Presupuesto militar o más propiamente dicho presupuesto anti social y por tanto presupuesto contra la sociedad en general, que en concreto acaban pagando los que menos tienen y más trabajan, que si no me falla la memoria son los trabajadores, los de ayer, hoy y mañana. No tratamos aquí del Cañadú ni de a la lima y al limón tú no tiene quien te quiera, sino de hechos que, si bien no son perceptibles a simple vista (y de eso se valen monicacos, monicacas, subterráneos y demás sanguijuelos/as de la política y de otras artes del chupe, señores chupe, al rico chupe, para metérnosla hasta el mango sin que nos enteremos) son sin embargo absolutamente determinantes para las condiciones de vida de los trabajadores, incluidos jubilados, niños y jóvenes que todavía no trabajan. Es decir, se trata, tirando por lo bajo, de 21.622.000.000 de euros, que para evitar mareos y para su comprensión general, traducido al cristiano, quiere decir veintiun mil seiscientos veintidós millones de euros, que corren por cuenta y a costa del costillar de todos españoles, que somos aproximadamente 45 millones de personas incluidos los niños de teta (angelitos míos). De modo que, dividiendo lo uno por lo otro, es decir: 21.622.000.000 / 45.000.000 = 477 euros por cabeza, salvo error, omisión o fallo dactilar (yo hago las divisiones con los dedos de las manos) a la hora de dividir, que van a parar no al ejército, sino a las empresas (por lo general empresas que ni siquiera son nacionales) que a través del ejército le sacan los jugos (un jugo más) a los trabajadores, que cristianamente (porque aquí se es muy cristiano y se habla cristianamente, por entendernos nada más) significa que una pareja que tenga un niño de mes y medios, o sea, un niño de teta, debe pagar, independientemente de lo que gane, tenga o no trabajo, la cantidad de 1.431 euros (477 x 3 = 1.431) a las empresas de la guerra para asegurarles la rentabilidad y el crecimiento de sus capitales. Es decir, que el gobierno por el arte del birle birloque quita un fondo de 21.622.000.000 millones (por el concepto de lo militar, que además está lo civil y lo criminal, o sea, lo que se roba a palo seco, comisiones, farfollinas, regularizaciones fiscales, etc.) fundamentalmente a los trabajadores, por la sencilla razón que somos la inmensa mayoría de la población, que muy bien se podría dedicar a remediar penurias sociales, para regalárselos a las empresas del tiro, el bombazo, la explosión, destrucción, muerte y otras miserias e inseguridades sociales.

 

El presupuesto de Defensa no tiene nada de progresista

Pere Ortega

El Viejo Topo

17.12.2020

Después de tres años con un presupuesto prorrogado, el actual Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos ha conseguido aprobar en el Congreso de Diputados el presupuesto para el año 2021. Este presupuesto alcanza la cifra nada desdeñable de 550.486 millones de euros, 416.498 millones sin incluir las operaciones financieras, y representa un aumento de un 19,4% respecto al de 2020.

Un incremento que hay que celebrar, dado que demuestra la voluntad del Gobierno de hacer frente a la crisis con una política económica expansiva y de corte progresista destinada a incrementar el gasto social y las inversiones públicas para promover el consumo y la generación de empleo, y así poder combatir la enorme crisis producida por la pandemia del coronavirus. Entre otros servicios, se pretende aumentar el presupuesto de Sanidad en un 75%; el de Educación un 70%; los servicios sociales un 70%; la I+D un 75%; en Ciencia un 60%; en acceso a la vivienda un 368%; en políticas de igualdad un 157%; en transferencias de capital para inversiones a organismos un 229%; el Ministerio de Trabajo un 1.167%.

Pero esas alegrías en el ámbito de las coberturas de las políticas sociales y de impulso al empleo, tienen en el ámbito militar su lado más negativo: el presupuesto del Ministerio de Defensa consolidado (que incluye Organismos Autónomos, el Centro Nacional de Inteligencia y transferencias) crece en 664 millones, un 6,5% respecto a 2020, y alcanza la cifra de 10.863 millones. Y si se tienen en cuenta las partidas repartidas entre otros ministerios de carácter militar se alcanza un aumento del 10,3%. Y esto no es una buena noticia. No se corresponde con un presupuesto que se califica de progresista, porque la mayor parte de ese aumento se destinará a promover los Programas Especiales de Armamentos (PEA).

Unos PEA que fueron aprobados durante el Gobierno provisional del PSOE, antes de su coalición con Unidas-Podemos, y que alcanzan la colosal cifra de 13.736 millones en su fase de desarrollo durante los próximos diez años. Están destinados a la adquisición de unos armamentos, que el presupuesto de Defensa prevé en el pago de 2.342 millones para el próximo año; y para la fase de su desarrollo, 676,5 millones en concepto de I+D militar destinados a las industrias militares que los han de fabricar. Unas inversiones militares que aumentan en un 20,4% con respecto a 2020.

En el análisis del presupuesto de Defensa no solo se deben incluir los créditos del Ministerio de Defensa y sus organismos autónomos, sino que también se deben añadir todas aquellas partidas que están repartidas por otros ministerios, algo que aconsejan organismos tan dispares como la OTAN y un centro de estudios sobre la paz, el SIPRI. Algo que es ineludible para saber con exactitud el gasto militar real que realiza cualquier estado. En España, además, se debe incluir la diferencia entre el gasto inicial cuando se aprueba el presupuesto en el Congreso de Diputados y el gasto liquidado al finalizar el año y que este año 2020, según Hacienda, Defensa gastará 933 millones más que los aprobados inicialmente.

El presupuesto oculto

Además, hay que añadir las clases pasivas militares, la mutua militar, las pensiones de guerra de los damnificados por la Guerra Civil española, la I+D militar que surge desde el Ministerio de Industria, el pago a organizaciones internacionales como la OTAN, la Guardia Civil que se rige por ordenanzas militares, y finalmente, la parte proporcional de los intereses de la deuda, pues si el Gobierno se endeuda para hacer inversiones en armamentos e infraestructuras militares, es de recibo que la parte proporcional que corresponde a Defensa se incluya como gasto militar. Entonces, el presupuesto final de Defensa alcanza la colosal cifra de 21.622 millones de euros, que suponen un 1,8% del PIB español.

Cierto es que podría haber más partidas que tengan un carácter militar repartidas por otros ministerios, donde quizás se hagan aportaciones a cuestiones que tengan que ver con la defensa, pero que a nuestro parecer no muestran la evidencia que en nuestro análisis se explicita, y es mejor mostrarse rigurosos y desestimar aquello que se mueve en el terreno de lo impreciso.

En definitiva, un enorme dispendio que no se justifica por las amenazas militares que se ciernen sobre España, pues éstas, tal como sostiene la Directiva de Defensa Nacional aprobada en junio de 2020, no prevén ningún ataque ni amenaza exterior en que España ni la UE se puedan ver envueltas. Entonces, ¿por qué ese colosal gasto e inversiones en armamentos que acabaran su vida útil sin haber cumplido otra misión que la disuasión? Falso es que salvaguarda y crea nuevos puestos de trabajo o que ayuda a relanzar la economía mediante el trasvase de tecnologías del ámbito militar al civil, cuando diversos estudios realizados desde la economía crítica (Leontief y Melmann, entre otros), demuestran que cualquier inversión militar es mucho más rentable en la fabricación de bienes civiles, debido a los costes de oportunidad que generarían más empleo y competitividad en productos civiles. Y, por otro lado, reducirían la deuda pública del Estado, dado que la inmensa mayoría de las armas (un 97% o 98%) son adquiridas por los estados, y sólo un 2% o 3% (armas cortas y ligeras) salen al mercado y sólo en algunos países.

