Estado español de haber tenido el sistema de gobernanza del euro tal como ahora existe, sistema de gobernanza que se diseñó para optimizar los intereses de la banca a costa de los intereses de la población y de su Estado. Hoy España, incluyendo Catalunya, no tendría los problemas que tiene si hubiera tenido un Banco Central propio digno de su nombre, o hubiera tenido un Banco Central Europeo que hubiera sido un Banco Central.

 Las injusticias del sistema actual

El sistema de gobierno del euro es, además de sumamente ineficiente, profundamente injusto, pues está originando un proceso redistributivo enormemente regresivo en el que la gran mayoría de la población está pagando con impuestos el pago de los intereses de la deuda pública del Estado, y con ello está transfiriendo a los súper ricos (que compran los bonos a través de los bancos) dinero para pagarles lo que el Estado les debe al haber comprado deuda pública. Esta transferencia de dinero se realiza también a nivel de la Eurozona, de manera que los países que tienen que pagar intereses de la deuda más altos (los países del Sur) los pagan a los bancos del Norte (que han invertido cantidades muy significativas de su capital en comprar deuda pública de tales países que generan unos intereses exuberantes, alcanzando unos beneficios estratosféricos). Alemania tiene 200.000 millones de euros en tal tipo de inversiones en España. En realidad, los famosos 100.000 millones de euros que la Unión Europea puso al alcance de España para “salvar sus bancos” era, en realidad, dinero (aprobado por el Parlamento Alemán) para salvar a los bancos alemanes (tal como han reconocido varios economistas asesores del gobierno alemán) que estaban con el agua al cuello debido a la deuda pública y privada española, ya que tenían pánico a que no les pudieran pagar. Será el pueblo español el que pagará los 40.000 millones que el Estado ha pedido para pagar tal deuda, situación que es profundamente injusta. Si después de leer este artículo usted, lector, no está indignado, es señal de que, o bien es usted parte del problema o es que no me he explicado bien. En este caso, le aconsejo lea el libro de Juan Torres y yo, Los Amos del Mundo. Las armas del terrorismo financiero donde expandimos lo que brevemente presento en este artículo. Pero créame que hay causas para estar más que indignado. Hoy se está desmantelando el escasamente financiado Estado del bienestar en España, incluyendo en Catalunya, para que los bancos puedan comprar su deuda pública, la cual consiguieron diseñando un sistema en que sus beneficios, que afectan a un sector superminoritario (lo que los indignados estadounidenses Occupy Wall Street movement llaman el 1%) se realice a costa de la miseria de todos los demás. Así de claro. Léase el libro y lo verá.

Vicenç Navarro es Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University

*++

PUBLICADO EN CRÓNICA DE ARAGÓN

Grecia y los errores del FMI

(y 2) 

El contenido último del Informe del FMI, a pesar de las cifras en que basa su aparente autocrítica, que si las hacen figurar es porque resulta imposible poder ocultar la realidad, lo que en definitiva nos viene a decir es:“perdonad, chicos, nadie es perfecto. El error es humano y como humanos que somos nos hemos equivocado, así que, a perdonar por Dios, que aquí estamos nosotros para seguir haciendo lo mismo, de modo que no os preocupéis, que no os abandonamos a vuestra suerte. Podéis seguir contando con nuestra ayuda y apoyo. 

En los últimos seis años en Grecia y como consecuencia de los denominados ajustes proclamados y aplicados por el gobierno a instancia de la Troika para “salir” de la crisis, se han suicidado más de 2.500 personas, y concretamente, en el primer trimestre de 2013 más de 700 entre jubilados y personas en situación de pobreza extrema con el consiguiente drama personal para sus familiares y amigos. 

En seis años de recesión económica, según la Oficina Europea de Estadística (Eurostat), el 25,4% de los griegos están en desempleo y los niveles de pobreza extrema han crecido en un 8,5%. Claro que, por las mismas causas, también se han suicidado personas en Italia, Francia, Portugal, España y USA, por ejemplo. 

Afirma Poul Thomsen en el Informe reiteradamente citado, que  “la recesión en Grecia era inevitable por la situación del país” afirmación que tiene tanta veracidad como la de que a una mano cerrada se le llama puño, pero tan poca utilidad como la que hace el señor Thomsen para explicar la crisis. 

La crisis griega se explica mejor aclarando por qué el gobierno de turno griego se endeuda comprando submarinos que no necesita su ejército en absoluto (que en el colmo del chiste, son submarinos que ni siquiera se sumergen adecuadamente porque se escoran a uno de sus lados), a quién le pide el dinero el gobierno griego para financiar la compra de esos submarinos, y quienes son las empresas proveedoras de esos submarinos, por ejemplo, y tras esta aclaración, si la dieran, seguramente llegaríamos a encontrar a la gran banca que es a donde va a parar todo el dinero que la Troika les está robando y planea seguir robando a los griegos. 

Pero en este tipo de aclaración no entra en su Informe el FMI, ni en el análisis riguroso de sus causas, ni en la valoración personal y material de las consecuencias negativas producidas, que al ser todas ellas contrastables objetivamente, se podría también, objetivamente, aplicárseles las soluciones correspondientes, empezando por la cuantificación material para indemnizar a los familiares de las personas suicidadas; la valoración de todo lo robado directamente a las clases trabajadoras y población en general mediante los recortes y ajustes y el programa para su restitución con los intereses de mora correspondiente; valoración económica del material utilizado por la policía, incluidos sus salarios, para aplicar por la fuerza lo que según el propio FMI ha constituido un error; valoración de las horas de trabajo perdidas por todos los trabajadores de todos los sectores de la economía que se han dedicado a los cientos de huelgas habidas a fin de evitar el error que por la fuerza y la represión injustificada les han impuesto, etc., Y todo ello a fin de poder formalizar mínimamente el proceso judicial que hay que iniciar contra las personas del FMI, Comisión Europea y Banco Central Europeo responsables de los errores cometidos contra el pueblo griego, a fin de determinar las responsabilidades pecuniarias y penales de cada una de ellas. 

Es lógico por otra parte que en el Informe del FMI no se haga alusión a ningún tipo de reparación de los daños causados al pueblo griego, porque su función no es defender los intereses del pueblo griego ni de ningún otro pueblo, sino la de apropiarse de sus recursos, por lo tanto, le corresponde al pueblo griego y a todos los demás pueblos, defender sus intereses al margen y en contra de la Troika, puesto que son sus enemigos declarados. 

*++

TURQUIA: ¿QUÉ ESTÁ PASANDO?

Los contornos de una nueva República y las huellas del pasado

Cómo entender la Plaza Taksim 

 2/2 

Kerem Öksem 
Jadaliyya.org
Rebelion
13.06.2013

 Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández. 

 Aparición en escena del Partido de la Justicia y el Desarrollo

Fue en el contexto de esas graves perturbaciones en el sistema y la completa pérdida de legitimidad de los partidos políticos establecidos cuando emergió el Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) como el mayor partido de las elecciones de 2002. Era una coalición de islamistas reformistas, antiguos políticos de centro-derecha y liberales políticos. Sobre la base de los buenos resultados de las políticas municipales de su predecesor, el Partido Refah Islamista de Necmettin Erbakan, el AKP se embarcó en un ambicioso proyecto por un Estado menos corrupto, menos ideológico y más eficiente y una Turquía más democrática. Una serie de importantes reformas legales allanaron el camino para el inicio de las negociaciones de adhesión con la Unión Europea , un ancla preciosa en aquel momento para los derechos humanos y la democratización. Como la economía empezó a prosperar, una clase industrial de piadosos “calvinistas islámicos”, con conciencia social y globalmente activos, ocupó el centro del escenario como maquinaria de crecimiento económico, contando con la base de un fuerte apoyo político por parte AKP. Por primera vez, una Turquía más próspera y democrática parecía estar al alcance de la mano.

