El
calor mata mientras las autoridades miran hacia otro lado
Publicado el 14 de agosto de 2025 /
Por Redacción Kaosenlared
El Instituto de Salud
Carlos III calcula que, solo entre mayo y julio de este año, han muerto más de
1.180 personas por causas relacionadas con el calor, frente a 114 en el mismo
periodo del año anterior. Un incremento del 935 % que no
parece haber inquietado al legislador.
Mientras el Estado Español
arde bajo temperaturas extremas, el trabajo al aire libre continúa sin apenas
cambios. Jornaleros, repartidores y personal de limpieza, entre otros, siguen
expuestos a condiciones climáticas cada vez más letales. En las últimas
semanas, al menos dos personas trabajadoras han muerto tras jornadas laborales
bajo el sol abrasador. Pero, más allá de declaraciones puntuales, las
medidas estructurales siguen sin llegar.
Trabajar
hasta morir
La muerte de un temporero en
Alcarràs (Lleida), que se desplomó mientras recogía fruta en un campo a más de
40 °C, ha
reavivado el debate sobre la falta de protección frente
al calor en el entorno laboral. Aunque los servicios de emergencia se
desplazaron rápidamente, nada pudieron hacer por salvarle la
vida. El caso aún está bajo investigación para confirmar si se trata de un
accidente laboral, pero los indicios son evidentes.
Días antes, en Barcelona,
una trabajadora de limpieza falleció tras terminar su turno en plena ola de
calor. Aunque el Ayuntamiento ha abierto una investigación, sindicatos
denuncian que este tipo de muertes podrían evitarse con
medidas mínimas de prevención, como ajustes de horario, hidratación obligatoria
o pausas técnicas.
Reivindicaciones
ignoradas
La respuesta institucional
ha sido, como cada verano, tardía y tibia. El caso de Montse Aguilar,
barrendera fallecida en Terrassa el año pasado, sigue sin tener consecuencias
jurídicas ni políticas. Su compañera, Elvira Gómez, impulsó entonces la campaña
“El calor nos mata”, que ya ha recogido más de 63.000 firmas solicitando
una legislación específica que prohíba trabajar al sol cuando las condiciones
sean extremas, aunque no se hayan activado alertas oficiales.
“No hay cuerpo que lo
aguante”, declaró Gómez en la entrega de firmas ante el
Ministerio de Trabajo. A día de hoy, la petición sigue sin respuesta concreta.
Mientras tanto, los partes meteorológicos se repiten: alerta roja, temperaturas
récord y otra víctima más.
Soluciones
parciales y voluntaristas
Algunos sectores han
comenzado a adaptar sus horarios, aunque no por ley, sino por presión
social o sentido común. En Lleida, muchos agricultores han adelantado la
recogida de fruta a las cuatro de la madrugada, trabajando con linternas
frontales para evitar las horas de mayor calor. En Barcelona, el servicio de
limpieza ha adoptado protocolos más flexibles, permitiendo pausas y acceso a
sombra, pero todo depende de la voluntad del responsable de turno.
Estas medidas, sin embargo,
no son la norma, sino la excepción. En la mayoría de los sectores, los
trabajadores al aire libre siguen expuestos sin garantías ni recursos
suficientes.
Las
cifras de una emergencia silenciada
Según el Instituto Nacional
de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), los accidentes laborales aumentan
hasta un 18 % durante
las olas de calor. Y el sistema MoMo del Instituto de Salud Carlos III calcula
que, solo entre mayo y julio de este año, han
muerto más de 1.180 personas por causas relacionadas con el calor, frente
a 114 en el mismo periodo del año anterior. Un incremento del 935 % que no parece haber
inquietado al legislador.
En Europa, el panorama no
es mejor y medios sindicales señalan que las muertes por calor en el trabajo
han aumentado un 42 % desde
el año 2000, exigiendo una normativa
vinculante a nivel europeo que limite los trabajos al aire libre por
encima de los 30 °C.
¿A qué
espera el Gobierno?
Cada ola de calor deja tras
de sí una lista de víctimas y una colección de buenas intenciones. Pero la
legislación sigue sin reflejar el nuevo contexto climático, y el derecho a la
vida cede ante la lógica de la productividad y la correspondiente ganancia
patronal, ante la pasividad de unas organizaciones sindicales mayoritarias que
aceptan convenios sin cláusulas explícitas de protección de los trabajadores
ante condiciones climáticas extremas.
Mientras tanto, quienes
recogen nuestra fruta, limpian nuestras calles o reparten nuestros paquetes, en
muchos casos personas inmigradas con bajos salarios y pésimas condiciones
laborales, lo hacen a pleno sol, sin garantías, sin voz y, en demasiadas
ocasiones, sin retorno.
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