PREMIO NOBEL DE LA PAZ PARA ICAN, UNA ORGANIZACIÓN QUE INSTA AL DESARME NUCLEAR, O sea, que quiere que los americanos retiren las armas nucleares que tiene en España, porque lo de sus tropas estacionadas de forma permanente en Morón de la Frontera ya es cosa nuestra, de los buenos patriotas, que no queremos tropas de ningún país extranjero por nuestro sagrado suelo, como si fuera la corrala de la Tía Paca. Y de más buenos patriotas todavía será cuando llevemos a los tribunales para que sean juzgados a los traidores a la Patria, que aprovechando sus posiciones eventuales de poder, han vendido a personas (fisicas o jurídicas) de potencias extranjeras, en cuyas manos está ahora la defensa de nuestro territorio, toda la capacidad propia de defensa (fábricas de armas y municiones) que tenía ESPAÑA, UNA; ESPAÑA, GRANDE; ESPAÑA, LIBRE! .... Chanta, chanta, ta ta ta ta ta tá ... Canta y escribe esto un español, español, español, al tiempo que mozambiqué, catalán, aragonés, ruso, bilbilitano, andaluz y piamontés, aparte de otras 50 mil y pico nacionalidades. SIEMPRE POR ESPAÑA, SUS GENTES Y LA REPUBLICA, No por nada, sino porque la monarquía prepará huele a feudalismo que hay que ver kiyo, zagal y chiquet, quina úlor, ¡por el amor de Dios, Pedro y Juan, chiquet, zagal y Kiyo!

La Campaña Internacional para la Abolición de las Armas Nucleares (ICAN) gana el Premio Nobel de la Paz 2017

Rebelión

La Marea

07.10.2017

La Academia sueca reconoce la labor de esta organización global cuyo objetivo es que los países inicien negociaciones para que se firme un tratado que prohíba este tipo de armamento

La Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares (ICAN, por sus siglas en inglés) ha recibido este viernes el Premio Nobel de la Paz 2017. El galardón de este año “insta a los Estados nucleares a que inicien las negociaciones para la eliminación gradual en el mundo de 15.000 armas nucleares“, ha explicado el Comité noruego. Y ha añadido: “ICAN ha sido el agente principal de la sociedad civil en los esfuerzos para lograr una prohibición de las armas nucleares bajo el derecho internacional”.

El Comité ha subrayado, como “importante argumento” para la prohibición de las armas, el “inaceptable sufrimiento humano” que provocan y ha destacado que otros tipos de armamento menos destructivo como las minas antipersonas, bombas de racimo y las armas químicas y biológicas ya han sido prohibidas por distintos tratados.

ICAN es una coalición global formada por 331 socios en 80 países que trabaja para movilizar a las personas de todo el mundo “para inspirar, persuadir y presionar a sus gobiernos para que inicien negociaciones para que se firme un tratado que prohíba las armas nucleares”, según se autodefine.

Personalidades destacadas como el líder antirracista Desmond Tutu, el Dali Lama, Yoko Ono y Martin Sheen han brindado su apoyo a la campaña.

ICAN sucede en el palmarés al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, quien fue distinguido por sus “decididos esfuerzos” por llevar la paz a su país tras 52 años de conflicto armado, una decisión que se anunció días después de vencer el “no” en el referéndum colombiano a los acuerdos con la guerrilla de las FARC.

El Nobel de la Paz está dotado con 9 millones de coronas suecas (943.784 euros, 1,1 millones de dólares).

Fuente: http://www.lamarea.com/2017/10/06/la-marea-la-campana-internacional-para-la-abolicion-de-las-armas-nucleares-gana-el-premio-nobel-de-la-paz-2017/

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MIENTRAS LA BOINA QUE TENGO EN LA SILLA DE LA MONCLOA PRESIDIENDO EL GOBIERNO DELEGADO DE LOS GRANDES CAPITALES NACIONALES Y EXTRANJEROS, ESPERANDO QUE CAIGA LA BREVA Y SE ARREGLE SOLO EL PROBLEMA NO CATALÁN, PORQUE VA A JODER A MEDIA ESPAÑA PARA GANAR LAS PRÓXIMAS ELECCIONES, LA CORRUPCIÓN DE LA UNIDAD DE LOS JEFES DEL PP, CHINA, CHANA, CHINA, CHANA SIGUE SU TRIUNFAL CAMINO

La Púnica sigue asediando al PP de Cifuentes: imputan al alcalde de Brunete, que no se irá   

       

El Confidencial

David Fernández

05.10.2017

© Externa Borja Gutiérrez, en la presentación de su último libro: 'Rasgando las investiduras'

El caso Púnica sigue acorralando al PP de Madrid, que preside Cristina Cifuentes. El titular del juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, ha citado como investigado (la nueva figura jurídica de la imputación) al actual alcalde de Brunete, Borja Gutierrez, del PP, a una concejal de su equipo, Cristina Gil Guerra y al padre de esta, José Gil Granizo, que ocupa el cargo de secretario general del partido en este municipio. Tendrán que declarar el 9 y el 10 de octubre dentro de la pieza de Cofely, que investiga los contratos de eficiencia energética en varias municipios de Madrid.

