Lucha de clases en el interior de los incendios de Castilla y León

 

 

Lucha de clases en el interior de los incendios de Castilla y León

 

Por Debates G. Juncales

Kaosenlared

21 de agosto de 2025 

Los incendios de Castilla y León no son solo desastre ambiental: son lucha de clases. Territorios vaciados, intereses del capital y políticas que avivan el fuego. El PP y Vox convierten la catástrofe en negocio, mientras la población paga las consecuencias.

Ante tragedias como la que esta semana nos están dejado los numerosos incendios se abre una guerra de propaganda a la que aún estamos mal acostumbrados.  Mientras los voceros la derecha política entran sin miramientos a colocar su agenda, desde las posiciones militantes se peca o bien de maximalismos sin concreción o bien de contemporizar piadosamente con el primer mensaje que “surge espontáneamente” de quienes están directamente afectados. Lo que sigue es un ejercicio de análisis que pretende dar herramientas para poder concentrar en la crítica al sentido común hegemónico las posiciones que nos toca defender precisamente para politizar el duelo.

2025 ya es un año de record en materia de catástrofes tras varias inundaciones devastadoras en junio y julio y ahora con varios incendio simultáneos entre los que se encuentra el que ya tiene el triste record de tener la mayor extensión para un solo incendio: 37000 Ha entre las provincias de Zamora y de León. La pesadilla de los incendios forestales vuelve cada año y atormenta a la población del llamado “mundo rural”, ensañándose con las zonas más empobrecidas y despobladas del noroeste peninsular sin distinguir fronteras. Sea en Trás-os-montes, Galicia o León, la voracidad de los incendios se agrava año a año y en algunos casos con consecuencias directamente mortales para trabajadores, voluntarios o vecinos afectados.

Tras los incendios lo que llega también es, como eco de la catástrofe, un aluvión de ruido planificado para embarrar cualquier comprensión mínimamente racional de lo que ocurre. Con las riadas de Valencia del pasado octubre se hizo evidente como nuestros canales de comunicación se inundaban de explicaciones partidistas, interesadas y oportunistas, cuando no de puros delirios. Con la cuestión forestal y los incendios ya llevamos tiempo inmersos en una campaña de confusión con amplia coordinación, en la que desde las instituciones se acusa a “los ecologistas” de haber legislado de tal forma que ahora se producen incendios. El argumento es un disparate completo, pero cala profundo. Esto no es un ejemplo peregrino, es la maniobra que desde la Junta de Castilla y León controlada por PP y Vox sostuvieron tras los mortales incendios de 2022.

Si tal confusión es posible es porque estamos ante una materia compleja. Pero no por ello ininteligible. Es evidente ya que los incendios forestales son catástrofes en las que hay un montón de causas cruzadas, y eso permite que cada cual recurra a su propio relato, incluyendo los más fantasiosos y descabellados. En este contexto el mero hecho de mantener una posición cercana a la verdad ya es un valor en sí mismo, porque este tipo de catástrofes pueden ser muy ilustrativas de la lucha de clases en curso.

Foto: Alex Zapico

El escenario: de crisis ambiental global al colapso de los territorios 

Despachar el problema de los incendios como consecuencia de la crisis ambiental global es una necedad, especialmente cuando esta crisis se reduce al mal llamado cambio climático. La crisis en curso no es solo el calentamiento global, también la extinción masiva de especies, la ruptura del ciclo del nitrógeno y otros componentes, la acidificación de los océanos, la pérdida de acuíferos… Todos estos “temas” que llevan petabytes de tesis doctorales a lo largo del mundo toman cuerpo como un espectro en algunos momentos de especial intensidad. Los grandes incendios forestales son uno de ellos, como lo son las riadas, las pandemias o las sequias. En esos momentos, los desequilibrios inciden en un territorio puntual, pero para que esto ocurra tienen que intervenir más actores. El calentamiento global no es una criatura mítica que tome cuerpo y prenda el monte. Es un telón de fondo sobre el que otros agentes actúan.

La otra parte que destaca de las catástrofes que nos azotan está en los territorios concretos. Territorios que están desestructurados socialmente pero perfectamente estructurados para la lógica del capital. En el caso del noroeste peninsular encontramos zonas que se han despoblado de manera muy intensa y muy reciente, de forma que hoy acumulan indicadores únicos en envejecimiento, tasas de actividad, densidad de población…Pero no están vacías. Están llenas de recursos naturales, son zonas de paso y también son zonas pobladas, aunque lo estén por menos gente. La despoblación de estas zonas debe de dejar de entenderse como un proceso de abandono, por muy visible que sea el abandono de algunas cosas (casa, naves, pastos), y entenderse como un proceso de reestructuración del poder territorial: cambia la estructura social del territorio y cambian sus formas de institucionalidad política. Si hay un patrón común en este tipo de territorio es que tras su aparente abandono se oculta una posesión “remota”, un propietario ausente pero cuyos derechos prevalecen, por lo que la idea de abandono a lo que debería de remitirnos es la antigua idea de las “manos muertas”: propietarios pasivos y ausentes del territorio y los recursos. Una separación más entre el espacio físico que todos vemos y el poder que lo gobierna desde la distancia.

