Venezuela: Suspender el pago de la deuda y
crear un fondo humanitario de urgencia
Rebelión
CADTM
05.03.2019
No hay ninguna duda de que nos debemos
oponer activamente a la política de Donald Trump, a la del grupo de Lima [ 1 ]
y a las potencias europeas que quieren imponer al golpista Juan Guaidó como
presidente del país, y que están listos para recurrir a diferentes formas de
injerencia para lograrlo.
Está claro que una vez más, Washington y
varios de sus aliados invocan un pretexto humanitario para provocar las
condiciones de intervención militar en un país del que codician sus importantes
recursos naturales. La maniobra es grosera y es necesario denunciarla. Esta
denuncia es importantísima puesto que, deliberadamente, los medios dominantes
promueven la propaganda cuyo objetivo es justificar una intervención
extranjera.
La situación la describen en blanco y
negro, sin ningún matiz: un régimen dictatorial que condujo el país a la
catástrofe rechaza la ayuda humanitaria cuyo pueblo necesita, mientras que un
presidente que quiere la libertad para su pueblo, pide ayuda a los países
amigos para hacer entrar la ayuda humanitaria, bloqueada en la frontera, que
las masas populares necesitan.
Hay que denunciar esta representación
mentirosa de la situación. El régimen de Maduro no es una dictadura: la oposición
tiene la posibilidad de expresarse y de convocar manifestaciones de protestas.
Además, Maduro fue elegido presidente por sufragio directo con participación de
otros candidatos en dicha elección. Al mismo tiempo, está claro que la vía
democrática que prevaleció durante el gobierno de Hugo Chávez progresivamente
se fue reduciendo. Cuando el gobierno de Maduro decidió convocar la elección de
una nueva asamblea constituyente, no se aplicó lo que se había hecho antes,
durante la gestión de Chávez. No hubo un referéndum para decidir si era
necesario o no convocar a continuación una elección general para elegir una
asamblea constituyente. La selección de los y las candidatas a la constituyente
estuvo marcada por una intervención autoritaria del Partido y del gobierno de
Maduro para establecer las listas. Durante estos últimos años, en varias
ocasiones se reprimieron protestas populares.
Está claro que lo que no funciona en
Venezuela NO es resultado únicamente de la guerra económica llevada a cabo por
los Estados enemigos del proceso bolivariano. Por supuesto es innegable que las
medidas financieras y económicas tomadas por Trump desde 2017, que se agregaron
a las menos agresivas ya decretadas por Obama [ 2 ],
causan verdaderas dificultades a las autoridades y a la economía del país. Pero
también existe una parte de responsabilidad del gobierno de Maduro y de la
nueva burguesía bolivariana que nació y prosperó estos últimos años en el
ámbito del gobierno y del partido de Maduro, el PSUV. La raíz del problema
viene de lejos.
Más allá del discurso sobre el socialismo
del siglo XXI, el gobierno permitió a la clase capitalista local conservar
ampliamente su control sobre un sector mayoritario de la producción, de las
finanzas y de la distribución. También se mantuvo un espacio importante para el
gran capital extranjero: estadounidense, canadiense, europeo, ruso, chino y
brasileño. El esfuerzo para diversificar la economía no fue suficiente y el
país siguió siendo totalmente dependiente de la exportación de petróleo y de
otras materias primas. La participación de la población en las orientaciones de
las políticas económicas fue insuficiente, y un sector privilegiado y
parasitario se desarrolló en el ámbito del poder, el conocido como la
boliburguesía [ 3 ]
.
En un artículo precedente, publicado el 28
de enero, cinco días después de la tentativa de golpe de Guaidó durante el cual
se autoproclamó presidente tratando de ocupar el lugar del presidente Maduro,
salían varias críticas: «la prosecución del pago de la deuda externa en lugar de
decretar una moratoria y de utilizar los recursos financieros así ahorrados
para hacer frente, en mejores condiciones, a la crisis humanitaria que azota al
pueblo venezolano. Desde 2016, el CADTM internacional exhortó al gobierno venezolano
a realizar una auditoría de la deuda con participación ciudadana ( www.cadtm.org/El-CADTM-AYNA-exhorta-al ).