El gobierno del AKP bajo el Primer Ministro Erdogan tuvo que esquivar varios intentos de retomar el poder por parte de los residuos del Estado profundo y de los kemalistas existentes en el aparato del Estado y del ejército. En las tentativas que hizo el ejército para eliminar al gobierno, consiguió alistar a algunos sectores de las clases medias laicas en las llamadas Marchas Republicanas, y a columnistas en la creación de una atmósfera de inminente intervención militar. En 2007, se echó mano del poder judicial para bloquear la elección de Abullah Gül como Presidente. En 2008, el Tribunal Constitucional intentó ilegalizar al AKP gobernante, un paso sin precedentes en un país que tiene un distinguido historial de prohibiciones de partidos políticos a la izquierda y a la derecha del espectro político. Se logró evitar por un margen de sólo un voto.

Aproximadamente al mismo tiempo, una oleada de asesinatos de misioneros y sacerdotes cristianos contribuyó a que aumentara el fervor nacionalista dirigido a socavar las reformas del gobierno y a crear una atmósfera de miedo y terror. Consiguieron el éxito en ambos casos. Ahora sabemos que los autores fueron diversos elementos corruptos dentro de la fuerza policial y del ejército. La persona más icónica entonces, sacrificada por razones de Estado, fue el periodista turco-armenio y activista por los derechos humanos Hrant Dink, que había dedicado su vida a tender puentes sobre el abismo existente entre turcos, kurdos y armenios y a luchar por la promesa de un futuro en el que las heridas del pasado pudieran curarse a través del reconocimiento y la reconciliación. La imagen de su cadáver frente al periódico Agos, a sólo unos cuantos de cientos de metros de la Plaza Taksim, se ha convertido en otro símbolo de la sombría historia política de Turquía, atenuado sólo por el hecho de que 200.000 personas caminaron detrás de su ataúd en el funeral gritando el eslogan “Todos somos armenios”.

Aunque todos estos intentos de manipulación y todas las campañas de violencia no consiguieron finalmente hacer descarrilar el proceso democrático, sí lograron galvanizar al electorado que apoyó aún más al AKP, incrementando la legitimidad interna e internacional del gobierno. Conmocionado, el gobierno impulsó cambios legales para obtener el control de los tribunales e instituciones legislativas independientes, e inició una serie de causas legales contra miembros de las antiguas elites gobernantes, el Estado profundo y especialmente el ejército. Aplaudido por los partidarios del AKP, por muchos liberales y demócratas, y poner al descubierto un número de complots para socavar al gobierno democráticamente elegido, todo esto se transformó pronto sin embargo en juicios masivos, donde no se garantizaba el proceso debido ni tampoco la búsqueda de la verdad parecía ser el principal objetivo.

A pesar de esos desafíos sistémicos, el AKP consiguió equilibrar su versión de un paquete de crecimiento neoliberal con la extensión a segmentos más amplios de la sociedad de unos mejores servicios públicos en sanidad y educación. En un breve período de tiempo, la infraestructura del país, sus ciudades y las zonas rurales experimentaron una modernización impresionante. Que ese modelo de crecimiento fuera desviándose cada vez más hacia un desarrollismo neoliberal que contemplaba el patrimonio urbano y los recursos naturales sólo a través del prisma de la generación de rentas y maximización de beneficios para las compañías con vínculos con el gobierno, fue hasta cierto punto aceptable siempre y cuando pudiera mantenerse la novedad de una política equilibrada.

La política exterior turca, especialmente con el Ministro de Asuntos Exteriores Ahmet Davutoglu, parecía ser visionaria y pragmática al mismo tiempo, mostrando a Turquía como polo de estabilidad y buena vecindad y compromiso con sus vecinos. Que los medios estuvieran sufriendo presiones de censura y que docenas de periodistas acabaran en la cárcel por su trabajo de investigación era un problema, pero eso no era algo inaudito en Turquía y tampoco era algo que la mayoría de la población sintiera directamente. Las elecciones de 2011 dieron una victoria de casi el 50% al AKP, victoria que tuvo mucho que ver con la historia del auge económico de Turquía de esos años en términos macroeconómicos –en la década del gobierno del AKP, el PIB per capita se triplicó, y tanto el desempleo como la pobreza urbana se redujeron de forma importante-.

Las elecciones de 2011 y la hegemonía del AKP

Aunque habían ido lentamente apareciendo determinados indicios de excesos tanto a nivel interno como externo, los políticos realistas y liberales dentro del AKP pudieron ir frenándolos y reinar sobre puntos de vista más radicales sobre la sociedad y la política exterior, lo que no debería resultar demasiado sorprendente en un partido con raíces en el Islam político. Sin embargo, 2011 supuso un doble punto de inflexión: con las revoluciones árabes, la política del gobierno de cambios graduales a través de la cooperación económica sufrió un duro golpe, a la vez que se creaban las bases para restablecer a Erdogan como líder modelo para las incipientes democracias del mundo árabe. Fue en este momento cuando la retórica conservadora del Primer Ministro empezó a salirse de madre y a parecerse cada vez más a un autócrata que daba lecciones a sus interlocutores internos e internacionales acerca del camino a seguir en adelante, recurriendo cada vez más a la retórica y al simbolismo religioso. Un ejemplo revelador de esta mentalidad fue su discurso de febrero de 2011, en el cual pidió a Hosni Mubarak de Egipto que escuchara la voz del pueblo y dimitiera: “Cuando morimos, el imán no va a rezar por el primer ministro o por el presidente, sino que rezará por el ser humano. De Vd. depende merecer buenas oraciones o maldiciones. Debería escuchar las demandas de su pueblo y ser consciente de ese pueblo y de sus justas demandas”. Sin embargo, fue el compromiso de Turquía en Siria el que acabó con cualquier pretensión de “Política de Cero Problemas con los Vecinos” de Davutoglu. No sólo Turquía se convirtió en el intermediario de los combatientes yihadistas, así como de las armas saudíes y qataríes para grupos como Yabhat al-Nusra, sino que su seguridad interna se vio seriamente comprometida, sobre todo en la provincia de Hatay (Antaquia), cuya composición étnico-religiosa es un espejo de la de Siria. Los atentados de Reyhanli, sin resolver hasta la fecha, que mataron al menos a 51 vecinos de la localidad y a algunos refugiados sirios, son un buen ejemplo de ello.

 El segundo punto de inflexión es de naturaleza aún más grave. El Primer Ministro ha malinterpretado el voto del 50% de la nación como un mandato sin límites. No sólo está actuando ahora en gran medida sin el control del poder judicial, que está ocupado por jueces y fiscales con posiciones progubernamentales, sino que el proceso de adhesión a la UE ha casi descarrilado. Ha centralizado también todo el poder del partido en sus manos y lo ha utilizado para echar del poder a personalidades liberales y de centro-derecha. Se ha rodeado ahora sobre todo de un grupo de asesores de segunda categoría, que le protegen del descontento y de las críticas tanto desde dentro del AKP como del pueblo. A lo largo de los últimos años, ha ido silenciando a los principales medios de comunicación presionando económicamente a sus barones, que tienen intereses económicos fuera del sector de los medios y que son fácilmente corruptibles gracias a la promesa de licitaciones públicas. Y más recientemente, la Oficina del Primer Ministro ha estado repetidamente interviniendo directamente sobre los editores-jefes de los periódicos y de los canales de TV dictándoles los contenidos de su política editorial.

