miércoles, 18 de junio de 2025
La realidad de los misiles cayendo en Tel Aviv y Jerusalén pone muy nervioso a EE.UU que amenaza con atacar Irán
La realidad de los misiles
cayendo en Tel Aviv y Jerusalén pone muy nervioso a EE.UU que amenaza con
atacar Irán
INSURGENTE.ORG
/ 18.06.2025
No esperaban que el «Escudo de hierro» de Israel fuera vulnerable. No imaginaron misiles cayendo en territorio palestino ocupado por Israel, y esa realidad ha excitado a EE.UU que, en las últimas horas, ha amenazado con intervenir de un modo más directo en apoyo a Israel. Irán ha respondido que atacaría las bases militares de EE.UU.
De
hecho, explosiones sacuden en este momento Tel Aviv y Teherán por
sexto día consecutivo.
El
presidente estadounidense, Donald Trump, exige la rendición
incondicional de Irán , afirmando: «Ahora tenemos control total y completo
de los cielos de Irán». Estados Unidos también está desplegando más aviones de
combate en Oriente Medio, según informes.
Las
Fuerzas Armadas iraníes emitieron una declaración de advertencia pidiendo
la evacuación del barrio de Neve Tzedek en el suroeste de Tel Aviv, en
respuesta a la advertencia de la ocupación de evacuar el Distrito 18 en Teherán
Neve
Tzedek es uno de los barrios más antiguos e importantes de Tel Aviv, y tiene un
significado simbólico y cultural en la narrativa sionista y el urbanismo
israelí moderno.
El
barrio mencionado se considera el primer núcleo de Tel Aviv, que posteriormente
se expandió hasta convertirse en la ciudad central del proyecto sionista en la
costa palestina. En la literatura israelí se le suele llamar «el primer sueño
sionista de transformarse de la diáspora en patria», como dicen.
El barrio atrae a miles de turistas cada año y es uno
de los destinos culturales más destacados de Tel Aviv.
No es una dádiva
Un sistema público de
pensiones no es una dádiva: es la expresión de un pacto social fundado en el
trabajo y la justicia. Su legitimidad emana del vínculo entre la vida laboral y
el derecho a una pensión; no como un favor sino como deuda social jurídicamente
exigible.
No es una dádiva
El Viejo Topo
18 junio, 2025
LAS PENSIONES
CONTRIBUTIVAS: ¿SALARIO DIFERIDO O IMPUESTO?
La disputa en
torno a la naturaleza de las pensiones —si deben entenderse como salario
diferido o como prestaciones financiadas vía impuestos— no constituye un simple
tecnicismo. Se trata, en realidad, de una batalla ideológica y política por la
definición del modelo de sociedad que queremos construir. Esta tensión se sitúa
en el corazón mismo de los debates sobre el futuro del Estado del bienestar en
Europa, especialmente a raíz de la crisis financiera de 2008 y la posterior
imposición de políticas de austeridad promovidas por instituciones internacionales
y gobiernos nacionales.
Hoy, este
debate adquiere una nueva dimensión: los grandes grupos económicos y
financieros, en connivencia con sectores del poder político, han fijado su
mirada en la privatización parcial o total del sistema público de pensiones
como un mecanismo para canalizar billones de euros hacia sus mercados,
alimentando así una economía de guerra en expansión. La presión para
transformar el sistema desde dentro y de forma progresiva diluyendo su
naturaleza contributiva, forma parte de una estrategia más amplia de
reconfiguración del Estado social bajo criterios mercantiles y geopolíticos. Es
un proceso que se arrastra desde 1998 cuando el Banco Mundial definió las
líneas maestras de lo que deberían ser las pensiones públicas en un futuro.
En este
contexto, el dilema entre salario diferido o impuestos se convierte en un eje
de disputa política, que contrapone dos modelos irreconciliables. Uno basado en
los derechos sociales derivados del trabajo, en la solidaridad
intergeneracional y en la garantía pública de rentas dignas. Otro que concibe
las pensiones como una carga fiscal, contingente y recortable, sujeta a los
vaivenes presupuestarios y a la lógica del mercado financiero. Decidir entre
uno u otro no es una cuestión neutra: es optar por el tipo de ciudadanía, de
economía y de futuro que queremos para las próximas generaciones.
Asumir que las
pensiones son salario diferido no es solo una precisión conceptual: es un acto
de defensa frente al desmantelamiento del Estado social. Significa reconocer
que no se trata de una dádiva, ni de una carga fiscal, sino de un derecho
ganado con años de trabajo, esfuerzo y cotización. Esta visión devuelve a las
pensiones su dignidad originaria y las protege frente a la ofensiva neoliberal
que, desde hace décadas, intenta mercantilizar todos los rincones de la vida.