La intensificación de este patrón está llevando al colapso del tejido social de los territorios en una espiral de degradación que no cesa. No hay gente, no hay servicios, no hay actividad, por lo que hay menos gente, menos servicios y al final, lo que queda es soledad y desamparo para quienes habitan el territorio. Pero los edificios, las fincas, los montes ahí siguen. Este es el decorado, la función va a comenzar.

Foto: Alex Zapico

Los actores: clases y clases

El mundo rural se suele pensar como un todo que, según el filtro ideológico, pasa por ser desde honrados-patriotas-que-trabajan-la-tierra/fachapobres-de-campo a charos-con-pensiones-extremadamente-altas/ancestrales-fuentes-de-sabiduria-popular. La realidad es que la gente del mundo rural es como cualquier otra, con sus vicios y virtudes. De hecho, es cada vez más exactamente la misma gente que cada vez vive más “a temporadas” entre el piso de la capital y la casa del pueblo. Por eso el porcentaje de “población vinculada” que parece cuando se hacen encuestas es tan alto y también por eso las estadísticas arrojan que hogares con rentas relativamente bajas tengan segundas residencias, a diferencia de gran parte de Europa.

Si somos la misma gente, hay que pensarnos insertos en el mismo marco general que explica la realidad capitalista: el de la lucha de clases. Estamos hablando de un telón de fondo de una crisis ambiental desatada y un decorado de falta de servicios, falta de población y propiedades en proceso de abandono. Y sobre ese escenario, lo que vemos es la misma guerra de clases que vemos dentro de la M30 o de la VA20 con una brecha territorial.

Hay que aclarar que debemos de dejar de entender la lucha de clases como cascos de obra, monos azules y tirachinas, porque la lucha de clases es el motor mismo de la sociedad capitalista en conflicto consigo misma. Que esta lucha de clases esté más o menos desarrollada es otra cosa y, por supuesto, que los actores de la lucha de clases intervengan en ella de manera consciente es lo que marca la diferencia entre el conflicto latente o el conflicto abierto y potencialmente revolucionario. Pero eso no hace que, como pasa en muchos territorios despoblados en los que apenas hay población activa, la lucha de clases desaparezca. Simplemente se expresa de otras formas y muestra conflictos entre otras clases.

Foto: Alex Zapico

Una de esas formas tiene especial importancia ahora mismo porque es la que está detrás de la inmensa mayoría de los incendios forestales. Sabemos y se nos dice constantemente que la mayoría de los incendios forestales son intencionados. Pero la cosa queda ahí. ¿Qué significa que sean intencionados? ¿Con qué motivo? ¿Quién paga por ello? Para arrojar luz a esto las estadísticas de los partes de incendios la imagen que proyectan es que incendios realmente naturales, que serían básicamente los de rayos, son una fracción ínfima de la totalidad de incendios reportados. Un segundo bloque, en torno al 40% serían negligencias o accidentes relacionados con muchas casuísticas: hacer barbacoas, hacer hogueras, hacer quemas controladas, tirar cigarrillos, utilizar maquinaria, etc. Y la inmensa mayoría en torno al 50% son incendios provocados por alguien que conscientemente va y enciende una lumbre para provocar un incendio. De este inmenso bloque de varios miles de casos al año y en torno a un 1-2% sería la demonizada figura de los pirómanos, personas con un trastorno que les empuja a incendiar.

El resto son personas perfectamente racionales que actúan movidos por pensamientos lógicos. Como por ejemplo, es lógico provocar un incendio para eliminar poblaciones de árboles que consideramos que suplantan el paisaje original. O nos puede parecer lógico quemar malezas para poder cultivar o pastorear. O nos puede parecer razonable o entendible hacerlo para vengarnos de alguien. Incluso para generar alarma social.