 Y ahora Taksim

Ese es el telón de fondo contra el que tenemos que leer los actuales desarrollos. Hay un gobierno que ha salido recientemente elegido con el 50% del voto popular. Hay un primer ministro que fue una vez el portador de la bandera de las reformas democráticas y el desarrollo humano que, sin embargo, ha perdido contacto con los acontecimientos sobre el terreno y está a punto de ahogarse en sus propios delirios de grandeza. Se ha puesto a hablar de forma incoherente de que las mujeres deberían tener al menos tres hijos, de que el aborto es un asesinato, de que la gente que bebe cerveza son unos alcohólicos y que los manifestantes son una pandilla inmoral de saqueadores. Ignora a todo aquel que no está de acuerdo con sus puntos de vista e intenta etiquetarle como enemigo del Estado. Y no ha sido capaz de comprender que los jóvenes activistas, que empezaron a ocupar el Parque Gezi en la Plaza Taksim , no formaban parte de ninguna conspiración de Estado al modo de las Marchas Republicanas de 2007. No eran más que defensores del medio ambiente y estudiantes que intentaban impedir la destrucción de uno de los pocos parques que quedan dentro de la ciudad para que no pueda construirse otro centro comercial y que la Plaza Taksim se remodele como un espacio para consumir en vez de un lugar de encuentro de un pueblo democrático.

Si Erdogan no hubiera ordenado la extremada violencia policial con la que se expulsó del parque a los primeros manifestantes, completamente pacíficos, no habrían empezado las protestas a lo ancho y largo de la nación. Si la policía de Estambul no hubiera atacado brutalmente a los manifestantes con botes de gases lacrimógenos y cañones de agua, si no hubieran golpeado a toda la gente joven que detuvieron en los últimos días, Estambul no se habría convertido en un campo de batalla, el enfrentamiento se habría reducido y se habría evitado la pérdida de vidas humanas. Si Erdogan no hubiera hecho un discurso final antes de salir para una visita de Estado en el Norte de África en el que agitó aún más la situación al anunciar que no sólo se iba a construir el centro comercial sino que también iba a demolerse el Centro Cultural Ataturk que hay en la plaza para construir una mezquita en su lugar, si no hubiera amenazado a los manifestantes haciendo mención a que “apenas puedo contener al 50% que están esperando en sus casas para actuar”, la mayoría se hubiera marchado de momento a casa. Pero no hizo nada de eso. Sin embargo, lo que sí ha conseguido es unir a la gente que había llegado a creer que en la maquinaria del crecimiento neoliberal del APK no quedaba espacio alguno para la solidaridad y la acción colectiva. Por tanto, ha logrado liberar los recuerdos de las luchas políticas y sociales, así como de la experiencia de la brutalidad y la injusticia estatal, cuya historia he intentado bosquejar en este ensayo. Al atacar el símbolo de la resistencia ante la injusticia, la Plaza Taksim, ha tratado de menospreciar los recuerdos de quienes se habían levantado antes para luchar por sus derechos. No obstante, ha fracasado.

En estos momentos, estudiantes, profesionales de clase media, activistas kurdos, organizaciones de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales, sindicatos, hinchas de futbol, muchos musulmanes conservadores, así como kemalistas, nacionalistas y pequeñas organizaciones de izquierdas se están manifestando por toda Turquía. Se inspiran en diferentes momentos de la historia del país: Algunos ven a Mustafa Kemal Ataturk como su modelo a seguir, otros recuerdan los movimientos socialistas y la Taksim de 1977, algunos rememoran su expulsión de los pueblos kurdos y las penalidades a que tuvieron que enfrentarse para empezar una nueva vida sin medios en un lugar extraño, y otros lloran a sus mártires, bien sean familias de soldados o de guerrilleros. Muchas estudiantes musulmanas conservadoras, que fueron sometidas a las denominadas “salas de persuasión” donde se las obligaba a quitarse el hiyab, recuerdan la solidaridad de sus compañeros de estudios.

Puede que sea sólo una pequeña ventana de solidaridad parecida a los gloriosos días de la “República de Tahrir”, pero ha demostrado la posibilidad de superar las divisiones que el gobierno del país ha tratado siempre de ahondar entre las diferentes comunidades políticas, religiosas y sociales. Ha servido para unirlas en su búsqueda de una vida que prometa algo más que autopistas, centros comerciales, residencias de lujo, proyectos de viviendas sociales en alejados suburbios, valores familiares conservadores y limitados derechos laborales. En este sentido, las protestas han delimitado claramente los límites del crecimiento neoliberal y la política conservadora autoritaria en Turquía.

Que la Plaza Taksim entre en los anales de la larga lucha de Turquía por la libertad, la justicia y la solidaridad como el lugar donde se ha conseguido un nuevo contrato social depende ahora, sobre todo, del gobierno. Esta vez Taksim no va de revolución sino de la posibilidad de una democracia madura que limite los extremos de la maquinaria del crecimiento neoliberal y que recorte la concentración de poder en manos de un Primer Ministro megalómano. Se trata también de la posibilidad de tender puentes por encima de las muchas fallas de la compleja sociedad turca. En el parque y en la plaza, los activistas kurdos, los kemalistas, los nacionalistas turcos, los socialistas y los “musulmanes anticapitalistas” han sido capaces de luchar y celebrar juntos, a pesar de los enfrentamientos ocasionales que se resolvieron con la inmediata intervención de los espectadores.

Hay razones para creer que los miembros del gobierno y veteranos hombres de Estado, como el Presidente Abdullah Gül, encontrarán una vía para superar el actual impasse junto a los representantes de los manifestantes de la Plaza Taksim. Todos ellos son muy conscientes de que la prolongación de los disturbios dañará la enormemente globalizada economía del país y la reputación de su gobierno. Si fracasan y si el Primer Ministro vuelve a su política arrogante, Turquía entrará una vez más en un período de tristeza, por los que tantas veces ha pasado ya. Pero los acontecimientos de estos momentos en Estambul y en toda Turquía, así como el flujo de solidaridad internacional, no van a poder aniquilarse, ni tampoco el sentido de solidaridad y empoderamiento social que ha transformado a todos los que se han unido a las protestas.

Kerem Öktem es investigador en el European Studies Center del St. Antony's College. Sus investigaciones se centran en la política turca y en las relaciones internacionales, en particular en las minorías, los nacionalismos y en las redes y políticas musulmanas en los Balcanes y Europa Occidental.Ha publicado sus trabajos en Nations and Nationalism, Journal of Muslims in Europe , Journal of Southeast European Studies , Multicultural Discourses, European Journal of Turkish Studies y Patterns of Prejudice.

 Fuente: http://www.jadaliyya.com/pages/index/12088/contours-of-a-new-republic-and-signals-from-the-pa

*++

TURQUIA: ¿QUÉ ESTÁ PASANDO?

Los contornos de una nueva República y las huellas del pasado 

Cómo entender la Plaza Taksim 

 (1/2)

Kerem Öksem 

Jadaliyya.org

Rebelion 

13.06.2013 

 Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández. 

