viernes, 30 de mayo de 2025
Esperando a EEUU en Palomares: el Gobierno rechaza otra vez limpiar las tierras contaminadas con plutonio
Esperando a EEUU en Palomares: el Gobierno rechaza otra vez limpiar las
tierras contaminadas con plutonio
Rebelion / España
30/05/2025
Fuentes: El Diario [Foto: La playa de Palomares]
El Ministerio de Transición Ecológica se opone a la última demanda de los
ecologistas y señala en un escrito que la limpieza es sólo “una alternativa
entre las posibles”
Casi sesenta años después de que
cuatro bombas termonucleares cayeran sobre Palomares (Almería) y
dos de ellas se abrieran liberando al aire nueve kilos de isótopos de plutonio
en forma de aerosoles, el Estado sostiene que no hay nada que hacer allí, salvo
vallar algunas hectáreas y dejar pasar los años. Hace tiempo que Ecologistas en
Acción cuestiona esta actitud pasiva, pero se ha vuelto a topar con un portazo:
el Abogado del Estado ha rechazado en la Audiencia Nacional que el Ministerio
para la Transición Ecológica esté obligado a recoger y tratar las tierras
contaminadas, tirando de una panoplia de motivos que van desde los puramente
procesales a la mera descalificación de los temores de los ecologistas, pasando
por una advertencia: no está claro que remover esas tierras sea mejor que
dejarlas tal cual.
Desde 2007 la
superficie contaminada está vallada para evitar el paso de despistados o
curiosos. Existe un programa de vigilancia radiológica para recoger muestras de
tierra, vegetales o animales y una misión europea ha visitado la zona en un par
de ocasiones, pero los ecologistas denuncian que no
es suficiente: creen que la radiactividad, que existe, excede el
perímetro del vallado, y califican el lugar de “instalación nuclear
clandestina”. Pretenden la ejecución de un Plan de Rehabilitación que no llegó
a aprobarse y sigue siendo parcialmente secreto, en el que se preveía el
tratamiento de 50.000 metros cúbicos, alrededor de cien hectáreas, y el
almacenamiento y traslado de los 6.000 m³ resultantes.
Ecologistas en
Acción lleva una década pleiteando para lograrlo. Su primera demanda fue rechazada en 2021 por la
Audiencia Nacional porque el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN)
no tenía competencias para limpiar nada. El Estado se pasaba la pelota de
ministerio a ministerio. En 2023 volvieron a la carga, apuntando al
Ministerio y esgrimiendo un nuevo artículo de la Ley de Energía Nuclear que,
según ellos, ampararía la extracción de la tierra con residuos nucleares y el
transporte hasta un almacén temporal.
Ahora, la
respuesta del Estado demuestra que sigue sin querer hacer nada y que hay un
elefante en la habitación: todo está marcado por la falta de voluntad de
Estados Unidos para llevarse la tierra contaminada. Esta es una perspectiva que
se acerca o se aleja en supuesta sincronía con quién mande, y que tras el
regreso de Donald Trump estaría más lejos. Lo cierto es que tampoco se culminó
durante los mandatos de Joe Biden o Barack Obama.
Un informe del
Gobierno de Estados Unidos al Senado de aquel país reconoció el año pasado
que Palomares “sigue sufriendo los
efectos” de la “contaminación residual”, que “supera los niveles” de
la normativa europea, pero no insta ninguna medida para intervenir. Y eso que
existe un Plan de Rehabilitación preparado desde 2010. Pasados 60 años, las
autoridades españolas dicen que no puede hacer nada, y ahora añaden que quizá
tampoco convenga hacerlo.
Ministerio: falta de amparo legal, “tergiversaciones” y “coste/beneficio”
Para el
Ministerio, las sospechas en torno a la situación radiológica en Palomares son
una exageración sin fundamento. En su escrito, el Abogado del Estado acusa con
virulencia a los ecologistas por sostener su petición de intervención en
“opiniones propias, tergiversación de fuentes legales y científicas” y
conclusiones propias para crear una “ficción”.
El Ministerio
sostiene que no hay ninguna norma que obligue a intervenir, puesto que no se
trata de un accidente nuclear ni una afección por actividades potencialmente
contaminantes. Sería sólo un lugar al que aplicar medidas de vigilancia y
control radiológico, suficientes al estar el nivel de dosis efectiva de
radiación (1 mSv/año) dentro de lo previsto. “Como lo califica de
”radiactividad perdurable“, el límite es muy alto”, protesta José Ignacio
Domínguez, abogado de Ecologistas en Acción: “Equivale a cuatro radiografías de
tórax cada semana, todas las semanas del año. ¿Y por eso hay que dejar la
radiactividad al aire libre? Sentaría un nefasto precedente para todo el que
tenga material radiactivo”.
El Estado
sostiene que el Plan de Rehabilitación que los ecologistas quieren aplicar es
papel mojado. Una mera propuesta que en su día manejó el CSN, pero sin valor
alguno. “Ni existe un Plan de Rehabilitación de Palomares, ni esa Propuesta
Preliminar que no fue aprobada tiene fuerza ejecutiva”, señala el escrito.