Otras críticas, desde la izquierda, de la política del gobierno de Maduro están
también justificadas: la ausencia de una lucha contra la fuga de capitales
organizada con la complicidad de las más altas autoridades de la administración
y del gobierno, la prosecución del modelo extractivista exportador que favorece
el agotamiento de los recursos naturales del país, la represión contra los
delegados sindicales y contra otros activistas, el desarrollo de políticas
clientelistas y un funcionamiento de la asamblea constituyente que no responde
a las esperanzas que su elección había suscitado» ( http://www.cadtm.org/Emmanuel-Macron-Pedro-Sanchez-Angela-Merkel-Theresa-May-no-tienen-ningun-17062 )
Estas críticas son importantes y es
imprescindible responder a todas para que una solución favorable al pueblo de
Venezuela sea posible.
Al mismo tiempo, está absolutamente claro
que tanto la acción como
las propuestas de Guaidó y de sus partidarios son antinómicas con respecto a
las soluciones necesarias para Venezuela, respetando su soberanía. Guaidó
quiera dar a las empresas privadas nacionales e internacionales más poder y
margen de maniobra para explotar los recursos naturales y la fuerza de trabajo
del país. Su victoria significaría la continuación del encadenamiento de
Venezuela al sistema deuda, a favor de los acreedores nacionales (las
fracciónes de la antigua burguesía que apoya a Guaidó y la de la boliburguesía
que invirtió capitales en la compra de títulos de la deuda interna y externa
con el fin de obtener una renta a costa del pueblo) y de los acreedores
extranjeros (sociedades financieras estadounidenses como Goldman Sachs y fondos
de inversión, bancos europeos y también sociedades rusas, chinas y otras).
Guaidó no pondrá fin a la corrupción, a la fuga de capitales, a la especulaciónsobre
los precios de los medicamentos y de los alimentos puesto que representa a la
burguesía tradicional venezolana. Ésta nunca quiso invertir en la
diversificación de la economía del país, y se comporta como una burguesía
rentista cuyos intereses son totalmente contrarios a los de la inmensa mayoría
de la población venezolana. Una burguesía que se contenta con exportar materias
primas e importar casi todo el resto.
Pero además de todo eso, hay otro elemento
fundamental para tener en cuenta: Guaidó solo tendrá éxito en su golpe si las
potencias extranjeras intervienen directamente, logran comprar a una parte del
ejército (que ya lo está anunciando bien alto Trump) y combaten a la otra
parte. Si esta intervención en preparación no se detiene, lo que ocurrirá será
dramático para el pueblo de Venezuela, para el conjunto del continente y
también en el ámbito internacional. Los gobiernos latinoamericanos aliados de
Washington contra Venezuela son ultrareaccionarios. Es suficiente con nombrar a
los presidentes como J. Bolsonaro en Brasil, M. Macri en Argentina, I. Duque en
Colombia, J. Morales en Guatemala, M. Vizcarra en Perú, J.C. Varela en Panamá,
S. Piñera en Chile. A estos, hay que añadir que los principales países europeos
— ocupando la primera fila Francia, Alemania, Reino Unido y España— temerosos
de dejar escapar la ocasión de meter mano en una parte de las riquezas
naturales de Venezuela, corrieron detrás de Estados Unidos para reconocer a
Guaidó. Se deben denunciar estas políticas de antiguas potencias coloniales
que, por otra parte, no dudan en sostener a verdaderas dictaduras como las de
Abdel Fattah al-Sissi en Egipto, Idriss Déby en Chad o Mohammed Ben Salman en Arabia
Saudí que martiriza a la población de Yemen y manda descuartizar en su embajada
de Estambul a un periodista de la oposición. El gobierno del Estado de Israel,
responsable de crímenes de guerra contra el pueblo palestino, sostiene también
a Guaidó. Los medios dominantes mencionan sin cesar que la comunidad
internacional apoya a Guaidó sin mencionar que hay sesenta países que
anunciaron que continuarían reconociendo como presidente a Maduro, frente a los
cincuenta que sostienen al autoproclamado presidente. Hay que señalar que los
gobiernos de centro izquierda de México y Uruguay rechazaron seguir a los
países del grupo de Lima y ofrecen sus buenos oficios para intentar una
mediación, actitud que raramente es mencionada en la prensa.