Mucho se está escribiendo sobre las protestas que vienen desarrollándose en Estambul y Turquía desde que activistas defensores del medio ambiente ocuparon inicialmente, el 28 de mayo, el Parque Gezi. En un intento por encontrarle sentido a los masivos disturbios sobrevenidos, han ido apareciendo diversos marcos de explicación: El primero del que se echó mano fue del prisma de la “República Tahrir ” y la “Primavera Árabe”, asimismo surgieron referencias a los “Indignados” de España y a los “Aganaktismenoi” de Grecia y también, cada vez más, al movimiento Ocupa. El levantamiento turco tiene muchos rasgos comunes con esos movimientos, sobre todo en su preocupación por los excesos de la reestructuración neoliberal y por las dinámicas del consiguiente activismo de base. Sin embargo, ninguno de esos marcos explica por qué esas protestas pudieron estallar a tan gran escala bajo las condiciones de un rápido crecimiento económico, de una reducción de las tasas de desempleo y de la pobreza urbana ni tampoco aclara el amplio espectro de los manifestantes. Tampoco nos ayudan a entender por qué las clases medias acomodadas fueron, y siguen siendo, la principal fuerza impulsora de las protestas. Como la Plaza Taksim está tomada por los manifestantes y como las batallas se propagan por todo el país, es un buen momento para echar una mirada atrás y volver al atormentado pasado de Turquía y a su historia de luchas sociales y simbolismos políticos a fin de poder hallar las respuestas. Este ensayo se basa en las perspectivas que ofrecí por vez primera en mi libro “Angry Nation: Turkey since 1989” (Zed Books, London 2011), así como a una serie de artículos publicados en OpenDemocracy (“From Tahrir to Taksim” y “End of Islamism With a Human Face”) y en MERIP (“Return of the Turkish State of Exception”).

El telón de fondo histórico de la Turquía moderna 

A partir de las ruinas de un imperio, la violencia y el sufrimiento conformaron el paisaje político y moral de Turquía, desde el genocidio armenio y el desarraigo forzoso de las comunidades musulmanas en los Balcanes y su huida a Turquía a la destrucción de los pueblos no musulmanes. La República de 1923 constituyó un intento de romper con ese pasado y crear una identidad y narrativa histórica que negaran todos esos sucesos. Fue una república basada en una visión nacionalista y excluyente del mundo, pero sirvió para crear una clase media turco-musulmana moldeada a imagen cultural de sus contemporáneos europeos, forjando una fuerte identidad nacional basada en el culto a la personalidad alrededor de su principal dirigente, Mustafa Kemal Atatürk.

Gran parte de la historia del país estuvo dominada por la opresión y la explotación. El lugar de Turquía en el orden mundial internacional ha ayudado a sus clases hegemónicas a mantener su control sobre el poder. Como fue un Estado-frente durante la Guerra Fría, se desarrolló un modelo de tutelaje burocrático-militar que aseguró la permanencia de un sistema político híbrido donde de forma regular se celebraban elecciones que colocaban políticos en el poder, que, en última instancia, tenían sólo una potestad limitada al margen de la esfera económica. Este sistema permitió la progresiva inclusión económica no sólo de las elites urbanas sino también de los emigrantes del campo, quienes, a partir de la década de 1950, fueron trasladándose a las ciudades cada vez más desarrolladas del oeste de Turquía. Sin embargo, rara vez llegó a cuestionarse la hegemonía cultural de las elites que fundaron el Estado. A pesar de este aspecto integrador del sistema político turco, las comunidades étnico-religiosas, desde los kurdos a las heterodoxas comunidades alauíes y a los no musulmanes, fueron obligadas a asimilarse, conjuntamente con una serie de políticas de desposesión y pogromos patrocinados por el Estado. A lo largo de diversas oleadas de violencia, se limpiaron barriadas enteras de Estambul de vecinos griegos y armenios, siendo los sucesos más vergonzosos los acontecidos durante el 6-7 de septiembre de 1955, conocidos también en griego como Septemvriana. En efecto, casi todas las áreas de alrededor de Taksim, ahora objeto de renovación y “regeneración urbana” como residencias de lujo en el centro de la ciudad, les habían sido ya expropiadas a sus propietarios originales en los años cincuenta y sesenta del pasado siglo. Es uno de esos giros irónicos de la historia que algunos miembros de las prósperas clases medias, que están ahora comprando esos pisos de lujo, puedan descubrir que sus abuelos fueron quienes se beneficiaron de los primeros desahucios contra las comunidades que no eran musulmanas. ++ A pesar del control hegemónico de este sistema político-económico sobre la sociedad, existía oposición. Durante las décadas de los sesenta y los setenta adoptó un enfoque socialista revolucionario. Los sucesos del “mayo sangriento” de 1977 constituyeron un punto de inflexión simbólico. El primero de mayo, francotiradores no identificados dispararon y mataron a 34 manifestantes en la Plaza Taksim. La violencia política entre los grupos socialistas y los grupos fascistas a favor del gobierno se escapó de todo control y Turquía estuvo más cerca que nunca de una guerra civil. En los años que llevaron al golpe militar de 1980, miles de activistas, personajes públicos y ciudadanos murieron asesinados por facciones rivales, lanzadas las unas contra las otras por lo que hoy conocemos como Estado profundo, el centro real de poder en Turquía en aquellos momentos. Fue una política de divide y vencerás que enfrentó a un grupo contra otro e hizo de todo ello un instrumento al servicio del mantenimiento del poder del régimen. Sin embargo, y a pesar de la violencia, fue en esos años cuando surgió la sociedad civil turca, cuando el sindicalismo se convirtió en el telón de fondo de la aparición de una clase trabajadora autosuficiente, cuando los kurdos empezaron a organizarse democráticamente y a exigir sus derechos, y cuando la sociedad, aunque polarizada, se politizó en grado sumo y fue consciente de la explotación capitalista.

El golpe militar de 1980 y la guerra kurda

La intervención militar de 1980 destruyó todo eso, aunque creó los cimientos del renacimiento neoliberal de Turquía. La desintegración casi total de los sindicatos y los recortes masivos de los derechos de los trabajadores eliminaron la fuerza de trabajo organizada como factor político. Se prohibieron todos los anteriores partidos y el sistema político se reorganizó alrededor de partidos vacíos totalmente controlados por los gobernantes militares. Una nueva constitución, redactada por juristas pro-militares aseguró que se restringieran fuertemente los derechos humanos e individuales. Y a fin de aplastar cualquier movilización socialista, el ejército dictó el retorno al conservadurismo religioso. La síntesis islamo-turca, una complicada mezcla ideológica entre nacionalismo racista y conservadurismo islámico, sustituyó al nacionalismo laico de la república kemalista. A lo largo de los años ochenta, el lento ascenso del islam político y de las nuevas clases medias conservadoras le debe mucho a ese respaldo inicial del ejército. Otra política de los militares, la brutal opresión de cualquier síntoma de demanda de los derechos de los kurdos creó las condiciones para la aparición del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PTK) y para la guerra kurda, en la cual la geografía cultural de las provincias kurdas y el patrimonio histórico de sus ciudades quedaron prácticamente destruidos.

 El dirigente político más importante de esos años, el Primer Ministro y después Presidente, Turgut Özal, fue en una gran parte un producto de ese entorno ideológico, pero fue capaz de modificarlo a favor de una visión más global de valores liberales, intentando negociar a nivel personal con los líderes kurdos el fin de la guerra en el Kurdistán. No han podido aclararse del todo las causas de su muerte en 1993. Una vez quitado de en medio Özal, la década de 1990 fue testigo de una brutal guerra de desgaste en las provincias kurdas. Hubo más de 40.000 muertos, más de mil pueblos quemados y evacuados, provocándose una oleada de refugiados desde las provincias kurdas hacia las ciudades y hacia el oeste del país. Esta segunda oleada de emigración (forzosa) cambió de forma significativa la configuración étnica del oeste de Turquía. Aunque la mayor parte de los refugiados kurdos terminaron en barrios de chabolas en los alrededores de ciudades como Estambul, Ankara, Izmir, Adana y Mersin, muchos de ellos empezaron a prosperar económicamente y también, de forma creciente, a nivel académico, conformando una clase media e intelligentsia kurdas moldeadas por esa experiencia de terror y brutalidad de Estado. En el resto del país, las familias vieron la misma guerra a través del prisma de sus niños muertos e inválidos, muchos de ellos profundamente traumatizados y destrozados. Su dolor fue explotado por grupos de la extrema derecha que aprovecharon para crear un sentimiento antikurdo muy extendido, especialmente en las provincias occidentales y del Mar Egeo.

