viernes, 5 de septiembre de 2025
España, tierra quemada
Durante la tragedia, ha
podido comprobarse algo que ya se intuía: frente al sentido común de la
ciudadanía, la estulticia de la clase política. De unos y otros, incluido el
presidente Se ha batido cualquier record anterior de incompetencia.
España, tierra quemada
El Viejo Topo
5 septiembre, 2025
Cuando a
finales de 2023, tras las elecciones generales, escogí como título del libro que iba a
publicar de forma inmediata Tierra
quemada, en ningún momento pensé que se adecuaría en
sentido estricto a lo que iba a suceder dos años más tarde en gran parte del
territorio nacional. El libro pretendía ser una descripción de los errores y
horrores políticos acaecidos en los cuatro años anteriores y vaticinaban una
tendencia muy negativa para los cuatro años siguientes.
Era predecible,
como así está ocurriendo, que nuestro país quedase arrasado, desde el punto de
vista institucional, y territorialmente dividido. El ordenamiento jurídico
podría terminar profundamente dañado, debilitada nuestra democracia, y el sector
público condenado a la ineficacia. De ahí lo de tierra quemada. Pero en
ningún momento pasó por mi imaginación que los
incendios iban a devastar gran parte de España.
El enorme
desastre natural acaecido este verano nos obliga sí a examinar la
respuesta de las distintas Administraciones Públicas. Pero antes que nada surge
una pregunta que casi todo el mundo evita hacerse. La aptitud del Estado
de las autonomías para enfrentarse a una catástrofe nacional o de gran
envergadura que sobrepasa los medios de una comunidad autónoma. Lo cierto es
que cada vez que ha surgido algo así, COVID, la dana de Valencia o
los tremendos incendios de este año, por citar algunos casos, la respuesta ha
sido insuficiente. La contestación a la pregunta no es fácil, sobre todo en
presencia de un gobierno Frankenstein que ha resultado incompetente en casi
todos los aspectos de la marcha diaria del sector público.
Es arriesgado
criminalizar la estructura del Estado, en presencia de un Ejecutivo que
lleva toda la legislatura sin aprobar un presupuesto, que ha conseguido que el
tráfico ferroviario sea un desastre, que España haya sido el
único país de Europa que ha tenido un apagón en todo el territorio de casi 24
horas y que la Administración central en su mayoría haya
resultado ineficaz para acometer sus funciones. Uno está tentado, por muy
jacobino que se sea, de exclamar que menos mal que existen las autonomías.
Bien es verdad
que hay otra cara de la moneda y es que surge el peligro de que las
comunidades se conviertan en una coartada perfecta para que el Gobierno eluda
sus obligaciones e incluso que utilice las catástrofes como arma
política cuando los gobiernos territoriales sean de distinto signo,
inhibiéndose conscientemente para que la comunidad autónoma afectada se cueza
en un problema que la transciende.
La historia comenzó con la pandemia. En un principio, el Gobierno pletórico de soberbia y engreimiento no tuvo ningún impedimento en asumir el mando total. Creyó que le beneficiaría, ya que le daba la ocasión de llevar a cabo, sin cortapisas, todos sus planes. Decretó el estado de alarma y lo utilizó, tal como más tarde sentenciaría el Tribunal Constitucional, de forma abusiva. Sánchez descubrió no obstante que gestionar no es tan fácil como creía. Entregó el mando a dos ministerios. El primero, el de Sanidad, estaba casi vacío de medios, y su titular era totalmente incompetente; el segundo, el de Transportes, que parece ser que se dedicó a otros menesteres más lucrativos.
Cuando comprobó
el desaguisado que se formaba y su propia incapacidad se inventó eso de la
«cogobernanza», que significaba tan solo echar la carga, el trabajo y la
responsabilidad en las autonomías, al tiempo que mantenía el
mando. Sánchez empleó por primera vez la sublime excusa de «Si necesitan
algo, que lo pidan». Y con todo el descaro mantuvo que si las comunidades
precisaban de medidas excepcionales que fuesen sus presidentes los encargados
de ir a las Cortes a reclamar el estado de alarma, cuando tanto la Constitución
como la normativa que lo desarrolla dejan totalmente claro que tal petición es
competencia exclusiva del presidente del Gobierno.
Algo parecido
ha ocurrido con la dana de Valencia. Pretender que la respuesta a una
catástrofe como aquella se pudiese encarar desde un Gobierno regional es pura
simpleza o un intento de provocar el fracaso del Ejecutivo autonómico. Las
competencias, antes que ser un tema jurídico, lo son de medios y posibilidades.