Por todas estas razones, las fuerzas
populares deben negarse a cualquier contacto con Guaidó y sus partidarios. Es
necesario denunciarlo claramente como golpista, como representante del gran
capital y como traidor a la nación puesto que llama a la intervención armada de
Washington y sus aliados. Y, frente a esas amenazas de intervención extranjera,
que no son para nada imaginarias, no hay otra opción que la de buscar la
organización de un frente, el más amplio posible, para oponerse. Por supuesto,
los dos campos enfrentados deben negociar para evitar una escalada del
conflicto. Pero las fuerzas populares no deben encontrase con Guaidó, porque
ese encuentro es utilizado para conseguir una apariencia de legitimidad. Es
necesario también mantener autonomía y capacidad crítica con respecto al
gobierno de Maduro.
Frente a las medidas de agresión de
diferente naturaleza adoptadas por Washington y sus aliados, y con el fin de
mejorar las condiciones de vida de la población, el gobierno debería aplicar
las propuestas que aparecen en el artículo «El bloqueo y el pirateo de los
fondos gubernamentales imponen una moratoria de la deuda» del economista
venezolano Simón Andrés Zúñiga, que se puede consultar en http://www.cadtm.org/Venezuela-El-bloqueo-y-pirateo-de-fondos-obligan-a-una-moratoria-de-la-deuda .El
autor comienza afirmando que: «La estratagema de la “ayuda humanitaria” no debe
subestimarse, ya que es una de las cartas políticas más poderosas de la
manipulación ideológica, a la disposición de fuerzas que están listas para
barrer cualquier expresión de soberanía e independencia. Quieren convencer a la
población, o a una gran parte de la población, que el gobierno viola los
derechos humanos al impedir la entrada de los invasores.»
El autor advierte: «Barrer debajo de la
alfombra las condiciones objetivas que sufre la población activa es una actitud
suicida, que equivale a huir de la realidad. Es muy simple, el precio de un
medicamento comprado en la farmacia puede superar por lejos la quincena o un
mes de salario del trabajador o de la trabajadora, tal como lo indica el ticket
de caja».
Como se propone en el artículo: «Frente al
caballo de Troya de la “ayuda humanitaria”, promovida por los estadounidenses y
sus aliados para justificar la violación y control del territorio venezolano,
mientras se bloquea fraudulentamente el acceso a los depósitos y a los bienes
soberanos de Venezuela, el gobierno debería organizar una movilización popular
de solidaridad, implicando a todas las organizaciones y comunidades para
responder a las necesidades sanitarias y alimentarias prioritarias, así como
para organizarse con el fin de resistir un asedio delictivo. Esta etapa debería
realizarse por medio de un amplio llamamiento a la participación de todos los
sectores para determinar las prioridades, la utilización y el control de los
recursos existentes. Eso constituiría una agenda de apoyo solidario con una
amplia participación popular, contra el engaño de la agenda cínica de la “ayuda
humanitaria”.»
Las propuestas contenidas en la
continuación del artículo, con las que nosotros podemos estar de acuerdo aunque
hayamos agregado algunos elementos respetando su contenido, pueden resumirse de
la manera siguiente:
1.- Frente a las medidas agresivas tomadas
por las potencias extranjeras que no dudan en apropiarse de los bienes de la
República de Venezuela depositados en el extranjero y necesarios para mantener
intercambios comerciales, el gobierno debe declarar una suspensión del pago de
la deuda externa.
Agreguemos que el derecho internacional
permite a un país confrontado a una situación de urgencia, por ejemplo una
crisis humanitaria, a decretar una moratoria unilateral del pago de la deuda
(sin acumulación de intereses o de penalidades por retraso). Si, además, ese
gobierno está confrontado a medidas del tipo de las tomadas por Washington sin
ningún acuerdo con las Naciones Unidas, un acto unilateral de suspensión del
pago de la deuda es aún más justificado.
2.- En lugar de utilizar la escasa reserva
de divisas en el pago de la deuda, el gobierno las debe utilizar para
satisfacer las necesidades básicas de la población. Como lo afirma el artículo:
«La salud y la alimentación del pueblo deben tener prioridad sobre el pago de
la deuda externa.»
3.- La moratoria debe acompañarse de una
auditoría pública abierta y detallada que, sin ninguna duda, aclarará las
numerosas maniobras y fugas ilegales de capitales que se produjeron bajo la
protección del sistema financiero privado y de una parte de las autoridades del
país.
4.- Hay razones políticas, económicas y un
fundamento jurídico para sostener una decisión tan seria. La declaración
unilateral de la moratoria de la deuda y la realización de una auditoría serían
la prueba de una voluntad de revertir las prioridades en la buena dirección.