El caso ya ha dejado varios imputados en las filas del Gobierno regional y del PP de Madrid: Daniel Ortiz, ex diputado autonómico y ex alcalde de Móstoles; Miguel Ángel Ruiz, ex viceconsejero de Medio Ambiente; y Carlos López Jimeno, ex alto cargo de la consejería de Economía, Empleo y Hacienda. Todos tuvieron que dimitir de sus cargos tras ser citados a declarar como investigados. No será el caso de Borja Gutiérrez. El código ético del PP solo obliga a renunciar a diputados autonómicos, cargos del Ejecutivo autonómico y cargos del PP de Madrid. No a alcaldes. Gutiérrez solo tendrá que abandonar la presidencia del PP de Brunete.

Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya implicaba a Gutiérrez, al que acusó de los delitos de fraude y cohecho por intentar amañar un contrato de 8,4 millones de euros que se iba a adjudicar a una de las principales empresas investigadas en el caso, Cofely, la multinacional de eficiencia energética del grupo francés Engie. A cambio, la compañía gala financió "espectáculos musicales" en el pueblo y "encuestas políticas municipales" que, según la UCO, deberían haber sido pagados por el ayuntamiento (los conciertos) y por el PP de Brunete (las encuestas).

La UCO aseguró que hay "importantes elementos que indican de manera clara" que directivos y trabajadores de Cofely actuaron en connivencia con funcionarios y responsables políticos del Ayuntamiento de Brunete "para favorecer a dicha sociedad frente a otros licitadores que quedaban en una clara situación de desventaja". Es cierto que el contrato de eficiencia energética, de 8,4 millones y con una duración de 15 años, finalmente no se adjudicó, pero solo porque la UCO destapó este escándalo el 27 de octubre y detuvo a los directivos de Cofely que "urdían la adjudicación fraudulenta" en Brunete. De hecho, antes de las detenciones, Brunete ya había convocado para el día 29 la comisión municipal que iba a aprobar el expediente de contratación y los pliegos. "Una vez conocidas la actuaciones policiales, dicho punto fue sacado del orden del día".

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LA INDEPENDENCIA DE CATALUÑA Y EL CÓDIGO PENAL O DE PENA. ¿QUE CUÁNTAS SON TRES MÁS DOS? POS MU FACILITO: SI ES PARA PAGAR SON CUATRO Y SI ES PARA COBRAR SON SEIS

¿Pueden ser los cuerpos policiales víctimas de delitos de odio?

Daniel Amelang

Rebelión

El Salto

05-10-2017

La Fiscalía de Barcelona ha anunciado que investigará delitos de odio cometidos contra policías. Sin embargo, no es posible que exista una discriminación ideológica hacia estos cuerpos, pues han de ser ideológicamente neutrales

“No se puede ser neutral en un tren en marcha” – Howard Zinn

Leo atónito que la Fiscalía de Barcelona ha abierto una investigación por delitos de odio por las protestas que se celebraron hasta lograr la expulsión de los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional de algunos hoteles de Calella y Pineda de Mar.

La verdad es que no es el único movimiento judicial que me ha sorprendido en la jornada de hoy. Al fin y al cabo, es el mismo día en que Interior ha anunciado que denunciará a Ada Colau por declarar que se produjeron agresiones sexuales durante las actuaciones policiales (¿no habría que investigar esas denuncias antes de llevar ante la Fiscalía a la alcaldesa? ¿cómo pueden asegurar que el 100% de los miles de agentes replegados se comportaron como es debido?) y en el que Soraya Sáenz de Santamaría ha anunciado que se querellará contra nada menos que Hristo Stoichkov por llamarle franquista. Las tres noticias son sorprendentes pero, jurídicamente hablando, la investigación por delitos de odio se lleva la palma. Y es que no cabe hablar de delitos de odio cuando el sujeto pasivo es el Cuerpo Nacional de Policía o la Guardia Civil.

Voy a ser breve, porque el tema no da para mucho. No requiere de un análisis muy sesudo. El artículo 510.1.a) del Código Penal (CP), que regula los delitos de odio, establece que se castigará con penas de uno a cuatro años de prisión a “quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquél, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad”.

Es un poco largo, así que desgranémoslo. El artículo persigue las conductas (1) públicas que (2) fomenten, promuevan o inciten al odio por (3) una serie de motivos. Y aquí está la clave. Los motivos han de ser (a) racistas, (b) antisemitas, (c) referentes a la ideología, (d) religión, (e) creencias, (f) situación familiar, (g) pertenencia a una etnia, (h) raza o (i) nación, (j) su origen nacional, (k) su sexo, (l) orientación o (m) identidad sexual, (n) por razones de género, (ñ) enfermedad o (o) discapacidad. Son muchas razones (o desrazones, mejor dicho), pero entre ellas no se encuentra la de desempeñar una determinada profesión, la de estar adscrito a un cuerpo profesional o la de ser un funcionario público.

