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Inés Marco y Gemma Tarafa
Mientras tanto electrónico
Rebelión.org
02-12-2012
En este número del Observatorio de Salud que coordina el Grupo de Investigación sobre Desigualdades en Salud (GREDS-EMCONET) de la Universidad Pompeu Fabra (www.upf .edu/greds-emconet/), mientras tanto presenta un interesante trabajo titulado “Deuda, recortes y salud”. La intención de este artículo es aclarar algunas de las ideas falsas sobre este tema que vemos repetidas una y otra vez en los medios de comunicación a la vez que descubrir otros aspectos que habitualmente quedan ocultos. El artículo plantea la definición de deuda, la irrupción en Europa de la deuda (tanto en el sector público como en el privado), su impacto general en la sanidad (tomando como ejemplo Catalunya), así como la propuesta de realizar una Auditoría Ciudadana de la Deuda.
¿Qué es la deuda?
El concepto de la deuda es ambiguo, ya que abarca situaciones distintas que pueden entrar bajo la misma definición. La primera acepción según la de la Real Academia Española es: “Obligación que alguien tiene de pagar, satisfacer o reintegrar a otra persona algo, por lo común dinero”. Según algunos autores [1], la razón por la que la obligación de devolver una deuda es tan clara, se debe a que no se trata de una declaración económica sino de una declaración moral, por lo que se preguntan si, finalmente, la moralidad no es otra cosa que de la devolución de las deudas de las personas. Sin embargo, no todas las deudas tienen la misma magnitud ni el mismo respaldo legal. Así como hablamos de la deuda histórica o ecológica, de la deuda con las mujeres o de las deudas financieras, en realidad las únicas deudas cuya devolución es imperante, obligatoria y reconocida por todos son las deudas financieras. La pregunta que nos hacemos es: ¿Deben devolverse siempre las deudas financieras que alguien ha contraído? La historia y la antropología nos enseñan numerosos casos en que las deudas no fueron devueltas, como por ejemplo las investigaciones de Michael Hudson, un especialista en historia financiera y de la deuda, que muestran las cancelaciones de deuda periódicas desde la Edad de Bronce en Sumeria [2].
En los años ochenta del siglo pasado la crisis de la deuda en el Sur mostró con claridad el papel de la deuda como herramienta de “extorsión” a través de la cual se condicionan las políticas y la soberanía de los pueblos. La idea de que la justicia social debe estar por delante de las obligaciones de la deuda ha tomado la forma en las tres últimas décadas bajo el paraguas de lo que se ha denominado “deuda Ilegítima”, un concepto que ha sido cada vez utilizado con mayor profusión y precisión. A partir del año 2000, las organizaciones de la llamada sociedad civil, junto a buena parte del mundo académico, llegaron a la conclusión de que la deuda externa de los países del Sur debía cancelarse no sólo porque es inmoral que se priorice el pago de la deuda por delante del gasto social básico, sino también porque la deuda se había producido a través de mecanismos injustos. La definición de deuda Ilegítima que se consensuó en el Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG) en la campaña “¿Quién debe a quién?” destaca aspectos muy relevantes: considera ilegítima toda aquella deuda acumulada por préstamos que, directa o indirectamente, comprometa la dignidad de los ciudadanos o ponga en peligro la coexistencia pacífica entre los pueblos. Tal deuda se origina en acuerdos financieros que violan los derechos humanos y civiles reconocidos por los países en todo el mundo, o que ignoran las normas de las leyes internacionales que regulan las relaciones entre estados y entre pueblos [3].
Una de las herramientas más potentes para esclarecer los procesos de endeudamiento son las llamadas “Auditorías Integrales de la Deuda”, cuyo objetivo general es establecer “la legitimidad, legalidad y pertinencia de los préstamos, las negociaciones y renegociaciones”, donde “se señalan las responsabilidades y corresponsabilidad de los prestamistas, los impactos sociales, económicos y ambientales” y, sobre todo, en que se busca “la acumulación y ponderación de fundamentos para que el país emprenda acciones soberanas y reparadoras respecto de los pagos realizados y futuros” [4]. En la actualidad existen procesos de auditoría en países como Filipinas, Indonesia, Pakistán, Nepal, Brasil y Ecuador, entre otros, siendo ésta última la experiencia más exitosa hasta el momento. Realizada en 2007 a petición del presidente Rafael Correa, la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público (CAIC) investigó los procesos de endeudamiento más relevantes ocurridos desde 1976 [5]. Las conclusiones del estudio no sólo determinaron que gran parte del endeudamiento era ilegítimo, sino que existían graves indicios de ilegalidad. Durante el periodo investigado, la diferencia entre los ingresos y las salidas registradas suponían una transferencia neta de 7.130 millones de dólares, a pesar de lo cual la deuda ecuatoriana había seguido aumentando desde 115,7 millones en 1976 hasta 4.200 millones en 2006. Tras la revisión del Informe de Auditoría, el presidente Correa presentó la propuesta soberana a los tenedores de títulos, ofreciendo el 30% del valor nominal de éstos. El 95% de los tenedores aceptaron la propuesta sin ningún tipo de cuestionamiento judicial. Con ello, los recursos liberados en los presupuestos de ese mismo año ya permitieron que el gasto público aumentara en un 70%, destinado especialmente a la sanidad y la educación. El ejemplo del enorme sufrimiento generado por la “crisis de la deuda” que tuvo lugar en América Latina debe servir a Europa para afrontar su propia crisis de una forma muy distinta, y evitar de esa forma el empobrecimiento y la vulneración de los derechos de sus ciudadanos.
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