Inversiones militares negativas por aquello que hemos repetido en innumerables ocasiones. El gasto y las inversiones militares no contribuyen al desarrollo de la economía. Por el contrario, la entorpecen, dado que las armas no son bienes que circulen por el mercado y eso les impide tener un valor social. Además, al adquirir armamentos y llevar a cabo inversiones militares, el Estado se endeuda, y por ello esas inversiones son menos productivas que las destinadas a la economía civil, la real, la que sí contribuye a crear empleo. Esa es la razón por la que tienen un mayor valor social. Pues, ¿quién contribuye a mejorar la sociedad y su economía un sanitario, un educador o un militar?

Y esto invalida decir que el presupuesto para el año 2021 es progresista. Tamaño dispendio va en contra de la creación de empleo o el progreso social de la ciudadanía.

Entre las inversiones militares previstas en 2021 para los Programas Especiales de Armamentos destacan por su cuantía:

• el avión de combate Eurofighter (EF-2000) que recibirá más del doble de aportación que en 2020, 488 millones, un programa que tiene un coste final previsto de 13.749 millones
• el avión de transporte A/400M recibirá 321,5 millones, un programa que ascenderá a más de 5.000 millones para adquirir cuatro unidades del Submarino S-80, se prevén 300 millones, que sino hay más modificaciones un coste final de 4.572 millones
• 348 vehículos blindados de combate Dragón 8×8 que recibirán 245 millones con un coste total de 2.100 millones
• los 18 helicópteros de ataque Tigre se les asignan 60 millones y tienen un coste final de 1.738 millones
• la modernización de 23 helicópteros multipropósito NH-90 dispondrán de 280 millones con un coste final de 1.451 millones
• la modernización de los 17 helicópteros Chinook 165 millones y tienen un coste final de 1.200 millones
• las cinco nuevas fragatas F-110 que fabrica Navantia se destinarán 218 millones y su coste final será de 4.326 millones
• dos buques de acción marítima BAM, tienen un crédito de 58,4 millones y el coste final previsto es de 333 millones
• los 239 tanques Leopardo y los 139 Pizarro recibirán 119 millones y su coste final es de 3.338 millones
• los misiles contracarro Spike 20 millones sobre un coste de 364 millones
• el nuevo avión de combate europeo FCAS (Futuro Sistema de Combate Aéreo), Future Combat Air System a fabricar entre Alemania, Francia y España, al que España ha asignado 10 millones en 2019, 40 millones en 2020 y en 2021 se prevé un crédito de 53,7 millones, y que tendrá un coste final entre 40.000 y 50.000 millones entre los tres países.

Unos PEA que no tienen justificación desde el ámbito de la seguridad, pues la ciudadanía no se siente amenazada por posibles ataques exteriores sino por cuestiones relacionadas con su bienestar como: salud, trabajo, vivienda, educación, servicios sociales… En definitiva, un colosal gasto en armamentos del que solo se beneficiará el lobby militar-industrial español, donde se unen los intereses de los principales accionistas de las industrias militares y los intereses corporativos de las cúpulas militares que proseguirán jugando a la disuasión y a la geoestrategia al servicio del sistema de seguridad destinado a salvaguardar los intereses de las grandes corporaciones del capitalismo global.

Texto publicado originalmente en El Salto.

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Covid-19. El "negosi" es el "neogosi". Sin embargo, el que crea la riqueza es el trabajador con su trabajo.

 

La vacuna rusa y la ignorancia

 

Por Pedro Brieger

Rebelión

18/12/2020 

Fuentes: CLAE

¿Qué intereses se esconden detrás de las críticas a la vacuna “rusa”?

“Ahí vienen los rusos” es una gran película de sátira política de 1966 que mostraba el pánico generado en un pequeño pueblo de los Estados Unidos cuando encalló un submarino soviético.  Esa película humanizaba a los tripulantes soviéticos, los mostraba como lo que eran, personas de carne y hueso, y por supuesto -los prejuicios e ignorancia- de quienes los recibían como si fueran extraterrestres.

La llamada “guerra fría” finalizó, el muro de Berlin cayó en 1989, la Unión Soviética se desintegró en 1991, pero los prejuicios subsisten.  Ya no son soviéticos, pero siguen siendo rusos.  Y en nuestro mundo “occidental” vaya uno a saber qué imaginario se ha construido sobre lo que existe “allí”, en ese mundo.

Todo viene a cuento de la llamada “vacuna rusa” que varios países latinoamericanos están comprando y numerosos medios de comunicación cuestionen su efectividad como si viniera de un pequeño país perdido en alguna isla del océano índico.

Obviamente la vacuna Sputnik V del instituto Gamaleya no tiene apellido de laboratorio suizo, francés o estadounidense, como si éstos fueran los únicos confiables.  No es este el lugar para analizar la efectividad de tal o cual vacuna o las historias de las terribles pruebas que varios laboratorios “confiables” hicieron en el llamado “Tercer Mundo”.

Pero sí para señalar lo anacrónico de contraponerle a una vacuna fabricada en Rusia o China la autoridad moral y científica de lo que muchos periodistas señalan como “el mundo civilizado”.  Sí, en estos términos.

Vale la pena recordar que la Unión Soviética tuvo un alto desarrollo tecnológico-nuclear y que tenía al menos un cuarto de la comunidad científica del mundo antes de su desintegración, absorbida obviamente por Rusia.  De más está decir que estas aseveraciones sobre las vacunas “rusas” o “chinas” están plagadas de prejuicios frente a civilizaciones con historias varias veces milenarias.

Por otra parte, por lógica, si hay un mundo “civilizado” con una ética y moral superior, por contraposición el otro mundo no sería “civilizado”.  

También hay que decir que la historia de este llamado “mundo civilizado” no se corresponde con el imaginario creado.

Es una construcción ideológica fantasiosa que “olvida” los genocidios de las potencias coloniales en América, África y Asia, o el traslado masivo de personas del África hacia América para someterlas a condiciones de esclavitud; las dos grandes guerras mundiales, los campos de concentración con sus cámaras de gas o las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, sólo para mencionar algunas de las obras de esto que se llama “mundo civilizado”.

¿Acaso se puede hablar de “mundo civilizado” en nuestra región con la historia de las dictaduras militares y sus genocidios, desapariciones, torturas o robo de bebés para “salvar al mundo occidental y cristiano”, frase tomada del escritor Miguel de Unamuno?

Es posible que detrás de las críticas a la vacuna  “rusa” haya intereses y presiones de grandes laboratorios y empresas farmacéuticas para eliminar un competidor de fuste. Y mucha ignorancia.