Es del Gobierno de España del que dependen el ejército, la policía, la guardia
civil, el transporte ferroviario, el espacio aéreo, los aeropuertos, las
comunicaciones, las carreteras, las confederaciones hidrográficas, la AEMET,
las delegaciones del gobierno, las relaciones con otros Estados y con la UE, el
Ministerio de Trabajo, el de Hacienda, los institutos epidemiológicos, la
aprobación de decretos leyes creando créditos extraordinarios, etc.
Sin entrar en
el debate acerca de dónde reside la responsabilidad de que el aviso a los
ciudadanos se diese tarde, si en la Confederación, en la AEMET, en las
autoridades regionales o bien en todos a la vez, y centrándonos únicamente en
la repuesta posterior a la catástrofe, hay que preguntarse que, cuando en una
parte de España, la población carece de agua potable, de víveres, de medicinas,
de productos higiénicos y de limpieza, de ropa, etc., y no es posible el
suministro por carretera, ¿qué se precisa para mandar helicópteros o aviones
del ejército, que en el caso de que no pudiesen aterrizar, lanzasen en paracaídas
sacas con todo lo necesario?. ¿Cómo es posible que en la cuarta potencia
de la UE durante una catástrofe como la de Valencia se produzcan saqueos,
robos, expolios, y tengan que ser los propios vecinos los que hagan guardia día
y noche, mientras que la policía y la guardia civil permanecen acuarteladas y
se quejen de que no les dejan actuar?
Con los
incendios, desde el principio, el Gobierno ha querido aplicar la misma
plantilla. Soltaron al ministro que está llevando tan bien el tráfico
ferroviario contra algunos presidentes de comunidades por no haber estado desde
el primer día a pie de obra y no haber abandonado inmediatamente el veraneo. Se
empleaban una vez más las desgracias y las catástrofes como arma
política, pero también, una vez más, se cumplió la regla, y al igual que
con la falsedad de los títulos, los reproches se han vuelto de inmediato contra
el propio Gobierno. Al generalizarse el desastre por una gran parte de España y
a afectar en mayor o menor medida a casi todas las comunidades autónomas el
problema pasó a ser y quizás principalmente del Ejecutivo.
Las
circunstancias creadas por el fuego se adecúan a la definición de catástrofe
que formula la Ley del
Sistema Nacional de Protección Civil de 2015: «Situación o
acontecimiento que altera o interrumpe sustancialmente el funcionamiento de una
comunidad o sociedad por ocasionar gran cantidad de víctimas, daños e
impactos materiales, cuya atención supera los medios disponibles de la propia
comunidad». Y la misma ley define las emergencias de interés nacional como
aquellas que exijan la coordinación de Administraciones diversas porque
afecten a varias Comunidades Autónomas y reclamen una aportación de
recursos a nivel supra autonómico y aquellas otras que por sus dimensiones
efectivas o previsibles requieran una dirección de carácter nacional.
Muy
pronto la magnitud y extensión de la catástrofe hubiera exigido la
declaración del estado de emergencia nacional, o al menos que el Gobierno
asumiese sus funciones de coordinación y colaborase con los medios
que solo él podía facilitar. Su única respuesta fue una vez más la de si
quieren ayuda que la pidan. Lo cierto es que ni siquiera cuando las comunidades
reclamaron la movilización del ejército o que se solicitase la asistencia
europea fueron atendidas. Se negó su necesidad o que fuera posible. Tuvieron
que pasar varios días, y que los incendios adquiriesen dimensiones angustiosas,
para que se decidieran a hacerlo, demostrándose de esta forma que sí era
posible y necesario.
El Gobierno
estuvo prácticamente ausente hasta el día 8, que hicieron su aparición las
ministras de Medio Ambiente y de Defensa, como avanzadilla a la visita que el
presidente del Gobierno, abandonando su finca de recreo (más bien de todos los
españoles), iba a realizar el día siguiente. Sánchez en realidad no se
inmutó, ni siquiera llamó a los presidentes de las comunidades autónomas
afectadas, hasta que no lo hizo el rey, y ante el miedo de caer de nuevo
en el ridículo de Paiporta, al tiempo que prohibía al monarca desplazarse, lo
hizo él, pero de tal manera que estuviese a cubierto de cualquier presión
popular.
«El pacto de
Estado es una cortina de humo. Se ha convertido en un comodín al que se recurre
cuando se carece de otra respuesta»
Toda la
aportación de Sánchez en esta comparecencia fue responsabilizar al cambio
climático y a los negacionistas, y proponer un gran pacto de Estado. Da toda la
sensación de que no sabía qué decir, los acontecimientos le habían desbordado
y alcanzada esa magnitud resultaba imposible estar ausente y echar toda la
culpa a las autonomías. Con posterioridad ha propuesto crear una comisión
interministerial, comisión que por lo visto existe desde 2011, y que se renovó
en 2018.