Desconozco si entre los policías expulsados había alguno de una etnia no caucásica, o si alguno era judío. Es más que probable que entre ellas existiera alguna mujer y varios homosexuales. Pero en ningún caso la movilización interesó su expulsión por estas razones. Ni siquiera se encontraría motivada por el hecho de que eran policías (lo cual, insisto, sería impune a efectos de calificarse como delito de odio), sino que era una respuesta a una actuación (la del 1-O) percibida como brutal y desproporcional.

Comentando esta circunstancia en redes sociales alguna persona me ha señalado que podría darse el motivo (c) de promover el odio en base a la ideología. Esto es un error. Lo que el tipo penal del 510 CP enumera son las características del sujeto pasivo, es decir, la víctima del delito. No describe las características del sujeto activo, del autor. Por ello, la ideología de quienes se concentraron es indiferente; lo relevante es el ideario de quienes fueron objeto de esas protestas.

En otras palabras, para que la investigación de la Fiscalía concluya que los agentes sufrieron un delito de odio habría que asumir que el Cuerpo Nacional de Policía cuenta con una ideología propia o que hace suya la del gobierno. Ambos supuestos son ilegales e inaceptables.

La Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad establece, en su artículo 5.1.b) que uno de sus principios básicos es el de “actuar, en el cumplimiento de sus funciones, con absoluta neutralidad política e imparcialidad”. Un cuerpo neutral no es un cuerpo ideologizado y un cuerpo no ideologizado no es, jurídicamente, una víctima del odio.

Más se acercan a la comisión de un delito de odio las cargas por parte de guardias civiles fuera de servicio (y, por ello, de paisano) contra ciudadanos que supuestamente habían participado en la protesta. En este caso cabe la posibilidad de que quienes recibieron los porrazos sí tenían una ideología determinada, que los agentes les hubieran vinculado al independentismo y que hubiera llevado a cabo su acción por esta razón. Y a pesar de todo, considero que en este caso tampoco cabría aplicar el artículo 510, de delitos de odio, por no tratarse de una conducta pública, destinada a promover la discriminación, sino que habría que investigar unos delitos de lesiones y aplicarles la circunstancia agravante del artículo 22.4ª CP (“cometer el delito por motivos racistas, antisemitas u otra clase de discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia, raza o nación a la que pertenezca, su sexo, orientación o identidad sexual, razones de género, la enfermedad que padezca o su discapacidad”).

Otro organismo al que se le supone neutralidad ideológica es el Ministerio Fiscal, pero leyendo noticias como ésta uno empieza a dudar de ello.
Daniel Amelang. Abogado Penalista de Red Jurídica.

Fuente: http://www.elsaltodiario.com/conquista-derecho/cuerpos-policiales-delitos-de-odio

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¿QUÉ PASA EN CATALUÑA Y QUÉ NOS ESTÁN CONTANDO DE CATAUÑA? POR CIERTO: ¿CATALUÑA O GATALUÑA? (Por si hubiera gato encerrado lo digo)

1 de octubre y su posible evolución. ¿Revolución Naranja? ¿Pactos de la Moncloa a la catalana?     

