EEUU ha reactivado su
campaña para tildar a Venezuela de “narcoestado”, acusando a sus máximos
dirigentes de tráfico de drogas y ofreciendo cuantiosas recompensas por su
captura. Esta campaña es una invención estratégica, no una evaluación objetiva.
Trump y Venezuela
El Viejo Topo
30 agosto, 2025
LA CORTINA DE
HUMO DE TRUMP SOBRE VENEZUELA: DESENMASCARANDO LA ACUSACIÓN DE “NARCOESTADO”
Esta acusación,
especialmente amplificada bajo la administración Trump, es una cortina de humo
calculada para justificar una agenda de larga data: el derrocamiento del
Gobierno venezolano y la apropiación de sus vastos recursos petroleros y
minerales. Un examen más detallado de los hechos revela un país que ha luchado
activamente contra el narcotráfico en sus propios términos y un Gobierno
estadounidense con un historial claro y consistente de desestabilización de
países independientes en América Latina.
La lucha de Venezuela contra el narcotráfico: la realidad tras la DEA
En 2005 se
produjo un momento crucial en la estrategia antidroga de Venezuela cuando el
entonces presidente Hugo Chávez expulsó a la Agencia Antidrogas de los
Estados Unidos (DEA), acusándola de espionaje y de socavar la soberanía
venezolana. Esta decisión se basó en la creencia de Chávez de que la DEA era
“utilizada como tapadera… para llevar a cabo labores de inteligencia en
Venezuela contra este Gobierno”. En ese momento, los funcionarios venezolanos
insistieron en que el país seguiría luchando contra el narcotráfico por su
cuenta. “La DEA no es esencial para la lucha contra el narcotráfico en
Venezuela. Seguiremos trabajando con las organizaciones internacionales contra
las drogas”, declaró Chávez.
Contrariamente
a la narrativa estadounidense de que esta medida provocaría una avalancha de
drogas, el Gobierno de Venezuela, a través de la Oficina Nacional
Antinarcóticos (ONA) y de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (FANB),
intensificó sus propios esfuerzos contra el narcotráfico. Según la
Superintendencia Nacional Antidrogas (SUNAD) de Venezuela, el país ha realizado
importantes incautaciones de drogas a lo largo de los años. Por ejemplo, en
2015, el propio Departamento de Estado de los Estados Unidos citó a la ONA informando de la
incautación de 65,76 toneladas métricas de drogas ilegales durante los primeros
ocho meses del año, lo que supone un aumento del 132% en comparación con el
mismo periodo de 2014. La cocaína y la marihuana constituyeron la inmensa
mayoría de las incautaciones. Venezuela también ha cooperado con otros países,
firmando un acuerdo internacional con Rusia para luchar contra el tráfico de
drogas en 2014.
Aunque el
Gobierno de los Estados Unidos ha calificado con frecuencia a Venezuela como
“país importante de tránsito de drogas”, esta caracterización suele ignorar las
medidas proactivas del país y su realidad geográfica. La extensa y porosa
frontera con Colombia, el mayor productor de cocaína del mundo, que alberga
siete bases militares estadounidenses y tres oficinas de la DEA, puede
convertirla en un punto de tránsito clave. Sin embargo, esto no es indicativo
de la complicidad del Estado.
De hecho, un
estudio del Instituto Tricontinental de Investigación Social y el Observatorio
Lawfare ha descubierto que, tras cinco décadas de
“guerra contra las drogas”, la propia DEA informó a mediados de 2023 que las
principales organizaciones de narcotraficantes siguen operando a nivel mundial.
George Papadopoulos, subdirector de la DEA, declaró ante el Congreso de los
Estados Unidos que solo los cárteles de Sinaloa y Jalisco tienen “asociados,
facilitadores e intermediarios en los 50 estados de los Estados Unidos”. El
estudio sostiene que esta intervención continental en materia de narcóticos
forma parte de un plan global de dominación política y militar sobre América,
desde Alaska hasta el Cabo de Hornos, incluida la Antártida, que se ha
convertido en un punto clave de la contienda mundial.
Las acusaciones de la Administración Trump: un arma política
La administración
Trump ha elevado la acusación de “narcoestado” a un nivel sin precedentes,
utilizándola como arma política y jurídica directa contra el Gobierno
venezolano. En marzo de 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos
anunció una impactante acusación contra el presidente Nicolás Maduro y otros 14
altos funcionarios venezolanos, actuales y antiguos, por “narcoterrorismo”,
corrupción y tráfico de drogas.