*Sociólogo y analista internacional argentino, director del portalnodal.am. Colaborador del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)

http://estrategia.la/2020/12/17/la-vacuna-rusa-y-la-ignorancia/

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Sobre el COVID-19 nada sé desde el punto de vista biológico que es de lo que hay que saber para tratar el asunto. Pero menos que yo sabe a este respecto el señor Javier Ortega Smith, uno de los dirigentes oficiales alteradores del orden público de VOX, si se acepta como alteración del orden público no aceptar el orden constitucional español ni los acuerdos y decisiones que se toman en el Congreso a tenor de las leyes establecidas y se maquina además para darle unos golpecillos al Estado. El “zipótico” saber de este señor acerca del COVID-19, contagiado supuestamente en el viaje que hizo a Milán, se reducía, según declaración propia, a que él vencería la infección del COVID-19 contraída, en batalla sin igual, a lo don Pelayo, contra el moro infiel, o por lo cristiano contra la fotocopia del mismo moro infiel nombrado en la batalla de Tolosa, con los anticuerpos nacionales que portaba que se enfrentarían a los anticuerpos horripila-comunistas chinos causantes de la pandemia. Sin embargo, voy aprendiendo a entender todo lo que tiene el COVID-19 que nada tiene que ver con su aspecto biológico. Y, así, ya sé de las legiones de héroes nacionales que el trabajo ha ofrecido a la Patria en desigual lucha y con escaso armamento (carencia de material sanitario) contra el COVID-19 para salvar vidas a costa de la salud propia. Me refiero en concreto a los trabajadores (incluyo el las, les, lis, los y lus con que ahora hay que decir para cuando uno se refiere a hombres y mujeres) de los sanitarios; trabajadores de asistencia a domicilio a personas dependientes y servicios de limpieza en establecimientos sanitarios, que han sido y son los sectores de la población más afectados, a los que los poderes públicos ofrecen puestos de trabajo de varias semanas o meses, porque lo que quieren es garantizar es el crecimientos de los grandes capitales. Mayor desvergüenza es difícil de imaginar. No incluyo a los peones de albañil por su clara evidencia que hace innecesaria su mención, pues sin peones de albañil no se habría podido construir ninguna vivienda y sin viviendas estaríamos hoy todos al raso, y por ello sin ninguna posibilidad para podernos confinar. Incluso la reina Juana Martina Manuela Me Escuchas de la Purísima Concepción aparecida en el Olivo de Portugal estaría viviendo en la puta calle, porque los arcos de los puentes estarían ocupados por los más pobres. Y, por supuesto, en esto doy mi brazo a torcer: el COVID-19 afecta a todos. Pero a los trabajadores más, y ni les cuento lo que les afecta a los presos terminales internados en las mercantiles residencias privadas y de descargo familiar de la jubilación.

 

COVID-19 en el mundo: Londres volverá al máximo nivel de alerta contra el coronavirus

 

DIARIO OCTUBRE

16.12.2020

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Dos semanas después de reabrir, bares, restaurantes, locales culturales y de ocio deberán cerrar en Londres y partes del sureste de Inglaterra que este miércoles pasarán al nivel máximo de alerta contra el coronavirus debido al fuerte aumento en los contagios.

“Sé que es una noticia difícil y que para los negocios afectados será un revés considerable” pero “esta acción es absolutamente esencial”, afirmó el pasado lunes el secretario de Salud, Matt Hancock, ante el parlamento, donde precisó que el número de infectados se duplica cada siete días en algunas de zonas del país.

“Sabemos que esta duplicación de casos se reflejará en las admisiones hospitalarias y sólo se necesitan unas pocas duplicaciones para que el sistema público de salud se vea superado”, agregó.

Según explicó un reporte de AFP, el paso al tercer nivel de alerta implica el cierre de hoteles, bares y restaurantes (que sólo podrán vender comida para llevar), además de establecimientos culturales como cines, teatros, museos y distintos centros de ocio.

Todas aquellas personas que puedan serán llamadas a trabajar desde sus casas y a evitar los viajes no esenciales.

“Estas restricciones entrarán en vigor en la madrugada del miércoles”, anunció Hancock.

Asimismo, instó a respetar las restricciones “hasta que podamos vacunar a suficientes personas vulnerables”.

El Reino Unido, uno de los países más afectados de Europa, con más de 64.000 muertes, fue el primer país occidental en iniciar la campaña de vacunación contra la enfermedad de COVID-19, luego de haber sido también el primero en aprobar el ensayo desarrollado por Pfizer/BioNTech. Las autoridades esperan finalizar con la inoculación de los grupos de mayor riesgo en abril.

El objetivo es evitar un tercer confinamiento

El pasado 2 de diciembre, Inglaterra finalizó un confinamiento de cuatro semanas, el segundo tras el de marzo-junio, y el país entró en un sistema reforzado de restricciones locales en función del nivel de contagios.

Mientras gran parte del norte pasó inmediatamente al máximo nivel, Londres y el sureste habían permanecido en el nivel 2 de una escala de 3.

Las medidas contra la propagación de la enfermedad de COVID-19 incluyen también una limitación de los contactos sociales, entre ellas la prohibición de reunirse con personas con quienes no se conviva, incluso en el exterior, salvo en parques o playas y nunca en grupos de más de seis, niños incluidos.

Las escuelas, comercios, salones de belleza y peluquerías podrán permanecer abiertos.

“Esto es una increíble decepción para nuestros negocios que ya han sufrido tanto este año”, lamentó el alcalde de Londres, el laborista Sadiq Khan, tras haber advertido en los últimos días de que la imposición de restricciones estrictas sería “catastrófica” para la hostelería y la restauración durante el período de Navidad.

Sin embargo, llamó a todos los londinenses a respetar las medidas para evitar un tercer confinamiento el próximo año que “sería lo peor para los negocios” de la ciudad.

Por su parte, la City de Londres, el poderoso corazón financiero del Reino Unido, instó a “los políticos a revisar continuamente estas decisiones para que la capital pueda volver al nivel 2”.

Ante la propagación del coronavirus en las escuelas secundarias, el gobierno lanzó la semana pasada una campaña masiva de pruebas para niños de 11 a 18 años en siete de los 32 distritos de Londres y partes de Essex y Kent.

Dos de los distritos de la capital, Greenwich e Islington, han optado por cerrar los colegios.

En todo el país, las restricciones se relajarán durante cinco días en torno a la Navidad para permitir los viajes y que hasta tres hogares pasen las fiestas juntos.

Uno de cada diez españoles ha pasado el coronavirus en 2020

Uno de cada diez españoles, alrededor de 4,7 millones de ciudadanos, se ha contagiado de coronavirus en los once meses que llevamos de pandemia, tres millones más de los que contabiliza como diagnosticados el Ministerio de Sanidad, que los eleva a algo más de 1,7 millones.

Así lo desvela los resultados preliminares del macroestudio Enecovid del Instituto de Salud Carlos III presentado a partir de los test rápidos de anticuerpos y divulgados por EFE, si bien habrá que esperar a las próximas semanas para tener datos más detallados de los análisis en laboratorio.

La mitad de los ciudadanos se infectaron en la primera ola, según arrojaban las cifras de las tres primeras rondas que culminaron en julio y que elevaron la tasa de seroprevalencia al 5,2 %.

Mientras, la otra mitad se ha contagiado en la segunda ola epidémica, ha destacado la directora del ISCIII, Raquel Yotti, en una rueda de prensa conjunta con la directora del Centro Nacional de Epidemiología, Marina Pollán, y el secretario general de Salud Digital, Información e Innovación del SNS, Alfredo González.

De esta forma, España sigue lejos de la inmunidad de rebaño que requeriría de al menos un 60 % de contacto con el virus, y ello pese a que los casos contabilizados por Sanidad son infinitamente mayores en esta nueva curva.

Como en las rondas anteriores, el estudio vuelve a mostrar grandes diferencias geográficas y es el centro peninsular el que sigue aglutinando un 15 % o más de las infecciones, con Madrid, Cuenca y Soria a la cabeza, que superan el 18 %, mientras en otras zonas no se alcanza el 5 %, como Canarias, Lugo, Pontevedra y A Coruña, Valencia y Córdoba y Huelva.

Pese a que los test rápidos facilitan la participación, lo cierto es que ha descendido a 51.409 las personas que han aceptado participar en esta cuarta ronda, realizada entre el 14 y el 29 de noviembre.