El último y
definitivo argumento de la Abogacía del Estado es que mejor no tocar las cosas
porque no se sabe qué puede pasar. “Podría ser contraproducente por resultar
del mismo mayor perjuicio que utilidad”, advierte el escrito del Ministerio,
que subraya que sólo se debe intervenir cuando haya un balance positivo
coste/beneficio, “incluidos los costes sociales”. La limpieza, escribe, es una “alternativa
entre las posibles”.
No se detallan
esos potenciales efectos perjudiciales de la limpieza, pero eso es algo que, se
supone, está contemplado por el Plan de Rehabilitación. “Está todo previsto. La
limpieza se haría dentro de unas carpas con presión negativa para que no salga
nada dentro. Es ahora cuando se están liberando partículas radiactivas”,
advierte Domínguez. Los conejos hacen madrigueras en
la tierra y los caracoles, que aquí se cocinan en salsa de almendras
o con tomate, son fabulosos bioacumuladores de plutonio.
Los ecologistas
ha pedido que se aporte el Plan, previa desclasificación, y que en el pleito
declare Carlos Sancho Llerandi, Jefe del Programa de Recuperación Radiológica
del CIEMAT. El Estado se opone.
Mayor actividad radiológica entre 2030 y 2033
La exposición
radiactiva en Palomares no es una paranoia ecologista. Las conclusiones del
Plan de Rehabilitación fueron reveladas parcialmente en la sentencia de la
Audiencia Nacional de 2021, y mostraban que el tiempo corre en contra. “En el
apartado de consideraciones finales [del Plan] se explica cómo por los plazos
de liberación de los isótopos debe afrontarse el Plan lo antes posible”,
advertían dos de los cinco magistrados, que emitieron un voto particular.
El motivo es
que entre 2030 y 2033 el isótopo de americio (241 Am) alcanzará su máxima
actividad radiológica debido a la desintegración de isótopos de plutonio. El
americio emite radiaciones de tipo gamma que generan riesgos muy superiores
para la salud. Los dos magistrados apelaban al “elemental principio de
precaución”: “El Estado español tiene la obligación de intervenir en las
situaciones de exposición perdurable, cuando sea conveniente y prudente para
preservar la salud de la población, y la conservación del medio ambiente”.
Tampoco la
Comisión Europea ha validado la situación en Palomares. Como desveló este
medio, la última misión de verificación, en 2019, requirió a España que informara
antes de 2022 de los avances para rehabilitar la zona, en línea con
el objetivo fijado ya desde la primera misión de 2010. España no lo ha hecho y
anunció que no lo haría, justificándolo en que la Comisión no es competente
para evaluar los avances del plan de rehabilitación de Palomares. La tajante
respuesta se envió sin firma, fecha, número de referencia o logo, pero aparecía
en las webs de la Comisión y del CSN.
De la Operación Flecha Rota al Proyecto Indalo
La propia
Historia acredita que los efectos sobre las personas de la radiactividad en
Palomares son una posibilidad cierta. Tras la caída de las bombas, provocada
por una colisión en vuelo entre un bombardero B-52 y un avión cisterna KC-135,
Estados Unidos envió un equipo de limpieza cuyo primer objetivo fue localizar
dos bombas extraviadas y el segundo, tapar lo que pasó. Se llevaron 1.000
metros cúbicos a las instalaciones nucleares en Savannah River, en Carolina del
Sur. El resto lo enterraron o lo dejaron tal cual: 103 hectáreas con residuos
radiactivos a unos 30 centímetros de profundidad. Se le llamó Operación Flecha
Rota.
En 2016 The
New York Times publicó documentos desclasificados que demostraban
que más de la mitad de quienes
participaron en la operación sufrieron algún tipo de cáncer. En
España, El Mundo desveló la alta tasa de
cáncer entre los guardias civiles que ayudaron a los
norteamericanos. También se supo décadas después que el Departamento de Energía
Nuclear de EEUU y la Junta de Energía Nuclear española aprovecharon para
estudiar el efecto de la exposición al material radiactivo de los lugareños,
que no sabían que eran conejillos de indias.
Fue el
“Proyecto Indalo”, dirigido por un personaje de novela y apodo definitivo: Mr.
Plutonium. Wright Haskell Langham, director de la división de Investigación
Biomédica del Laboratorio Nacional de Los Álamos, venía de intervenir en la
determinación de los límites legales de la toxicidad del plutonio en su país,
como documenta José Herrera en su investigación La experimentación
humana con plutonio en España. Génesis y desarrollo del “Proyecto Indalo”
(1966-2009), de la que este medio informó hace dos años.
“Fue un plan sistemático de experimentación de varias décadas. Nunca les
dijeron que vivían rodeados de plutonio en sus campos de labor, que era el
pilar casi único de su economía. Siempre que iban a Madrid les decían que no
había peligro ni motivo de preocuparse”, explicaba Herrera.
Ahora, la nueva
respuesta del Estado siembra dudas sobre la mera conveniencia de rehabilitar la
zona. “Hasta ahora ponían como disculpa que no podían limpiar porque los
americanos no se llevaban el plutonio y en España no hay un cementerio nuclear
apto. Pero ahora ya descaradamente dicen que no van a limpiar, una barbaridad”,
lamenta Domínguez.