Porque la racionalidad no es un atributo universal, un nexo común transversal a todas las clases. La racionalidad está filtrada por nuestros intereses materiales que a su vez están determinados por nuestra clase social. Y aquí llegamos a un punto clave para entender que el drama de los incendios tiene que dejar de atribuirse a fenómenos abstractos como la crisis ambiental global o la despoblación estructural al capitalismo y empezar a pensarse también como un fenómeno directamente derivado de la estructura de clases que habita en el territorio y que reviste de racionalidad a un acto puramente destructivo como prender un fuego que puede ser mortal. Pero es que esa misma estructura de clases también reviste racionalidad cosas tan estúpidas como las que nos envuelven día a día: pagar la renta del alquiler, soportar la explotación asalariada, consumir mercancías envenenadas y, en fin, habitar bajo modos de vida inhumanos. El conflicto entre sectores (o entre usos de suelo), entre renteros y terratenientes o entre competidores es una expresión de lucha de clases que, puntualmente, está detrás de los incendios.

Por supuesto que el telón de fondo del calentamiento global y que el decorado de un territorio desestructurado con un montón de propiedades en situación de abandono hace que las conductas individuales se conviertan en fatalidades masivas. Pero hay que separar el grano de la paja y situar el problema de los incendios forestales también en la coyuntura de clases en la que se da, porque sin ella no la vamos a entender y vamos a dar por buenas las soluciones que el mercado electoral quiera poner a la venta.

Foto: Alex Zapico

Por ejemplo, es habitual oír hablar de la necesidad de endurecer la vigilancia y las sanciones. Bien, en el caso español el incendio forestal es un delito con penas de cárcel desde hace décadas. Las memorias de fiscalía muestran que de los cientos de diligencias previas que se abren, se llega cerca del centenar de sentencias y a una decena de condenas de prisión en todo el Estado. ¿Este puñado de procesos judiciales está teniendo algún efecto?¿Es necesario aumentar el control policial del medio rural? Resulta dudoso que un sistema que empuja a racionalizar actos devastadores pueda contenerlos encarcelando a los que los cometen.

Hay que caracterizar los segmentos de cada clase que empujan a cometer estos actos. Esto es complicado y excede con creces el propósito de estas líneas. Pero hay indicios autoinculpatorios entre quieren alardean sin complejos de querer exterminar especies protegidas (desde el lobo al buitre) o de querer anegar de nitratos los acuíferos y de pesticidas la comida, reclamaciones que tienen una racionalidad que solo es lógica desde la perspectiva del productor privado e independiente, esto es, desde la lógica del capitalista. Hay que hablar de cómo el capital estructura el territorio, pero también hay que hablar como el capital actúa a través de las personas y determina sus actos. Igual que lo hace haciéndonos madrugar cada mañana, lo hace obligándonos a hacer turnos de noche o a pasar semanas separados de nuestra gente, lo hace llevando a varios cientos de agricultores o ganaderos a quemar terrenos, voluntaria o accidentalmente, pero empujados en todo caso por la lógica de un mercado asfixiante y de un futuro de miseria.

Hasta aquí, pareciera que haya personas que actúan subordinadas a las necesidades del capital, siendo a su vez víctimas del mismo. Pero si hay que hablar de clases no vayamos a dejar de lado que hay personas que actúan muy conscientes y muy activamente a favor del capital y en contra de todo lo demás.

Foto: Alex Zapico

Los titiriteros: gestores de catástrofes, captadores de beneficios

En los últimos grandes incendios ha vuelto un protagonista que suele estar ausente: el PP-CyL. Mañueco, Suarez-Quiñones, Ángel Arranz. Nombres que raramente trascienden la prensa local o que ni siquiera aparecen en ella, no porque no debieran. Son los mismos responsables que hace 3 años condujeron a la devastación a la comarca de Aliste y la Sierra de la culebra en los también mortales grandes incendios de 2022.

Es inevitable hablar de ellos y hablar de la situación de los incendios en Castilla y León, porque es paradigmática, como en otros aspectos, de un modelo de gobernanza territorial puesto a punto para la época que viene en Europa.

Al contemplar a la Junta de Castilla y León y su trayectoria política desde una perspectiva de clases es inevitable arquear la ceja ante el coro de voces que les acusan de negligentes. ¿Cómo van a ser negligentes si son capaces de mantenerse en el poder intactos e incluso al alza? Mañueco tras haber pasado la fama por haber abierto la puerta a Vox al Gobierno de la Junta sobrevive a los incendios de 2022 sin ninguna penalización política y ahora es uno de los ideólogos del PP, encargado junto con Juanma Moreno, Presidente de Andalucía con Mayoría absoluta, de redactar la ponencia política de su último congreso. Eso no puede ser negligencia. Es un modelo. Y más sabiendo que las competencias de ordenación del territorio o gestión forestal recaen directamente sobre esta institución. Si la Junta de Castilla y León es la competente de lo que hemos caracterizado como una crisis ambiental y, a su vez, de un proceso de despoblación que es una reordenación del poder sobre el territorio, la Junta de Castilla y León lo que está es desplegando una línea de trabajo político para hacer de los territorios sujetos a esta situación se conviertan en un marco de valorización eficaz. Vamos a ver ejemplos de qué significa esto.