La década perdida de 1990 y el terremoto de Marmara 

Gobiernos de coalición sin poder real, una grave crisis económica, la captura del líder del PTK Abdullah Öcalan y un devastador terremoto en Estambul y la región de Marmara salpicaron los años plagados de violencia de la década iniciada en 1990. Una intervención militar no violenta en 1997 produjo la exclusión de los musulmanes conservadores de los puestos de poder, mientras a las estudiantes que llevaban pañuelo en la cabeza se las culpaba de ser el enemigo simbólico. Miles de ellas fueron sometidas a tortura psicológica y excluidas de la educación universitaria. Sin embargo, justo en aquel momento, cuando el sistema político turco estaba a punto de perecer en la ciénaga de la corrupción, la política del Estado profundo, la exclusión del laicismo y la violencia desenfrenada, un desastre natural en la región más poblada e industrializada del país, Marmara, sacudió Turquía. El terremoto, en el que probablemente murieron más de 30.000 personas, provocó una corriente sin precedentes de compasión, solidaridad y acción social colectiva en ayuda de los supervivientes. Con la destrucción de decenas de miles de hogares, un modelo urbano basado exclusivamente en la renta quedó hecho añicos y lo mismo ocurrió con la clase política que había permitido su desarrollo. La respuesta internacional hizo que se viniera abajo la narrativa de que Turquía estaba rodeada de enemigos y que los turcos sólo podían confiar en ellos mismos. Las semillas de la solidaridad y de la acción colectiva autorregulada se habían sembrado ya y las decenas de miles de personas que corrieron al lugar de la tragedia para ayudar no han olvidado el poder que tuvieron frente a la impotencia de las vacilantes agencias estatales y de los políticos pendencieros. 

*++

PENSIONES: MARIANO RAJOY, POR EMBUSTERO Y LADRÓN, DIMISIÓN

¿Es España una democracia? El caso de las pensiones

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Pensamiento Crítico” en el diario PÚBLICO, 12 de junio de 2013

Este artículo denuncia la avalancha ideológica que se reproduce en los medios de mayor difusión a favor de la reducción de las pensiones en España. El artículo documenta la falta de diversidad en los cinco rotativos de mayor difusión de España en su cobertura de la sostenibilidad de las pensiones públicas, promoviendo puntos de vista catastrofistas presentados por las instituciones financieras que favorecen la privatización de las pensiones. 

A primera vista esta pregunta parece una provocación. Dudar de que España sea una democracia parece reflejar una ignorancia acerca de lo que es una dictadura. Y los que hemos vivido y sufrido una dictadura podemos atestiguar que España hoy no es una dictadura. Ahora bien, tampoco es una democracia homologable a la de la mayoría de países de la Unión Europea de los Quince (UE-15) que tienen un desarrollo económico semejante al español. Y uno de los indicadores más significativos de lo que digo es lo limitadísimo que es el espectro ideológico en los medios de mayor difusión, sean estos públicos o privados. Veamos un ejemplo.

Hace unos días se publicó un informe de una Comisión llamada de Expertos, que fue nombrada por el gobierno del PP con el objetivo de hacer recomendaciones que, en teoría, pudieran garantizar la solvencia de las pensiones públicas en España. Esta Comisión estaba integrada en su mayoría por profesionales próximos a las Compañías de Seguros Privados y a la Banca (9 miembros de un total de 12), instituciones financieras que tienen un gran interés en privatizar las pensiones a base de reducir las pensiones públicas. En cualquier país con mayor cultura democrática, habría una protesta, expresada entre otros fórums, en los medios de mayor difusión, denunciando el claro conflicto de intereses entre dichos profesionales y el objetivo asignado a la Comisión, que era hacer un estudio objetivo de la situación, para mejorarla. Este objetivo estaba claramente en conflicto con los intereses de las Compañías de Seguros y de la Banca que aquellos miembros de la Comisión representaban. Ni que decir tiene que esta representatividad no era formal. Pero su dependencia de las instituciones que habían financiado sus trabajos les hacía vulnerables y sospechosos de una falta de neutralidad e imparcialidad. En realidad, todos ellos eran conocidos por sus posturas favorables a las tesis de las Compañías de Seguros y de la Banca, lo que explica que el informe pudiera haberlo escrito la propia asociación de Compañías de Seguros (de las cuales recibían dinero) o de la Banca (de la que también recibieron fondos). Todo era muy predecible.

En un país democrático esto hubiera sido objeto de denuncia en los medios de información. No ha sido así en nuestro país. Todos estos medios continuaron refiriéndose a la Comisión como “Comisión de Expertos”, ignorando que tales medios tienen entre sus objetivos (al menos en teoría) la vigilancia del Estado y crítica de sus comportamientos antidemocráticos. Referirse a tal Comisión como de Expertos, es darles una legitimidad que no se merecen.

El sesgo abusivo de los medios de información y persuasión 

Pero la cosa es incluso peor. Si miramos los artículos de los cinco rotativos de mayor difusión del país (El País, La Vanguardia, El Periódico, el Mundo y ABC), podemos ver que todos ellos publicaron este último fin de semana (tanto en las páginas de opinión como en sus páginas económicas) artículos apoyando las tesis de que hay que recortar las pensiones, tal como promovía la mal llamada Comisión de Expertos. Un total de 23 artículos. Y ni uno (repito, ni uno) de esos artículos cuestionaba la tesis de que los recortes de las pensiones -que la “Comisión de Expertos” estaba recomendando- fueran necesarios. Es más, en todos ellos se afirmaba que había un consenso nacional e internacional entre todos los expertos en el tema de las pensiones sobre la necesidad de recortar las pensiones públicas. Un ejemplo, entre otros, es el de la profesora Concepció Patxot, de la Universidad de Barcelona, en su artículo “El Estado de Bienestar, más allá de las pensiones” (La Vanguardia, 09.06.13). Otro ejemplo era el artículo del Catedrático Josep Oliver titulado “Los inevitables recortes en pensiones” (El Periódico, 08.06.13), rotativo que también se ha distinguido por promover los recortes de pensiones públicas, escribiendo un editorial durante el fin de semana en apoyo de los recortes. Editoriales semejantes han aparecido en los otros rotativos. Ni uno ha escrito en contra de dichos recortes de las pensiones.