Concebirlas así es resistir al proyecto de convertir la vejez en un negocio y
la protección social en un mercado. Es afirmar que el trabajo no debe ser
reducido a mercancía y que el bienestar no puede quedar al arbitrio de los
fondos de inversión. En última instancia, es defender la idea de que el trabajo
sigue siendo el fundamento legítimo del derecho a una vida digna también
después de la jubilación.
Detrás de los
discursos que presentan las pensiones como un gasto público más, financiado vía
impuestos, se oculta un proyecto político cuidadosamente diseñado. Los grandes
grupos de poder que apuestan por la privatización del sistema público de
pensiones no solo disputan su financiación, sino su significado profundo.
Quieren despojar a las pensiones de su carácter de derecho laboral, para
reducirlas a una prestación asistencial más, sometida al vaivén presupuestario
y a la voluntad del gobierno de turno. En esta lógica, las pensiones —incluso las
contributivas— dejan de ser una garantía derivada del trabajo y se convierten
en una asignación condicionada, frágil, cambiante, y por tanto, cada vez más
vulnerable a los recortes y a la lógica privatizadora.
Asimilarlas a
un impuesto es el primer paso para transformarlas en mercancía. Porque si todo
depende del presupuesto, todo puede recortarse, redefinirse o externalizarse.
Así se socava su legitimidad, se debilita su estabilidad y se allana el camino
hacia su progresiva sustitución por esquemas financieros individuales. En este
pulso ideológico no se discute solo la contabilidad pública: se dirime el
sentido mismo del Estado social.
Por eso, más
allá de cifras, modelos o proyecciones actuariales, la sostenibilidad del
sistema de pensiones es una cuestión esencialmente política. Y la pregunta que
nos interpela es clara y urgente: ¿queremos un sistema basado en derechos
sociales conquistados por el trabajo o nos resignamos a una beneficencia
fiscal, reversible y precaria? La respuesta a esta disyuntiva definirá no solo
el futuro de las pensiones, sino el tipo de sociedad en la que queremos
envejecer.
La concepción
del sistema de pensiones contributivas como salario diferido hunde sus raíces
en la tradición del Estado social de derecho, y en las luchas sindicales de los
siglos XIX y XX. Las cotizaciones sociales son por una parte salario
“diferido” en cuanto que generan un derecho a la prestación y por otra un
salario que, en términos de solidaridad de clase intergeneracional, se
constituye en la fuente de financiación del gasto actual.
Un verdadero
sistema público de pensiones no es una dádiva ni una concesión: es la expresión
concreta de un pacto social fundado sobre el trabajo y la justicia. Su
legitimidad emana del vínculo entre la vida laboral y el derecho a una pensión;
no como un favor, repito, sino como una deuda social jurídicamente exigible. Es
un modelo solidario, donde quienes hoy trabajan sostienen con sus cotizaciones
a quienes ayer lo hicieron, encarnando así una forma de reciprocidad intergeneracional.
Su autonomía institucional, está garantizada por la gestión pública y su
financiación mediante cotizaciones sociales, lo que ayuda a preservarla de la
arbitrariedad presupuestaria y de los vaivenes del ciclo político. Su blindaje
jurídico no es una formalidad más: protege los derechos acumulados durante
décadas para que no puedan ser recortados por decreto sin incurrir en una
violación flagrante del contrato social con las consecuencias políticas o
electorales que eso comporta.. Este sistema no solo sobrevive gracias a su
arquitectura legal y financiera, sino porque cuenta con una legitimidad
profundamente arraigada: los trabajadores lo perciben como el fruto legítimo de
su esfuerzo, no como un subsidio. Por eso resiste los embates de la mercantilización
y los cantos de sirena de los fondos privados. Porque allí donde se desmonta el
sistema público, no se libera al individuo: se le precariza y se le condena a
la incertidumbre del mercado.
LAS PENSIONES
COMO IMPUESTO O PRESTACIÓN ASISTENCIAL
Desde la década
de 1990, el sistema público de pensiones ha sido objeto de una relectura
ideológica impulsada por la expansión del pensamiento neoliberal y los
imperativos de consolidación fiscal dictados desde organismos internacionales
como el FMI, el Banco Mundial y la Comisión Europea. Bajo ese influjo, lo
que en España fue durante décadas un derecho vinculado directamente al trabajo
se intenta redefinir como un gasto redistributivo, sometido a los márgenes del
déficit y al arbitrio del presupuesto general del Estado y del color del
partido político dominante.