Por un lado el papel de la Junta de Castilla y León ante la crisis ambiental global y cómo se traduce eso en los territorios que tiene bajo su control es un paradigma delo que se vienen llamando retardismo climático que acaricia a el negacionismo. Pero no lo hacen ni por tacticismo electoral ni por convicción, sino por pura inercia del bloque de poder en que se asientan. Así se entiende que su política forestal haya sido nula en décadas, desde la planificación a la gestión de la extinción de incendios, como ya es públicamente conocido. Todo esto hasta ahora. Recientemente se ha encontrado una beta de negocio en torno a la biomasa forestal explotada por el SOMACYL con destino a sus redes de calor urbanas. Ahora sí que viene una apuesta del PPCyL por los bosques. ¿Qué ha cambiado? Nada menos que el paradigma económico dominante a nivel global, y el PP-CyL ha captado la onda rápido. Explotar recursos naturales mediante una empresa pública ha dejado de estar proscrito por la doctrina económica neoliberal. Ya habrá alguna manera de ponerle el cazo como se lo ponen ahora a servicios que tiene que gestionar directamente la administración autonómica y que quedan en manos de empresas privadas bien relacionadas, desde la extinción de incendios forestales al transporte sanitario.

Foto: Alex Zapico

Por otro lado, la ordenación del territorio y la gestión del urbanismo de la Junta podría haber permitido asentar en el territorio modos de vida más armoniosos con el entorno o haber vertebrado mejor los territorios. Pero eso no ha ocurrido en décadas. ¿Por negligencia o estupidez? Es difícil pensar que sea por ninguna de las dos. La Junta de Castilla y León no es solo la institución subestatal más grande de la UE, es que supera con creces en extensión a algunos estados europeos.

Esa extensión y complejidad no parece una excusa para haber protagonizado algunos desarrollos pioneros casi a escala europea, como la incorporación y despliegue de macroplantas renovables tanto en la primera oleada de los años 2000-2008 como en la actual burbuja que arranca en 2017, a lo largo y ancho de su territorio. Para tal despliegue la ordenación urbanística y la ordenación del territorio se han ido modelando para facilitar los procedimientos y que las instalaciones se construyan con cobertura legal. Esto no es una generalidad, hay medidas bien concretas como la modificación de la Ley de Urbanismo de mayo de 2024 según la cual una instalación o una obra pública que cuente con evaluación de impacto ambiental pasa a considerarse uso ordinario en suelo rústico. Traducido, significa que si una instalación del tipo que sea obtiene una declaración de impacto ambiental favorable puede meterse sin más trámite en suelos rústicos, sin que haya que “reclasificar” el suelo. Esto es un movimiento que por un lado desactiva la normativa de ordenación del territorio y urbanística, porque la subordina a la evaluación ambiental y por otro lado, deja fuera de juego a las instituciones locales que son las que tienen competencias en esa materia.

Como pasaba con los incendios provocados, estas medidas son perfectamente racionales para quienes las adoptan, a pesar de que son las que crean las condiciones para que el escenario (crisis ambiental) y el decorado (despoblación) hagan de los incendios algo devastador. La cuestión es que su racionalidad está filtrada por un interés de clase orientado a generar espacios para la circulación del capital, cueste lo que cueste. Y por ello es una necedad apelar a otro tipo de racionalidad: sea la del conocimiento científico (por ejemplo, la ecología), las disciplinas técnicas (por ejemplo la ingeniería de montes) o la mera experiencia propia.

Confrontar la racionalidad suicida subordinada al capital pasa por hacer hegemónica la idea de que hay otra manera de vivir, que se puede derribar este sistema y pasar a un régimen en el que el territorio sea el soporte de unas relaciones sociales estructuradas sobre la racionalidad del bien común y de la prosperidad del género humano. Pasar de atender las necesidades del capital a las necesidades de la vida es el proyecto histórico que entraña la clase social que se deja literalmente la vida para ayudar a los demás en las catástrofes que nos azotan: incendios, riadas, pandemias. Esa misma clase social intuye que mediante una planificación que obedezca a otra racionalidad sería posible atender a las necesidades particulares de lo rural y lo remoto. Pero le faltan medios para pasar de la intuición al proyecto y del proyecto a la alternativa.

Fuente: Nortes

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