Además de esta campaña propagandística a favor de los recortes de las pensiones (que de seguirse la metodología de cálculo de las pensiones propuesta por la supuesta Comisión de Expertos serían los más acentuados en el país de la UE-15 que se gasta menos en pensiones), estos rotativos han invitado a dirigentes de la Banca y de las Compañías de Seguros para que expongan sus puntos de vista sobre la viabilidad de las pensiones. Así, El País, el mismo día que publicaba todos los artículos de apoyo a los recortes (07.06.13) invitó al aristócrata Henri de Castries, Conde de Castries, presidente y consejero delegado de la compañía de seguros AXA, para que opinara sobre el futuro de las pensiones públicas y, como era de esperar, auguró un futuro catastrófico para tales pensiones, aconsejando a la gente que fuera corriendo a la Banca y a las Compañías de Seguros para hacerse un plan de jubilación privado. El título de esta presentación era “¿Quiere una pensión decente? Ahorre. El Estado no se la dará”. El aristócrata indicó que no solo las pensiones, sino todos los servicios públicos, deberían privatizarse, porque la gente se ha malacostumbrado y exige más de lo que el Estado puede y debe ofrecerle. Y, por si no quedaba claro, enfatizó que el sistema sanitario público debe servir solo para emergencias (es decir, para casos muy costosos) pero no para ofrecer confort (y calidad de vida) al ciudadano. Y para acentuar todavía más su carácter reaccionario (y no hay otra manera de decirlo) indicó que los salarios estaban demasiado altos, añadiendo: “¿Dónde está escrito que los salarios solo puedan subir? (…) Los salarios deberían poder descender”. Y también, como era de esperar, repitió el mismo argumento de que la edad de jubilación obligatoria se hizo ya hace más de cincuenta años y que, por lo tanto, debería cambiarse. Es interesante notar que los que aducen estos argumentos nunca han dicho que el horario laboral diario de 8 horas se aprobó a finales del siglo XIX, hace ya más de un siglo, y en cambio no han recomendado cambiarlo.

Este artículo es la guinda que termina la avalancha ideológica. Ni que decir tiene que esta campaña carece de la más mínima sensibilidad democrática y refleja una prepotencia que caracteriza al establishment español. La arrogancia de este establishment es única en la UE-15. España tiene uno de los Estados del Bienestar más pobres de la UE-15, unos de los salarios y de las pensiones más bajos, y todavía quieren recortarlos más y más. Las clases populares deberían movilizarse y no estaría de más que se comenzaran a hacer escraches también a los medios de desinformación que existen en España. Es obvio que son parte del problema y debería denunciárseles. El enriquecimiento de la democracia exige en nuestro país un cambio profundo de sus escasamente democráticos medios de información. Éstos, en realidad, son más de persuasión que de información.

En contra de lo que se indica, la gran mayoría de expertos a nivel internacional en temas de Seguridad Social no consideran que las pensiones públicas sean inviables (véase el libro Social Security. The Phony Crisis, de Dean Baker y Mark Weisbrott, de la University of Chicago Press, y el libro Lo que debes saber para que no te roben la pensión de Vicenç Navarro y Juan Torres, de la Editorial Espasa). Todo lo contrario. Hoy España se gasta muy poco en pensiones. Y las pensiones, incluyendo las contributivas, son bajas. La evidencia de ello es abrumadora. Pero las voces que cuestionan la sabiduría convencional en España se han mantenido fuera del circuito, marginadas, pues los establishments financieros, políticos y mediáticos saben lo frágiles que son sus argumentos, muy vulnerables a desaparecer, si pudieran mostrarse los enormes fallos de su estructura ideológico-intelectual, que promueven los medios. 

*++

PENSIONES: MARIANO RAJOY Y DEMÁS BANDA DE LA SINDICALA Y PARTIDOTES POLITICOS QUE PARTICIPAIS EN EL ROBO DE LAS PENSIONES A TRAVES DEL PACTO DE TOLEDO, POR CRIMINALES, LADRONES Y BANDIDOS, DIMISIÓN, Y ANTE LOS TRIBUNALES A RESPONDER DE VUESTRAS FECHORIAS

Sobre Keynes y pensiones

(Marianuelo, ojalá el que conduce seas tú con tu familia dentro y el precipicio tenga 1.432 kms. de profundidad con clavos de punta para amortiguar el golpe, y lo digo no porque quiera,  ya me comprendes, sino porque es mi deber, ¿captas?)

ABEL ROS / EL PLURAL.COM

13/06/2013

Las pensiones han sido el principal escollo de la contienda electoral desde los tiempos adolfinos. Decía Andrés – pensionista alicantino – que los jubilados de este país deberían salir a la calle para defender sus intereses de clase. Desde que comenzó la crisis – decía este indignado del treinta y seis -, los abuelos de Rajoy compramos menos pan con el mismo parné. Primero fue la congelación de la paga, después el “recetazo” y ahora: la pérdida encubierta de poder adquisitivo con ese dardo envenenado de la “esperanza de vida”. Es una vergüenza, decía este señor, que volvamos a los tiempos galdosianos. Los mismos años, pero dos siglos atrás, cuando los viejos representaban un estorbo económico para el ahorro y la prosperidad de la incipiente burguesía. 

Son precisamente estos fragmentos extraídos de los mentideros callejeros, los que invitan a la Crítica a vislumbrar las sombras que se esconden entre las arrugas de los mayores. La jubilación para el año 2027 del “baby boom” de los sesenta, probablemente borrará los acuerdos alcanzados en el Pacto de Toledo. La cuestión aritmética, o mejor dicho, el desequilibrio futuro entre: viejos y jóvenes, ha sido el argumento esgrimido por los “Sabios de Europa”. Argumento esgrimido para encubrir la nueva hornada de recortes que se cocinan en los fogones merkelianos. Nueva hornada, decía, porque existen otros mecanismos – igual de eficaces – para garantizar el sistema de reparto, sin necesidad de tocar la hucha de las pensiones. 

 Seguir leyendo en el blog de Abel Ros 

*++

PENSIONES: EL PACTO DE TOLEDO ES LA VERSIÓN MODERNA DE LA CUEVA ACTUAL DE MARIANO RAJOY Y LOS CUARENTA LADRONES PARA ROBARNOS NUESTRO DINERO Y PONERLO A DISPOSICIÓN DE LA MAFIA INTERNACIONAL DE LOS GRANDES CAPITALES

 POR QUÉ VOTÉ EN CONTRA DEL INFORME DE EXPERTOS SOBRE LAS PENSIONES

Santos M. Ruesga, el único experto que se opuso al Informe, explica sus razones en ELPLURAL.COM 

(GRACIAS, HOMBRE, POR TU HONRADEZ)

Santos M. Ruesga / El Plural.com

 13/06/2013 

En los meses de abril y mayo, por encargo del Gobierno español, hemos estado empeñados, un grupo de doce profesionales de diferentes ámbitos, universidad y empresas, en darle forma al denominado Factor de sostenibilidad de las pensiones públicas, cuya referencia se remonta a la Ley 27/2011, por la que se llevo a cabo una reforma de calado en los parámetros básicos que definen la cuantía de la pensión en el sistema público español. 

Como es sabido por los medios de comunicación me opuse al resultado final de dicho Comité, por razones que sintetizo a continuación. 

Una reforma al servicio de una política de austeridad

Entendía cuando me convocaron a participar en dicho Comité que el objetivo era definir y modular un factor de sostenibilidad para las pensiones relacionado con el ascenso de la esperanza de vida en el país, que según todas las predicciones seguirá produciéndose en las próximas décadas. La filosofía subyacente de la citada ley donde se contempla tal factor no es muy lejana a la aplicada en otros países europeos donde ya cuentan con un factor de tal denominación. Se trataba, a mi entender, de dar forma a dicho factor y analizar las consecuencias en diferentes aspectos del sistema público de pensiones, tras su aplicación en los diferentes parámetros que definen las mismas o en un mix de ellos. Para mi sorpresa, desde el inicio del funcionamiento de dicho Comité parecía haber un acuerdo tácito y mayoritario de que debíamos abordar otros aspectos relacionados con la sostenibilidad, en concreto aspectos económicos de la misma, y generar adicionalmente otro factor de sostenibilidad que revertiera también sobre el valor medio de las pensiones, como en el caso anterior. Tal acuerdo tácito venía refrendado por un documento entregado por el Gobierno a dicho Comité, hecho público a través de su entrega a la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo, en el que además de proyecciones sobre la aplicación del factor de sostenibilidad recogido en la Ley 27/2011 se incluían ejercicios prospectivos sobre la posible aplicación de otro factor para la revalorización anual de las pensiones, sustentando en el aplicado en Alemania.