Los recursos de la nación no deben servir en primer lugar al pago de la deuda,
sino permitir la mejora de las condiciones de vida dramáticas que sufre una gran
parte de la población venezolana. Al suspender el pago, el gobierno de
Venezuela se encontraría en una posición de fuerza en relación a sus
acreedores.
5.- La suspensión del pago de la deuda se
aplicará a todas las deudas emitidas por el gobierno nacional y las emitidas
por PDVSA (la empresa pública de explotación de las reservas petroleras).
6.- Es inevitable elaborar y poner en
marcha con urgencia un plan de adquisición de alimentos y medicamentos en beneficio de
la población. Simultáneamente, será necesario invertir medios financieros para
desarrollar la producción nacional de alimentos y de medicamentos, para dar
prioridad a los productores locales.
7.- Poner en marcha de forma inmediata un
plan de apoyo solidario para la distribución de medicamentos y para tomar a
cargo las personas afectadas de enfermedades graves como la diabetes, el
cáncer, la insuficiencia renal, la enfermedad de Parkinson, el VIH/SIDA, entre
otras, que deben tener un tratamiento permanente y estable. También, un plan
similar para los medicamentos básicos que necesita la población.
8.- El gobierno y un frente de fuerzas que
se opongan a la injerencia extranjera deben asumir esta tarea masivamente,
integrando las personas afectadas y las organizaciones populares. Esta
estrategia inclusiva y unificadora significa romper con la cultura
paternalista, mistificadora, clientelista y electoralista que caracteriza a
muchos países y también a Venezuela. Convocar a reunirse a todas las fuerzas,
sin excepción, que se oponen a la injerencia extranjera. Una movilización
popular es posible y necesaria si está animada por un frente amplio, con
resultados inmediatos y eficaces, para hacer frente a la urgencia sanitaria y
alimentaria, así como a la amenaza, bien real, de una agresión exterior.
9.- Las decisiones y la movilización deben
y pueden ser respaldadas por un programa que habrá multiplicado los recursos
para desenmascarar la farsa y la estafa de la ayuda humanitaria por el monto
miserable de 20 millones de dólares.
10. En el caso de ciertos medicamentos, el
plan debe superar la dependencia con respecto a las importaciones y orientarse
hacia la sustitución de importaciones a pesar de las numerosas exigencias
básicas, ya que existen las condiciones para la producción nacional. En ese sector,
el acento no debería ponerse solo sobre los productos finales sino también
sobre la adquisición de las sustancias activas y su producción nacional, lo que
permitiría hacer progresos en la sustitución de importaciones.
11. Eliminar el ministerio de Alimentación,
que se convirtió en un centro de importaciones sin sentido (y de fuga de
divisas extranjeras) además de contribuir a la destrucción de la producción
nacional. La idea es centralizar en un solo lugar las políticas de promoción y
de sostén al sector agrícola, vegetal y animal. Ese organismo debe tener una
visión coherente, coordinada e integral del sector agrícola.
12.- El comercio exterior deber tener
control público y las informaciones que estén ligadas a los diferentes
intercambios tendrán que ser transparentes.
13.- Las comunas (estructuras de base del
país desde 2006) [ 4 ]
deben tener un papel primordial en la producción agrícola. De hecho, hay
experiencias de comunes que realizaron un desarrollo importante en cuanto a la
producción y al nivel de conciencia política.
Evidentemente, la aplicación de estas
medidas implica hacer un gran cambio y depende de la voluntad política así como
de la capacidad de las fuerzas populares de hacerlas propias y lograr que se
apliquen.
En otro contexto, varias de las propuestas
ya mencionadas habían sido adelantadas por la Plataforma por la Auditoría
Pública y Ciudadana de la deuda de Venezuela en 2016-2017. La Plataforma
proponía suspender el pago y realizar una auditoría pública y ciudadana de la
deuda con el apoyo del CADTM (Comité para la abolición de las deudas
ilegítimas), con la participación de los movimientos sociales y del pueblo
organizado. Paulino Núñez y Oly Millán Campos explicaban: «… para determinar
qué parte de esa deuda es odiosa e ilegítima (y por tanto sujeta a “quita”
antes de cualquier eventual reestructuración), y así, ante el pago del servicio
de la deuda , tal como lo viene haciendo el Gobierno, darle
respuesta a los múltiples problemas de salud y de alimentación por los que está
atravesando el pueblo venezolano.» http://www.cadtm.org/La-situacion-de-la-deuda
Los militantes del CADTM en Venezuela
llevan a cabo, desde hace 20 años, una campaña por una auditoría de la deuda y
desde 2016-2017 por la suspensión del pago de la misma dada la crisis
humanitaria que afecta a la mayoría de la población del país.