Pedro A. García Bilbao

Sociología Crítica

30.09.2017          

1. Nos van a liquidar ya del todo. España es un país vencido desde 1939 y con soberanía limitada desde 1648, pero tiene potencial para recuperarse. Si sufre una secesión y una nueva involución política quedará liquidado del todo. El 15M fracasó pero esto, que parte de una base más sólida, puede tener éxito. El 15M, sin banderas, lo que hizo fue rematar a la izquierda española y cargarse una posible si bien improbable reconstrucción en clave ruptura y república, el 1-O, con banderas (catalanas) lo que va a lograr, sea con él éxito de la secesión o con su fracaso catastrófico es acabar de impedir para siempre que España en su conjunto recupere su soberanía nacional y popular, económica y de defensa, es decir, la República. Una Catalunya independiente, dada la relación de fuerzas sería un peón más de los sometidos a la globalización neoliberal.
2. ¿El 1 de octubre revolución naranja? Los diseños de Gene Sharp para lograr secesiones y cambios de régimen sólo funcionan ante regímenes corruptos en los que tras la presión, la policía y el gobierno se rompen y sus apoyos se cambian de bando. El régimen español es corrupto, pero asentado firmemente hace tiempo y no tiene una oposición que lo cuestione de base, no es el mismo escenario que en las débiles repúblicas ex-soviéticas; la intención de una injerencia globalista en España no puede ser situar un régimen pronorteamericano, pues ya lo hay, sino en todo caso, una transformación constitucional que lo haga más permeable todavía a la dominación, que lo debilite e impida cualquier pretensión de recuperar un día su destino en sus propias manos con una república democrática. La actuación en Catalunya no buscaría tanto su independencia, como liquidar definitivamente del viejo y decadente estado español cualquier esperanza de refundación republicana.
3. La estrategia de los republicanos españoles no se basa en referéndum imposibles, sino en anular los franquistas
4. En España no es posible la independencia en un solo país, debemos vencer juntos al régimen para lograr la de todos. Y eso se llama República Española.
5. Es completamente absurdo plantearse la independencia de tu país y, al tiempo, aceptar renunciar a la soberanía económica, política y de defensa. Si se hace tal cosa estaríamos ante un colosal engaño que acabará por reventar.
6. Lo digo de forma descriptiva, sin entrar en valoraciones. La técnica de movilización seguida en Catalunya sigue las pautas y planes descritos en los planes de injerencia «naranja» desarrollados por los norteamericanos. (el famoso manual de Gene Sharp). No digo que estos estén detrás, pero es calcado.
7. Los catalanes que están ahora en las calles pueden ser traicionados también, como todos lo fuimos en 1977. Van a tener su propia ración de Pactos de la Moncloa, es más que posible. Las elites nacionales catalanas no están por afrontar una intervención en fuerza del estado y van a pactar. Lo único que podría llevar a una salida de independencia sería que EE.UU y Alemania lo aceptasen y obligasen a Madrid a ceder; e incluso este escenario no aseguraría nada, pues podría causar un golpe de estado. Lo más probable, lo que muestra la lógica de clase y la relación de fuerzas, es la refundación del pacto constitucional sobre la base del reconocimiento simbólico de la soberanía en paralelo a preservar la unidad bajo la Corona. Está es la clave. Los claveles solo funcionan para una revolución si van en fusiles de asalto y aquí no los hay.
8. La línea roja última antes del enfrentamiento no es la declaración de independencia por sola, sino tomar medidas para hacerla efectiva como tomar el mando de los Mosos y ordenar tomar posiciones en fronteras y defender los edificios públicos. Van a llegar hasta un paso antes de esto. Si cruzan esa raya habrá enfrentamientos. Justo antes de esto negociaran o tendremos un conflicto.
9. La más que probable salida al conflicto no es el enfrentamiento armado o la independencia a la «checa», sino la negociación de un nuevo pacto constitucional con la Corona salvando la unidad de la patria, reconocimiento simbólico de la soberanía catalana y la unidad de todos bajo el Banco Central Europeo, el FMI, la OMC y la UE, con el paraguas de la OTAN. Tendremos una reforma constitucional con numerosos padres, empezando por Pedro Sánchez, P. Iglesias, un PP que se apuntará el tanto de impedir el paso a una nueva republica (catalana, por supuesto) y la notoria cantidad de figuras «razonables» que hay detrás de Puigdmont y desean frenar el peligro interno. Los republicanos catalanes tendrán su propia ración de los Pactos de la Moncloa y serán sacrificados.
10. Seamos claros: obtener resultados válidos de una votación incompleta, sin garantías, con prohibiciones de un lado y sin verdadera campaña por el otro, con unas opciones falseadas (había otras) y con amenazas a los votantes no es algo admisible. No hay condiciones que permitan concluir resultados aceptables de ningún tipo. A la impostura y la imposición del régimen del 78 se suma la de los independentistas.
11. ¿Hay algo positivo el 1 de octubre? Lo hay. Es la expresión masiva y popular del rechazo al marco constitucional vigente, el pacto constitucional ha quedado roto. Millones de personas se han atrevido a decir no. Es la paradoja, los independentistas van a pretender que ha ganado el sí, y han situado un no falso como opción falsa, al contraponer la república catalana independiente al mantenimiento del statu quo del régimen; la pregunta del referéndum es por tanto una falsedad.
12. Hay un hecho que ni los fanáticos nacionalistas excluyentes de un lado y otro van a poder impedir. Sumados los partidarios de la independencia, y los partidarios de acabar con el régimen del 78 y conseguir la República somos todos juntos una mayoría suficiente para lograrlo; haber renunciado a plantear las cosas así ha sido un error.
13. En cualquier caso, bienvenida sea la protesta masiva, y si las cosas transcurren mal —y hay muchos escenarios en los podría salir así— no debe olvidarse jamás la colosal traición a la República Española que han protagonizado los partidos de la izquierda «estatal», particularmente Unidos Podemos y sus diversos componentes que, a la postre, en esta hora no han aportado nada y han actuado como secundones del régimen y como unos incapaces de defender una salida alternativa defendiendo ruptura y república en toda España.
14. El solemne fracaso de la izquierda española, su incapacidad ya pública de responder a la situación, marca el momento de organizar la alianza republicana. La república representa la ruptura con el régimen, la voluntad de victoria, la esperanza de una España democrática y fraterna donde haya derechos iguales para todos y reconocimiento del derecho a decidir nuestro futuro.
15. Los diputados de Unidos Podemos, incapaces de defender la República, si lo son de gritar «Viva la Guardia Civil» en las Cortes.

