Si un
policía, como parece evidente, tiene por oficio la lucha contra el crimen y el
mantenimiento del orden público, y ve que sus condiciones de trabajo no son las
idóneas para desarrollar su función, le asiste toda la fuerza moral (aunque no se si legalmente también) para
exigir de sus mandos que las condiciones necesarias para cumplir con su función
social sean restablecidas.
Para ello se
pueden concentrar y manifestar demandando esas condiciones necesarias para su
trabajo, y en última instancia, pueden perfectamente dimitir, dejar de ser policías
para ganarse las habichuelas como cualquier otro trabajador, o sea, trabajando,
creando riqueza para la sociedad que es lo que hace cualquier trabajador y que
es lo que ha hecho cualquier jubilado mientras fue trabajador activo.
Los que
hemos trabajado y están trabajando, en definitiva, los que pagamos impuestos y
con esos impuestos se paga a la policía, no podemos permanecer impasibles ante
el hecho de que el gobierno no sea capaz (o no quiera hacerlo) de establecer
las condiciones necesarias para que la policía cumpla con la función social que
tiene encomendada, pero tampoco podemos permanecer impasibles ante una policía
que utiliza el mismo procedimiento que como tal policía reprime cuando otros,
inmensamente mayor en número, reclaman para si los mismos derechos, pero que no
se manifiesta cuando el ministro del Interior, Jorge Fernández, remueve cargos
policiales con demostrada capacidad técnica y experiencia, para entorpecer las
investigaciones en curso contra determinados delitos: caso Gürtel o compra del
piso en la provincia de Málaga del presidente de la Comunidad de Madrid.
Si uno
aplica la lógica más elemental a las agresiones producidas a la policía el 22 M
en Madrid (hay que ver quien y porque se produjeron esas agresiones y quien fue
el primero que las inició o las provocó, si los manifestantes en su conjunto,
que es evidente que no, un grupo reducido, insignificante de manifestantes
violentos, que es posible, un grupo insignificantes de violentos infiltrados en
la manifestación, precisamente para esa provocación, que es posible, un grupo
de policías de paisanos infiltrados en la manifestación, que es posible, en
otras ocasiones lo han hecho, la actuación de la propia policía cargando contra
los manifestantes antes de que finalizara el plazo legal de la manifestación
-las nueve de la noche-, que es posible, con la intención política, y por
tanto, nada que ver con la función social de la policía para que los noticieros
televisivos de las nueve de la noche pudieran hablar de la violencia en el 22 M,
con el fin deliberado y calculado de evitar la información a la opinión pública
de las verdaderas razones del 22M) está lejos de poder afirmar que las
agresiones a la policía se debieran a un simple error humano en el cálculo de
la táctica a seguir.
Se llega
antes a la conclusión de que un grupo de policías quede aislado, y que no
acudan refuerzos en su ayuda cuando la petición se hace reiteradamente, en base
a un planteamiento calculado por parte de los mandos policiales con el claro
objeto de que se hubiera producido una víctima mortal, bien de la propia policía
o de cualquier manifestante, que sirviera de pretexto para justificar la
reforma legal que lleva en curso el gobierno del PP presidido por Rajoy, además
de criminalizar, todavía más, al movimiento ciudadano cuando se manifiesta en
las calles exigiendo los derechos que le quita el gobierno y para los que nadie
le votó. Y esto necesita una explicación y no exclusivemenet a la policiá, sino a todo el pueblo español.
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Ultimátum de los sindicatos
policiales: o alguien dimite o habrá más movilizaciones
Lainformación.com
martes,
08/04/14 - 13:18
- La secretaria general de SUP, Mónica Gracia,
advierte que no va a permitir que se demore en el tiempo la investigación
interna.
- El pasado viernes la Dirección
General comunicó a los sindicatos que
aplazaba 'sine die' el resultado de la información reservada.
(Los sucesos
del 22M acabaron con cien heridos, entre ellos 67 policías.)
Los sindicatos de Policía no están
dispuestos a que se dilate en el tiempo la investigación interna abierta por el
Ministerio del
Interior para esclarecer los errores del pasado 22 de marzo a
cuenta del enfrentamiento entre radicales y funcionarios que acabó con 67 de
estos últimos heridos. Los cuatro secretarios generales de las organizaciones
sindicales del Cuerpo Nacional
de Policía tienen previsto reunirse esta semana para concretar
las medidas de presión que tomarán si de aquí al viernes la Dirección Adjunta
Operativa de la corporación, que instruye la información reservada, no da a
conocer sus conclusiones y anuncia ceses.
La secretaria general del Sindicato Unificado de
Policía (SUP), Mónica Gracia, advierte en una entrevista concedida a Seguridad y Tribunales Radio
que, si Interior no tiene un dictamen a lo largo de esta semana, su agrupación
pondrán en marcha un calendario de movilizaciones con los miembros de las
Unidades de Intervención Policial y con el colectivo en general para solicitar
responsabilidades. Los sindicatos insisten en que hubo falta de planificación y
errores por parte de los mandos policiales que deben ser asumidos con
dimisiones o ceses.
Según Gracía, el pasado viernes el director adjunto
operativo, Eugenio Pino, les convocó a una reunión a la que los sindicatos
decidieron no asistir “porque no había una resolución definitiva de esa
información reservada y solo querían informarnos de los avances".
"Creímos que era una falta de respeto y una manera de dilatarlo en el
tiempo”, añade.
Desde el sindicato consideran que la puesta en marcha
de la denominada operación Puma, que ha supuesto hasta el momento la detención
de 11 violentos, no supone un avance en cuanto a la resolución de los hechos
ocurridos en torno a la organización del dispositivo de seguridad del 22M. “Una
cosa no tiene nada que ver con la otra; por un lado están los violentos, que
fueron los responsables de las agresiones a los funcionarios, y por otro la
falta de planificación que hubo por parte de los mandos policiales”.
Los altercados del 22M provocaron que un centenar de
personas tuviera que ser atendido por heridas de diversa consideración; entre
ellos, 67 funcionarios tanto del Cuerpo Nacional de la Policía como de la
Policía Municipal. El Ministerio del Interior abrió entonces una información
reservada con el objetivo de esclarecer los hechos, ya que nunca había habído
un despliegue de violentos tan numeroso y tampoco había habido tantos errores
presumiblemente achacables a la organización del dispositivo policial.
La mayoría de sindicatos de Policía Nacional y
Municipal han solicitado la personación en las diligencias que dirige el Juzgado
número 30 de los tribunales de plaza de Castilla, causa en la que actualmente
hay una treintena de imputados.
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