Un estudio vincula los paraísos fiscales y la deforestación de la Amazonía brasileña
Rebelión
Mongabay Latam
22.01.2019
Los paraísos fiscales se encuentran en países que exigen el pago de impuestos muy bajos o nulos por la transferencia de capital extranjero a través de sus jurisdicciones. Tradicionalmente, los paraísos fiscales, como los de las Islas Caimán, son muy herméticos y carecen de transparencia. Según un estudio reciente, entre el 2000 y el 2011, el 68 % de todo el capital extranjero investigado en 9 de las principales empresas en los sectores de la soya y la carne en la Amazonía brasileña fue transferido a través de paraísos fiscales. La producción de carne y de soya son las causantes de una importante deforestación en el Amazonas.
El dinero que fluye desde los paraísos fiscales secretos está alimentando la deforestación en la Amazonía brasileña y amenaza las poblaciones de peces. Esa advertencia proviene de un informe publicado en la revista Nature Ecology and Evolution.
Un estudio encontró que entre octubre del 2000 y agosto del 2011, 68 % de todo el capital extranjero investigado en nueve de las principales empresas en los sectores de la soya y de la carne en la Amazonia brasileña había sido transferido a través de al menos un paraíso fiscal.
Y aunque hoy en día solo el 4 % de todos los barcos pesqueros registrados están domiciliados en un paraíso fiscal, el 70 % de los barcos involucrados en la pesca ilegal, no declarada y no regulada (IUU, por sus siglas en inglés) están, o han estado, domiciliados bajo la jurisdicción de un paraíso fiscal.
“Hace dos o tres años empezamos un proyecto de investigación para intentar explorar los vínculos entre los flujos financieros y las modificaciones de “los gigantes dormidos”, —biomas clave en el mundo de una importancia crítica para la estabilidad climática”—, le dijo Victor Galaz a Mongabay. Galaz es profesor asociado y subdirector del Centro de Resistencia de Estocolmo de la Universidad de Estocolmo y autor principal del estudio.
Galaz y sus colegas se centraron en la página web del Banco Central de Brasil, una mina de oro de información donde el equipo de investigación encontró cientos de PDF que registraban transacciones de capital extranjero realizado desde el exterior a empresas domiciliadas en Brasil. “¿No sería interesante ver cómo aparecen en la información las jurisdicciones de prominentes paraísos fiscales?” pensó Galaz al principio. Como sus resultados muestran, fue realmente interesante.
¿Qué es un paraíso fiscal?
El estudio cataloga más de 40 paraísos fiscales de todo el mundo, cuyas sedes están en naciones tan diversas como Costa Rica y Suiza y todos con estructuras subyacentes diferentes — un hecho que dificultó poder definir la naturaleza de este mecanismo económico, lo que resultó en décadas de debate entre académicos—.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) define un paraíso fiscal como un país “que impone impuestos bajos o nulos y es usado por las empresas para evitar impuestos que de otra forma serían pagados en un país con impuestos elevados”. Según la OCDE, los paraísos fiscales también exhiben una falta de transparencia e intercambio de información efectivo en la operación de sus provisiones y el funcionamiento de sus disposiciones legislativas, legales o administrativas —especialmente importante para los inversores que desean evitar el escrutinio público—.
Chris Jones de la Aston Business School explica que los paraísos fiscales son centros “extraterritoriales” que permiten a las empresas multinacionales y a los individuos con elevados patrimonios canalizar flujos de capital internacional de jurisdicciones con altos impuestos a jurisdicciones con bajos impuestos. Dice que en el contexto de las empresas multinacionales a menudo esto desemboca en que los beneficios son transferidos para evitar el impuesto de sociedades.
“Lo que estos paraísos fiscales hacen es sacar partido de las diferencias en los códigos tributarios y legales entre los países para fomentar la entrada de flujos de capitales”, dijo Jones a Mongabay.
El modelo empresarial del típico paraíso fiscal es simple y, más notablemente, legal. En primer lugar, establece un impuesto de sociedades bajo sobre la entrada de capitales extranjeros y un nivel de confidencialidad que dificulta a las autoridades fiscales localizar los pagos. El paraíso fiscal percibe cuotas y derechos de los flujos de capital, para financiar el desarrollo económico.