ADIÓS, CATALUÑA, ADIÓS. OIGA, Y QUE LA IMBECILIDAD POLÍTICA DE LOS POLÍTICOS QUE TENEMOS HASTA EL 10 DE OCTUBRE, SI EL TEMPO NO LO IMPIDE NI LA VIRGEN DEL PILAR RECHISTA, NO ABREN LA FÁBRICA DEL CONGRESO PARA TRABAJAR (EL DIA 6 ES MÁS QUE PROBABLE QUE CATALUÑA DECLARE SU INDEPENDENCIA) ¿Y SI MANDÁRAMOS 1.243 POLICIAS PORRA EN MANO Y 918 GUARDIAS CIVILES, PARA DETENER A ESTA IMBECILIDAD DE CLASE POLÍTICA QUE VIVE A NUESTRA COSTA, PARA QUE RESPONDAN ANTE LOS TRIBUNALES DEL DAÑO CAUSADO, QUE ESTÁN CAUSANDO Y QUE CAUSARÁN A ESTE, ÉSE , AQUÉL Y AL NIÑO DE LA PORTERA

145 empresas públicas ya pagan todos los impuestos al Govern    

       

Expansión.com

03.10.2017   

© EFE Oriol Junqueras y el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont / EFE 

 

Desde ayer la Agencia Tributaria de Cataluña centraliza el pago al Estado del IRPF, el IVA y el Impuesto sobre Sociedades de estas empresas públicas.

Un total de 145 entidades del sector público catalán empezaron ayer a pagar todos los impuestos, incluidos los estatales, en la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC). Fuentes del departamento de Economía de la Generalitat han asegurado que desde ayer la Agencia Tributaria de Cataluña, embrión de la Hacienda catalana que quiere construir el Govern, centraliza el pago al Estado del IRPF, el IVA y el Impuesto sobre Sociedades correspondiente a estas empresas públicas u organismos autónomos.

Según adelantó EXPANSIÓN el 22 de septiembre, las empresas públicas de la Generalitat han recibido a lo largo del verano una comunicación de la Generalitat en la que se les insta a firmar un Convenio con la ATC por el que pasan a ingresarle las retenciones del IRPF de sus trabajadores, el IVA y Sociedades, además de los impuestos propios. Fuentes conocedoras del proceso aseguran que de las 500 empresas que conforman el Registro de empresas de la Generalitat muchas no habían firmado pero otras sí lo habían hecho.

El citado Convenio, al que ha tenido acceso EXPANSIÓN, se ha remitido a las entidades públicas con sus respectivos nombres y el de sus máximos directivos incluidos, es decir, como formulario ya preparado para que el responsable de la empresa en cuestión se limite a firmar. La Generalitat explica que el Acuerdo de Gobierno del 25 de abril de 2017, que crea el Programa de homogeneización de procesos y mecanismos internos de tramitación de tributos y de cotizaciones sociales, es "de aplicación directa a las entidades del sector público de la Generalitat".

Según el Govern, estos 145 entes, de un total de 174 que conforman el sector público catalán con mayor participación de la Generalitat, ya han suscrito el convenio correspondiente con la ATC para autorizarle a realizar estos servicios tributarios en su nombre, según las mismas fuentes.

Se trata de un proceso que empezó a implantarse en el sector público catalán en julio, cuando la propia ATC, el Incasòl, Infraestructures.cat (la antigua Gisa) y la Agencia Catalana de la Juventud centralizaron en la Agencia Tributaria de Cataluña el pago de estos impuestos estatales.

Este proyecto ya estaba en septiembre plenamente operativo, asegura el Govern, en 24 entes públicos, en concreto en la Agencia de la Vivienda de Cataluña, en el Hospital Clínic, en el Idescat o bien en la Agencia de Residuos de Cataluña, entre otros.

Este servicio también se ha ofrecido a aquellas empresas públicas en las que la Generalitat tiene una participación minoritaria, a los entes locales o a las universidades. Más de la mitad de las empresas del sector público tienen participación mayoritaria o paritaria de la Generalitat, pero la presión se dirige también a 200 empresas con capital privado.

La fórmula que pretende poner en marcha el Govern es la siguiente: "La ATC asume las funciones de presentación y/o pago telemático de las declaraciones, autoliquidaciones y declaraciones informativas, así como la realización de otros trámites tributarios relativos a los tributos gestionados por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT)". Las empresas deberán ingresar en la Agencia Tributaria Catalana sus declaraciones con una antelación mínima de cinco días hábiles anteriores a la finalización del plazo normativo de la AEAT.

La Agencia Catalana dice que ingresará las cuotas correspondientes a las declaraciones y autoliquidaciones "en el Tesoro estatal" antes de que finalice el periodo voluntario de ingreso. A continuación, en el punto 4.5 de la cláusula cuarta, explicita que "si la ATC incumple las obligaciones establecidas en las cláusulas 4.2 y 4.3 del Convenio [cuando dice que ingresará en el Tesoro español las declaraciones] esto no comportará ninguna responsabilidad para la empresa, que será resarcida de las consecuencias que se deriven".

Es decir, la ATC ya plantea la desconexión de la AEAT y asegura que ella será responsable y que compensará a las empresas de las eventuales multas o perjuicios que el Convenio acarree. El Govern ha trasladado que el proceso es similar a una central de compras para ganar en eficiencia y tener una mayor capacidad de negociación frente a las entidades financieras. El Ministerio de Hacienda envió un comunicado el 4 de septiembre en el que alerta de sanciones y consecuencias penales para empresas y particulares que ingresen sus impuestos donde no deben.