Ante la gravedad de la situación que vive
el pueblo de Venezuela, no se puede dudar en tomar la propuesta de suspensión
del pago de la deuda con el fin de reunir un fondo de urgencia para adquisición
de medicamentos y alimentos.
Notas:
[ 1 ] El grupo de Lima está actualmente formado
principalmente por los siguientes países: Argentina, Brasil, Canadá, Chile,
Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú. México se
retiró de este grupo informal cuando éste decidió apoyar al golpista Guaidó.
[ 2 ] Las sanciones financieras y económicas
comenzaron con Trump en agosto de 2017:
Bajo la administración de Obama, se
tomaron acciones específicas contra los funcionarios en diciembre de 2014 :https://apnews.com/16e5cb67ca184b7aaa32ded6c777c72a
Entraron en vigor en febrero de
2015: https://www.reuters.com/article/us-venezuela-usa-visas/u-s-slaps-visa-restrictions-on-current-former-venezuelan-officials-idUSKBN0L620D20150202
El 8 de marzo de 2015, Obama declaró que
Venezuela constituía una amenaza para Estados Unidos : https://www.hispantv.com/noticias/ee-uu-/23336/obama-ordena-nuevas-sanciones-contra-venezuela
Y Trump prolongó el decreto : https://www.dw.com/es/extiende-trump-decreto-que-declara-a-venezuela-amenaza-para-ee-uu/a-42808304
[ 3 ] Analicé de manera crítica los límites de la
política del gobierno venezolano en un estudio publicado en 2009: http://www.cadtm.org/Luces-y-sombras-en-la-Venezuela .
También analicé el fracaso de la revisión de la constitución en 2007 :
«Transformar el fracaso del 2 de diciembre de 2007 en una potente palanca para
impulsar el proceso en curso en la Venezuela de Hugo Chávez», http://www.cadtm.org/Transformar-el-fracaso-del-2-de
[ 4 ] La institución de los Consejos comunales en
2006, bajo el impulso del presidente Hugo Chávez, fue fuertemente marcada por
la voluntad de instaurar la participación en la concepción y la realización de
la política local. La ley sobre los consejos comunales , Ley de los consejos
municipales (LCC) fue aprobada el 7 de abril de 2006 ( http://www.tecnoiuris.com/venezuela/gaceta-oficial/administrativo/ley-de-los-consejos-comunales.html )
El gobierno de Hugo Chávez depositaba grandes esperanzas en esos Consejos, que
concebía como «unidades territoriales de base de la participación popular y del
autogobierno». El poder atribuido a los Consejos comunales es bastante
importante ya que otorga el derecho a una «comunidad» de proponer y ejecutar un
proyecto pudiendo, desde el primer año, llegar a los 30 millones de bolívares
que en esa época era una suma significativa. Los Consejos comunales perdieron
poco a poco su dinamismo y, actualmente, sería necesario volver a activarlos.
Eric Toussaint es maître de
conférence en la Universidad de Lieja, es el portavoz de CADTM Internacional y
es miembro del Consejo Científico de ATTAC Francia. Es autor de diversos
libros, entre ellos: Bancocracia Icaria
Editorial, Barcelona 2015,, Procès d’un homme
exemplaire , Ediciones Al Dante, Marsella, 2013; Una mirada al retrovisor: el
neoliberalismo desde sus orígenes hasta la actualidad ,
Icaria, 2010; La Deuda o la Vida (escrito
junto con Damien Millet) Icaria, Barcelona, 2011; La crisis global , El Viejo
Topo, Barcelona, 2010; La bolsa o la vida: las finanzas contra los
pueblos , Gakoa, 2002. Es coautor junto con Damien
Millet del libro AAA, Audit, Annulation, Autre politique, Le Seuil, París,
2012. Coordinó los trabajos de la Comisión de la Verdad Sobre la
Deuda , creada por la presidente del Parlamento
griego. Esta comisión funcionó, con el auspicio del Parlamento, entre abril y
octubre de 2015. El nuevo presidente del Parlamento griego anunció su
disolución el 12 de noviembre de 2015. A pesar de ello, la comisión prosiguió
sus trabajos y se constituyó legalmente como una asociación sin afán de lucro.
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