En esta quincena, la tasa de seroprevalencia asciende al 7,7 %; si se resta a la global (desde el inicio de la pandemia), que es del 9,9 %, se desprende que un 2,8 por ciento de los españoles ha perdido o reducido su nivel de anticuerpos IgG, si bien hay que aguardar los resultados consolidados.

Según Yotti, se trata de “una primera comunicación”, pero es “útil con fines de salud pública” y además presenta una “buena concordancia” con los resultados de las pruebas ELISA.

La responsable del ISCIII ha querido dejar claro que “los test rápidos tienen una precisión menor que los de laboratorio; por eso se desaconseja su uso para diagnóstico. Son útiles para hacer estadísticas, pero no para tomar decisiones a nivel individual”.

Ninguno permite determinar si una persona tiene o no una infección activa, sino solo “si en un momento dado se ha pasado una infección”: “Ninguna persona debería tomar decisiones con este tipo de test para evitar la propagación del virus”, ha advertido Yotti.

El fenómeno contrario, el de las personas que resultaron seronegativas en la primera fase del estudio y que ahora tienen anticuerpos IgG detectables (tasa de seroconversión), representa un 3,8 %, cuando en las anteriores era del 0,7-0,9 %.

La proporción de personas con anticuerpos IgG es mayor en residentes de grandes ciudades de más de 100.000 habitantes, de un 8,3 % actualmente y de un 11,6 % en el global del estudio.

Mientras que el porcentaje de asintomáticos con anticuerpos IgG es del 3,3 %, cuando en las oleadas anteriores se mantuvo entre un 2,5 % y un 2,8 %; los contagiados sin síntomas suponen el 30 % del total de positivos.

Otra de sus conclusiones es que en las personas con síntomas compatibles con COVID-19, la prevalencia aumenta con el número de síntomas y es particularmente alta en las que refieren anosmia (43 %), similar a lo encontrado en la primera fase; finalmente, se han detectado anticuerpos IgG en un 3,3% de los participantes que no han referido síntomas en ninguna de las rondas.

La prevalencia de estos anticuerpos en las personas que en algún momento han sido convivientes de un contagiado se dispara al 31 % frente a los casos en los que el positivo no es conviviente, que se reduce al 13 %.

Aunque la tasa de seroconversión de convivientes con casos conocidos o sospechosos se multiplica casi por 10 (35 % en convivientes de caso confirmado y 26,3 % en convivientes de personas con síntomas COVID-19 vs el 3,8% general).

Los trabajadores que más se han infectado de coronavirus en España son los sanitarios (16,8 %) y las mujeres que cuidan a personas dependientes en el domicilio (16,3 %); Pollán ha destacado la alta prevalencia global acumulada en estos colectivos, a los que le siguen las limpiadoras, con casi el 14 %, y aquellas que trabajan en establecimientos sociosanitarios, con un 13 %.

También ha dicho que es “llamativo” que aquellas personas sin nacionalidad española tienen una prevalencia mayor, alrededor del 13 %, lo que a su juicio podría estar relacionado con su actividad o con sus condiciones de vida.

El personal de enseñanza no presenta cifras superiores al resto de colectivos, según el estudio.

(Con información de medios y agencias)

FUENTE: cubadebate.cu

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Cuando los trabajadores nos desentendemos de nuestras cosas, es decir, cuando nos desentendemos de la política, como si la política no asunto nuestro, pasan estas cosas (y las que van a pasar como continúanos con la caguetina-ignorante en nuestros cuerpos. Caguetina-ignorante no es más que la sensación de miedo e impotencia que se siente por no entender la situación en la situación que vive, por no saber qué pasar, por no saber qué que hacer, que no es otra cosa, no se que es una maldición). En el sistema actual política no es que corrupción, sino que la corrupción misma es el sistema, y no nos tenemos que devanar los sesos para nada saber, alrededor basta con los ojos que Dios nos ha dado y ver lo pasa que a nuestra. Eso sí, abrir los ojitos y en base a lo que se ve, ya hay que dar un poco más a los sesos. Consiste el asunto en mirar, empezar a leer y hablar con el vecino. En vota también, pero sabiendo que se vota.

 

El juez investiga adjudicaciones de Rajoy y el núcleo duro del Gobierno de Aznar a un donante de la caja B del PP

Más de 600 millones de dinero público que salieron de los departamentos de Rato, Álvarez-Cascos, Montoro y Trillo, entre otros.

Pedro Águeda

kaosenlared

16 Dic, 2020

El juez Pedraz reclama toda la documentación de 23 contratos adjudicados por siete ministerios a la constructora de Alfonso García-Pozuelo, condenado en Gürtel. Son más de 600 millones de dinero público que salieron de los departamentos de Rato, Álvarez-Cascos, Montoro y Trillo, entre otros.

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El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha ordenado a diferentes organismos públicos que le remitan toda la documentación sobre 23 adjudicaciones concedidas durante la segunda legislatura del Gobierno de José María Aznar a un constructor que aparece como donante irregular del PP en los ‘papeles de Bárcenas’. Estas diligencias se enmarcan en la línea de investigación del cohecho –contratos públicos a cambio de mordidas en dinero negro– que el juez José de la Mata reabrió recientemente en el marco del caso de la caja B y de las que ahora se encarga Pedraz de forma temporal al haber sido su compañero destinado a La Haya.

El auto que firma este viernes el juez, y al que ha tenido acceso elDiario.es, pone bajo el foco adjudicaciones concedidas por el núcleo duro del Gobierno de Aznar desde siete ministerios. Al frente de los departamentos investigados estaban en el momento de las concesiones Mariano Rajoy (Interior), Rodrigo Rato (Economía), Francisco Álvarez-Cascos (Fomento), Federico Trillo-Figueroa (Defensa), Cristóbal Montoro (Hacienda), Pilar del Castillo (Educación) y Elvira Rodríguez (Medio Ambiente).

Las diligencias ordenadas por Pedraz traen de nuevo a la actualidad la revelación que el cabecilla de Gürtel, Francisco Correa, realizó el 13 de octubre de 2016, durante el juicio de la Primera Época de la trama. Aquella tarde en la Audiencia Nacional, Correa aseguró que la gran obra pública licitada por el Consejo de Ministros de José María Aznar incluía una mordida de entre el 2 y el 3% en comisiones para financiar de forma irregular al Partido Popular.

«Reunía a un empresario que nos daba la licitación para ver si la obra podía ser para nosotros, yo se lo pasaba a Luis Bárcenas, que lo gestionaba con el correspondiente ministerio. Si el empresario conseguía la obra, yo pagaba la comisión del 2% o del 3% a Génova», respondió Francisco Correa a las preguntas de la fiscal Concepción Sabadell.

La constructora aludida por Pedraz en sus diligencias, Assignia, era propiedad de Alfonso García Pozuelo, un empresario que ya fue condenado a dos años de cárcel tras reconocerse culpable en el primer gran juicio de Gürtel. El magistrado pone ahora el foco en 23 adjudicaciones de obras entre 2002 y 2004 cuyo montante global ronda los 600 millones de euros. Algunos de los contratos se concedieron a Uniones Temporales de Empresas (UTE) en las que Assignia participaba junto a otras sociedades, la mayoría donantes en la contabilidad paralela del PP que durante años fue plasmando en apuntes Luis Bárcenas, caso de Copasa, Copisa, Sando o Azvi.

Los contratos de mayor importe que se investigan corresponden al Ministerio de Fomento en la partida de carreteras, trayectos de vía férrea y aeropuertos. El departamento de Álvarez-Cascos adjudicó a Assignia, Fernández Constructor, Azvi y Copcisa la construcción del tramo de Pajares en la línea del AVE entre León y Asturias por 188.159.485,29 euros en 2003. Se trata de la adjudicación más cuantiosa de las investigadas. Hay otro contratos de este departamento que rondan los 70 millones de euros por un tramo de autovía en Castilla y Léon y varios en torno a los 30 millones. «Carreteras, autopistas, AVE…», recitó Correa hace cuatro años en su declaración durante el juicio de Gürtel.