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REFERÉNDUM CATALÁN: LA POLICIA NACIONAL INTENTA "ENMENDAR" LA PLANA A LA POLICIA CATALANA.

La Policía Nacional inicia actuación para evitar la votación en colegios

Efe 01 Octubre, 2017 - 08:46h

     

Agentes de la Policía Nacional han iniciado el operativo para tratar de evitar con actuaciones el referéndum del 1-O, suspendido por el Tribunal Constitucional, para lo que se han personado en algún punto de votación donde hay congregadas centenares de personas.

En el colegio Ramon Llull de Barcelona se ha presentado una veintena de policías nacionales antidisturbios, en donde han intentado entrar hasta el momento sin éxito porque se lo impide un centenar de personas.

La Policía Nacional se ha activado después de que los Mossos d'Esquadra se personasen anteriormente en diversos colegios electorales de Cataluña para levantar acta pero sin impedir el operativo del 1-O en muchos colegios, una votación impulsada por el Gobierno de la Generalitat y las entidades independentistas.

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REFERÉMDUN CATALÁN: LA POLICÍA CATALANA LEVANTA ACTAS EN LOS COLEGIOS OCUPADOS

Los Mossos se limitan a levantar actas en los colegios ocupados

       

La Vanguardia /01.10.2017

© Image LaVanguardia.com Los Mossos d'Esquadra se presentan en el IES Tarradell y le notifican al director que se debe cerrar el colegio. 

 

Muchos colegios de Barcelona y de toda Catalunya siguen abiertos y ocupados pasadas las 6 de la mañana de este domingo, hora fijada por los Mossos d’Esquadra, para cerrarlos con el fin de evitar el referéndum del 1-O. Los agentes han ido visitando los más de 2.000 colegios previstos para convertirse en puntos de votación y, en aquellos en los que han comprobado que hay gente ocupando se han limitado a levantar actas como las que se dedicaron a rellenar este sábado.

El ‘major’ de los Mossos, Josep Lluís Trapero, dio instrucciones el viernes a todas las unidades del cuerpo de que el 1 de octubre, en cumplimiento del mandato judicial, requisen urnas y material en los colegios electorales y los cierren para evitar el referéndum antes de las 6 de la mañana.

© Proporcionado por La Vanguardia Ediciones, S.L. Una pareja de los Mossos frente a una aglomeración de gente ante el Institut Can Vilumara de L'Hospitalet, 
 

Según el documento, una patrulla uniformada deberá acudir a cada uno de los puntos de votación que estén en edificios y locales públicos, y requisar urnas y papeletas.Allí se debe identificar y comunicar a las personas en el interior que lo tienen que desalojar y proceder a su cierre, aunque, en el caso de que no sea posible por el tipo de actividad que presta el local -hay puntos de votación en algunos centros de atención primaria (CAP) y residencias de ancianos-, se advertirá a las personas identificadas de que deben abandonar la actividad sobre el 1-O.

En el caso de que haya personas concentradas en el interior o el exterior del edificio que impidan el acceso de la dotación policial o no permitan que ésta pueda llevar a cabo acciones de identificación y comprobación, lo deben comunicar a la sala de mando y hacerlo constar en el acta, puntualizando si hay personas vulnerables.

En el acta, los agente tienen la posibilidad de seleccionar cuatro posibles motivos por los que no pueden cumplir la orden inicial del TSJC

En el acta, los agente tienen la posibilidad de seleccionar cuatro posibles motivos por los que no pueden cumplir la orden inicial del Tribunal Superior de justicia de Catalunya (TSJC) sobre el precinto de los centros. De los cuatro motivos, los agentes pueden marcar uno o varios y son específicamente: la “negativa reiterada y manifiesta de desocupar el local”, la “posibilidad de que se produzcan altercados con peligro para las personas o bienes”, la “imposibilidad de los agentes de acceder al centro” y la “presencia de personas vulnerables (niños, personas de edad avanzada...)”.

En este sentido, el acta señala concretamente que a partir de las 06.00 horas del domingo sólo podrán seguir abiertos si realizan un “servicio público”, sin especificar. 

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"REFERÉMDUN" CATALÁN: GRAN AFLUENCIA DE PÚBLICO ACUDE A VOTAR

Muchos colegios siguen abiertos y ocupados sin presencia de los Mossos

Europa Press | Barcelona | 01/10/2017

 

  

La afluencia de personas dispuestas a participar en el referéndum ha comenzado a crecer a partir de las 5 de la mañana ante los colegios y locales de Cataluña.

01-10-2017 | Quique Garc

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Muchos colegios de Barcelona y toda Catalunya siguen abiertos y ocupados pasadas las 6 de la mañana de este domingo, hora fijada por los Mossos d'Esquadra para cerrarlos con el fin de evitar el referéndum del 1-O.

El mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, dio instrucciones el viernes a todas las unidades del cuerpo de que el 1 de octubre, en cumplimiento del mandato judicial, requisen urnas y material en los colegios electorales y los cierren para evitar el referéndum antes de las 6.