“Sin embargo, muy a menudo hay un nivel de desigualdad muy alto dentro de las jurisdicciones de los paraísos fiscales, y la población indígena no se beneficia de los ingresos de esta estrategia de desarrollo. Por lo tanto, cabría considerar los paraísos fiscales como parásitos que debilitan el sistema capitalista”, dijo Jones.
Paraísos fiscales vinculados a la Amazonía brasileña
Los investigadores se centraron en las nueve empresas más grandes que operan en los sectores de la carne y de la soya de la Amazonía brasileña —actividades de la agroindustria ampliamente reconocidas como los impulsores clave de la desforestación—. Las empresas seleccionadas que estaban involucradas en la producción de carne incluían Bertin, JBS, Marfrig y Minerva, cuatro empresas que solas representaron el 33 % de la capacidad total de la matanza en Brasil en el 2006, y el 38 % en el 2009. Su selección de productores de soya incluía las multinacionales Bunge, Cargill, Archer Daniels Midland, Louis Dreyfus y Amaggi de Brasil, que juntas poseían el 48 % de todas las capacidades de trituración de soya instaladas en Brasil durante el período 1999-2009.
Los resultados muestran que un total de 26,9 mil millones de dólares en capital extranjero fue transferido a estas nueve empresas entre octubre del 2000 y agosto del 2011. El 68 % de esta cantidad —unos 18,7 mil millones de dólares— fue transferido de paraísos fiscales, pero esta es una cifra media. Por ejemplo, Bunge recibió 6,9 mil millones de dólares de sus propias filiales registradas en las Islas Caimán como efectivo por adelantado, que representa el 90 % del total del capital extranjero recibido por esa empresa entre octubre del 2000 y Agosto del 2011. ADM recibió prácticamente el 100 % de sus préstamos extranjeros (aproximadamente 1,7 mil millones de dólares, que representa el 62,4 % del total del capital extranjero que recibió) de sus propias filiales, también ubicadas en las Islas Caimán.
La mayoría de estos miles de millones fluye a través de las Islas Caimán por una razón: es un territorio británico de ultramar con fuertes vínculos con el Reino Unido y sobre todo la City de Londres, una potencia bien conectada. Hoy en día, estas pequeñas islas caribeñas hacen muchos más negocios de lo que sus pequeñas poblaciones justifican y las Islas Caimán es uno de los centros financieros más grandes del mundo: no solo porque los inversores disfrutan de sus eficiencias legales, sino también debido a la minimización de impuestos (en muchos casos impuestos nulos y honorarios bajos), así como un alto grado de confidencialidad.
Jones señala que los paraísos fiscales son competitivos entre ellos y muy a menudo se especializan en un área en particular. “Por lo tanto, las Islas Caimán tienen una tendencia a especializarse en banca y la creación de fondos de libre inversión y esto ha evolucionado hasta formar un grupo principal de actividad financiera que ayuda a “engrasar los engranajes” de lo que muchos podrían considerar como flujos financieros ilícitos que son canalizados a través del sistema financiero”, dijo.
El secretismo y la falta de transparencia encontrados en las Islas Caimán y otros paraísos fiscales parecen ser muy importantes para aquellos que invierten grandes cantidades en las empresas de la agroindustria responsables de una deforestación significativa del Amazonas, probablemente porque estos inversores no desean que sus actividades sean expuestas a un público crítico o a las ONG medioambientales.
Flujos de efectivo difíciles de rastrear que permiten la deforestación
Galaz y su equipo recalcaron que en la atmósfera financiera de hoy en día, en gran medida desregulada, es imposible evaluar cómo es distribuido a todas sus operaciones el capital financiero que se canaliza hacia empresas agroindustriales ubicadas en Brasil a través de paraísos fiscales. Por esta razón, es muy difícil cuantificar y establecer causalidad directa entre transferencias financieras a través de paraísos fiscales y cambios reales en el uso del suelo en el Amazonas. Galaz dice que, sin embargo, lo que podemos afirmar gracias a investigaciones pasadas es que los productores de soya y de carne tienen una estrecha relación con la deforestación del Amazonas y que el acceso a grandes cantidades de capital extranjero ayuda a facilitar dicha deforestación.
“Por supuesto las cadenas de materias primas son bastante complejas, pero para explicarlo de forma simple, las actividades económicas sobre el terreno necesitan capital para poder funcionar y encontramos interesante, y merece ser examinado, que una gran cantidad de este capital sea transferido de filiales ubicadas en jurisdicciones con paraísos fiscales”, dijo Galaz.