Las afirmaciones de líder de la Gürtel en el juicio provocaron que el juez de la caja B entonces, José de la Mata, le llamara a declarar para que se ratificara en esa pieza y ofreciera más detalles. Sin embargo, Correa se echó atrás. Según publicó elDiario.es, antes había recibido la visita en prisión de Javier Iglesias, el abogado al que el comisario Villarejo y sus colaboradores denominan El Largo en las grabaciones incorporadas a la causa Tándem y al que describen como su contacto con Mariano Rajoy cuando este era presidente del Gobierno. Iglesias alegó que la visita respondió al interés de Correa por que se incorporara a su defensa.

Entre los contratos que reclama Pedraz que no pertenecen al Ministerio de Fomento destaca uno de Defensa para la construcción del nuevo acuartelamiento de la Brigada Paracaidista en Paracuellos del Jarama. Fue adjudicado en 2002 a la constructora de García Pozuelo en exclusiva y ascendió a 30.658.649, 53 euros. Más allá de carreteras y obras de AENA, también sobresale una adjudicación del Ministerio de Educación para la rehabilitación de la nueva sede del Archivo Histórico y Provincial y Biblioteca Pública del Estado, licitado por el departamento de Pilar del Castillo el 8 de agosto de 2003, y que fue asignado a Assignia y Castilla de CNES por 12.984.749,74 euros. En tiempos de Montoro, la Agencia Tributaria licitó 2,5 millones para la construcción de un nuevo edificio en Avilés.

Rajoy construyó una comisaría en el pueblo de Cotino

El Ministerio del Interior del segundo Gobierno de Aznar licitó el 12 de mayo de 2002, siendo Rajoy titular del departamento, la construcción de la nueva comisaría de Policía en Xirivella, en la provincia de Valencia. Se trata de la localidad de nacimiento de Juan Cotino, por aquel entonces director general del Cuerpo Nacional de Policía. Cotino falleció el pasado mes de abril cuando estaba siendo juzgado por corrupción en otra pieza del caso Gürtel, la de la visita del Papa a Valencia. La constructora de García Pozuelo fue la adjudicataria de la obra por valor de 1,4 millones de euros.

El Instituto de Turismo de España (Turespaña), dependiente del Ministerio de Economía entonces, adjudicó el nuevo Parador de turismo de Lorca a Assignia por 9.014.727, 50 euros. La licitación es del 30 de mayo de 2003 cuando el titular del Ministerio era Rodrigo Rato y el secretario de Estado de Turismo era Juan Costa.

El inspector jefe Manuel Morocho, instructor policial de los casos Gürtel y caja B, es el impulsor de esta nueva vía de investigación. El agente entregó un informe en noviembre al juez en el que afirmaba: «Es posible establecer de forma indiciaria una correlación entre las entregas de fondos realizadas por García Pozuelo, ya sea a través de Francisco Correa o directamente Luis Bárcenas, y las adjudicaciones públicas recibidas por Hispánica de poderes adjudicadores gobernados por el PP». Assignia es la otra constructora de García Pozuelo que tuvo que vender para saldar su deuda de 20 millones con el fisco, derivada del caso Gürtel.

Tras recibir el informe favorable de la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado sobre la solicitud policial, Pedraz reclama «el contenido íntegro del expediente administrativo de contratación» de las 23 adjudicaciones citadas. Se trata de la continuación del trabajo que inició en secreto el pasado abril José de la Mata. Con el levantamiento del secreto del sumario en septiembre se conoció que una grabación incautada al empresario Rafael Palencia en el caso Lezo –otra trama de corrupción que llevó a la cárcel al expresidente madrileño Ignacio González por las contrataciones del Canal de Isabel II– había servido al inspector jefe Morocho para repasar toda la documentación obrante en el sumario de Gürtel y caja B y encontrar nuevos indicios de que la caja B recibió donaciones a cambio de adjudicaciones concretas, una línea de investigación cerrada en 2015 por falta de indicios después de que una veintena de grandes empresarios de la construcción hubieran estado imputados en el caso.

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https://www.eldiario.es/politica/juez-caja-b-investiga-concesiones-rajoy-resto-nucleo-duro-gobierno-aznar-donante-caja-b_1_6499818.html

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Liberalismo y fascismo

 

El poli bueno y el poli malo del capitalismo

Fuentes: Black Agenda Report

Por Gabriel Rockhill | 12/12/2020

Rebelion

12.12.2020

Traducido para Rebelión por Paco Muñoz de Bustillo

Los modos fascistas de gobernanza están presentes en el así llamado orden liberal mundial.

 “En la actualidad hay un Estado [EE.UU.] que ha dado al menos los primeros pasos hacia un mejor orden mundial” – Adolf Hitler, 1926

“Dadle a Franco una capucha y será un miembro del Ku Klux Klan” – Langston Hughes

El paradigma de un Estado-un gobierno

Por lo general suele asumirse que cada Estado tiene una forma particular de gobierno –ya sea liberal, fascista o autoritario– que se aplica en todo el país. Así, a menudo oímos expresiones como “las democracias liberales de Occidente”, o “las antiguas dictaduras de América Latina”. Esta geografía de gobiernos se relaciona con una cronología política que permite que un gobierno pueda cambiar de una forma a otra, lo que explica la prevalencia de expresiones como “el retorno de la democracia”, o “el resurgir del fascismo”.  Por tanto, el paradigma dominante para comprender la relación entre estados y gobierno puede resumirse en un principio fundamental: cada Estado, si no está en medio de una guerra civil, solo tiene una forma de gobierno en un momento dado, que rige sobre todo el territorio y toda la población.

El paradigma “un Estado-un gobierno” oculta las formas complejas en que las poblaciones son gobernadas. Su lógica naif proporciona excusas para formas de gobierno menos agradables si el Estado se declara, por ejemplo, una democracia liberal. También proporciona una geografía y una cronología del fascismo lejano, mediante el cual los estados liberales intentan convencer a su ciudadanía de que el fascismo es algo que ocurrió en el pasado, que podría resurgir en el futuro si no se preservan las instituciones liberales, o que solo infesta tierras remotas recalcitrantes a la democracia. Sea como sea, podemos estar tranquilos porque el fascismo no es un problema aquí y ahora.

Este paradigma actúa como una poderosa herramienta de gestión de la percepción en tanto que no nos permite apreciar el modo en que son gobernados los distintos sectores de población y las diferentes regiones geográficas y cuáles son las fuerzas operantes. Por tanto, en lugar de comenzar con la suposición de un Estado-un gobierno, deberíamos empezar al contrario, mediante un análisis materialista de abajo arriba de los distintos modos de gobierno que actúan en cada coyuntura histórica. Estos modos no se limitan a lo que llamamos el gobierno visible, es decir el teatro político que representan a diario para nosotros los conglomerados mediáticos que trabajan para la élite dirigente, sino que incluyen también el gobierno invisible del Estado profundo, así como otras formas de gobierno patrocinadas discretamente por el Estado, subcontratadas a grupos paramilitares y al crimen organizado (por no mencionar la cantidad de controles económicos estrictos que atenazan las vidas de la gente). En lugar de considerar un único agente de gobernanza, como el gobierno elegido, el paradigma de múltiples modos de gobernanza insiste en la multiplicidad de agentes que se movilizan para gobernar a las distintas poblaciones, así como los diversos papeles que desempeñan en los distintos estratos sociales y en diferentes momentos de la lucha de clases.