“Las
cotizaciones sociales son impuestos sobre el trabajo. Lo ideal es sustituirlas
por impuestos generales y fomentar el ahorro individual.”— Banco Mundial,
Averting the Old Age Crisis (1994)
Esta mutación
no ha sido casual ni neutral. En el caso español, se ha traducido en una serie
de reformas que, bajo el pretexto de garantizar la sostenibilidad, han
debilitado sistemáticamente el principio contributivo, trasladando el centro de
gravedad del sistema desde las cotizaciones sociales hacia los ingresos
fiscales generales. Se pretende romper el vínculo histórico entre trabajo y
pensión, y el sistema, antes construido sobre la base de la reciprocidad entre
generaciones, pasa a funcionar como una política asistencial más, gestionada
desde la lógica del recorte del gasto público.
Proponer que
las pensiones, especialmente las contributivas- se incorporen al presupuesto estatal
multiplica su exposición a los recortes. A partir de ese momento, las pensiones
comienzan a competir con otras partidas: sanidad, educación, defensa, deuda….
Ya no se trataría de derechos adquiridos, sino de gastos comunes. Y en ese
desplazamiento conceptual radica la trampa: deslegitimar el modelo de reparto
es el primer paso para justificar su sustitución progresiva por esquemas
privados de capitalización. De hecho, en España, esta narrativa está sirviendo,
en determinados espacios de debate teórico, como plataforma discursiva para
promover los planes privados de empresa. Por otra parte la retirada de las
cotizaciones conllevaría otro característica regresiva, la patronal
incrementaría sus beneficios a costa de la reducción del salario social.
En definitiva
lo que está en juego no es sólo el equilibrio de un sistema contable, sino la
concepción misma de un modelo social. En el caso español, la presión para
reconvertir el sistema público en un dispositivo fiscal genérico forma parte de
una estrategia más amplia: diluir los derechos sociales en la lógica del
mercado, subordinar la seguridad colectiva a la rentabilidad privada, y
transformar la vejez en un nuevo campo de acumulación financiera.
Intencionadamente se olvida en este debate un factor relevante: la viabilidad
del sistema de pensiones no se determina únicamente por la proporción entre
trabajadores activos y jubilados. Factores como el crecimiento económico, la
inmigración, las politicas fiscales, la productividad y las políticas de empleo
resultan igualmente fundamentales. Un crecimiento económico constante
contribuye a incrementar los ingresos derivados de las cotizaciones, aliviando
así la carga financiera del sistema, incluso frente a los desafíos que plantea
el envejecimiento de la población. Además, las propias aportaciones de los
pensionistas, a través del consumo y la inversión, generan empleo y beneficios
netos para el Estado, fortaleciendo el círculo económico que sostiene el
sistema de protección social.
LA DISPUTA
POLÍTICA EN EUROPA: REPARTO O CAPITALIZACIÓN
El cambio
discursivo, que pretende desplazar la concepción de las pensiones de un salario
diferido a un impuesto, ha servido como instrumento para facilitar reformas
estructurales orientadas a debilitar el sistema público y abrir paso a la
expansión de la capitalización individual. Organismos internacionales como la
OCDE y el FMI han impulsado con insistencia la llamada “tercera vía” en los
sistemas de pensiones, basada en un esquema híbrido donde un “pilar básico”
público, concebido como mínimo y asistencial, convive con diversos “pilares”
privados de capitalización. La narrativa oficial sostiene que “el Estado debe
garantizar un piso de protección, pero la responsabilidad principal debe recaer
sobre el individuo” (OCDE, Pensions at a Glance, 2019). Este viraje discursivo
revela la tensión entre un modelo de bienestar público basado en la solidaridad
colectiva y una lógica mercantil que relega la protección social a una cuestión
individual y financiera. La crisis de los sistemas de pensiones, lejos de ser
un fenómeno accidental, es expresión directa de una estrategia de
desmantelamiento del Estado social.
EL CASO ESPAÑOL
Y EL MARCO EUROPEO
La Constitución
Española, en su artículo 41, establece que los poderes públicos deben
“mantener un
régimen público de seguridad social para todos los ciudadanos, que garantice la
asistencia y prestaciones suficientes en situaciones de necesidad,
especialmente en caso de desempleo.”
Aunque la
redacción del precepto es ambigua y de naturaleza programática, el Tribunal
Constitucional ha interpretado esta disposición como una obligación jurídica de
garantía efectiva, que trasciende el mero enunciado declarativo (STC 102/1988,
de 11 de julio). En la praxis, el sistema de pensiones español ha operado
históricamente bajo el principio de salario diferido y reparto, conforme al
cual las cotizaciones de los trabajadores activos financian las prestaciones de
los pensionistas. No obstante, los discursos oficiales y las políticas
públicas, especialmente desde la Comisión del Pacto de Toledo, insistido en la
han introducción de elementos asistenciales. En realidad y como advierten
varios autores se mantiene la lógica contributiva en el discurso aunque
en la práctica se avanza hacia un modelo mixto, con elementos asistenciales.
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