Todo esto me indicaba que el interés del Gobierno español era tratar de dar cobertura “científica”, a través de un Comité de Expertos, a una reforma del sistema público de pensiones enfocada, no sólo, ni en primer lugar, a las sostenibilidad a largo plazo de sus finanzas, sino a contribuir a alcanzar los objetivos de déficit público a corto plazo conveniados con la Comisión Europea y el resto de la Troika. En suma, al servicio de una política de austeridad contra la que me he manifestado en repetidas ocasiones, incluso en las propias reuniones del Comité. Política, que dicho sea de paso está hundiendo desde hace algunos años a la economía española en una largo y negro túnel de recesión reiterada. El recorte de pensiones al servicio de los ajustes en el gasto público.

No hay razones económicas para pensar que los desequilibrios coyunturales de las cuentas de la Seguridad Social española requieran nuevas reformas; el Fondo de Reserva diseñado con tal finalidad, puede hacer frente a tales desequilibrios incluso en un horizonte largo, como puede ser el año 2018, cuando las propias perspectivas del gobierno hablan de una vuelta al superávit en las finanzas de la Seguridad Social.

 Insistir en la reducción del valor relativo de las pensiones allana el camino para la promoción de fondos privados 

Pero más allá de este servilismo a la coyuntura, mejor a la política coyuntural del gobierno actual, me preocupaba, entre otras cuestiones relacionadas en el factor de sostenibilidad diseñado por la mayoría del Comité, el enfoque estratégico que ello significaba para el futuro de las pensiones públicas. La reforma contenida en la Ley 27/2011, que acaba de entrar en vigor a principios de 2013, ya significará un recorte importante en el valor de las pensiones medias, estimado oficialmente en un ahorro del gasto de unos 3 puntos porcentuales de PIB en el horizonte del 2060. A lo que habría que añadir, según tales estimaciones otro medio punto porcentual, al menos de ahorro adicional por la aplicación del factor de sostenibilidad relacionado con la esperanza de vida, contenido también en la citada Ley. Con tales ajustes nos situaríamos en el referido horizonte en nivel relativo de gasto en pensiones, en torno a la media de la Unión Europea de los 27 y por debajo de la media correspondiente a los países del área Euro. 

Tocaba, a mi modo de ver, que los próximos ajustes para alcanzar la estabilidad presupuestaria, alterada por la dinámica demográfica y la evolución económica previsible, acudieran al lado de los ingresos, inyectando recursos al sistema desde el erario público –lo que significa transferencias adicionales desde los activos a los pasivos- para acabar de alcanzar el deseado equilibrio en las finanzas de la Seguridad Social en ese entorno de dentro de unas cuatro décadas. Ello significa no seguir cargando el ajuste presupuestario de nuevo sobre las pensiones medias, con el objetivo de mantener unos niveles adecuados de suficiencia. Ya sé que el informe final del Comité de Expertos no niega este camino, pero es obvio que promueve el otro. Seguir insistiendo en la reducción del valor relativo de las pensiones allana el camino para la promoción de fondos privados de pensiones, como mecanismo complementario de suficiencia. Mecanismo que hasta la fecha ha operado con escaso éxito en nuestro país, y a tenor de lo analizado por la OCDE, con escasa eficiencia en sus resultados. Pero esto es harina para debatir en otra ocasión. El caso es que este camino de complementar pensiones públicas con pensiones privadas, no está al alcance de todos los ciudadanos españoles, más bien de pocos y la vía abierta de repercutir de nuevo los ajustes sobre el valor medio de las pensiones no llevará sino a incrementar las bolsas de pobreza y de desigualdad en la distribución de la renta en el ámbito de la población jubilada, ya de por sí suficientemente expuesta a situaciones de vulnerabilidad económica. 

Santos M. Ruesga es Catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Autónoma de Madrid y socio fundador de Economistas frente a la crisis 

*++

MARIANO RAJOY: EMBUSTERO, SAQUEADOR DE LOS BIENES PUBLICOS Y ALTERADOR DEL ORDEN, DIMISION

 ¿POR QUE SE HACEN LOS RECORTES?

Vicenç Navarro 

Sociología Crítica 

2013/06/11 

Vicenç Navarro, Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University // Ver Fuente // 

No hay plena conciencia ni conocimiento a nivel de la población de que los recortes de gasto público, incluyendo de gasto público social, son (además de totalmente innecesarios y contraproducentes para incrementar la eficiencia económica del país y el bienestar de la población) resultado del enorme poder de lo que se llamaba antes la clase capitalista (y que en EEUU se llama la Corporate Class, es decir, la clase de los propietarios y gestores de las grandes corporaciones financieras, industriales y/o de servicios que dominan la economía del país) sobre sus instituciones políticas y mediáticas. Esta clase ha adquirido unos beneficios extraordinarios como consecuencia de unas políticas fiscales que les han permitido alcanzar unos niveles muy elevados de riqueza, a costa de empobrecer al Estado, el cual, a fin de cubrir los déficits públicos (resultantes de la merma de ingresos como consecuencia de los beneficios fiscales a los miembros de tal Corporate Class) están recortando y recortando el gasto público, incluyendo el social.

Soy consciente de que esta observación será inmediatamente ignorada, marginada o definida por los establishments financieros y económicos (como Fedea y otros centros de investigación económica financiados por la Corporate Class) como “demagógica”, el insulto menos hiperbólico de los muchos que utilizan. Pero veamos los datos, que los que utilizan dicho término sistemáticamente ignoran. Uno de los países donde la información fiscal es más detallada es EEUU. 

El impuesto de sociedades (el impuesto sobre los beneficios) era en EEUU, como promedio, en los años 60 y 70 del pasado siglo, el 52% de los beneficios. De cada dólar que las grandes empresas conseguían como beneficios, 52 céntimos iban al gobierno federal. En realidad, los ingresos procedentes de este impuesto representaban el 33% de todos los ingresos al Estado federal.

 Pero todo esto cambió con la elección del Presidente Reagan, el gurú de los neoliberales (economistas como Sala i Martín y los de Fedea). Este Presidente bajó dicho impuesto al 35%, con lo cual los ingresos al Estado federal procedentes de este tipo de impuesto bajaron a un 9% de todos los ingresos al Estado federal. Pero además de bajar los impuestos a los beneficios, Reagan facilitó la desregulación de la movilidad de capitales, es decir, facilitó que las grandes empresas desplazaran sus actividades económicas a otros países, con lo cual las empresas dejaron EEUU en busca de mano de obra barata y también en busca de paraísos fiscales o países (como Irlanda) con impuestos de sociedades mucho más bajos, como el 12%. El resultado de todo ello es que las grandes empresas, aunque nominalmente pagan el 35% (uno de los porcentajes más altos de la OCDE, el club de países más ricos del mundo) de sus beneficios en impuestos, en la práctica pagan mucho menos, y algunos de ellos, mucho mucho menos.

Entre ellas está Amazon (6%), Apple (14%), General Electric (16%), Coca-Cola (16%), Sheraton Hotels (8%), Carnival Cruise (0,6%), Google (17%), Boeing (7%)y un largo etcétera. 