Amerikkka

Vamos a considerar el periodo entreguerras en Estados Unidos, cuando Mussolini y Hitler estaban aupándose al poder en las democracias burguesas europeas. Según el paradigma de un Estado-un gobierno, en esa época Estados Unidos era una democracia liberal, y así se presentaba ante los demás países. De hecho, acababa de ganar una guerra que, según Woodrow Wilson, iba a hacer al mundo “más seguro para la democracia”. No obstante, en una declaración mucho menos citada en los libros de historia de EE.UU., Wilson aclaró lo que el término hueco de “democracia” significaba en realidad para él, cuando especificó que el objetivo de la Gran Guerra había sido “preservar la fortaleza de la raza blanca” junto con la “civilización blanca y su dominio del planeta”.

En realidad, Estados Unidos era un Estado policial racista que dio poder a millones de vigilantes supremacistas blancos y sirvió de modelo a los movimientos fascistas en Europa. “Al impedir la entrada de inmigrantes […] con mala salud” –escribió Hitler con admiración respecto a Estados Unidos en Mein Kampf– “y al excluir a ciertas razas de su derecho a naturalizarse como ciudadanos, Estados Unidos ha comenzado a aplicar principios similares a aquellos en los que queremos basar el Estado Popular”. Tal y como ha argumentado minuciosamente James Whitman, Estados Unidos sirvió de prototipo a los nazis porque era de todos sabido que el país se encontraba a la vanguardia del arte de gobernar racista y eugenésico en lo relativo a inmigración, ciudadanía de segunda clase y mestizaje. El Memorándum Prusiano de 1933, que resumía el programa legal nazi, invocaba específicamente las leyes Jim Crow [que propugnaban la segregación racial], y el Manual Nacionalsocialista de Leyes y Legislación concluía su capítulo sobre la construcción de un estado racial afirmando que Estados Unidos había reconocido las verdades del racismo y dado los primeros pasos hacia un Estado racial que la Alemania nazi se encargaría de completar. Además,  académicos como Domenico Losurdo, Ward Churchill y Norman Rich han defendido que el modelo para la expansión colonial supremacista blanca de la Alemania nazi era el holocausto estadounidense contra su población indígena. Según Carroll P. Kakel, “la analogía entre el `Oeste americano´ y el `Este nazi´ se convirtió en una obsesión para Hitler y otros `verdaderos creyentes´ nazis”.

Cuando el fascismo italiano empezó a pavonearse en la escena mundial, muchos estadounidenses lo reconocieron enseguida como una versión del Ku Klux Klan. Según Sarah Churchwell, “en poco tiempo, las comparaciones entre el  Klan de producción local y el fascismo italiano se hicieron omnipresentes en la prensa estadounidense”. Con cinco millones de miembros a mitad de los años 20, el KKK era una red paramilitar letal que reforzaba el Estado policial racista, pero en realidad solo era una parte de un aparato represivo mayor, que incluía a grupos supremacistas blancos como la Legión Negra, filiales del KKK; organizaciones autodenominadas fascistas, como las Camisas Plateadas; organizaciones nazis como los Amigos de la Nueva Alemania y la German American Bund, grupos paramilitares despiadados que vigilaban a los trabajadores del campo ejerciendo lo que Carey McWilliams describe acertadamente como “fascismo de granjeros”; y una red expansiva de organizaciones extremadamente violentas y contrarias a los trabajadores que contaban con el respaldo de las grandes empresas. Estos militantes paraestatales antisindicales solían tener permiso para actuar impunemente, pues sus objetivos coincidían plenamente con los del gobierno de EE.UU. Por aportar apenas un ejemplo elocuente, en 1919 y 1920 la División General de Inteligencia del Departamento de Justicia organizó redadas en más de 30 ciudades de EE.UU., en las que detuvo a entre 5.000 y 10.000 activistas anticapitalistas, a menudo sin órdenes judiciales ni prueba alguna, y sin llevarles a juicio. No es preciso decir que cualquier miembro de un grupo étnico, inmigrante, trabajador con voluntad de organizarse o activista anticapitalista, no tenía los mismos derechos que supuestamente disfrutaban quienes vivían en una democracia liberal.

En Facts and Fascism, George Seldes explica detalladamente las notables similitudes entre los movimientos fascistas globales y los de Estados Unidos, y muestra cómo el gran capital de EE.UU. invertía directamente en el fascismo, tanto en el ámbito nacional como en el extranjero, controlaba una prensa procapitalista y con frecuencia amable con el fascismo, y financiaba a organizaciones represivas racistas y antisindicales. La Legión Americana, por ejemplo, invitó regularmente a Mussolini a sus convenciones, y uno de sus primeros gobernantes declaró públicamente: “No olviden que los fascistas son a Italia como la Legión Americana a Estados Unidos”. Sus actividades antisindicales constituyen uno de los capítulos más violentos de la historia de EE.UU., según Seles. Este mismo autor nos recuerda que: “En 1934 se realizaron planes para dar un golpe de Estado, cuando miembros destacados de la Legión conspiraron con corredores de bolsa de Wall Street y otros grandes hombres de negocios para derribar el gobierno de Estados Unidos y establecer un régimen fascista”.

Múltiples modos de gobernanza

El paradigma de los múltiples modos de gobernanza nos permite poner entre paréntesis la imagen que un Estado proyecta de sí mismo –su estética del poder– y así poder analizar cómo gobierna realmente a las diferentes poblaciones. Esto tiende a variar en función del tiempo, del lugar y del estrato socioeconómico. Puede que Emmett Till, por poner solo un ejemplo, viviera en un país que se declara una democracia liberal, pero su brutal paliza y asesinato, así como la posterior absolución de sus asesinos por un tribunal de justicia demuestran el modo en que él y otras personas discriminadas por su raza eran realmente gobernadas: mediante la violencia paramilitar fascista abiertamente consentida por el Estado. Es importante señalar que los múltiples modos de gobernanza suelen operar en un solo espacio-tiempo y a veces sobre las mismas poblaciones. La farsa liberal de justicia que se representó durante el juicio por el asesinato de Till pretendía convencer, al menos a algunas personas, que su principal modo de gobierno era el Estado de derecho.

El análisis materialista demuestra que liberalismo y fascismo, al contrario de lo que mantiene la ideología dominante, no son opuestos; son socios dentro del sistema capitalista criminal. En pro del argumento, es necesario aclarar que no estoy tratando de distinguir entre autoritarismo y fascismo, aunque en ocasiones esta distinción puede resultar útil (como en el perspicaz análisis de las dictaduras militares latinoamericanas de Gunder Frank). Mientras que generalmente se entiende que el fascismo es un movimiento que moviliza a sectores de la sociedad civil mediante campañas de propaganda, apoyo económico y empoderamiento por parte del Estado, se suele definir al autoritarismo como un sistema basado principalmente en el control militar y policial de la población. En todo caso, estas categorías son bastante porosas, pues los grupos paramilitares fascistas a veces no son más que funcionarios fuera de servicio del aparato represivo del Estado y el autoritarismo a menudo utiliza como fuerza delegada a estos grupos paramilitares y los integra en el Estado. Además, en el caso de Italia y Alemania, se podría decir que el fascismo evolucionó hacia una forma de autoritarismo. En ambos casos, durante su ascenso al poder dentro de democracias burguesas, los fascistas desplegaron enormes campañas de propaganda para movilizar a la sociedad civil y actuar a través del sistema electoral. Pero, una vez alcanzado el poder, acabaron con los elementos más plebeyos de sus bandas fascistas e integraron lo que quedaba de ellas en el aparato del Estado.