Según el documento, una patrulla uniformada deberá acudir a cada uno de los puntos de votación que estén en edificios y locales públicos, y requisar urnas y papeletas.

Se debe identificar y comunicar a las personas en el interior que lo tienen que desalojar y proceder a su cierre, aunque, en el caso de que no sea posible por el tipo de actividad que presta el local -hay puntos de votación en algunos centros de atención primaria (CAP) y residencias de ancianos-, se advertirá a las personas identificadas de que deben abandonar la actividad sobre el 1-O.

En el caso de que haya personas concentradas en el interior o el exterior del edificio que impidan el acceso de la dotación policial o no permitan que ésta pueda llevar a cabo acciones de identificación y comprobación, lo deben comunicar a la sala de mando y hacerlo constar en acta, puntualizando si hay personas vulnerables.

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EL INDEPENDENTISMO CATALÁN. PREGUNTA PREGUNTITA: ¿LOS MISMOS POLÍTICOS, CON LAS MISMAS FILOSOFIAS, CON LAS MISMAS PRÁCTICAS POLÍTICAS QUE HAN CREADOEL PROBLEMA CATALÁN, QUE SE HAN APROVECHADO DE LA CORRUPCIÓN, QUE NO HAN ACABADO NI PIENSAN ACABAR CON LA CORRUPCIÓN (escucha que te digo: paraisos fiscales), SON LOS QUE VAN A ARREGLAR EL PROBLEMA CATALÁN? ¡TIENE HUEVOS LA COSA, CHIQUET! SE ME HACE QUE NO

Referéndum del 1-O en Catalunya

De la Constitución al Código Penal

Javier Pérez Royo

Viento Sur

eldiario.es 

15/09/2017 |

 

Hasta el sábado 8 de noviembre de 2014, es decir, hasta el día previo al domingo 9, en que los ciudadanos acudieron a votar en la consulta reconvertida en “proceso participativo”, la Fiscalía no hizo acto de presencia en el desarrollo del “procés”. Ese día la Fiscalía Superior de Catalunya abrió diligencias para investigar si el uso de locales públicos para la celebración de la consulta podía ser constitutivo de delito y ordenó a la policía autonómica que confeccionara un listado de los locales públicos en los que se iba a votar así como la identificación de los responsables de dichos centros.

Si hasta entonces el Gobierno únicamente había recurrido al Tribunal Constitucional para intervenir en el “procés”, a partir de este momento también lo hará a la Fiscalía Superior de Catalunya y la General del Estado, al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya y al Tribunal Supremo. El Derecho Penal empezaba a entrar en juego.

Inicialmente la Fiscalía Superior de Catalunya se resistió a dejarse arrastrar por ese camino y rechazó interponer una querella contra Artur Mas, Joanna Ortega e Irene Rigau por la celebración del 9-N, por entender que su actuación no era constitutiva de delito. El Gobierno tendría que instar al fiscal general del Estado, Sr. Torres Dulce, a que interviniera y, como consecuencia de dicha intervención, el Tribunal Superior de Justicia admitiría el 21 de diciembre de 2014 una querella por prevaricación, malversación y usurpación de funciones contra ellos. Casi inmediatamente después el Sr. Torres Dulce presentaría su dimisión, sin que nunca se haya dado una explicación de la misma.

Aquí acabaron las dudas o reservas que pudiera haber en la Fiscalía respecto de las demandadas del Gobierno en lo relativo al desarrollo del “procés”. La Fiscalía se ha convertido en un órgano de vigilancia permanente del Govern y del Parlament así como los municipio catalanes, con la finalidad de reaccionar ante el más mínimo movimiento que se produzca en este terreno por los poderes públicos de la comunidad autónoma de Catalunya.

Este protagonismo de la Fiscalía es el mejor indicador del cambio que se ha ido produciendo en la estrategia del Gobierno para intervenir en el “procés”. La integración de Catalunya en el Estado, sin dejar de ser un problema político y constitucional, se ha convertido fundamental y prioritariamente en un problema penal. La perspectiva penal pasa a ser la dominante. Hasta que no esté resuelto el problema penal, considera el Gobierno, no se puede pensar siquiera en abordar una respuesta política y constitucional.

Esta primacía de la perspectiva penal sobre la político-constitucional en la estrategia del Gobierno ya se puso de manifiesto con la Ley Orgánica 15/2015 de reforma de la LOTC. La atribución de competencias ejecutivas al Tribunal Constitucional con una lógica a mitad de camino entre el procedimiento administrativo sancionador y el proceso penal, supone una desnaturalización de dicho órgano. Del control de normas a la imposición de multas o suspensión o inhabilitación de autoridades incluso democráticamente elegidas. Esta es la perspectiva desde la que el Gobierno pasó a contemplar la cuestión catalana después del 9-N.