El Congreso de EEUU acaba de publicar un informe que ha documentado lo que la población ya sabe, que es que las grandes empresas no pagan lo que deberían. Cerca del 70% de la población de EEUU considera que las grandes empresas pagan muy pocos impuestos (incluso aquellas que están casi cumpliendo lo que se les exige por ley, como Exxon (37%), Whole Foods (35%), Best Buy (35%), Gap (35%) y otras). La bajada de impuestos sobre los beneficios iniciada por el Sr. Reagan significó una gran bonanza para esas compañías y sus accionistas. 

Para compensar las bajadas, el mismo Presidente Reagan subió los impuestos de todos los demás (es decir, del 99% restante de la población) y lo hizo, no solo una, sino dos veces (ver James Livingston, “If Companies Are People…”, The New York Times, 14.04.13). Subió los impuestos sobre la renta y muy en especial sobre la renta derivada del trabajo –a costa de bajar los de la renta derivada del capital- y también subió las cotizaciones a la Seguridad Social, incrementando en la práctica la aportación de los trabajadores. El presidente Reagan fue una bendición para laCorporate Class y una pesadilla para casi todos los demás. Los impuestos sobre la renta del trabajo pasaron a representar, junto con las cotizaciones sociales, el 80% de todos los ingresos al Estado.

Estas medidas incrementaron la regresividad de la política fiscal de una manera muy acentuada. El Estado pasó a depender en gran medida de las rentas del trabajo, que contribuyeron de una manera muy marcada a las arcas del Estado a costa de que las rentas del capital bajaran su contribución muy acentuadamente. Es más, la carga sobre las rentas del trabajo incrementó también su regresividad, de manera que las rentas más bajas pagaron porcentajes mayores en impuestos que las rentas altas. La manera de financiar la Seguridad Social, incluyendo las pensiones públicas, es a base de cotizaciones sociales sobre el salario del cotizante hasta una cierta cantidad máxima (113.000 dólares), por encima de la cual no se paga. Esto explica que, mientras el 20% de trabajadores con salarios más bajos paga a la Seguridad Social un 7,3% de su nómina, el 1% superior en salarios paga solo un 0,9%. Todos estos cambios han contribuido al enorme crecimiento de las desigualdades que ha ocurrido desde el inicio de la era neoliberal con el Presidente Reagan. 

Argumentos que se dan a favor de las desigualdades Estas políticas no podían promoverse con el argumento de que estaban beneficiando a los súper ricos. Aunque los datos son claros y contundentes, la narrativa liberal no puede ser tan clara y cruda. De ahí que deba vestirse de seda. Es decir, se tiene que presentar que estas políticas, aunque beneficien a los ricos (y la evidencia es tan contundente que no pueden negarlo), benefician también a todos los demás. ¿Cómo? Las respuestas son varias. Veámoslas una a una y la evidencia de que la avalen o no la avalen. 

• 1. Las desigualdades son buenas porque el hecho de que los ricos tengan más dinero quiere decir que ahorrarán más. Con ello habrá más capital para invertir y crear empleo (lo de “crear empleo” siempre aparece en letras mayúsculas). La evidencia existente, sin embargo, no avala este supuesto. En realidad, las tasas de inversión y crecimiento económico en EEUU fue mayor en la época 1960-1980 que en la de 1980-2000. De hecho, uno de los periodos con menor ahorro, menor inversión y menor crecimiento económico fue durante el periodo 2001-2003, cuando el Presidente Bush redujo de una manera muy acentuada los impuestos del capital y de las rentas superiores. Mientras, el incremento de las rentas del capital se tradujo primordialmente en actividades especulativas que configuraron las sucesivas burbujas, siendo la más importante la inmobiliaria. Por otra parte, estos recortes de impuestos significaron un enorme agujero en los ingresos al Estado, determinando el incremento del déficit estructural del Estado federal. Cuando apareció la crisis, al final de su mandato, tal déficit se intentó reducir a base de recortar el gasto público, incluyendo el social. 

• 2. La eficiencia económica requiere un aumento de las desigualdades a fin de estimular e incentivar el aumento de la productividad. Esta postura que alcanzó niveles de dogma en la sabiduría convencional, ha perdido su credibilidad. Incluso el Fondo Monetario Internacional ha terminado aceptando que el elevado nivel de desigualdades interfiere en la eficiencia económica, obstaculizando el estímulo económico basado en la demanda doméstica, impulsada por una mayor capacidad adquisitiva de la mayoría de la ciudadanía, resultado de medidas redistributivas que transfieran fondos de las clases pudientes con escaso consumo y elevada especulación hacia las clases populares, cuyas elevadas necesidades determinan un inmediato consumo en las áreas de la economía productiva. En realidad, la evidencia muestra que la mejor manera de estimular la economía no es bajando los impuestos (que por regla general beneficia a las rentas superiores), sino subiendo los impuestos de estos sectores pudientes y, con los fondos obtenidos, crear empleo entre los grupos sociales con menor empleo.

• 3. No hay que subir los impuestos a los “súper ricos”, pues ellos ya gastan gran cantidad de recursos en pagar impuestos. Este argumento lo hacen economistas liberales que, por regla general, muestran en gráficos como el 1% de renta superior (los súper ricos) ya paga el 20% de todos los impuestos. Hacerles pagar más es un “expolio” –así lo dicen en sus programas televisivos- donde “dan lecciones de economía”. Lo que estos autores no dicen es que este 1% posee el 40% de toda la riqueza del país y más del 20% de toda la renta. Que paguen solo el 20% de todos los impuestos muestra claramente la regresividad de las políticas fiscales, pues si estas fueran progresivas, los súper ricos pagarían mucho más que el 20% de los impuestos.

La situación en España

Una de las áreas donde hay más opacidad en España es en quién paga impuestos y cuánto paga. Uno de los indicadores de la baja calidad de la democracia en España es precisamente la falta de información fiscal. Ahora bien, existen más que indicios de que lo que he estado describiendo sobre EEUU es incluso más acentuado en España. Así, el impuesto sobre los beneficios de las grandes empresas es de los más bajos de la OCDE y mucho más bajo que en EEUU. Es un 30% en lugar de un 35% (. Pero, como también ocurre en EEUU, la tasa real, a diferencia de la nominal, es incluso tan baja como la de EEUU (un 10%). 

Otra semejanza es que los gobiernos españoles, incluyendo el del Sr. Zapatero, han bajado los impuestos creando un déficit estructural que se ha intentado corregir a base de recortes. Por ejemplo, la bajada de impuestos del 2006 contribuyó al déficit de casi 27.000 millones de euros de 2008, que más tarde se intentó reducir a base de recortes. Se congelaron las pensiones para conseguir 1.500 millones de euros, cuando podrían haberse conseguido más recursos (2.500 millones) recuperando el impuesto de patrimonio o el impuesto de sucesiones (más de 2.500 millones). Algo semejante ocurrió con el gobierno Rajoy, que ha recortado 6.000 millones de euros en sanidad, cuando podría haber conseguido más dinero anulando la bajada del impuesto a las grandes empresas que facturan más de 150 millones de euros al año, consiguiendo 5.200 millones de euros.

En cada uno de estos recortes se ve que lo que determina que se hagan es el poder de la clase social que estará afectada con tales recortes. Así de claro. Y de ello no se habla en los medios de mayor difusión. Y a esto le llaman “democracia y libertad de expresión”.

Artículo publicado en la revista Sistema el 6 de junio de 2013 

 *++