En este sentido amplio y desde un punto de vista histórico, liberalismo y fascismo han funcionado como dos modos de gobernanza capitalista que operan conjuntamente, siguiendo la lógica de interrogatorios del poli bueno-poli malo. El liberalismo, como buen policía, promete libertad, ley y orden así como la protección de un Estado benefactor, a cambio de conformidad con las relaciones socioeconómicas capitalistas y seudodemocracia. Tiende a atraer y a estar al servicio de miembros de las clases media y media alta, así como a aquellos que aspiran a formar parte de estas clases. El policía malo del fascismo ha demostrado ser especialmente útil para gobernar a las poblaciones pobres, discriminadas por su raza y descontentas, así como para intervenir en diversas partes del mundo con el fin de imponer por la fuerza las relaciones socioeconómicas capitalistas. Si la gente no se deja embaucar por las falsas promesas del policía bueno, o no están dispuestos a condescender por otras razones, se llama al socio criminal del liberalismo para que les sometan a golpes. Quienes se levantan para oponerse al capitalismo, sean de la clase que sean, deben estar dispuestos a que los liberales y su supuesto régimen de derechos tiren la toalla y cedan la lucha a su aliado más perverso mientras miran hacia otro lado y recuerdan a los espectadores las importantes diferencias entre el menor de dos males.

La precipitada identificación de fascismo con gobierno, y la complementaria oposición entre gobiernos fascistas y liberales, enmascaran estas múltiples formas de gobernanza, del mismo modo que la definición de un Estado como “democrático” con independencia de su política exterior o sus guerras de clases internas nos impide ver sus heterogéneas formas de control social. Por otra parte, impone el velo liberal de la ignorancia, que sostiene que el fascismo solo es un fenómeno importante si llega a ocupar el gobierno. El subtexto de esta falsa creencia es que no importa si se mantiene –como es el caso de Estados Unidos– como una forma de manejo de la población para grupos oprimidos y explotados mediante campos de concentración y redadas contra in migrantes indocumentados, asesinatos por parte de la policía y milicias paramilitares, atentados brutales contra defensores del agua, intervenciones militares en el exterior y otras actividades similares. Mientras se mantenga un ápice de decencia liberal para al menos un pequeño sector de la población, podemos estar seguros de que principal es luchar para proteger el sistema de gobierno liberal del así llamado fascismo.

Con esto no queremos decir, ni mucho menos, que para un amplio sector de la población no haya una diferencia crucial entre un gobierno que se declara fascista y los modos fascistas de gobernanza existentes bajo la cobertura liberal. Cuando los partidos fascistas llegan al poder estatal y ya no tienen que seguir representando su comedia frente a los liberales, pueden desencadenar (como así ha sido) formas de represión brutales contra sectores de la población que suelen gozar de protección e incrementar sus ataques contra aquellos que no la gozan al tiempo  que inician bárbaras guerras coloniales en el exterior. Por otro lado, cuando se construye el poder mediante partidos y organizaciones políticas, suele ser preferible lidiar con la casuística y las contradicciones discursivas del policía bueno a enfrentarse al puño de hierro del policía malo (por razones tácticas, también puede ser de la mayor importancia encontrar la forma de movilizar a los liberales y trabajar con ellos, mientras se les empuja hacia la Izquierda). No obstante, nada de esto debe impedirnos ver que los modos fascistas de gobernanza son una parte muy real y presente del llamado orden mundial liberal, y que como tal deben identificarse para poder oponerse directamente a ellos.

Tolerancia liberal y protección del capital

Si los liberales toleran el fascismo y defienden los derechos de los fascistas no es porque se sientan  moralmente superiores, sino porque –lo sepan o no– su sistema de gobernanza procapitalista necesita contar con perros guardianes que hagan el trabajo sucio. Si bien es cierto que a veces prefieren que la población general  sea obediente y se adapte a las elecciones amañadas de una democracia que se limita a los 60 segundos que se tarda en depositar el voto en la urna, también lo es que necesitan mantener la capacidad de aplastar al anticapitalismo si alguna vez llega a producirse una amenaza real para el sistema que les respalda.

El truco del poli bueno-poli malo solo funciona si consigue colocar una cuña entre ambos y crear la falsa ilusión de que hay una profunda diferencia, incluso oposición, entre el amable agente que comprende nuestro apuro y su compinche brutal sordo a nuestras súplicas. Sin embargo, si la violencia del policía malo es moralmente reprobable para el poli bueno es porque este último utiliza al primero como “hombre del saco”, es decir como el peor de dos males que el poli bueno usa para someter a las poblaciones y obligarlas a aceptar las relaciones sociales capitalistas. Por tanto, es imperativo reconocer que el poli bueno y el poli malo buscan en último término lo mismo: crear sujetos que acepten por las buenas o por las malas la violencia generalizada, la destrucción ecológica y la intrínseca desigualdad profunda del capitalismo. Mediante diferentes tácticas, cuyo propósito es enmascarar su estrategia compartida, ambos son la policía que protege al sistema capitalista. Tal y como ha señalado en repetidas ocasiones la tradición radical estadounidense, en un lenguaje que puede resultar crudo –y por tanto más allá de lo permisivo– para oídos liberales: un cerdo siempre es un cerdo*.

Por todo ello, lejos de ser un fenómeno excepcional o intermitente, el fascismo es parte integral de los sistemas de gobernanza bajo los cuales vivimos, al menos la mayor parte de la población. No es algo que pueda acontecer en un futuro, aunque pueden producirse, por supuesto, momentos de intensificación o una completa incautación del poder estatal, que siembre el caos. Se trata de un modo de gobernanza que actúa aquí y ahora dentro del sistema de democracia burguesa. La incapacidad de reconocer esta realidad y organizarnos para oponernos a ella ha sido uno de los factores que han contribuido a su crecimiento y su potencial de intensificación.

Nota del traductor: En el argot de la lengua inglesa se denomina “pigs” (cerdo) a los policías. Una expresión similar en castellano dice: “un madero es un madero en España y en el extranjero”.

Gabriel Rockhill es un filósofo, crítico cultural y activista franco-estadounidense. Dirige el Taller de Teoría Crítica y es profesor de filosofía en la Universidad de Villanova (EE.UU.). Es autor de varios libros y participa en actividades extraacadémicas del mundo del arte y el activismo. Se le puede seguir en @GabrielRockhill.

Fuente: https://www.blackagendareport.com/liberalism-fascism-good-cop-bad-cop-capitalism

El presente artículo puede reproducirse libremente siempre que se respete su integridad y se nombre a su autor, a su traductor y a Rebelión como fuente del mismo.

 

Salvemos la Navidad. Sea salva la Navidad, porque es que al Portal de Belén han entrado unos ladrones. Oremos: Dios te salve Reina y Madre, y escucha lo que te digo: por sus pecados, los suyos y solamente los suyos, que yo en eso ni pincho ni corto. Mas no sea mi voluntad, que yo con medio litrito de cerveza para empezar me conformo. Así sea. Amén. Y ahora ya en serio, Mafalda, tú que eres de lo más sensato que conozco, dime: ¿A ti que te parece todo este enjuague? Efectivamente, a este enjuague me refiero.

 

Tanques y granadas en plena pandemia: España dispara el gasto militar

En ningún momento se ha detenido.