El pacto de
Estado constituye una cortina de humo. Se ha convertido en un comodín al que se
recurre en todas las ocasiones en que se carece de otra respuesta, pero que
está falto de consistencia y casi es ridículo cuando se plantea después de
siete años en el poder, cuando se ha repetido muchas veces, para olvidarlo en
seguida otras tantas, y partiendo además de un Gobierno que ha dado muestras de
no querer negociar nunca con la oposición.
Sin duda las
circunstancias climáticas han sido una causa muy importante de la catástrofe y
lo seguirán siendo en el futuro, pero son –derivadas o no del proceso del
calentamiento global– un dato del problema, porque nadie creo que sea tan
ingenuo (Sánchez considera que todos lo somos), como para pensar que entra
dentro de las posibilidades de España modificar en solitario, ni siquiera con
toda Europa, las condiciones meteorológicas o detener el cambio climático.
De cara al futuro, a la hora de actuar habrá que considerar otras causas. Primera, y parece que con bastante generalidad, la mano del hombre (se estima en el 96%) y en muchas de las ocasiones con carácter voluntario. Ello nos conduce a las funciones de vigilancia y policía (que no son fáciles) y al Código Penal.
Segunda, la
ausencia de prevención y cuidado de los montes, lo que nos remite por una parte
a la progresiva huida del campo, y por otra parte a los efectos, muchas veces
negativos según los agricultores, de las medidas medio ambientales. En el
primer caso, es indudable que la política agrícola y ganadera de la Unión
Europea, desprotegiendo nuestros mercados frente al exterior, hasta
el extremo de pagar a los dueños de las explotaciones por no producir, ha
colaborado al abandono de las zonas rurales. En el segundo caso, una
mentalidad cuasi mágica que mantiene que no se debe tocar la naturaleza ha
impedido muchas veces las tareas de limpieza. Algo parecido ha ocurrido en el
ámbito hidrográfico, y más concretamente ha estado presente en el origen de la
catástrofe de la dana en Valencia.
Resulta
incomprensible la actuación de la fiscalía (y ya sabemos de quien depende)
queriendo responsabilizar penalmente de la hecatombe a los ayuntamientos y a
los alcaldes por no tener –dice– un plan de emergencias. Lo importante
parece ser que es buscar responsables fuera del Gobierno. A lo mejor los
culpables son los agentes forestales o los antiguos alguaciles. Recuerda a la
actuación del Tribunal de Cuentas cuya tarea principal y casi exclusiva a lo
largo de los años ha sido exigir responsabilidades contables a los tesoreros y
demás funcionarios municipales por equivocarse al extender un cheque o realizar
cualquier ingreso o pago.
La tercera es
la inversión en medios. Y fundamentalmente en medios nacionales, pues tan solo
es el Gobierno central el que puede en una situación de emergencia como esta
responder adecuadamente. Es posible que en el Ejecutivo anterior con la crisis
económica y los recortes impuestos por Europa estuviese justificada una cierta
atonía en el gasto, pero en el actual después de estar siete años en el
poder, de haberse endeudado considerablemente, no parece que haya explicación
alguna como no sea su incompetencia, dejadez y llevar tres años sin
presupuesto, pero incluso este último motivo pierde fuerza cuando ha contado
sin ninguna restricción y control de los fondos europeos Next Generation. De
hecho solo ha invertido 2,7 de los 71 millones de dichos recursos previstos
para gestión forestal.
La actuación
del Gobierno en esta ocasión contrasta con la actitud adoptada durante el
apagón. Entonces no tuvo ningún problema en declarar la emergencia nacional. La
diferencia es que en aquel suceso no había comunidades autónomas para
responsabilizar de la catástrofe. En realidad, en el caso de los incendios
le va a ser difícil hacernos creer que la culpa es de las autonomías. Son
muchas las implicadas, y de distintos colores políticos. Al igual que con los
jueces, no parece verosímil que todas actuasen negligentemente, pero es que
además si esto hubiese sido así, su culpabilidad resulta mayor y evidente
porque al comprobarlo tendría que haber declarado inmediatamente la emergencia
nacional. Cuanto más acuse a las comunidades, mayor es su responsabilidad por
no actuar. Nada le ha impedido hacerlo, ni tenía por qué esperar a que se lo
solicitase nadie.