Al anunciar la
acusación, el entonces fiscal general William Barr acusó a Maduro y a sus
colaboradores de conspirar con una facción disidente de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC) para enviar toneladas de cocaína a Estados
Unidos. Barr afirmó: “Durante más de 20 años, Maduro y varios de sus
colaboradores de alto rango presuntamente conspiraron con las FARC, lo que
provocó la entrada de toneladas de cocaína que devastaron comunidades
estadounidenses”. Además, alegó que los dirigentes venezolanos “obtuvieron el
apoyo del régimen de Maduro, que les permite utilizar Venezuela como refugio desde
donde pueden seguir llevando a cabo su tráfico de cocaína y su insurgencia
armada”.
La acusación
iba acompañada de una recompensa por la captura de Maduro, inicialmente fijada en 15 millones de dólares y que
desde entonces se ha incrementado a 50 millones. Esta medida, que recuerda a la
recompensa por un líder terrorista, era un claro intento de deslegitimar a
Maduro y crear una justificación legal para su destitución. Se trataba de un
acto de presión política extraordinario, sin precedentes para un jefe de Estado
en ejercicio.
Los
funcionarios venezolanos condenaron enérgicamente las
acusaciones como una “cortina de humo ridícula”. El ministro de Relaciones
Exteriores de Venezuela, Yván Gil, calificó la recompensa de “patética” y de
“burda operación de propaganda política”. En un discurso televisado, el
presidente Maduro prometió que Venezuela “defendería sus mares, sus cielos y
sus tierras”, y calificó la presión de los Estados Unidos como “la amenaza
extravagante y extraña de un imperio en decadencia”. El líder de la Asamblea
Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, también intervino, afirmando que los
Estados Unidos había firmado una “proclama que pasará a las páginas de la
diplomacia internacional como una muestra de infamia”.
Motivos imperialistas y escalada militar
El ataque legal
y retórico contra Venezuela no es un incidente aislado. Coincide con una clara
escalada militar. En abril de 2020, durante la primera administración Trump, el
presidente de los Estados Unidos anunció una operación antinarcóticos
reforzada en el Caribe, enviando buques de guerra y desplegando miles de
marines hacia aguas venezolanas.
Este refuerzo
militar, combinado con la recompensa por Maduro, tenía un doble objetivo. En
primer lugar, pretendía intimidar al Gobierno venezolano y señalar su
disposición a intervenir directamente. En segundo lugar, estaba diseñada para
distraer la atención de los problemas internos de los Estados Unidos, en
particular la gestión de la pandemia de COVID-19 por parte del Gobierno. El
entonces ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, tuiteó:
“Mientras el pueblo de Florida agoniza por la pandemia, el Pentágono calumnia a
Venezuela para promover la reelección de Trump y asegurar recursos para su
maquinaria bélica. Cometen un delito contra Venezuela y contra su propio país”.
La nueva
escalada militar se produce después de que la
administración Trump firmara recientemente un memorándum del Pentágono sobre la
lucha contra los cárteles de la droga en América Latina, una directiva que
califica a estas organizaciones criminales como una amenaza para la seguridad
nacional. En una clara y presente demostración de esta política, los Estados
Unidos desplegó tres destructores con misiles guiados Aegis – el USS Gravely,
el USS Jason Dunham y el USS Sampson – en aguas cercanas a Venezuela.
Esto forma
parte de una operación más amplia en la que participan aproximadamente 4000
marineros y marines, junto con aviones espías P-8 y al menos un submarino de
ataque, con el objetivo de operar en las proximidades de las costas
venezolanas. Estas maniobras militares fueron condenadas enérgicamente por los
líderes de toda la región.
La presidenta
mexicana, Claudia Sheinbaum, rechazó firmemente el uso de fuerzas
militares estadounidenses en su país, subrayando que la cooperación no se
extiende a la “invasión” y que su Gobierno no tiene pruebas de una vinculación
directa entre el presidente Maduro y los cárteles mexicanos. El presidente
colombiano, Gustavo Petro, declaró explícitamente que consideraría cualquier
operación militar estadounidense no autorizada como una “agresión contra
América Latina y el Caribe” y que un ataque contra Venezuela se consideraría un
ataque contra Colombia.
Mientras tanto,
Venezuela ha pedido a sus más de cuatro millones de milicianos que se movilicen
en todo el país en defensa de su soberanía. Fue la milicia bolivariana la que
capturó a los mercenarios que intentaban entrar en Venezuela en mayo de 2020
para llevar a cabo una serie de asesinatos y sembrar el caos en el país.
El despliegue
de buques de guerra y tropas, junto con el memorándum del Pentágono, sirve como
un claro recordatorio de que la acusación de “narcoestado” es un pretexto para
una política exterior hostil impulsada por el deseo de controlar un país con
las mayores reservas probadas de petróleo del mundo. Para las personas con
conciencia en todo el mundo, la defensa de la soberanía venezolana es un frente
crucial en la lucha más amplia contra el intervencionismo liderado por los
Estados Unidos y por la autodeterminación de todas las naciones.
Fuente: Globetrotter
No hay comentarios:
Publicar un comentario