Aunque algunas de las empresas contestaron a la solicitud de los investigadores de una respuesta a los resultados del estudio presentados en el artículo en la revista Nature antes de su publicación, solo dos contestaron a las invitaciones de Mongabay a comentar para este artículo. En particular, nadie contestó las preguntas sobre cuánto dinero que pasa a través de un paraíso fiscal fue usado para financiar operaciones en el Amazonas, o si la pérdida de ingresos fiscales como consecuencia del uso de paraísos fiscales debería ser considerado como subsidios indirectos para aumentar el cambio del uso del terreno.
Susan Burns, directora de relaciones globales mediáticas y de comunicación de la agroindustria de Bunge, señala que Bunge ha sido una empresa pública desde el 2001 cuya información fiscal es revelada en detalle en sus documentos públicos. “En cuanto al Amazonas, Bunge ha participado en la Moratoria de la Soya [voluntaria del Amazonas] desde su inicio en el 2006”, le dijo a Mongabay y recalcó que su empresa tiene un compromiso de deforestación cero para todas sus cadenas de suministro, lo cual se alinea con una estrategia pública para alcanzar ese objetivo.
Minerva Foods respondió a las preguntas de Mongabay con el siguiente comunicado: “Los productos Minerva no están asociados ni con el trabajo infantil o forzado y las áreas embargadas ni con las zonas deforestadas ilegalmente en el bioma del Amazonas y la invasión de las tierras indígenas, las unidades de conservación y las áreas de protección ambiental”. Los comunicados también señalan que se comprueba que todos los proveedores de Minerva cumplen los criterios de sostenibilidad en Brasil, tanto dentro como fuera del bioma del Amazonas.
Los paraísos fiscales y el daño a los océanos
Según la ONU, la pesca ilegal, no declarada y no regulada (IUU, por sus siglas en inglés) es “una de las mayores amenazas a las existencias de peces y los ecosistemas marinos y continúa teniendo importantes y serias implicaciones para la conservación y la gestión de los recursos de los océanos, así como la seguridad alimentaria y las economías de muchos Estados, sobre todo de los Estados en desarrollo”.
En vista de esto, el estudio de Nature se sumergió en la industria pesquera para aclarar la relación entre la pesca IUU y los paraísos fiscales. El equipo de investigadores encontró que aunque solo el 4 % de todos los barcos de pesca de mundo están domiciliados en paraísos fiscales, la cifra salta al 70 % cuando se consideran los barcos involucrados en la pesca IUU.
Esto sugiere que empresas que participan en actividades IUU se benefician del uso de paraísos fiscales tanto para efectos fiscales como también con el fin de facilitar el oscurantismo de las identidades de los barcos y sus propietarios.
Según el estudio, la pesca IUU y los paraísos fiscales están vinculados de muchas maneras. Primero, estas jurisdicciones permiten una evasión fiscal agresiva. Además, muchos países considerados paraísos fiscales también son Estados de banderas de conveniencia (FOC, por sus siglas en inglés).
Según la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte, un barco FOC es uno que enarbola la bandera de un país que no es el país de propiedad porque el Estado FOC ofrece una regulación mínima, unas cuotas de inscripción baratas, impuestos bajos o nulos y la libertad de contratar mano de obra barata. Como resultado, los propietarios del “cambio de bandera” esperan que no se les apliquen sanciones o que sean limitadas cuando operan en violación del derecho internacional.
“Por lo tanto los propietarios pueden registrar los barcos en registros de libre matrícula para evitar cumplir con una regulación en su propio país más robusta y fuertemente aplicada”, dijo Baptiste Jouffray, quien llevó a cabo el análisis de la pesca para el estudio.
Jouffray dice que un ejemplo notable es el caso de Vidal Armadores, una empresa gallega que durante una década usó una red de empresas pantalla en jurisdicciones como Panamá para esconder a los propietarios beneficiarios y reducir los riesgos de que sus barcos, culpables de participar en la pesca IUU fuesen aprehendidos.
El secretismo que ofrece el uso combinado de los paraísos fiscales y los FOC también permite a las empresas asegurar una doble identidad para un barco pesquero —una usada para las actividades legales y otra para las actividades pesqueras ilegales—. Sencillamente, el uso de paraísos fiscales y los FOC hace extremadamente difícil y muy costoso para los reguladores la localización de los recursos marinos y quien es responsable.