Fuente: The Objective
Militarismo “progresista”: el aumento en gasto militar duplicó al aumento en Educación y superó al de Sanidad en 2022
Militarismo
“progresista”: el aumento en gasto militar duplicó al aumento en Educación y
superó al de Sanidad en 2022
Por Otros medios
kaosenlared
25 de abril de 2023
Los datos no paran de poner
blanco sobre negro cuando se trata de discutir las prioridades de este Gobierno
“progresista”. Aunque cerca de 4 millones de trabajadores y trabajadoras se
mantienen en situación de pobreza, según el INE, el Gobierno destinó uno de los
mayores aumentos presupuestarios del pasado 2022 al gasto militar, superando a
los aumentos de Educación y Sanidad.
Cada cierto tiempo van
saliendo a la luz diferentes estudios e investigaciones que ponen números al
aumento del gasto militar que tanto en el Estado español como en el resto de la
Unión Europea se viene produciendo en los últimos años, pero especialmente en
el pasado 2022.
El último de estos estudios
que ayuda a poner en perspectiva y darle el peso real que tiene esta política
militarista e imperialista de la cual el gobierno “progresista” de Sánchez y
Díaz son punta de lanza, ha sido elaborado por Stockholm International Peace
Research Institute (SIPRI).
Según este informe, que se
ha presentado en el Colegio de Periodistas de Barcelona y que ha contado con
representantes de distintas organizaciones, entre las que se encontraban el
Centro Delàs y el International Peace Bureau, sitúa al Estado español en el top
20 de países con mayor gasto militar, concretamente en el puesto 16.
Pero esta cifra, ya de por
sí destacable se enmarca mejor en el contexto de política guerrerista que está
llevando adelante Moncloa con todo el beneplácito del resto de partidos del
Congreso y de los diferentes actores del Régimen.
Según datos oficiales, el
año 2022, el incremento de las partidas oficiales para estos fines fue de un
7,3%, un aumento que sigue el objetivo acordado por la OTAN y aplaudido por el
Ejecutivo de alcanzar el 2% del PIB en inversión militar.
Pero tal y como denuncian
diferentes organismos, entre ellos el propio Centro Delàs, existen muchas
partidas con fines militares que no son contabilizadas bajo el Ministerio de
Defensa, pero que sí deberían computarse en la suma total del gasto.
En una entrevista
realizada por este diario a Pere Ortega, investigador del Centro Delàs,
si se contabilizaran todos los gastos que van al “campo militar” veríamos qué
“el aumento es mucho mayor. Con el gasto total, el gobierno español estará
gastando ya el 2,13%, una cifra colosal.”
Pero si seguimos añadiendo
más piezas a este puzzle, para tener una foto aún más completa, nada mejor que
contraponer la subida “oficial” en gasto militar con el aumento de inversión en
dos partidas sociales principales, Sanidad y Educación.
Si comparamos el aumento
entre 2021 y 2022 en gasto militar, el citado 7,3%, con el aumento en Sanidad,
veremos que existe una ligera diferencia a favor del gasto militar. En Sanidad
el Ejecutivo destinó en 2022 un 6,7% más que en 2021. Ahora bien, 2021 supuso
un decremento en inversión del 10% vs 2020. Es decir, a pesar del aumento del
6,7% en 2022, este aumentó no consiguió igualar la inversión en Sanidad que se
tuvo en 2020.
Pero si lo analizamos con
Educación, otra de las partidas sociales centrales, la comparativa deja todavía
en peor lugar a este Gobierno. El aumento en la partida de Educación entre el
año 2021 y el 2022 fue del 2,66%, es decir, casi tres veces menos que el
aumento destinado a gasto militar en el mismo periodo.
Estas decisiones políticas
obviamente tienen su impacto, porque además son tomadas en medio de un periodo
de inflación, de precariedad, de sueldos a la baja y que generar un contexto de
total incertidumbre, especialmente para los jóvenes.
Pero ese es el verdadero
signo de este Gobierno, alejado de todo el relato progresista y social que hoy,
a las puertas de un nuevo periodo electoral, no se cansan de repetir tanto el
PSOE como Unidas Podemos y Yolanda Díaz.
Solo hay que echar un ojo
al último informe presentado por el INE, según la Encuesta de Condiciones de
Vida el 7,7% de la población presentó carencias materiales graves y el 8,7%
declaró dificultades para llegar a fin de mes.
El periodo electoral
abierto la veda para repetir un relato que no se sustenta en la realidad, un
relato alejado de la realidad de miles de familias y de trabajadores y
trabajadoras que sufren las consecuencias de la situación social y económica
actual mientras el gobierno prosigue su política militarista.
Iván Vela