 Nicolas Tomás 

KAOSENLARED

14 Dic, 2020

Los militares han estado bien presentes durante gran parte de la pandemia. No sólo el lenguaje bélico de la «guerra» contra el coronavirus. Tampoco por el reciente ruido de sables en grupos de WhatsApp. Durante dos meses, llegaron cada día a los hogares de todos los españoles a través de la televisión, desde la sala de prensa del Palacio de La Moncloa. El Gobierno volcó al Ejército, especialmente desde la Unidad Militar de Emergencias (UME), a combatir la pandemia dentro de sus posibilidades: desinfectar residencias y grandes infraestructuras. Sin embargo, más allá de la Operación Balmis, las Fuerzas Armadas no han detenido su actividad ordinaria. Basta echando una ojeada al gasto militar del Estado español, que a pesar del virus se ha disparado al alza.

Por una parte, tenemos los presupuestos del Estado, que plantean un incremento de recursos para el Ministerio de Defensa de cara al año que viene, inédito en tiempo de pandemia. Por otra parte, las adjudicaciones del Estado no se han detenido ni siquiera bajo el estado de alarma, sino que han continuado como si fuera un año normal y corriente. ElNacional.cat ha analizado detenidamente las licitaciones publicadas en el Portal de Contratación del Estado. Es decir, el gasto que se ha firmado este año. Incluyen nuevos programas especiales de armamento por importes multimillonarios.

El caso de los presupuestos es especialmente sintomático. El año que viene, gracias a las cuentas públicas aprobadas por el PSOE y Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, el Ministerio de Defensa dispondrá de 400 millones de euros más, pasando de los 8.642 millones de este año a los 9.072 millones de euros. Eso supone un incremento de las partidas de casi el 5% (similar a la subida del presupuesto de la Casa Real). Y la cifra global se eleva hasta los 10.499 millones de euros si se tienen en cuenta las transferencias de otras administraciones y otras entidades estatales. Incluso contará con 25 millones de euros del plan de recuperación de la Unión Europea para el coronavirus. La mayor partida es la de personal, con 5.240 millones de euros, seguida de los programas especiales de armamento, con 2.341 millones de euros.

Más de 200 contratos

Pero en realidad el año que viene se seguirá la misma tónica que este 2020 pandémico, que no ha servido para cortar el grifo al Ejército. Es cierto que las Fuerzas Armadas tuvieron un papel —más o menos importante— en las tareas de la lucha contra el coronavirus. No obstante, el gasto estrictamente militar no se ha detenido, si se analizan los contratos publicados en la Plataforma de Contratación del Estado.

En este análisis sólo se han seleccionado los contratos del Ministerio de Defensa —y los organismos que dependen— de las siguientes cinco categorías: armas, munición y sus partes; vehículos militares y sus partes; buques de guerra y sus partes; aeronaves militares, misiles y naves espaciales, y sistemas electrónicos militares. De esta forma se han excluido contratos que no tienen que ver directamente con armamento o productos de guerra. También se han dejado fuera los servicios.

Así, durante los últimos nuevos meses, desde que se declaró el estado de alarma el 14 de marzo hasta este viernes 11 de diciembre, el Ministerio de Defensa ha licitado más de dos centenares de contratos por un valor de 2.564 millones de euros en estos conceptos. De este total, 2.495 millones de euros ya han sido adjudicados. Si se compara, el incremento de adjudicaciones es de un 43,7% respecto del mismo periodo del año pasado, cuando se situó en 1.736 millones de euros. Algunas pocas licitaciones que se paralizaron inicialmente por la pandemia… Se reactivaron después de la primera ola. Solo algunos ejemplos de los contratos adjudicados.

Foto: Ricardo Perez/Ministerio de Defensa

La mayor adjudicación fue formalizada a finales de verano, cuando Pedro Sánchez arrancaba la negociación de los presupuestos recordando la grave crisis económica que dejaba la pandemia. Se negoció durante la primera ola y se firmó a finales de agosto por un valor de 2.100 millones de euros. El objeto: «fabricación de vehículos de combate sobre ruedas 8×8«. En total, 348 tanques. El contrato se lo llevó la sociedad Tess Defence SA, por procedimiento negociado sin concurso, «por considerar que es la única empresa capacitada técnicamente para el desarrollo» de estos tanques. Es una sociedad conformada por cuatro de las principales empresas del sector en España, como Indra Sistemas (que estaba negociando hasta hace nada un ERE con sus trabajadores). El plazo de ejecución es de diez años. La ministra Margarita Robles lo calificó como un «hito histórico» al firmar el contrato.

También sin publicidad se adjudicó otro contrato a Indra Sistemas. Se trata de una licitación para el «desarrollo, producción y suministro del sistema de guerra electrónica para los helicópteros NH90«. El valor total de la adjudicación es de 111 millones de euros. Se adjudicó y formalizó a mediados de noviembre, en plena segunda ola del coronavirus, que no ha sido un impedimento para el gasto militar.

En ningún momento se ha detenido. Sin ir más lejos, una semana después de la declaración del estado de alarma el pasado mes de marzo, se adjudicó un contrato, basado en un acuerdo marco, para «la adquisición de granadas rompedoras para mortero de 120mm». El importe total del contrato fue 790.614 euros, con impuestos, que benefició la empresa Explosivos Alaveses (EXPAL SA). Uno de sus consejeros es Rafael L. Bardají, exasesor de Aznar y gurú de Vox.

Y así con decenas y decenas de contratos que han continuado su curso administrativo como si nada. Una lista superior a los 200 contratos que se pueden encontrar en el Portal de Contratación del Estado.

Programas multimillonarios que no se detienen

El contrato para la fabricación de 348 tanques forma parte de lo que se denominan los «programas especiales de armamento» (PEA). ¿Qué son los PEA? Son programas de adquisición de sistemas de armas que se caracterizan por el enorme volumen de recursos movilizados –prefinanciados con créditos del Ministerio de Industria– y por los largos plazos de ejecución. Su objetivo es la «modernización de las Fuerzas Armadas» para hacer frente a los «riesgos y amenazas relativos a la defensa de la soberanía española», y también para cumplir con los compromisos internacionales contraídos por España en materia de Defensa, como por ejemplo con la OTAN. Son los programas más ambiciosos de las Fuerzas Armadas españolas. Desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa en 2018 se han aprobado siete nuevos programas.

Estos programas están debidamente contemplados y recogidos en los presupuestos generales del Estado. Y, de hecho, la inversión en los PEA se incrementa de cara al 2021 en el proyecto de cuentas públicas que han conseguido aprobar el PSOE y Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados. Si para este año tenían presupuestados 2.164 millones de euros, herencia de los PGE de Cristóbal Montero, el próximo año se dispara hasta los 2.341 millones de euros. Son 177 millones de euros más en programas de armamento, hecho que supone un incremento superior al 8%. La formación de Pablo Iglesias mostró sus reticencias pero no pudo torcer el brazo a Margarita Robles.

De los presupuestos del 2021, ya aprobados por el Congreso y a la espera del Senado, destacan los 488 millones de euros destinados a la producción de cazas Eurofighter, los 321 millones para los aviones A400M, los 280 millones para los helicóptero NH90 o el 218 millones para las fragatas F110, entre otros programas especiales.

El Centro Delàs d’Estudis per la Pau hizo un ejercicio interesante durante la primera ola: compararlo con gasto sanitario. Sólo con el dinero de los programas del Eurofighter y el A400M se podrían mantener 25 hospitales y 27.720 camas de hospital por un año. Con el submarino S-80 y la fragata F-110, 62.222 enfermeros y 15.094 médicos. Con el helicóptero NH90 y los tanques Leopard, montar 990.712 camas de UCI y 100.982 respiradores. Y con los blindados VCR 8×8 y los misiles, 146 millones de tests PCR y 736 millones de mascarillas.

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