Esto es por lo que los investigadores ven estas maniobras legales y económicas como una amenaza a la sostenibilidad mundial de los recursos de los océanos.
Jouffray hace hincapié en que “con el ofuscamiento de los beneficios y la composición del capital social, los paraísos fiscales facilitan la evasión de regulaciones dirigidas a gestionar la sostenibilidad de las existencias de peces” incluidas las cuotas reglamentadas, y señala que “aunque la causalidad directa siempre será elusiva, se necesita poner a los paraísos fiscales en la agenda de la sostenibilidad de los océanos”.
La necesidad de cerrar el agujero legal de los paraísos fiscales
Los investigadores están de acuerdo en que el nuevo estudio tiene algunas limitaciones impuestas por el secretismo de las interacciones entre las redes financieras globales y las de producción, también se debe a la falta de información disponible. Por ejemplo, el equipo señala que solo fue capaz de acceder a cifras oficiales del Banco Central de Brasil de octubre del 2000 a agosto del 2011, debido a que la transparencia como resultado de los requisitos legales introducidos en octubre del 2000 de publicar las transferencias de capital extranjero se suspendidos en agosto del 2011.
“Esto significa que no tenemos información a partir de esa fecha (aunque esto podría cambiar en el futuro), y no podemos decir nada sobre los vínculos recientes entre los paraísos fiscales y el Amazonas. Solo podemos mirar a los ejemplos históricos”, explicó Alice Dauriach, asistente de investigación del Programa Global de Dinámica Económica y la Biosfera de la Real Academia de las Ciencias Sueca.
Sin embargo, Jouffray asegura que la reciente investigación evidencia la urgencia de añadir una dimensión ambiental al debate internacional sobre los paraísos fiscales y, sobre todo, añadirlo a la agenda para alcanzar los Objetivos del Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
“Cualquier cantidad [de dinero] invertida en sectores cuyas operaciones provocan deforestación podrían estar financiando la destrucción de los bosques”, dijo Màrcio Astrini, coordinador de políticas públicas de Greenpeace en Brasil. En el caso de los paraísos fiscales, dice, la mera existencia de duda o falta de transparencia ya es un peligro inaceptable para el medio ambiente.
“Imaginar que los indultos fiscales pueden financiar el crimen ambiental, la destrucción de los recursos naturales e incrementar las lacras sociales como los conflictos relacionados con la tierra y el trabajo esclavo, normalmente asociado con la deforestación, es inaceptable”, concluyó.
Los investigadores también recomiendan que las principales organizaciones internacionales —el Grupo de los Veinte, el Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y la Delincuencia— lleven a cabo evaluaciones independientes conjuntas de los costes de la riqueza natural, miren la pérdida de biodiversidad y la captura de carbono y la pérdida de ingresos fiscales a través del uso de jurisdicciones de paraísos fiscales.
El estudio concluyó que, “esta evaluación debería ayudar a reducir las dudas alrededor de la causalidad entre los flujos de capital y el cambio ambiental e incluir un conjunto de biomas, sectores económicos y empresas y sus filiales más completo que los presentados”.
A este respecto, Joy Aeree Kim, una alta funcionaria de asuntos económicos del Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas, señaló que la Economía de los Ecosistemas y la Biodiversidad (TEEB, por sus siglas en inglés), organizada por el Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas, ya está examinando los paraísos fiscales. La TEEB es una iniciativa global centrada en “hacer visible los valores de la naturaleza” con un objetivo de generalizar el valor de la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas dentro de la toma de decisiones a todos los niveles.
Astrini de Greenpeace Brasil cree que una evaluación del impacto ambiental debe acompañar a todas las importantes inversiones, desde aquellas realizadas por los gobiernos locales y nacionales hasta los flujos globales de capital, y que los resultados deberían ser trasparentes y accesibles.
“No hay esfuerzos diplomáticos o acuerdos internacionales que puedan cambiar la dirección [destructiva] del cambio climático si las inversiones fluyen en la dirección opuesta”, dijo, enfatiza que aquellos que financian la deforestación o una central de carbón tienen una responsabilidad por los efectos que trae un planeta más caliente, que afecta principalmente a las poblaciones más pobres y más vulnerables.
Finalmente, Astrini ve la transparencia como una obligación moral. “La gente tiene derecho a saber qué empresas y qué inversores están ayudando a solucionar el problema climático o a empeorarlo”, dijo.
Traducido por Yolanda Álvarez
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