Con esta perspectiva no es suficiente con la reforma del Tribunal Constitucional, por mucho que se lo desnaturalice y por muchas competencias ejecutivas que se le atribuyan. Es necesario recurrir a la Fiscalía y a los tribunales de justicia ordinarios. Y en esas estamos. Y de una manera acelerada. La decisión del fiscal general del Estado de ordenar a las Fiscalías de las cuatro provincias catalanas que llamen a declarar a 715 alcaldes que habían manifestado la voluntad de sus ayuntamientos de colaborar en el referéndum del 1 de octubre, advirtiéndoles de que, en caso de no acudir a declarar ante la fiscalía, se ordenaría a los Mossos de Esquadra que los detuvieran y los condujeran ante el Fiscal, es el paso más llamativo dado hasta el momento.

En si mismo el paso no tiene mucha transcendencia, pero como indicador de lo que puede venir la tiene toda. Ahora mismo, lo más que puede hacer el fiscal, una vez que ha oído al alcalde al que ha interrogado, es ponerlo a disposición judicial. No puede adoptar ninguna medida ni siquiera cautelar. Pero la amenaza de la persecución penal ya está en el horizonte inmediato. Y la advertencia para el conjunto de la población está lanzada.

Que nadie se llame a engaño. El mensaje que el Gobierno lanza a través del fiscal general es que todo aquel que pretenda participar en el referéndum del 1 de octubre debe saber que está cometiendo un delito y que la Fiscalía tomará nota y actuará en consecuencia. Los primeros son los alcaldes, pero después vienen todos los ciudadanos que quieran participar en el referéndum del 1-O. Nadie que quiera participar en el referéndum está a salvo. Absolutamente nadie. Esto es lo que materialmente significa la orden del fiscal general del Estado.

En este proceso de transformación fáctica del Código Penal en la Constitución de Catalunya se sabe como se entra, pero no como se sale. ¿No hay nadie en el Gobierno al que se haya pasado esto por la cabeza?

14/09/2017

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UNIDAD Y SOBERANIA NACIONAL (Oiga, por favor, me podría usted decir que le he hecho yo para que me haga reir de esta manera? Es que se me está desencajando un riñón y parte del otro huevo, oiga) Y EL PIM, PAM PUM MILITAR DEL SUBE QUE TE SUBE Y EL QUITA QUE TE QUITA DEL DINERO DE LOS TRABAJADORES, PARA QUE AL FINAL NO ME QUEDE BAJO MANTA MÁS QUE UN TRES POR CIEN, OTAN DE POR MEDIO Y UNIDAD PATRIA APARTE

Como cada año, las cifras aprobadas en los PGE no se corresponden con el gasto efectivo

Defensa ya ha inflado su presupuesto en más de mil millones y el gasto total alcanza niveles de 2012

Eva Belmonte

Rebelion

El BOE nuestro de cada día

23.09.2017

El BOE recogió el 15 de septiembre la ejecución presupuestaria a 31 de julio, esto es, la diferencia entre lo presupuestado y aprobado en Las Cortes con el gasto real de cada ministerio. Una vez más, las cuentas de Defensa se han inflado a lo largo del año y ya superan en más de mil cien millones las previsiones. Y esto pese a que el presupuesto asignado había crecido en unos dos mil millones con respecto a 2016.

Así, aunque se presupuestaron 7.639 millones -frente a los 5.788 del año anterior-, los créditos ascienden ya a más de 8.800 millones de euros, 1.168 millones extra. El gasto total a 31 de julio se acerca a la mayor cifra de los últimos años, la de 2012, cuando el coste final fue de nueve mil millones.

Este crecimiento de los presupuestos, que se repite cada año, se ha producido incluso sin créditos extraordinarios, un sistema que se ha venido utilizando en los últimos ejercicios y que inyectaba cientos de millones extra en verano vía Decreto-Ley para el pago de programas especiales de armamento, y que el Constitucional tumbó en 2016.

En la sentencia, que responde a un recurso presentado por varios grupos parlamentarios (PSOE, IU, ICV, CHA y UPyD) contra el crédito de 2014, el Constitucional considera que el uso del Real decreto-ley para aprobar estos pagos no está justificado y anuló la decisión. Eso sí, no hubo marcha atrás para las transferencias ya realizadas y de presupuestos anteriores (2014 y 2015).

Así, en 2016 el Gobierno no pudo aprobar ese crédito extraordinario, y aplazó a 2017 el pago de 717 millones de euros destinados a sufragar estos programas de modernización de las Fuerzas Armadas. El presupuesto inicial de 2017, así, incluye después de muchos años de ocultarlo en la aprobación de los PGE, una previsión sobre el coste de estos programas especiales: unos 1.800 millones para los pagos atrasados de 2016 y los correspondientes a 2017.

Pese a que ese coste ya estaba contemplado en los presupuestos iniciales y a que la cuantía destinada a Defensa para este año ha crecido casi dos mil millones, el gasto final sigue inflándose, como en años anteriores. Por el momento, y a 31 de julio, 1.168 millones extra. En 2016, el cierre del año dejó 1.395 millones más que los presupuestados.

Fuente: http://elboenuestrodecadadia.com/2017/09/15/defensa-ya-ha-inflado-su-presupuesto-en-mas-de-mil-millones-y-el-gasto-total-alcanza-niveles-de-2012/

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