También el CSN
esperaba una actuación: “Estos enterramientos no pueden denominarse como
almacenamientos ni determinarse que son definitivos, en tanto toda el área de
Palomares está pendiente de las acciones de remedio que se consideren
oportunas”, señala en una monografía incorporada el expediente.
Sesenta años
después del accidente, el Estado dice que puede que lo mejor sea dejarlo todo
como está, mientras sigue esperando en vano que Estados Unidos venga a recoger
lo que se le cayó de un bombardero.
#VagaGeneral29M #mazondimissió: Miles de personas toman las calles de València en defensa del empleo público y los derechos sociales
#VagaGeneral29M
#mazondimissió: Miles de personas toman las calles de València en defensa del
empleo público y los derechos sociales
30 de mayo de 2025
La ciudad de València se
convirtió este 29 de mayo en el epicentro de una masiva protesta en defensa del
trabajo digno y en contra de las políticas implementadas por el actual Gobierno
valenciano. Una multitudinaria manifestación, impulsada por sindicatos,
diversos colectivos sociales y ciudadanos, recorrió las calles del centro para
expresar un enérgico rechazo a los recortes sociales, demandar mejoras
sustanciales en las condiciones laborales y exigir una mayor inversión en los
servicios públicos esenciales.
La movilización, que
coincidió con una huelga general en el sector público valenciano, dejó imágenes
impactantes de unidad y firmeza, con miles de voces coreando consignas que
exigían la dimisión del presidente Carlos Mazón. El clamor unánime se centró en
la necesidad de empleo de calidad, un incremento significativo en la
financiación de la sanidad y la educación, y una rotunda oposición a las
reducciones presupuestarias que impactan directamente a los trabajadores del
ámbito público. Bajo el lema «Trabajo digno – Servicios públicos – Dimisión de
Mazón», los manifestantes alertaron sobre los posibles intentos de privatización
de servicios fundamentales, denunciaron la reducción salarial y el aumento de
la carga de trabajo en el sector público, y demandaron estabilidad laboral,
personal suficiente y mejores condiciones contractuales.
La protesta en las calles
amplificó el impacto de la huelga general, con piquetes informativos y bloqueos
simbólicos que marcaron la jornada desde la noche anterior. Durante el
recorrido, las críticas se dirigieron tanto a las instituciones autonómicas
como al sector empresarial privado, al que se acusó de fomentar la precariedad
laboral y la desigualdad social. Sin embargo, el principal foco de la
indignación se centró en el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, cuyo
nombre resonó repetidamente en las demandas de dimisión.
La manifestación del 29M
congregó a una amplia representación no solo de trabajadores públicos –
docentes, sanitarios, administrativos y profesionales de servicios sociales –
sino también de plataformas sociales, colectivos feministas, asociaciones
vecinales y organizaciones juveniles. Las pancartas exhibían mensajes en
defensa de los derechos laborales, pero también contra la violencia machista,
la represión a las minorías y la crisis de vivienda.
Desde los sindicatos
organizadores se denunciaron «ataques sin precedentes» a los derechos sociales,
advirtiendo sobre recortes drásticos en sanidad, educación y políticas de
inclusión, en un contexto de inflación y pérdida de poder adquisitivo. Los
líderes sindicales también lamentaron la falta de diálogo por parte de la
Generalitat con los representantes de los trabajadores y la supuesta afinidad
del Consell con sectores conservadores que, según denuncian, buscan debilitar
el tejido sindical y social. Los trabajadores públicos, por su parte,
insistieron en la necesidad de estabilidad laboral, salarios dignos y recursos
adecuados para garantizar servicios de calidad a la ciudadanía.
Más allá de las demandas
laborales específicas, la protesta tuvo una clara lectura política, con
referencias al deterioro democrático y a la regresión social. La consigna
«Mazón dimisión» se erigió como un lema central, evidenciando la profunda
desconexión entre el ejecutivo valenciano y una parte significativa de la
población trabajadora. Los convocantes subrayaron que esta manifestación no es
un evento aislado, sino el inicio de un ciclo de movilización ante la falta de
cambios en la gestión y las prioridades del Consell.
Tras la finalización de la
marcha, los sindicatos anunciaron que evaluarán nuevas acciones de protesta si
el gobierno valenciano no atiende sus exigencias, solicitando una reunión
urgente y advirtiendo sobre posibles huelgas sectoriales y la ampliación de las
movilizaciones a otros sectores afectados por recortes. El impacto a medio
plazo de esta jornada de huelga dependerá de la capacidad de presión sindical y
de la respuesta política del Gobierno valenciano, aunque ya ha dejado patente
una creciente contestación social que podría tener repercusiones políticas si
no se aborda mediante un diálogo social efectivo. La manifestación del 29 de
mayo en València se erige así como un contundente llamado colectivo en defensa
del trabajo digno, los servicios públicos y los derechos sociales, marcando un
punto de inflexión en la relación entre la sociedad valenciana y su gobierno.
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